La Contraloría General de la República (CGR) ha detectado una serie de irregularidades tras fiscalizar los programas de protección del derecho de los menores del Sename, abarcando el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018. Como resultado de esta fiscalización, se instruyó un nuevo sumario.
El informe final de la CGR abordó el cumplimiento de las supervisiones técnicas y financieras realizadas por el Sename a los programas señalados. Durante la auditoría, se identificaron diversas falencias, tales como carpetas con fichas de menores incompletas o desactualizadas, la presencia de profesionales con experiencia insuficiente en temas de infancia y adolescencia, y fallas de seguridad en los sistemas informáticos.
Asimismo, la Contraloría identificó una preocupante falta de control del personal contratado en los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS). En este sentido, si bien es cierto que el Sename no responde directamente por las negligencias cometidas por trabajadores de sus organismos colaboradores, el reproche en este caso es distinto. Una oportuna y completa fiscalización de lo obrado por ambos programas hubiera permitido intervenir a fin de propender a la elaboración de nuevas pericias que se conformaran a sus normas técnicas y que resultaran de una calidad suficiente para ilustrar al Tribunal de Familia sobre la real situación familiar.
Por otra parte, el organismo de control establece que los trabajadores que cumplen turnos no podrán percibir el pago promedio de las horas consideradas "extraordinarias" durante feriados, licencias médicas o permisos con goce de remuneraciones. Las Asociaciones señalaron que han pedido audiencia a la Contraloría, pero que no se les ha respondido a sus solicitudes.
En este contexto, la Corte Suprema ha confirmado que el Servicio Nacional de Menores (Sename) tiene un rol fiscalizador de alcance amplio, que no se remite únicamente al ejercicio financiero de las entidades contratistas, denominadas "colaboradoras". Este fue el razonamiento por el cual la Corte acogió un recurso de casación y, en sentencia de reemplazo, condenó al fisco a pagar una indemnización por concepto de daño moral a un padre que denunció deficiencias en los informes emitidos por un organismo colaborador. La condena se fundamentó en el incumplimiento del deber de supervisar y fiscalizar tales reportes por parte del Sename.
El reciente fallo de la Corte Suprema constituirá jurisprudencia para futuros litigios en que personas afectadas por deficiencias o falencias de estas instituciones exijan algún tipo de indemnización o reparación por parte del Estado. Actualmente se están realizando gestiones judiciales y administrativas, y es fundamental reconocer que la solución definitiva requiere una modificación legal que establezca expresamente la naturaleza continua y especial de los sistemas de turno de ambos servicios.
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