El Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido objeto de severas críticas a lo largo de los años por su rol como garante de los derechos de la infancia. Sus centros, en su mayoría privatizados y precarizados, han sido descritos como lugares donde niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social son acogidos sin garantías de seguridad, llegando a ser comparados con cárceles para menores. Esta problemática se agrava por el rol represivo que a menudo desempeñan los trabajadores de la institución, no solo en centros de internamiento para jóvenes condenados, sino también en hogares de acogida. La desprotección sistemática de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) bajo custodia del Estado refleja una crisis no solo institucional, sino también ética y política, que requiere ser abordada desde un enfoque de derechos humanos y justicia social.
La Reforma Estructural de 2021 y sus Desafíos
En respuesta a esta crítica situación, el Estado chileno implementó una reforma estructural en octubre de 2021, dividiendo el SENAME en dos nuevas entidades:
- El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), enfocado en la protección de derechos de NNA en situación de vulnerabilidad.
- El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ), encargado del sistema de justicia juvenil.
Esta transformación institucional buscaba mejorar la calidad del servicio, fortalecer la especialización del personal y superar las falencias históricas. Sin embargo, diversos informes, entre ellos los de la Defensoría de la Niñez, han evidenciado que los problemas estructurales persisten. Este escenario plantea serios cuestionamientos sobre la eficacia real de la reforma, y la falta de políticas públicas integradas, recursos adecuados y una formación profesional sólida del personal involucrado.
Deficiencias Persistentes Post-Reforma
Se mantiene una falta de capacitación especializada del personal, infraestructura deficiente y una gestión ineficiente en la implementación de políticas públicas. A esto se suma una creciente sobreocupación en los centros de atención, que alcanzó un 37% en 2023, superando ampliamente el 11% de 2021, sin que haya un aumento proporcional en el número de centros, que continúa en 245. Según LA TERCERA, hasta el 31 de mayo de 2024, de las 258 residencias que manejaba el antiguo sistema, Mejor Niñez heredó 163, de las cuales el 39,2% tienen sobrecupo, mientras que SENAME, con 95 residencias, tiene un 43,1% con sobrecupo de igual manera. Además, la reintegración social y educativa de los NNA continúa siendo limitada, ya que muchos egresados enfrentan estigmatización, barreras de acceso a la educación o al trabajo, y ausencia de redes de apoyo. El Estado no ha establecido mecanismos eficaces de seguimiento post-egreso, y la articulación entre organismos gubernamentales sigue siendo débil, lo que genera un círculo de exclusión y vulnerabilidad permanente para miles de jóvenes.
Irregularidades Financieras y Falta de Fiscalización
Una auditoría realizada por procesos de gestión de oferta y demanda del servicio, según Dorothy Pérez, controladora de esto, expuso que se detectaron 73 proyectos financiados por el organismo, por un total cercano a $785 millones, que no fueron rendidos. Aquella situación llevó a que se descubriera que había sin aprobar ni contabilizar más de $7.915 millones, todos ellos correspondientes a la rendición de cuentas de 184 proyectos del año 2022. Este miércoles 21 de junio, un año y dos meses después de la noche en que falleció Lissette Villa, la comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó el informe que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones hechas por la primera comisión, en 2014. El informe preliminar de los parlamentarios indicó que el presupuesto destinado a la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios ha disminuido en un 399%. Otro dato que ensombrece aún más el panorama es que, según la información entregada por el Sename a la comisión, hay 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado e intervención de los menores, cuyas cuentas no han sido revisadas por la administración central en los últimos tres años. Para cuantificar el volumen de los dineros que se deben fiscalizar, el Sename destinó en su presupuesto de 2017 $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados.
