El periodo comprendido entre el estallido social de 2019 y la posterior pandemia de COVID-19 representó un desafío significativo para Chile, revelando profundas brechas sociales y afectando particularmente a los grupos más vulnerables, incluidas las personas mayores. En este contexto de crisis, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) jugó un papel crucial en la adaptación de sus programas y la implementación de estrategias para salvaguardar los derechos y el bienestar de este segmento de la población.
El Estallido Social de 2019: Un Análisis del Malestar Ciudadano
Origen y Escalada de las Protestas
El detonante inmediato del estallido social fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, que entró en vigencia el 6 de octubre de 2019. Previamente, el 1 de octubre, el Panel de Expertos del Transporte Público había determinado un ajuste trimestral de tarifas, señalando la necesidad de un aumento de $10 pesos para los buses de la Red Metropolitana de Movilidad y de $30 pesos para el Metro de Santiago y Metrotren en horarios punta y valle.
Tras este anuncio, miles de estudiantes secundarios se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el Metro de Santiago, con las primeras protestas remontándose a evasiones realizadas por estudiantes de liceos emblemáticos del centro de Santiago. En la segunda semana de manifestaciones, los hechos de evasión se registraron en varias estaciones, y con el paso de los días, las manifestaciones se ampliaron, incorporando a otros grupos, no solo estudiantes.
Pese a la creciente aceptación, las protestas fueron minimizadas y criminalizadas por autoridades y expertos, con comentarios como "esto no prendió". Sin embargo, la situación escaló. El jueves 17 de octubre, nuevos intentos de evasión generaron enfrentamientos violentos y el cierre de estaciones de Metro, sumado a una rotura de matriz de agua que agudizó los problemas de locomoción.
El viernes 18 de octubre, las acciones de evasión masiva se amplificaron, llevando a que la situación se expandiera por toda la red de Metro, afectando su servicio y resultando en el cierre total. La noche de ese día, comenzaron a aparecer focos de protestas, saqueos y disturbios violentos a lo largo del país. Se registraron ataques incendiarios a varias estaciones de Metro, incluyendo Trinidad, Elisa Correa, Macul, Barrancas, San Pablo, Laguna Sur y Cumming.
En respuesta, el presidente Sebastián Piñera se dirigió al país la madrugada del sábado 19, informando las primeras medidas. Posteriormente, se anunció el establecimiento del toque de queda en la Región Metropolitana, Valparaíso y Concepción, marcando un hito al ser la primera vez que se declaraba desde el retorno a la democracia por desorden civil. La situación de descontrol llevó a extender el estado de emergencia y toque de queda a varias otras ciudades y regiones, aunque estas medidas comenzaron a reducirse a partir del 23 de octubre y fueron levantadas definitivamente en Santiago y otras urbes desde el 26 de octubre.
Las manifestaciones se expandieron a las principales urbes del país, con enfrentamientos intensificados, quema de vehículos y más estaciones de Metro dañadas. También surgieron incendios y saqueos en supermercados, farmacias y otros recintos privados. Ante el agravamiento, el presidente Piñera emitió una señal política, afirmando haber escuchado con humildad la voz de sus compatriotas. No obstante, su posterior discurso, en el que indicó el despliegue de 9500 uniformados y utilizó la frase "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso", generó varias críticas.
Las Razones Profundas del Malestar
La consigna "No son 30 pesos, son 30 años" sintetizó el profundo descontento ciudadano, que recuperaba demandas históricas de justicia social. El académico chileno Carlos Hunneus analizó las causas de este "malestar": un sentimiento latente hacia el sistema económico, exacerbado por abusos de empresas privadas y servicios públicos, desigualdades en salud y educación, el fracaso de las AFP y una mala distribución de los ingresos, todo ello sumado a una baja confianza en la política y los empresarios por casos de financiamiento ilegal de campañas.
