La discusión sobre las dietas vitalicias y asignaciones para los expresidentes de la República ha cobrado una relevancia significativa, especialmente en Chile, donde diversas propuestas buscan modificar, limitar o incluso eliminar estos beneficios. El debate se extiende a nivel regional e internacional, con distintos países aplicando modelos variados y enfrentando controversias similares.
El Debate en Chile sobre la Dieta Vitalicia
En Chile, exmandatarios como Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet fueron invitados a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja para debatir un proyecto que busca reformar la dieta vitalicia de los expresidentes. La discusión actual se centra en reducir, limitar o eliminar estas dietas, que actualmente superan los 7 millones de pesos mensuales, sin incluir otras asignaciones. Las propuestas incluyen establecer una edad mínima de 65 años para recibirla y eliminar asignaciones de traslado y oficinas.
Propuestas y Argumentos para la Reforma
El texto legal propuesto plantea que "cumplida la edad de jubilación de 65 años y en virtud de la calidad de expresidente de la República, las y los ciudadanos que la detenten, podrán solicitar al Estado de Chile una pensión vitalicia de vejez".
En este contexto, el diputado Carlos Bianchi (independiente) presentó un proyecto de ley para eliminar la dieta vitalicia a los expresidentes. Esta iniciativa, apoyada por los parlamentarios de la bancada PPD Jaime Araya y Héctor Ulloa, se enfoca particularmente en el presidente Gabriel Boric, quien dejará el cargo a los 40 años, convirtiéndose en el expresidente más joven en recibir esta remuneración. Bianchi calificó de "impresentable que un expresidente, quien sea, desde los 40 años reciba una pensión de por vida de más de $16 millones mensuales", sumando la dieta con ítems de oficinas y traslación.
La idea inicial de Bianchi, que buscaba que los expresidentes comenzaran a recibir la dieta a los 65 años, fue desestimada por sus colegas, generando una respuesta negativa desde el Partido Comunista hasta Republicanos. Sin embargo, algunas voces plantean como alternativa más razonable la reducción de gastos operacionales, como traslación y oficinas, que consideran un monto cercano a los $8 millones, mientras que la dieta alcanza los $7 millones.
Actualmente, ocho diputados opositores promueven una medida similar: una reforma constitucional para eliminar los gastos en dietas y asignaciones de los expresidentes. Esta medida, argumentan, busca empatizar con los millones de chilenos que no tienen resueltas sus pensiones. Una iniciativa surgida de la fusión de más de diez proyectos con ideas similares fue despachada a sala el pasado 21 de agosto. Aunque la idea original de sus autores era bloquear la dieta que recibiría el Presidente Gabriel Boric, el acuerdo mayoritario fue mantener este ingreso, pero restringir el pago de asignaciones (dinero público) para la mantención de oficinas, personal de apoyo y traslados. Además, la iniciativa no modifica el fuero vitalicio del que gozan los expresidentes para enfrentar procesos judiciales, una garantía establecida en el año 2000. El diputado Gustavo Benavente (UDI) insistirá en una indicación para que la dieta sea recibida a partir de los 65 años.
Costos Fiscales y Casos Emblemáticos
Entre los años 2000 y 2023, mantener a los exmandatarios chilenos ha significado un esfuerzo fiscal cercano a los $10.500 millones de pesos. Ricardo Lagos ha sido el más costoso al Fisco, con un aproximado de $3.300 millones. No obstante, de mantenerse la norma actual, el presidente Gabriel Boric podría llegar a costar $10.500 millones, considerando la fecha en que cumpliría 80 años y los años en que no cobraría el beneficio. La estimación para Boric contempla un modesto incremento del gasto del 3% y que solo cobraría su dieta y asignaciones durante 24 años hasta los 80.
La legislación que otorga la dieta a los exmandatarios fue ingresada el 7 de septiembre de 1999 y promulgada el 19 de abril del 2000. Esto implicó que Patricio Aylwin comenzó a recibir los estatutos a la edad de 81 años, Ricardo Lagos a los 67 años, Michelle Bachelet a los 59 años y Sebastián Piñera a los 63 años. El caso de Eduardo Frei es particular, ya que la ley no otorga dieta a quienes cumplen funciones remuneradas con fondos públicos; por ello, el exmandatario comenzó a percibir la dieta desde 2014 a la edad de 72 años.
