La fiscalización de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) es un tema recurrente en Chile, con especial atención en la Región de Ñuble y específicamente en Chillán. Diversas denuncias y operativos han puesto de manifiesto la necesidad de supervisar rigurosamente las condiciones en que viven los adultos mayores en estas residencias, así como la infraestructura y el cumplimiento de la normativa sanitaria. Las autoridades han actuado ante las irregularidades, imponiendo medidas como sumarios y clausuras, y la situación ha llegado incluso a instancias judiciales, como la Corte Suprema.
Antecedentes de Fiscalización en Chillán
Denuncias y Operativos
El día martes se recibió una denuncia de parte de una funcionaria de un recinto en Chillán, la cual fue interpuesta en Carabineros y posteriormente remitida a la Fiscalía de Chillán. Tras esta denuncia, el fiscal especializado Eduardo Planck fue asignado para investigar el caso, con el objetivo de determinar si se configuran delitos de maltrato relevante u otros.
El hogar denunciado está ubicado en la villa Emmanuel de Chillán. Doris Oses, seremi de Desarrollo Social, indicó que este ELEAM cuenta con resolución sanitaria y subvención estatal. La casa de reposo denunciada es una de los 33 establecimientos de larga estadía para adultos mayores que funcionan en la Región de Ñuble.
Anteriormente, el 04 de octubre de 2024, funcionarias de la Seremi de Salud realizaron una visita inspectiva al Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) Casa de Reposo Gran Arcoiris, ubicada en Chillán. Durante la inspección, se levantó el acta de fiscalización Nº 053512, constatando que el ELEAM se encontraba en funcionamiento con 12 residentes. Se informó que el propietario inició el trámite para su autorización ante la Seremi de Salud el 08 de mayo de 2024, recibiendo observaciones el 27 de mayo de 2024. Sin embargo, desde esa fecha, el trámite no había avanzado y las observaciones no habían sido respondidas, lo que llevó a la adopción de la medida sanitaria de clausura.
El 07 de octubre de 2024, la Casa de Reposo Gran Arcoiris SpA fue notificada de la Resolución Exenta Nº 297, que ratificaba la clausura, lo cual la entidad consideró arbitrario e ilegal. La Seremi de Salud detectó graves falencias estructurales y sanitarias en este recinto, donde residían 19 personas mayores. La seremi de Salud manifestó que durante la visita no se evidenció faltas de higiene en el recinto. La Tercera Sala de la Corte Suprema, en la causa rol N° 58.411-2024 del pasado 21 de enero, confirmó la sentencia apelada del 18 de noviembre de 2024, dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, la cual rechazó la acción de protección interpuesta por la Casa de Reposo Gran Arcoiris SpA contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud Ñuble y dos particulares.
Chile envejece: Establecimientos de larga estadía (ELEAM) para adultos mayores no son suficientes
Situación en Otros Hogares de la Región
La Seremi de Salud también ha fiscalizado hogares de ancianos en Linares. El seremi explicó que "hay adultos mayores que no están con los cuidados mínimos que debiesen tener y lo que exige la autoridad sanitaria". Ante esta situación, se determinó trasladar a todos los residentes a otros hogares, a los más graves a hospitales, y contactar a las familias de aquellos que tienen apoderados para que los vengan a buscar.
En un caso diferente, un hogar de adultos mayores en Temuco fue clausurado y sometido a sumario sanitario por operar ilegalmente. Vecinos denunciaron haber escuchado gritos en el lugar, donde se encontraron 18 ancianos que pagaban una mensualidad cercana al millón de pesos. Tras el operativo de Carabineros y autoridades de salud, los residentes fueron trasladados a residencias temporales. El municipio confirmó la clausura por infringir la Ley de Renta, mientras que Salud inició un sumario y advirtió sobre la reincidencia de estos casos lucrativos en la región. Las fotografías mostraban faltas de higiene, implementos médicos y adultos mayores heridos.
Un recinto en otra localidad, que funcionaba desde hace más de dos años, ya había tenido una prohibición de funcionamiento en enero de ese mismo año. Tras una segunda fiscalización, se procedió a la clausura. El hogar tenía una capacidad para 20 adultos mayores y, al momento de la inspección, albergaba a 16, la mayoría sustentados por pago de subvención y otros por pago de familiares. Los residentes con un estado de salud más debilitado fueron trasladados al hospital.
