La base fundamental de la estructura jurídica y normativa se sustenta en el principio de igualdad inherente a la condición humana. En este sentido, la Carta Fundamental establece las bases de la institucionalidad, señalando en su artículo 1 que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
Este precepto constituye el primer y más relevante derecho, el cual sienta las bases de toda nuestra regulación normativa. Bajo este enfoque, el Estado tiene el deber imperativo de promover la igualdad de todos los individuos en el ejercicio pleno de sus derechos, garantizando que no existan barreras que impidan su desarrollo integral.
Protección internacional de las personas con discapacidad
La protección de los derechos de las personas con discapacidad ha trascendido las fronteras nacionales, integrándose en marcos normativos internacionales que obligan a los Estados a adoptar medidas concretas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa el instrumento jurídico central en esta materia.
Los objetivos principales de este tratado internacional se centran en los siguientes puntos:
- La eliminación progresiva de toda forma de discriminación.
- La protección irrestricta de la dignidad humana.
- La garantía de un trato equitativo en todas las esferas de la vida social.
- El aseguramiento del ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
Conoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Exigibilidad y cumplimiento de los tratados
La ratificación de estos tratados internacionales implica que los Estados partes deben ajustar su legislación interna para cumplir con los estándares de inclusión. La exigibilidad de estos derechos sociales no es meramente declarativa, sino que impone una obligación de hacer para que las políticas públicas reflejen el compromiso con la igualdad.
Esta Convención persigue que los Estados partes eliminen progresivamente toda forma de discriminación que vaya en contra de la dignidad, trato y ejercicio de los derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando que el marco jurídico sea un instrumento real de inclusión social.
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