Las Dietas Vitalicias en Cifras (Chile)
Según la información disponible en el Senado de Chile (entre 2009 y 2024), y estimaciones para el período no informado (2000-2009), el gasto fiscal en expresidentes ha sido significativo. Es importante considerar que estos números solo incluyen la dieta, a la que se suman los costos de asignaciones, que en ocasiones duplican el gasto. Los gastos proyectados para el futuro ex presidente Boric, si cobra su dieta y asignaciones hasta los 80 años, se estiman en $10.500 millones, una cifra equivalente a lo ya gastado entre 2000 y 2023.
| Expresidente | Dieta (2009-2024) | Gastos Operacionales (2009-2024) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Ricardo Lagos | $1.432.159.753 | $1.439.981.740 | Inicia en mayo 2009 (sin datos 2006-2009) |
| Eduardo Frei | $1.004.703.518 | $1.115.393.279 | Inicia en marzo 2014 (por funciones de senador vitalicio previas) |
| Michelle Bachelet | $916.722.989 | $795.354.376 | Inicia en abril 2010 (pausada durante segundo período) |
| Patricio Aylwin | $657.107.738 | $330.041.588 | Registros desde mayo 2009 (se estiman $1.300 millones previos) |
| Sebastián Piñera | $590.547.510 | $652.954.243 |
Posición del Presidente Gabriel Boric
El presidente Boric se refirió a la discusión en entrevista con Radio ADN: "Creo que los expresidentes en general son instituciones que vale la pena cuidar y a mí me parece razonable que los expresidentes [tengan] un resguardo para poder seguir cumpliendo la función que históricamente han cumplido, que es aportar al debate nacional sin estar vinculados a un interés privado particular."
Cambios Históricos y Contexto Legal
Desde el Senado se aseguró que Augusto Pinochet nunca cobró estos gastos en calidad de expresidente. La dieta y asignaciones fueron creadas a través de una reforma constitucional del año 2000, en gran medida para que el exdictador y entonces senador vitalicio pudiera renunciar al Senado y mantener estos beneficios, además de su fuero.
En mayo de 2020, el entonces presidente Sebastián Piñera promulgó una ley que disminuyó la dieta de parlamentarios, sueldos del Presidente de la República y otros funcionarios públicos. Como la dieta de los expresidentes es homologada a la dieta parlamentaria, esta también sufrió una reducción, pasando de $9.349.851 millones en 2020 a $7.012.388 millones en agosto de 2020.
Panorama Regional e Internacional
La pregunta sobre si los presidentes que dejan el cargo deben cobrar pensiones especiales por el resto de sus vidas es un tema de polémica en América Latina y otras regiones. En los últimos meses, han surgido pedidos de legisladores en países como Argentina, Ecuador o Costa Rica para eliminar las jubilaciones vitalicias a sus exjefes de Estado, siguiendo el ejemplo de México.
Expertos señalan que este tipo de pagos existen en muchas partes del mundo, no solo como retribución por servicios, sino para prevenir que los expresidentes se unan a empresas o grupos de interés particulares, evitando que tengan que "vender sus servicios en el mercado laboral".
América Latina: Diversidad de Modelos y Controversias
Varios países latinoamericanos otorgan por ley pagos especiales a sus expresidentes, con distintos montos y criterios. Algunos también retribuyen a antiguos vicepresidentes o a los cónyuges de quienes mueren tras gobernar.
- En Argentina, la pensión vitalicia a los exjefes de Estado es equivalente a lo que cobra un juez de la Corte Suprema, entre US$4.500 y US$6.300 mensuales. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cobra dos pensiones (la suya y la de su difunto esposo Néstor Kirchner), generando controversia. Mauricio Macri también recibe su pensión como expresidente.
- En Bolivia, una ley de 2013 establece un pago mensual a los expresidentes equivalente a 10 salarios mínimos (unos US$3.250 por mes), una de las más bajas de la región. También surgió una propuesta de la oposición para anularlas.