Marco Regulatorio y Desafíos
Exigencias Sanitarias para ELEAM
La autoridad sanitaria recomienda a las familias prestar atención a las siguientes exigencias sanitarias al elegir un ELEAM:
- Dirección técnica: El establecimiento debe contar con la dirección técnica de un profesional del área de la salud, quien debe asegurar los requisitos pertinentes de formación y capacitación del personal para el buen funcionamiento del lugar.
- Atención médica: Los establecimientos deben encargarse de la atención médica de los residentes, a través de coordinaciones con Centros de Salud Familiar (Cesfam), recintos de salud públicos y/o privados.
- Infraestructura: Toda residencia debe disponer de rampas para sillas de ruedas, pasamanos, pisos antideslizantes en baños, extintores, señalética con vías de evacuación, pasillos y vías de tránsito con buena iluminación. Deben contar con salas de estar y zonas exteriores de recreación. En el caso de residentes postrados, las habitaciones deben tener catres clínicos, lavamanos y brindar atención personalizada.
Desafíos en la Fiscalización
En la Región Metropolitana, de los 448 asilos u hogares de ancianos autorizados (ELEAM), menos del 40% son fiscalizados cada año. Hay solo 8 fiscalizadores para ese universo de instituciones, quienes también deben controlar otras 35 actividades más, como salas de procedimientos de clínicas, hospitales, institutos de belleza, locales de tatuajes, centros de diálisis, entre otros. En 2017, solo 172 ELEAM fueron fiscalizados por personal del Subdepartamento de Profesiones Médicas de la Seremi de Salud. Esto significa que 276 hogares de ancianos quedaron sin fiscalizar, además de un importante número de establecimientos ilegales que funcionan sin las autorizaciones correspondientes.
Esta falta de fiscalización apunta a una deficiencia de personal, lo que resulta en una tarea agobiante y un resultado insatisfactorio. Esta situación revela una cruda realidad que atenta contra los derechos humanos de los adultos mayores residentes de los ELEAM.
Perspectiva de Derechos Humanos
El sistema actual trata la fiscalización y regulación sobre el cuidado de los ancianos como un problema de salud pública, cuando en realidad es un problema de derechos humanos. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPM) el 15 de junio de 2015, y Chile la ratificó el 11 de julio de 2017. En su preámbulo, la CIPM reconoce que "la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas" y que "los asuntos de la vejez y el envejecimiento deben ser abordados desde una perspectiva de derechos humanos".
El artículo 1° de la CIPM establece que su objeto "es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad".
Otros aspectos conceptuales relevantes establecidos por esta Convención están relacionados con los cuidados que los adultos deben recibir en los establecimientos de larga estadía (ELEAM), donde no solo se deben controlar las condiciones de infraestructura y equipamiento, sino también verificar que al anciano se le procuren condiciones dignas de vida y de calidad. Es decir, no basta con tener una buena infraestructura si a los abuelitos se les mantiene viendo televisión o durmiendo todo el día, una responsabilidad que también recae en sus familias.
Sin embargo, en la normativa chilena, la fiscalización de la Seremi de Salud solo consiste en verificar si el establecimiento cumple con lo establecido en el Decreto Supremo 14/2010, en relación a infraestructura, equipamiento y personal. Dicho decreto no menciona programas de atención a los adultos mayores en materias de salud, cuidados médicos, actividades recreativas, culturales de vinculación con la comunidad o atención espiritual, aspectos fundamentales para el desarrollo humano y la calidad de vida.
Por lo tanto, se hace necesario modificar el DS. 14-2010 y analizar el déficit de recursos humanos en fiscalización, tomando en consideración el cálculo de rendimiento anual por funcionario. En este contexto, la Seremi Metropolitana de Salud, Rosa Oyarce, lideró un operativo para verificar el estado de salud y las condiciones sanitarias en que viven los adultos mayores en casas de acogida de la Región Metropolitana. Actualmente, en esta región existen 452 hogares autorizados, y hasta la fecha se han fiscalizado 159 recintos, con aproximadamente el 70% de ellos resultando en sumarios sanitarios. Oyarce hizo un llamado a los familiares a asumir su responsabilidad: "elegir un lugar autorizado, estar atentos ante cualquier incumplimiento y desarrollar visitas con periodicidad, puesto que el abandono, además de estar penado por ley, es una tremenda crueldad."
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