Según datos de EMOL, uno de cada cuatro programas del SENAME es fiscalizado menos de una vez al año, lo que permite la permanencia de programas ineficientes que no cumplen con su función, poniendo en riesgo la calidad de vida de los NNA. Todos los entrevistados por CIPER coinciden en que la fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas que colaboran con el Sename (OCAS) es, por lo menos, insuficiente. El dato de que 751 programas fueron examinados entre dos y ninguna vez en los últimos tres años puede empeorar. Esto, por la eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto para este año, según los datos contenidos en el borrador del informe de la segunda comisión investigadora al que accedió CIPER.
Condiciones Laborales Críticas y Ausentismo del Personal
Una auditoría solicitada por un grupo de educadoras de trato directo de la Casa Nacional del Niño reveló situaciones alarmantes en varios Centros de Administración directa del SENAME. Se constató que trabajadoras llegaron a realizar turnos de 27 horas seguidas y turnos de 24 horas varias veces al mes. El SENAME atribuye esta situación a la falta de cuidadoras en los hogares, sumado a un alto número de licencias médicas, que representan un 37.8% del total de trabajadores del servicio, debido a las precarias condiciones laborales.
Sin embargo, se argumenta que estos centros requieren una atención de 24/7, y la escasez de personal no puede ser excusa para desatender a los menores. Como parte de las denuncias, las trabajadoras señalaron que la institución no estaría pagando el total de las horas extras trabajadas. El alto número de licencias médicas en el SENAME es una preocupación recurrente. Según datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia, en 2017 el organismo recibió 15.533 licencias médicas para una dotación promedio de 4.418 personas. En un Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado, el punto más alto de licencias médicas en 2017 fue del 40% de los funcionarios, sin bajar nunca del 20%. Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del SENAME, explica que el ausentismo se debe tanto al "ambiente violento" y a las condiciones "no muy humanas", como a un mal uso de las licencias, señalando que "hay gente que para las fiestas siempre tira licencia médicas".
El ausentismo laboral provocado por COVID 19 | Primer Impacto
Consecuencias para los Menores
El ausentismo laboral tiene efectos directos en la vida diaria de los menores. Cuando falta un funcionario, tareas como la hora del almuerzo se vuelven complejas, llegando a situaciones donde una sola persona queda a cargo de hasta 10 lactantes. Estas alteraciones en el funcionamiento normal de los centros han sido criticadas en informes. Christopher Simpson, dirigente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores del Sename, educador de trato directo (ETD) en el turno nocturno del Centro Metropolitano Norte del Sename, en Til Til, donde trabaja con menores infractores de ley, teme que alguno de los jóvenes necesite atención especializada. En casi cinco años, ha recibido solo una capacitación, insuficiente. Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos (Peñaflor), indicó a CIPER que en su centro no han recibido una capacitación desde la administración central en -por lo menos- los últimos cinco años, afectando directamente las competencias de los educadores.
Investigaciones y Casos Emblemáticos
La investigación sobre violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en recintos del SENAME entre 1979 y 2021 se ve amenazada por un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez. Esta instancia, creada tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfrenta recortes fiscales anunciados por el presidente. La Comisión permite a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos en el SENAME enviar antecedentes para su investigación, incluyendo casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron por estos centros durante casi 50 años de existencia del SENAME. La tesis de violaciones a los derechos humanos en estos centros cobró fuerza tras el trágico incendio de 2007 en el centro "Tiempo de Crecer".
El Caso "Tiempo de Crecer" y la Sentencia de la CIDH
La Comisión nace a raíz de una sentencia dictada en 2024 por la CIDH, que evidenció la muerte de diez adolescentes en el centro "Tiempo de Crecer" en 2007, y violaciones a los derechos humanos de 271 jóvenes en cuatro recintos. El fallo internacional no solo abordó el incendio, sino también un problema estructural más amplio, señalando la responsabilidad del Estado chileno por la vulneración de derechos fundamentales en perjuicio de jóvenes privados de libertad. Estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación.
