Poco a poco, con mucho trabajo, los derechos de las personas con discapacidad siguen ampliándose, aunque la lucha todavía no cesa. A lo largo de la historia, la ignorancia, la comodidad de los responsables del cuidado, los prejuicios y las falsas creencias han llevado a que muchas mujeres hayan sido esterilizadas no solamente sin su consentimiento, sino sin ni siquiera saberlo. Esta práctica, a menudo con implicaciones éticas y morales profundas, tuvo una continuidad notoria en la década de 1970.
Contexto Histórico: De las Prácticas Eugenésicas al Control Reproductivo
La práctica de la esterilización no consensual, en muchos casos de carácter eugenésico, no es un fenómeno reciente en la historia de la humanidad. Otros trabajos dan cuenta de que esta aproximación ha permeado diversas sociedades y momentos históricos.
Antecedentes del Siglo XX
Hacia fines de la década de 1930 en los EE.UU., se había constatado la esterilización de 60.000 personas, mayoritariamente mujeres con discapacidad y/o de bajos recursos. En ese período, treinta Estados impusieron la esterilización forzada de individuos clasificados como “delincuentes”, “epilépticos” y “locos e imbéciles”. Históricamente, también se conoció la castración penal o punitiva aplicada a prisioneros y reincidentes de crímenes sexuales. El racismo, tristemente célebre en la historia reciente de Alemania, impulsó la esterilización eugenésica individual como método de planificación para eliminar enfermedades hereditarias y "purificar la raza".
Sorprendentemente, países que hoy son modelos de vida democrática y alta calidad de vida, como Suecia, tienen en su historial haber esterilizado a más de 63.000 seres humanos femeninos con el objetivo de preservar la "pureza de la raza nórdica". Las víctimas fueron en su mayoría gitanas, de “raza mixta”, con discapacidad o con otro origen étnico. En Noruega, las víctimas superaron las 40.000, y en Dinamarca las 6.000. Estas prácticas históricas sentaron un precedente para las violaciones de los derechos reproductivos que se mantuvieron y evolucionaron en las décadas siguientes.
La Década de 1970: Denuncias y la Persistencia de los Abusos
La década de 1970 representó un período donde estas prácticas continuaron, pero también comenzaron a ser objeto de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, visibilizando la vulnerabilidad de las personas con discapacidad mental.
Casos Documentados y Políticas Coercitivas
Amnesty International denunció la realización de histerectomías en mujeres negras, migrantes y/o con discapacidad en las décadas de 1960 y 1970. Estos casos subrayan cómo la discapacidad a menudo se interseccionaba con otras formas de discriminación, como el racismo y la condición socioeconómica, exacerbando la vulnerabilidad de las víctimas.
Esterilizaciones forzadas en Perú: la historia no contada
En India, a partir de que en 1975 Sanjay Gandhi, por entonces Primer Ministro, decretara el estado de emergencia, la esterilización forzosa de personas se convirtió en una forma de planificación familiar. Esta política afectó tanto a varones como a mujeres de condición pobre y/o portadores de discapacidad. Solían acordonarse pueblos y someter a sus habitantes a ligaduras y vasectomías, aunque en la actualidad se prefiere coaccionar o intimidar a las víctimas. Por otro lado, Canadá ha sometido a miles de mujeres indígenas a esterilizaciones forzadas desde 1920 hasta al menos 2018, una práctica que evidentemente se extendió a lo largo de los años 70.
Motivaciones y Prejuicios Subyacentes a la Esterilización
La decisión de esterilizar a personas con discapacidad mental, especialmente en la década de 1970, a menudo se basaba en prejuicios arraigados y una profunda falta de reconocimiento de su autonomía y sus derechos fundamentales.
Falta de Consentimiento Informado y Mitos Sociales
En la práctica de la esterilización, demasiado a menudo no se requería el consentimiento de la persona con discapacidad para realizar determinado tratamiento, ni se le otorgaba la información necesaria para entender qué ocurriría si, consultada, accedía a ello. Se explica que un buen número de niñas y jóvenes con discapacidad era esterilizado porque otras personas pensaban que era lo que había que hacer, sin una consideración real de su capacidad de decisión.
Asimismo, era necesario desterrar del imaginario social algunas creencias absurdas, como que la discapacidad mental es transmisible en todos los casos, cuando en la mayor parte de los mismos, no lo es. Tampoco podía seguir creyéndose que la esterilización prevenía abusos y violaciones, porque lo que en realidad lo hace es la información, la educación sexual y la protección adecuada.
El Debate sobre la Sexualidad y la Integración Social
El debate en torno a la esterilización de personas incapacitadas por discapacidad mental se ha centrado históricamente en la valoración de su competencia e incapacidad. Quienes apoyan la esterilización de disminuidos psíquicos lo hacen, a veces, defendiendo la sexualidad como un derecho y una forma de culminar la personalidad, argumentando que negar la sexualidad a personas con retraso mental sería equivalente a negar su condición de personas.
No obstante, la esterilización, al eliminar la capacidad procreativa del disminuido psíquico y, por consiguiente, el riesgo de embarazo, puede dar lugar a otro riesgo: la dejación de vigilancia por parte de sus cuidadores, así como una falta grave de responsabilidad. La persona incapacitada, en vez de recibir ayuda para integrarse en la vida social en un acompañamiento vigilante, corre el riesgo de ser abandonada a su propia soledad e incluso a ser estimulada a vivir de modo inhumano su propia corporalidad, cuando no a ser objeto de abuso «sin consecuencias molestas». Así, el presunto «derecho a la sexualidad» puede llegar a convertirse en la fácil excusa para un grave abandono a la «suerte sexual» del incapacitado y una renuncia de la sociedad a atender subsidiariamente su necesidad de integración, a menudo con excusa de bienestar social, cuando no descaradamente eugenésica. El argumento sexualista, en estos contextos, ha pretendido evitar las consecuencias de una actividad sexual que dista mucho de reunir las características de la sexualidad del ser humano, en cuanto actuación libre y responsable.
Es fundamental reconocer que el enfermo mental tiene derecho a ser ayudado a asumir su propia discapacidad en todos los aspectos de su vida, incluyendo el de la sexualidad. Se debe facilitar su integración en la sociedad, reconociendo cuáles son sus limitaciones, asesorando a sus padres y familiares próximos y proporcionando formación continuada a sus tutores.
Hacia el Reconocimiento de Derechos y Desafíos Actuales
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que aquellos que porten alguna discapacidad, incluidos los niños, deben ser consultados respecto a decisiones que los involucren. Esta normativa contrasta fuertemente con la realidad experimentada en la década de 1970. Según la versión de fácil lectura “Los derechos de las personas con discapacidad” elaborada por Catalina Devandas Aguilar, primera Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, las niñas y jóvenes con discapacidad son históricamente tratadas mucho peor que sus pares masculinos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
Aunque el reconocimiento formal de estos derechos ha avanzado, la erradicación completa de las prácticas coercitivas y la discriminación contra las personas con discapacidad mental sigue siendo un desafío global y una lucha constante por la autonomía y la dignidad.
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