El Ministerio Público ha iniciado diversas indagatorias en Chile ante la sospecha de fraudes en sistemas de pensiones, abarcando tanto las pensiones de gracia entregadas en el contexto del estallido social como el uso indebido de la Ley de Responsabilidad Parental para extraer fondos de las AFP.
Investigación por Fraude en Pensiones de Gracia
Apertura de Indagatoria por la Fiscalía Nacional
La Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio por las pensiones de gracia que fueron entregadas a víctimas del estallido social. Conforme a los antecedentes recabados a través de diversos medios de comunicación, lo informado por la Contraloría General de la República y la presentación de parlamentarios ante diversas instituciones, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio con el fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia.
Para encabezar las indagatorias en este caso fue designado el fiscal Marcos Pastén, de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. El pasado viernes, la autoridad máxima del Ministerio Público, Ángel Valencia, abrió de oficio una investigación penal para analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas bajo el contexto del estallido social y que cuentan con antecedentes penales.
Alcance y Delitos Potenciales
La investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas. La semana pasada, el Fiscal Nacional Ángel Valencia derivó a Pastén la causa en la que se indagan posibles delitos de fraude al fisco, estafa o falsificación de instrumento público y privado.
A juicio del Ministerio Público, dentro de los delitos que podrían configurarse -dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares- se encuentran las figuras previstas en los artículos 228 (Prevaricación Administrativa) y 239 (Fraude al Fisco) del Código Penal. Una denuncia, liderada por los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper, indica que todos los hitos de concesión de las pensiones de gracia a los supuestos afectados en el marco del "estallido social" adolecen de negligencias manifiestas, potencialmente fraudulentas y que han significado el acceso a beneficios fiscales a personas que no debían ser asignatarias de estos.
Irregularidades Detectadas y Ejemplos de Casos
La Contraloría entregó a la Cámara de Diputadas y Diputados un informe donde se daban a conocer irregularidades en la entrega de este beneficio. En el documento se indicaba que 58 de 419 beneficiados presentan antecedentes penales.
Entre los casos específicos, se menciona a Robinson Jaramillo, un ex pensionado de gracia que alcanzó a recibir $6.896.461 por supuestamente recibir un tiro de un militar en el tobillo en 2019. Jaramillo sigue sin ser ubicado para presentarse en la audiencia por fraude de subvenciones programada para este mes. La respuesta del 23 de junio consignó que el funcionario a cargo de ubicarlo dijo que "constituido en el domicilio señalado, persona adulta me informó que la persona requerida no vive / no trabaja allí".
A Jaramillo Monje, de 58 años, se suma Francisco Gatica Catalán, de 33, quien en 2019 fue supuestamente víctima de trauma ocular en Temuco. A ambos se les revocó el beneficio en 2024, tras estallar el caso. Gatica Catalán recibió el beneficio durante el gobierno pasado y recibió un alza en la administración del Presidente Gabriel Boric (que entregó 270 pensiones de gracia). Otro caso es el de Gabriel Allende, quien en octubre de 2019 recibió tiros de perdigón en Curacaví tras arrojar una molotov a Carabineros.
Estos grupos recibieron los beneficios porque ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que presentaba los casos, ni la comisión presidencial que los analizó, revisaron sus antecedentes penales. En 2022, el INDH envió un oficio al Presidente Gabriel Boric para advertir que no cuentan con las capacidades técnicas ni tampoco con la expertise para poder acreditar los daños que sufrieron las víctimas.
Primeras Diligencias y Equipos de Investigación
Durante la mañana de este miércoles, el fiscal regional occidente Marcos Pastén Campos dio a conocer sus primeras instrucciones para llevar a cabo la investigación. Pastén indicó: "Hemos adoptado una serie de decisiones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. En primer término, hemos mantenido reuniones con los equipos de la Fiscalía Nacional, la Unidad Especializada Anticorrupción".