El Problema de las Cifras y la Falta de Claridad
No hay claridad respecto al número de menores vulnerables fallecidos anualmente bajo tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de Unicef sugirió que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. Análisis de anuarios oficiales del SENAME de 2010 a 2014 arrojaron 318 fallecimientos, sumando un total de 395 con datos de Justicia. El diputado René Saffirio afirma que el Estado chileno "ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Casos de Negligencia: Guillermina y Lissette
El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años que llegó al Centro de Protección Alborada y fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después, ilustra la falta de protocolos. El caso de Lissette, de 11 años, quien falleció en el Centro Galvarino, puso de manifiesto la falta de protocolos y la sobremedicación. Expertos señalan que Lissette estaba sobremedicada, recibiendo fármacos que podían tener efectos adversos en menores. La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es generalizada, con stock en cualquier parte y problemas graves de dosificación.
Análisis de la Problemática y Propuestas de Solución
Una de las principales deficiencias en el sistema actual es la insuficiente cantidad de centros residenciales Mejor Niñez/SENAME, cuya cobertura resulta claramente inferior a la demanda existente. Con solo 258 centros a nivel nacional, resulta urgente aumentar su número para garantizar una atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes que requieren protección. Los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) fueron creados para atender a niños altamente complejos, sin embargo muchos no cumplen con ese perfil y los recibimos porque los Juzgados de Familia los mandan. Los jueces insisten en que los Cread sean la puerta de entrada al sistema y así no podemos cumplir con nuestra función específica. De los 190 mil niños que ingresaron al sistema de protección el 2014, poco más de 3 mil fueron derivados a nuestros centros, y en rigor, ni siquiera la mitad debía ingresar a un Cread. Ellos deberían ir a los centros de protección simple. La realidad es dura: hay dos educadores por casa y en cada una hay en promedio 30 niños. Un profesional para esa misma proporción es poquísimo, así es imposible que se puedan hacer las intervenciones en forma adecuada. Cada niño debería tener a lo menos, 2 sesiones semanales.
Deficiencias en la Estructura Laboral
La primera parte de la investigación "Análisis documental de la política pública" reveló problemas como la invisibilización de los trabajadores en los documentos oficiales, la falta de especialización requerida para trabajar con NNA, la precariedad de las formas contractuales (licitaciones por dos a tres años), y el uso de contratos a honorarios, especialmente para atender sobrecupos. También se encontraron evidencias de que la licitación propiamente tal establece el nivel de especialización que deben tener ciertos trabajadores y que no siempre son posibles de cumplir, en particular para los programas de regiones y zonas aisladas, dada la falta de capital humano capacitado en estos lugares. Las bandas de sueldos son muy bajas para las exigencias y algunos programas requieren de personal muy especializado (como los PRM), y los concursos de especialización no están disponibles en todo el país. Esta situación provoca mucha tensión con los tribunales de familia, que en algunos casos no confían en los trabajadores de estos programas ya que hay una excesiva rotación causada por las condiciones laborales y por las permanentes licitaciones. El diputado Ramón Farías afirma que la falta de capacitación y perfeccionamiento para los funcionarios del Sename incide directamente en otro punto crítico: la fiscalización.
Desgaste Laboral y Ausentismo
La segunda etapa de la investigación, el "Estudio cuantitativo de evaluación de bienestar y desgaste laboral", estableció que un tercio de los trabajadores (más del 30%) sufren de desgaste laboral o burnout. Esto está fuertemente relacionado con licencias médicas, ausentismo y rotación. Una de las razones que aparecieron como causa de esto fue que el sistema a nivel de política está más centrado en los indicadores cuantitativos que en los procesos de los niños, y eso es parte de lo que nosotros corroboramos con el análisis documental anterior por la tercerización, de cómo se entregan las platas a los programas y de cómo se paga por servicio diario prestado a cada niño. Entre los principales estresores que reconocieron los trabajadores de protección de derechos la infancia, está la falta de coordinación con la red. La rotación de trabajadores es mucha y su promedio de estadía de las personas es de un año.
