La muerte de Lissette Villa en abril de 2016, tras una crisis no atendida adecuadamente en el hogar Galvarino, dejó en evidencia las profundas deficiencias del sistema de protección de menores en Chile. Este lamentable suceso desencadenó una exhaustiva investigación por parte de la comisión "Sename II" de la Cámara de Diputados, la cual puso el foco en la respuesta estatal, la falta de presupuesto y la nula capacidad de control sobre los organismos colaboradores.
Déficit presupuestario y falta de capacitación técnica
Uno de los puntos críticos señalados por la comisión fue la drástica reducción del presupuesto destinado a la capacitación de los funcionarios. El borrador del informe evidenció una disminución del 399% en los fondos asignados a esta área. Esta carencia fue determinante en el caso de Lissette, cuyas cuidadoras no contaban con la formación ni los protocolos necesarios para manejar crisis.
Funcionarios como Christopher Simpson, educador de trato directo, han expresado su temor ante la falta de preparación para atender emergencias de salud mental o agresiones. Por su parte, Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos, confirmó que en su centro no recibieron capacitaciones centralizadas por parte del Estado en al menos cinco años, obligando a las instituciones a realizar formaciones internas que restan tiempo de atención directa a los niños.
Deficiencias en la fiscalización de los organismos privados (OCAS)
La fiscalización técnica y financiera de los Organismos Colaboradores del Sename (OCAS) ha sido calificada como insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Se reveló que 338 proyectos privados financiados por el Estado no fueron revisados por la administración central en tres años. En 2017, el presupuesto destinado a 1.204 programas prestados por privados alcanzó los 146 mil millones de pesos, una magnitud de fondos que requería un control riguroso.
| Área de fiscalización | Problemas detectados |
|---|---|
| Inspecciones técnicas | Enfoque meramente cuantitativo (número de niños o extintores) sin evaluar calidad de atención. |
| Control financiero | Revisión somera de boletas; falta de control sobre la "glosa" presupuestaria. |
| Licitaciones | Pago completo por programas según cupos teóricos, incluso si el número de niños atendidos es inferior. |
El diputado Ramón Farías señaló que la falta de presupuesto incide directamente en la disminución de las fiscalizaciones. A su vez, el psicólogo Matías Marchant enfatizó que la supervisión actual ayuda más a ocultar las fallas que a identificarlas, ya que no profundiza en el bienestar integral del menor.
Consecuencias del sistema y desafíos de reforma
La crisis del sistema, descrita por expertos como un "estado terminal", se agravó por la sobremedicación de los menores y la falta de camas psiquiátricas. Informes de organismos como la Contraloría y el Poder Judicial, desde 2012, ya alertaban sobre falencias institucionales y abusos, las cuales no generaron las respuestas políticas necesarias en su momento.
Tras la promulgación de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez en 2022 y la creación del nuevo servicio Mejor Niñez, el Estado chileno inició un proceso de transformación estructural. Los nuevos marcos normativos buscan pasar de un modelo de "cuota" a uno centrado en la protección de derechos, promoviendo la revinculación familiar, el fortalecimiento de los equipos técnicos y una fiscalización robusta que asegure condiciones dignas para cada niño, niña y adolescente bajo cuidado estatal.
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