En modo de apoyo a la investigación, Pastén ha decidido designar a dos fiscales, uno con especialidad en delitos funcionarios y corrupción, y el segundo en delitos económicos, indistintamente de la Fiscalía Local de Maipú y Pudahuel. Este equipo, además, recibirá la ayuda de los equipos técnicos de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.
El fiscal Pastén solicitó a la Policía de Investigación la conformación de un equipo de la Brigada Anticorrupción Metropolitano para la investigación y la realización de determinadas diligencias. En esa línea, sostuvo que "hemos dispuesto ya las diligencias destinadas al esclarecimiento de estos hechos, y con ello poder ir determinando las posibles participaciones que en estos, si es que correspondiese, pudiésemos determinar".
Una de las prioridades, comentan quienes conocieron los primeros lineamientos de Pastén, está en solicitar toda la documentación sobre la entrega de las pensiones a los organismos que intervinieron en el cuestionado proceso, como el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Comisión Asesora Presidencial. Según se indicó a "El Mercurio", se indagarán 418 beneficios y las pesquisas se acotarán al período entre enero y diciembre de 2022. Además, la revisión de antecedentes no se limitará a las posibles presentaciones fraudulentas que pudieron realizar los beneficiados, sino también a los controles que hubo para que se cumplieran los requisitos mínimos para el otorgamiento de las pensiones. En tanto, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara, Andrés Longton (RN), sostuvo que "la Contraloría mandó a hacer un sumario al Ministerio del Interior, y si mandó a hacer un sumario es que las cosas se hicieron mal."
Fiscalía crea equipo para investigar posibles irregularidades en entrega de pensiones de gracia
Fraude con la Ley de Responsabilidad Parental (Ley Papito Corazón)
Contexto y Propósito de la Ley
Más de $940 mil millones en deudas de alimentos se han cancelado usando los fondos de las AFP desde la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, también conocida como Ley Papito Corazón. Esta iniciativa promovida por el Gobierno de Gabriel Boric ha sido aplicada a más de 200 mil morosos, cargando las obligaciones adeudadas a sus cuentas de capitalización individual.
A menos de dos meses de haber asumido, en mayo de 2022, el presidente Gabriel Boric ingresó al Congreso el proyecto de la Ley Papito Corazón. Durante la pandemia, las reformas transitorias a la Constitución que permitieron los retiros del 10% también habían autorizado retener ese dinero a los deudores de pensiones de alimentos. Entre los tres retiros se pagaron 587 mil deudas por un total de 724 millones de dólares.
Con esos antecedentes sobre la mesa, la posibilidad de establecer el pago con cargo a las cuentas de las AFP en la ley permanente parecía un paso natural para el Gobierno de Boric, quien había prometido conducir una administración feminista. Utilizando primero la suma urgencia y luego la discusión inmediata, el Ejecutivo aceleró la iniciativa en el Congreso, con la tramitación a cargo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, liderado por Antonia Orellana. Así, el proyecto fue despachado en agosto y en mayo del año siguiente Boric celebraba la entrada en vigencia de la Ley Papito Corazón en la Plaza de la Constitución, ante decenas de adherentes y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
Con la entrada en funcionamiento de la norma se permitió a los demandantes de pensión de alimentos solicitar al juez de familia respectivo el pago excepcional de las deudas con cargo a la cuenta del demandado en su AFP.
Detección de un Nuevo Método de Fraude
No obstante los beneficios, los fondos de pensiones son un botín demasiado apetitoso como para que nadie intente llegar a ellos por las malas. El Ministerio Público indaga un nuevo método de fraude para acceder al dinero de las AFP. Esta posibilidad, sin embargo, es una de la que algunos han intentado abusar.
Alrededor de una docena de parejas de distintas comunas de la región de O’Higgins son indagadas por usar la ley para extraer fondos de las AFP. De acuerdo a una fuente cercana a la investigación, los litigios eran patrocinados por dos abogados que actuaban coludidos en el fraude. Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la causa fue abierta luego de una denuncia de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Entre los implicados se encuentra un funcionario del Poder Judicial en la zona, quien forma parte de las parejas indagadas.