Algunos analistas también identificaron el rol subsidiario del Estado chileno, instaurado por la Constitución de 1980, como una causa estructural. Esta interpretación neoliberal limita la intervención estatal cuando la iniciativa privada no tiene interés o capacidad. El alto costo de vida en Chile, en contraste con la imagen de "oasis" que algunos le atribuían frente a la convulsión latinoamericana, alimentó el descontento. Los discursos oficiales sobre la imprevisibilidad del movimiento y la necesidad de restaurar el orden fueron considerados negacionistas de un conflicto social profundamente incubado durante medio siglo.
Se constató la cancelación de los derechos a la protesta social mediante estados de emergencia, la ley de seguridad interior del Estado y toques de queda. En este contexto, la violencia de Estado y la fragilidad democrática evidenciaron la presencia de torturas y la limitación del derecho a la protesta, contrario a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las demandas de la población apuntaron a la desmercantilización de dimensiones fundamentales de la vida social, en las que el mercado y las ganancias económicas habían prevalecido.
La Situación de las Personas Mayores: Vulnerabilidades y Resiliencia
Calidad de Vida y Satisfacción Post-Crisis
La Sexta Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez evidenció una mejora en la satisfacción de las personas mayores de Chile. Una cifra muy positiva es que el 73% de las personas mayores están satisfechas, lo que representa una recuperación de los niveles de satisfacción previos al estallido social y a la disminución causada por la pandemia.
A pesar de esta recuperación, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado en las personas mayores, constituyendo cerca del 50% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% del total de defunciones. La pandemia provocó una fuerte reducción de las protestas debido a las medidas sanitarias de distanciamiento social y cuarentenas, pero puso de manifiesto la compleja realidad de este grupo, especialmente de aquellos en establecimientos de larga estadía (ELEAM), en situación de soledad no deseada o sin redes, y sin recursos para la subsistencia.
Desafíos Sociales: Soledad y Aislamiento
La soledad y el aislamiento social son indicadores preocupantes que impiden vivir una vejez digna y de calidad. Mientras la sensación de soledad aumentó entre 2016 y 2022, el riesgo de aislamiento social se mantuvo, y el sentimiento de soledad de las personas mayores (PM) va en aumento. Además, uno de cada tres PM presentó indicios de síntomas depresivos en 2022.
En una sociedad con un envejecimiento progresivo, donde más personas llegan a los 80 años y más, es fundamental abordar el aumento de la soledad. En promedio, el 69% de las personas mayores tiene una mascota, siendo más frecuente a menor edad (72% entre 60-69 años; 56% entre 80 y más años), lo que puede ser un factor mitigador de la soledad. La política pública debe enfocarse en los cuidados, promoviendo centros de cuidados de día y sistemas de visitas domiciliarias para apoyar a las familias y cuidadores.
En este contexto, instituciones como Caja Los Andes, con su rol social, han desarrollado una oferta de actividades para fortalecer los vínculos sociales de sus casi 400 mil pensionados y pensionadas, impulsando iniciativas como Centro Club, que ofrece más de 140 clases mensuales, y una alianza con BondUp, una red social para personas mayores de 55 años.
Evolución Demográfica y Educativa
El grupo de las personas mayores es muy diverso y cambiante. Históricamente, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) muestra un incremento en la escolaridad promedio de las personas de 60 años y más, pasando de 6,5 años en 2006 a 9 años en 2020. El porcentaje con educación superior completa aumentó del 6,2% al 13,8%, y el uso de Internet creció del 7,3% en 2006 al 31,5% en 2017.
Además, aproximadamente un 82% de las personas mayores no presenta dependencia funcional, un 27,7% sigue trabajando y un 35,5% participa en organizaciones de la sociedad civil (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018). Estos datos demuestran una mayor autonomía y participación en la sociedad.
Acciones y Estrategias de SENAMA para Proteger a las Personas Mayores
Estrategia Institucional Frente a Crisis
Desde SENAMA se trabaja por un envejecimiento digno, activo y saludable, fomentando la autonomía de las personas mayores. La entidad valora positivamente las cifras de la VI Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez, que evidencian un cambio en la percepción hacia el envejecimiento, con un 40% de PM participando en alguna organización, lo que subraya su capacidad de asociatividad y autogestión.
