La educación es reconocida como el pilar fundamental para el desarrollo de una nación, transmitiendo conocimientos, valores y costumbres que forjan la conciencia cultural, moral y conductual de sus ciudadanos. Sin embargo, en Chile, existen espacios donde este derecho universal se ve desafiado, especialmente para estudiantes en contextos de alta vulnerabilidad, como recintos hospitalarios, residencias de protección y prisiones.
Educación en Contextos de Encierro: El Caso de las Prisiones
Historia y Evolución de la Gendarmería en Chile
El debate sobre los mecanismos de rehabilitación y reinserción social en los recintos carcelarios chilenos ha sido una constante en la sociedad. La historia penitenciaria del país se remonta a 1843 con la creación de la Penitenciaría de Santiago bajo la presidencia del General Manuel Bulnes.
- El 30 de noviembre de 1921 se crea El Cuerpo de Gendarmería de Prisiones.
- El 28 de agosto de 1928 se funda la Escuela de la Gendarmería de Prisiones.
- El 11 de abril de 1929 se fusionan con las fuerzas policiales, denominándose Carabineros de Prisiones.
- El 30 de noviembre de 1929, bajo la unificación con Carabineros, nace el Servicio de Prisiones como institución legal.
- El 17 de junio de 1930 se crea la Dirección General de Prisiones, fecha que marca el inicio de la existencia de Gendarmería, aunque se considera el 30 de noviembre como el día de aniversario institucional.
Gendarmería de Chile, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene como propósito principal garantizar el cumplimiento eficaz de la detención privativa y de las penas restrictivas o privativas de libertad.
Desafíos de la Educación de Jóvenes y Adultos en Contextos de Encierro
La "Educación de Jóvenes y Adultos en Contexto de Encierro" es un área poco visibilizada pero crucial. A pesar de los esfuerzos históricos, desde el siglo XVI con la labor sacerdotal de la Orden de la Merced hasta la creación de la primera escuela pública intra-penitenciaria en 1981 (Escuela Especial E-508 para hombres y E-509 para mujeres), persisten desafíos significativos.
Un estudio realizado en Chile sobre la educación en contexto de encierro, bajo el paradigma cualitativo y el método de estudio de caso exploratorio, reveló que los estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje en lectoescritura y matemáticas suelen ser aquellos con alta vulnerabilidad social, abandono, deserción escolar, consumo problemático de drogas e ingreso temprano a la Red Sename.
Problemática de la deserción escolar
Uno de los aspectos comunes en las unidades educativas dentro de los recintos carcelarios es el alto grado de deserción escolar. A pesar de la preferencia de los internos por la “Escuela Juan Luis Vives”, la “Escuela E-508”, la unidad educativa más antigua que atiende módulos de mayor compromiso delictual en condiciones de extrema precariedad, enfrenta una realidad compleja. Su relación con los internos es más asistencial que educativa, y administrativamente carece de recursos asignados por el municipio local.
Una explicación para la asistencia, a menudo instrumentalizada, radica en que la educación es un índice de calificación para el Tribunal de Conducta, que cada dos meses evalúa a los internos para la obtención de beneficios intra-penitenciarios. La asistencia es fundamental para una buena evaluación, y las escuelas que atienden dentro de los módulos reportan un 100% de asistencia, incluso si el interno no asiste a la sala de clases.
La instrumentalización de la educación y el concepto de "rehabilitación"
La oferta educativa existente en los centros penales, aunque brinda mayores opciones para postular a beneficios como cambios de módulo, visitas conyugales, trabajos menores, salidas dominicales y salidas controladas al medio libre, no asegura la inserción y habilitación social y laboral. Por lo tanto, la integración al sistema educacional suele ser instrumentalizada con otros fines. El término "rehabilitación" es rechazado por los mismos internos porque porta en su significado el concepto de una habilitación social anterior que no reconocen.
Mario Vásquez, Profesor de Estado de Castellano y Académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha, destaca la importancia de una educación transformadora, que genera cambios en aquellos que tienen la voluntad de lograrlos.
Formación docente y currículum
Es sabido entre quienes han desarrollado actividades educativas en recintos penitenciarios que la Educación de Adultos en contextos de encierro no cuenta con un diseño de Planes y Programas de Estudio propios que aborden objetivos y contenidos significativos y pertinentes a esta realidad. Han sido los mismos profesores, sin una preparación específica, quienes han diseñado estrategias, planificado actividades y evaluado contenidos para lograr un aprendizaje significativo.
Ignacio Moya, coordinador de un programa para la reinserción en el centro CREAD Pudahuel Sename, afirma que "ningún centro de formación docente prepara a profesionales para atender en este contexto. Son los mismos docentes los que se han ido especializando a partir del trabajo, del día a día y del compromiso, porque estos son espacios precarios a nivel laboral".
El rol de Gendarmería y la resocialización
La formación de un funcionario de Gendarmería, ya sea durante 8 meses en la Escuela de Suboficiales o 2 años en la Escuela de Oficiales, a menudo no proporciona todas las herramientas y conocimientos necesarios para la sensible tarea de resocialización. La decisión diaria de un funcionario sobre si un interno puede asistir a clases, al salir de su módulo de reclusión, afecta directamente la línea de resocialización del interno. Este dilema ha generado un debate constante, con funcionarios aduciendo falta de condiciones aceptables para un buen desempeño y los internos esgrimiendo una constante violación a sus derechos humanos.