El fraude no estaría ocurriendo sólo en la región de O’Higgins. La Unidad de Investigación de Bío Bío conversó con jueces de otras circunscripciones que aseguraron que han visto litigios con indicadores sospechosos. Una magistrada nortina comenta: "Casos con pensiones acordadas en sumas muy elevadas que sólo se cumplen dos o tres meses".
Si bien los jueces consultados coinciden en que han visto situaciones de ese tipo, que les han parecido extrañas, una magistrada capitalina enfatiza en que se trata de casos muy aislados. "Habrá gente que sí lo hace, pero no lo llamaría un patrón", recalca, añadiendo que "el porcentaje de pensiones de alimentos nuevas establecidas por mediación o transacción es muy poco. Que se ponga el manto de duda es perjudicial, porque es una ley muy beneficiosa para el pago".
Mecanismo del Fraude y Complicaciones Legales
Explicado en simple, el truco funciona así: una pareja se colude y fija una propuesta de pensión de alimentos mediante mediación o transacción -ambos acuerdos extrajudiciales-. Luego de que el tribunal la revisa y da el visto bueno, el alimentante -la persona que está obligada a pagar la pensión, usualmente el padre de un menor- no cumple durante tres meses. Entonces, el responsable del beneficiario -la madre normalmente- presenta un escrito al tribunal pidiendo al juez que cargue la deuda a la cuenta que el alimentante mantiene en su AFP.
De acuerdo con la ley, el juez inicia la investigación patrimonial, solicitando información de las cuentas bancarias, de ahorro previsional voluntario y otros instrumentos financieros del alimentante para evaluar esas alternativas. Como el demandado conoce cómo funciona la ley y se ha asegurado antes de traspasar o retirar su dinero depositado e inversiones, al juez no le queda más remedio que autorizar el cobro con cargo a la cuenta de la AFP. Desde la Corte de Apelaciones de Rancagua informaron que se abrió una investigación administrativa contra el funcionario implicado, la que "está en proceso de resolución".
Sobre la posibilidad de que las prácticas fraudulentas se extiendan, uno de los jueces consultados sostiene que los magistrados no tienen herramientas ante la colusión entre demandante y demandado. Mientras, otra jueza menciona que en los casos sospechosos es importante solicitar las liquidaciones de sueldo del deudor y, si tiene empleo, autorizar con retención de las remuneraciones. La abogada Sol Vespa explica que "retener el sueldo es una posibilidad que el juez puede aplicar para el cobro de la pensión a futuro, pero va a tener una deuda igual. Entonces, respecto de esa deuda, tú puedes hacer la investigación patrimonial y llegar a que se ponga al día a través de la AFP".
Por otro lado, los magistrados pueden hacer una denuncia al Ministerio Público en caso de existir sospechas. No obstante, no está claro bajo qué tipo penal se encuentran estas conductas, ya que el dinero de las cuentas técnicamente pertenece a los afiliados, que son los mismos que se benefician.
Advertencias Durante la Tramitación y Postura del Gobierno
El escenario era previsible: durante la tramitación de la ley, parlamentarios y una organización civil advirtieron al Gobierno de esta posibilidad, por lo que propusieron modificaciones al proyecto. La abogada Sol Vespa -miembro del directorio de la Asociación de Abogados de Familia de Chile y socia fundadora de Vespa Abogados- considera que la posibilidad de fraude es un peligro real para el sistema de pensiones. Según cuenta, en cierta ocasión un abogado le comentó que un cliente había consultado sobre el tema. "Es un temazo, porque, claro, se va a empezar a correr la voz", opina ella.
La posibilidad de fraude no es una novedad. De hecho, fue discutida durante la tramitación en el Congreso. La primera en poner el tema sobre la mesa fue la directora Ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, en la sesión del 17 de mayo de 2022 de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género del Senado. Senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), además del senador Alfonso De Urresti del Partido Socialista (PS), también acusaron la posibilidad de que se generaran "actos simulados".