El abordaje intersectorial y las adaptaciones en los programas dirigidos a personas mayores, especialmente en el contexto de la pandemia, han abierto la oportunidad de repensar el papel del Estado en la atención a las problemáticas de este grupo, buscando comprender nuevas necesidades y sumar actores a este desafío transversal.
Protección de Derechos y Buen Trato
En la protección de las personas mayores, ha sido fundamental promover y proteger sus derechos humanos. En 2018, en el marco de la estructura organizacional de SENAMA, se creó la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato con el objetivo de promover estos derechos, prevenir el maltrato y la vulneración, y favorecer la coordinación psicosocial y el acceso a la justicia.
Esta unidad ejecuta el Programa Buen Trato al Adulto Mayor, establecido en 2012, que busca contribuir al reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas mayores. A partir de 2019, este programa instaló la figura del Defensor Mayor: abogados especializados que brindan asesoría legal frente a situaciones de abuso, maltrato o vulneración de derechos.
Un avance significativo fue la creación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores del Poder Judicial, impulsado por SENAMA junto con la Corte Suprema. Adicionalmente, desde finales de 2020, el Programa de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece atención preferente y representación judicial gratuita y especializada a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Hasta mayo de 2021, se realizaron casi 7.000 asesorías sociojurídicas, con 1.636 acciones judiciales ingresadas a los Tribunales de Familia, siendo el 97% por violencia intrafamiliar.
Información y Canales de Comunicación
Para abordar las brechas de información y facilitar el acceso a los beneficios del Estado, SENAMA elaboró una “Guía con los principales beneficios del Estado para las personas mayores”.
El Fono Mayor, parte del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) de SENAMA, ha sido un espacio clave de atención y comunicación. A raíz de la pandemia, el Fono Mayor Covid-19 se robusteció, incrementando su equipo y atendiendo 15.609 llamados entre enero y octubre de 2021, con una tasa de resolución del 90%. Esta herramienta no solo garantizó información oportuna, sino que también abordó la salud mental de las personas mayores a través de acompañamiento psicológico y prevención del suicidio. Para 2022, se prevé su incorporación permanente a la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato.
Fomento de la Participación Social y Política
SENAMA ha trabajado para garantizar la plena participación social y política de las personas mayores. En 2021, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se elaboraron protocolos para la votación preferente de este grupo etario. Además, la política pública debe avanzar en el tema de los cuidados, con más centros de día y sistemas de visitas domiciliarias para apoyar tanto a las personas mayores como a sus cuidadores.
En el marco del Plan de Envejecimiento Chile 2021-2030, SENAMA ha realizado diversos conversatorios con organizaciones de personas mayores, académicos y representantes ministeriales para incorporar sus aportes. Se implementa un mecanismo de seguimiento y monitoreo de los compromisos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con un componente participativo activo.
Asimismo, se han elaborado campañas para generar un impacto positivo en la imagen social de las personas mayores y combatir el edadismo. Un ejemplo es la campaña “La soledad no es un juego, haz tú el primer movimiento”, lanzada en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Abordaje de la Pandemia y Nuevos Retos
El SENAMA, en su calidad de entidad encargada de velar por el bienestar y los derechos humanos de las personas mayores, trabajó activamente durante la pandemia de COVID-19. La respuesta temprana comenzó en marzo de 2020 con la coordinación de SENAMA, formando un grupo de trabajo intersectorial para articular medidas de prevención y control.
Se impulsaron articulaciones intersectoriales e interinstitucionales para prevenir y mitigar los efectos del COVID-19, estableciendo una estrategia dirigida tanto a las personas que residen en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) como a aquellas que debían permanecer en sus hogares. Se profundizó en el componente sanitario de las residencias, se articuló una estrategia colaborativa con diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, y se conformaron nuevos equipos profesionales.
Además, se dispuso una estrategia para brindar acompañamiento a las personas mayores en sus domicilios, evitando su asistencia a centros de salud para descongestionarlos y reducir posibles contagios. La pandemia, en sus retos, evidenció la brecha digital de las personas mayores, la importancia de la inclusión tecnológica y la necesidad urgente de abordar la salud mental, un ámbito donde se revelaron importantes afectaciones debido a las restricciones de movilidad.