- En Ecuador y Costa Rica, se mantienen con salvedades. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa perdió la suya tras una condena por corrupción, mientras que el costarricense Carlos Alvarado renunció a la que le correspondía.
- Los exmandatarios de Perú reciben una pensión de por vida de unos US$4.000 por mes, pero están excluidos quienes hayan sido condenados, como Alberto Fujimori.
- Otros estados latinoamericanos que pagan jubilaciones vitalicias son Chile y Colombia (entre las más altas de la región, equivalentes a unos US$8.700 y US$5.500, respectivamente), así como Nicaragua y Venezuela.
Además de pensiones, algunos países reembolsan a sus antiguos jefes de Estado gastos de distintos tipos. Los expresidentes chilenos, por ejemplo, tienen cubiertos con dinero público costos de traslados y funcionamiento de oficinas que, en promedio, equivalieron en noviembre a unos US$11.000 cada uno, sumándose a sus pensiones vitalicias.
Comparación con Estados Unidos y Europa
- En Estados Unidos, los cinco expresidentes vivos ganan pensiones vitalicias promedio de unos US$20.000 por mes cada uno. Si se suman gastos de oficinas, asistentes, viajes y otros conceptos, la media asciende a unos US$200.000 mensuales.
- En España, los expresidentes de gobierno reciben una indemnización temporal y una dotación sin caducidad para gastos de oficina y otros conceptos, equivalente a una media de US$6.500 por mes.
- En Reino Unido, todos los ex primeros ministros pueden reclamar una asignación por costos de servicio público, gastos de oficina, salarios de personal y otros conceptos por un máximo anual equivalente a unos US$138.000 (un promedio de US$11.500 al mes).
- En Alemania, los excancilleres que hayan estado al menos cuatro años en el cargo reciben una pensión mínima equivalente a unos US$4.230 por mes, que aumenta en función del tiempo en el gobierno. Angela Merkel, quien gobernó durante 16 años, se retiró con una pensión de casi US$16.000, además de gastos de oficina y personal.
- En Brasil, los expresidentes no cobran pensiones, pero por ley tienen cubiertos con fondos públicos, de modo vitalicio, los servicios de seis personas para apoyo, seguridad y asesoramiento, dos autos oficiales con sus respectivos choferes, gastos de viajes, hoteles y viáticos. Estos conceptos promediaban unos US$13.000 mensuales por expresidente hasta el año pasado, aunque el monto varía. El expresidente Jair Bolsonaro ha destinado solo a dietas de asesores unos US$82.700 de recursos públicos en un período post-mandato.
Países que Eliminaron las Pensiones Vitalicias
Aparte de México, otros países de la región eliminaron las jubilaciones especiales para sus expresidentes:
- Uruguay, desde 1996, estableció que sus exjefes de Estado deben jubilarse por el mismo régimen que cualquier trabajador. José "Pepe" Mujica se jubiló en 2018 con el equivalente a unos US$1.800 líquidos por mes.
- México eliminó por ley las pensiones a los expresidentes en noviembre de 2018, cumpliendo una promesa de campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de su derogación, esos pagos oscilaban entre los US$2.2 millones y US$2.6 millones por año, es decir, un promedio mensual de entre US$180.000 y US$220.000.
La Controversia Subyacente
La polémica por los pagos a expresidentes de América Latina no es nueva, pero ha cobrado fuerza en medio de escándalos de corrupción, descontento con los políticos y crisis económicas.
Según Javier Corrales, profesor de ciencia política en el Amherst College de Estados Unidos, hay un "aspecto positivo, democratizador" en esta discusión, ya que "la idea es que estas son las personas que menos ayuda necesitan y nosotros les estamos dando la mayor ayuda que el Estado puede ofrecer, algo incongruente con esa idea de que todos somos iguales". Sin embargo, también advierte que la controversia puede responder a intentos de atacar las figuras de expresidentes que se han vuelto ejes de la oposición en varios países, en el marco de un "populismo latinoamericano" que ve a los exgobernantes como "élites explotadoras y corruptas".
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