Ante este problema, Alejandra Sepúlveda planteó una propuesta alternativa a la que se estaba discutiendo, que consistía en que el Estado se convirtiera en el cobrador y pagador subsidiario de la deuda. El senador De Urresti planteó que "habría que buscar alguna fórmula, como una declaración jurada o alguna corroboración de que efectivamente ya no conviven, aunque las partes podrían estar conviviendo, permanecer bajo un mismo techo, y perfectamente demandar de alimentos". El senador oficialista además hizo ver que se trataría de un fraude que tendría "excelentes utilidades", ya que no se pagarían impuestos por los retiros.
La posición del Gobierno quedó registrada en la misma sesión a la que asistió Alejandra Sepúlveda. En ella participó por el Ejecutivo la entonces jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Camila de la Maza. "Es una posibilidad, sí", advirtió de la Maza, pero añadió que "en general tenemos que pensar primero en el principio de buena fe y luego en la mayoría de los casos". De la Maza dijo que en los retiros del 10% no habían conocido casos de fraude. Si bien afirmó que con los expertos del ministerio podían "darle una vuelta para evitarlo", eso suponía partir de la mala fe de las personas para las que estaban legislando. Esgrimió que, "eventualmente, por una buena causa de evitar esta simulación, podríamos terminar perjudicando a la gran mayoría de las madres que está persiguiendo ocupar este mecanismo para el pago de sus pensiones". La funcionaria también sostuvo que en la discusión de la Reforma Tributaria se podían plantear los eventuales delitos derivados del fraude. Finalmente, la Ley de Responsabilidad Parental se aprobó sin ninguna indicación que abordara la posibilidad de fraude.
Impacto y Límites de la Ley
Los juzgados de familia ordenaron pagar $2,5 billones en los dos primeros años de funcionamiento de la Ley Papito Corazón, según el Gobierno. La cifra incluye lo debitado a cuentas bancarias e instrumentos financieros, además del dinero de las AFP. Para el periodo entre junio de 2023 y julio de 2025, la Superintendencia de Pensiones reportó $940 mil millones con cargo a las cuentas en las aseguradoras. Con todo, lo extraído es un porcentaje menor por ahora. La Superintendencia de Pensiones cifró en 255 mil millones de dólares los activos de los fondos de pensiones al 30 de enero pasado.
Aunque la ley no abordó la posibilidad de fraude, sí lo hizo respecto al desfinanciamiento del sistema. Para que eso no ocurriera se establecieron límites al cobro. Si el deudor está a 30 años o más de la edad de jubilación se le puede cobrar hasta el 90% de sus fondos; si le faltan entre 15 y 30 años, el 80%, y si está a 15 años o menos, se puede retirar el 50% como tope. Una jueza acota que "no es llegar y vaciar la cuenta de la AFP", y añade que "al momento de establecer la pensión de alimentos también hay requisitos. Rechazamos muchas mediaciones porque no cumplen con lo exigido. El monto debe estar debidamente fundamentado y no puede exceder un máximo".
La Unidad de Investigación de Bío Bío contactó al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para consultar por la tramitación en el Parlamento de la Ley de Responsabilidad Parental y sobre la posibilidad de hacer modificaciones a la norma para evitar los fraudes. Desde el organismo remitieron una declaración en la que manifestaron que la ley "busca aliviar la carga económica de las madres de niños, niñas y adolescentes que han sufrido o sufren el abandono parental y no reciben la pensión de alimentos fijada por los tribunales de justicia de manera seria y responsable". A continuación, recalcaron que la norma establece dos vías de cobro, primero con la retención en el sistema financiero y luego, como "mecanismo extraordinario", la retención de fondos de las AFP. En ese sentido, añadieron que existen "varios pasos previos antes de llegar a esa última instancia, que además tiene un porcentaje límite de retiro según la edad del deudor".