Impacto del Modelo de Licitaciones
Un funcionario que trabaja en el área de licitaciones de la administración central del Sename explicó que el gigantesco monto destinado a la atención y protección de los niños permanece sin ejecutar debido a que los OCAS "guardan" esos fondos por si se cierra el programa y se ven obligados a pagar finiquitos, pero esto rara vez pasa, por lo que los recursos se desaprovechan. La Ley 20.032 establece los mecanismos para subvencionar ciertos gastos asociados a la intervención, se licita por un monto máximo y luego se debe dar cuenta de los gastos. Pero en el convenio no se especifica la "glosa", que en la administración pública es una planilla que establece cuánto vas a gastar de tu presupuesto en un determinado ítem. La supervisión financiera del servicio, históricamente, nunca ha tenido control sobre eso. Esto significa que si licitaste un programa que va a atender teóricamente a cien niños, pero en la práctica atendiste solo a 20, igual te pagan por los cien. Luis Ortúzar defiende el rol de los OCAS, explicando que, en el caso de su institución, con la subvención que reciben -$180 mil mensuales por niño, para 90 menores- es poco lo que pueden hacer.
Necesidad de una Solución Definitiva y Propuestas Legislativas
Mejor Niñez es hoy el principal organismo encargado de la protección especializada de NNA vulnerados en sus derechos. Las soluciones propuestas incluyen:
- Un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado, con unidades polivalentes y personal dedicado que trabaje con las familias.
- El objetivo de que los niños vuelvan con sus familias de origen, entregándoles herramientas y acompañamiento para romper el círculo de maltrato y pobreza.
- Una defensa jurídica adecuada para los menores, que vele porque todos los actores del proceso cumplan su labor.
Se propone establecer un sistema de fiscalización regular y efectiva. La auditoría además consideró la opinión de los niños mediante un instrumento especialmente diseñado para este fin. El Presidente señaló que los resultados son “tristes y a veces dramáticos, y reflejan lo que todos sabíamos, que estamos fallándole a nuestros niños”. Por ello anunció que “estamos implementado una nueva visión, una nueva etapa en la forma en que cuidamos y protegemos a los niños vulnerados” y explicó que uno de los cambios será un nuevo modelo de residencias, de tipo familiar. Es importante cambiar la visión que hemos tenido de la infancia. Los resultados evidencian la precariedad del trabajo intersectorial, que es clave para la efectiva restitución de derechos de los niños, ya que su cuidado no es responsabilidad exclusiva de Sename, sino también de Salud y Educación, entre otros actores.
Propuesta Legislativa Específica
Se ha planteado un Artículo de Fiscalización Reforzada y Régimen de Sanciones por Conductas Incompatibles con el Rol Profesional. Adicionalmente, el senador Alejandro Navarro comentó que la institucionalidad del Sename "no da para más, por lo que debemos hacer cambios normativos. Por ejemplo, existen 143 proyectos de ley en tramitación asociados a la infancia". La presidenta de la Asociación de Funcionarios, Alicia del Basto, reconoció que "dividir en dos departamentos el organismo (de Protección de Derechos y de Justicia Juvenil) ha servido, pero creemos que deben hacerse cambios más de fondo. La mayor parte de los problemas descansan en la precariedad del sistema. Todos los centros tienen déficit de personal administrativo, profesional y médico. Además no hay espacio para tantos niños, lo que genera hacinamiento. Necesitamos que se creen más centros de administración directa y se construyan lugares de acogida en cada región para evitar complejos traslados". El líder de la Anfur, Rubén Munizaga explicó que "no tenemos capacidad de atender a niños con trastornos siquiátricos, sin embargo, la mayoría de los menores que tenemos tienen alguna patología asociada, el problema es que el Ministerio de Salud no se hace cargo de esto". El psicólogo Matías Marchant cree que la forma en que se hace la supervisión de los recursos profundiza las deficiencias del sistema: “Ayuda más a ocultar las falencias que a encontrarlas.”
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