El Estado de Chile tiene la tarea de hacer que el sistema de prisiones esté a la altura de un país en crecimiento económico, resolviendo los problemas de justicia y equidad social.
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Educación para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad
Derecho a la educación en contextos residenciales y hospitalarios
El derecho a la educación, considerado la "mejor arma contra la injusticia", es sistemáticamente negado a niños, niñas y adolescentes que llegan a centros del Sename, a residencias operadas por sus instituciones colaboradoras y, en los casos más extremos, a las cárceles. A nivel nacional, existen 51 escuelas y aulas hospitalarias que garantizan el derecho a la educación de niños y jóvenes hospitalizados o en tratamiento médico ambulatorio y domiciliario.
Estas instituciones brindan educación a niños y adolescentes que, por su condición de salud, no pueden asistir a la educación regular. Por ejemplo, la Escuela Hospitalaria El Carmen, en el Hospital El Carmen de Maipú, que comenzó a funcionar en 2018, atiende a más de 200 niños y ha visto un aumento en su matrícula, especialmente en la atención educativa domiciliaria.
Las modalidades de atención en estos contextos incluyen:
- La “atención en el aula hospitalaria”, donde los alumnos asisten a una sala de clases dentro del centro de salud.
- La “sala-cama”, donde el docente imparte clases personalizadas en la habitación del alumno.
- La “atención domiciliaria”, donde el profesor asiste a los hogares de los pacientes que no pueden salir por su condición de salud.
Desafíos en los centros del Sename
Un informe de la ONU reveló que en Chile, el 19,8% de los niños, niñas y adolescentes en centros del Sename están con retraso escolar, y de ellos, el 21,7% no recibe apoyo en las tareas. Además, un 7% no sabe leer y/o escribir, y un porcentaje similar no asiste a la escuela.
El informe también señala que la gran mayoría de estos NNA frecuentan escuelas públicas donde el personal no está capacitado ni sensibilizado para sus necesidades particulares, lo que impide proporcionar la atención necesaria. En algunos casos, las residencias tienen sus propias aulas, lo que genera aislamiento social.
Carencias en políticas y financiamiento
A pesar de la complejidad de estos contextos educativos, no existen políticas especiales y sistemáticas por parte del Estado para garantizar el acceso a la educación. Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2016) revela que la subvención para los centros cerrados del Sename es inferior a la educación regular, y la entrega de recursos depende de la asistencia, un factor muy variable en estos contextos. Además, los establecimientos que imparten educación de adultos no pueden postular a la Subvención Escolar Preferencial.
La infraestructura es deficiente y los docentes carecen de preparación para desempeñarse en establecimientos que atienden a población privada de libertad o en contextos de vulnerabilidad.
Loreto Jara, profesora e investigadora de Política Educativa de Educación 2020, enfatiza que los centros del Sename, a través de su oferta educativa, deberían cumplir un rol formativo, generando mecanismos que permitan una reinserción exitosa.
Propuestas para mejorar la educación en contextos de vulnerabilidad
Para abordar esta problemática, se proponen diversas soluciones:
- Asegurar el financiamiento: Es necesario crear una subvención específica para las escuelas en cárceles, centros dependientes del Sename y proyectos de reinserción educativa, reduciendo el peso de la asistencia en la asignación de recursos.
- Mejorar la articulación entre las instituciones: Los gobiernos locales, las unidades educativas y Gendarmería deben establecer diálogos fructíferos centrados en la educación de calidad para jóvenes y adultos.
- Contar con voluntad y acuerdos políticos: Existe consenso en la necesidad de reducir las vulneraciones de derechos y los índices de delitos cometidos por menores de edad, lo que debería facilitar la implementación de soluciones.
La respuesta no radica en reducir la edad de responsabilidad penal, sino en resolver las causas del problema y ofrecer soluciones que se adapten a una realidad cada vez más compleja y que requiere una resolución urgente.
Vulneración de Derechos y el Interés Superior del Niño en Contexto Residencial
Recientemente, la Corte de San Miguel advirtió que una medida de protección decretada por el Juzgado de Familia de Puente Alto, que ordenaba la asignación inmediata de un cupo residencial idóneo para un niño con discapacidad intelectual y trastorno del lenguaje, no había sido cumplida de manera íntegra ni eficaz por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
La recurrente sostuvo que la dilación en la asignación del cupo vulneró los derechos fundamentales del niño, cuya permanencia en el hogar materno constituía una situación de riesgo vital, evidenciada en episodios de desregulación emocional y conductual y condiciones de abandono.
A pesar de que el niño fue posteriormente ingresado a otra residencia, la Corte constató que este centro tampoco reunía las condiciones adecuadas para su cuidado, careciendo de espacios físicos y personal especializado. Esto demostró que el servicio no había desplegado todas las acciones necesarias para garantizar un cumplimiento real y efectivo de lo ordenado en sede de familia.
La Corte enfatizó que, en todo procedimiento que involucra a niños, niñas y adolescentes, el Estado está obligado a adoptar decisiones orientadas prioritariamente por el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y con jerarquía constitucional. La actuación administrativa debe ser oportuna, diligente y eficaz, especialmente en medidas destinadas a resguardar la integridad física y psíquica de un menor de edad.
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