La protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Chile ha sido objeto de múltiples diagnósticos, informes y controversias, especialmente en lo que respecta al Servicio Nacional de Menores (SENAME) y su sucesor, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). Diversas investigaciones y auditorías han revelado graves falencias, vulneraciones de derechos y desafíos persistentes en el sistema.
Contexto y Transición Institucional
De SENAME a Mejor Niñez: Un Cambio Necesario
El Servicio Nacional de Menores (SENAME), creado en 1979, estuvo bajo escrutinio debido a numerosas negligencias y graves vulneraciones de derechos. La Ley 21.302, publicada en 2021, estableció el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, con la esperanza de mitigar estas problemáticas y reemplazar al Sename en el área de protección. El nuevo servicio se distingue por separar la atención de NNA en protección especial de aquellos en conflicto con la ley.
Informes Diagnósticos Clave
A lo largo de los años, se han elaborado numerosos estudios y reportes que han puesto de manifiesto la crítica situación del sistema:
- Informe Final del Diagnóstico Institucional de Género para el Servicio Nacional de Menores (2023) y su Resumen Ejecutivo.
- Informe Final y Resumen Ejecutivo del Estudio para favorecer la intervención con enfoque intercultural con adolescentes y jóvenes migrantes, extranjeros y refugiados ingresados al circuito LRPA del Servicio Nacional de Menores, incluyendo la formación de los equipos intervinientes.
- Estudios sobre reincidencia de jóvenes infractores de la ley penal: "Reincidencia de jóvenes que infringieron la ley RPA. Estudio 2015" y "Medición de la reincidencia delictiva de jóvenes infractores de ley penal. Cohortes 2009-2010", así como un resumen ejecutivo sobre el "Estudio modelo y medición de la reincidencia de adolescentes y jóvenes infractores de la ley penal".
Vulneraciones de Derechos y Estadísticas Alarmantes
Denuncias y Victimización en Centros Residenciales
El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, en su 5° Informe de Política Pública, analizó las denuncias informadas por el Servicio de Protección Especializada entre 2021 y 2023, relacionadas con delitos contra NNA en procesos de protección. El organismo evaluó la situación por región, tipo de delito, tipo de agresor y línea programática (ambulatorio, familias de acogida y residencias).
- En la línea de cuidado alternativo residencial, durante 2021 y 2023, se evidenció que por cada víctima hay un total de tres denuncias en promedio.
- En 2023, el 43% de los casos en centros residenciales constató violencia entre pares.
- Por cada 1.000 NNA atendidos en el Servicio de Protección Especializada, se identificaron 78 víctimas, con una tasa mayor en los centros residenciales, que registraron 360 víctimas por cada 1.000 atendidos.
El informe de la Defensoría de la Niñez devela que los centros residenciales presentan una mayor tasa de victimización en comparación con otros tipos de cuidado y programas, corroborando la complejidad de esta atención y evidenciando una paradoja: la institucionalización se produce por vulneraciones graves de derechos, y es en este contexto donde se produce la revictimización.
Violencia entre pares y abusos por adultos
Un estudio de observación a centros residenciales de protección del Sename reveló que 189 NNA reconocieron haber sido víctimas de violencia física o psicológica "muchas veces" en el último año, lo que representa el 48,4% del total, es decir, uno de cada dos niños sufre violencia reiterada entre pares. La PDI constató 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos, desglosados en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
La violencia dentro de los centros del Sename ha sido documentada, con menores portando armas y formando jerarquías violentas, donde los "perkins" (jóvenes más vulnerables) sufrían abusos, incluso sexuales, por parte de los líderes.
Explotación Sexual Comercial
La publicación de la Defensoría de la Niñez muestra que durante el año 2023 se identificaron un total de 619 víctimas de explotación sexual que son NNA. La región de Magallanes presenta una tasa significativamente alta con 13 víctimas por cada 1.000 atendidas, frente a una tasa nacional de 3 por cada 1.000. Lamentablemente, esta situación no ha sido prioritaria en todos los espacios involucrados. La Fiscalía, a través de la Fuerza de Tarea Sename de la PDI, también contabilizó 310 abusos con connotación sexual, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos y 187 por otros menores.
Se ha señalado que Magallanes se ha convertido en un polo de prostitución infantil y juvenil, con hogares considerados los más peligrosos de Chile. Una denuncia reciente contra la directora de la residencia Nido en Hualpén, Evelyn Oñate, por facilitar NNA para el comercio sexual, es un ejemplo alarmante. Es ingenuo no reconocer la existencia de redes de explotación sexual infantil y el manto de silencio que las rodea.
Patologías de Salud Mental y Consumo Problemático
Los informes han revelado la grave situación de salud mental y consumo de drogas entre los NNA bajo la protección del Estado. Un informe de la PDI indicó que el 37,3% de los residentes del Sename padece alguna enfermedad psiquiátrica, y un 14,2% presenta alguna patología médica, con un 13,9% sufriendo enfermedades crónicas y un 0,4% en estado terminal o riesgo vital. Además, un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Una auditoría social a los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) detectó que un 55% de los menores había sido diagnosticado con una patología de salud mental, y un 58% recibía algún tratamiento farmacológico. Un 40% tenía problemas de consumo de alcohol y drogas. Es preocupante que en el Maule, un gran porcentaje de NNA con discapacidad intelectual, visual y del aparato motor no recibía tratamiento.
Deficiencias Educativas y Riesgo de Abandono del Sistema
La misma auditoría social en los CREAD reveló que un 34,4% de los NNA no había sido matriculado en algún establecimiento educativo. Un 20% de los casos fueron declarados en "abandono del sistema". La baja inserción escolar y las deficiencias en la intervención individual son problemas recurrentes.
RELAF - ¿ Qué es la des-institucionalización de los niños ?
Problemas Estructurales y de Gestión
Falencias en el Diseño e Implementación de Mejor Niñez
El informe anual sobre Derechos Humanos en Chile del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) de 2023 evalúa las primeras etapas de Mejor Niñez. Concluye que la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) revela problemas tanto en el diseño como en su ejecución, principalmente atribuibles al legislador y la administración. Se encontraron "falencias graves" en la reconversión de los CREAD a Residencias Familiares, lo que "permite dudar acerca del cumplimiento en la práctica de las promesas del modelo".
El documento de la UDP enfatiza el aumento de las listas de espera a pesar de la implementación del nuevo servicio, indicando que "Las oficinas locales de la Niñez no se encuentran completamente instaladas ni operativas, y los programas ambulatorios presentan aún sus históricas listas de espera". Aunque se evidencian progresos en aspectos como la mayor supervisión y exigencia de estándares de funcionamiento, también existen ámbitos donde no solo no hay progreso, sino que se han presentado retrocesos debido a un proceso de implementación defectuoso desde su diseño.
La Cuestionada Fiscalización y Falta de Protocolos
La PDI determinó que, aunque el 98,3% de los centros del Sename recibían fiscalización periódica, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, el 44,5% de los centros no cumplía con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Resultados aterradores muestran que el 72,9% de los centros a nivel nacional carece de protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no tiene protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". La gran mayoría tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Los jueces de familia, quienes deben visitar los centros dos veces al año, también han sido cuestionados, ya que los informes revelan que estas vulneraciones sistemáticas no fueron detectadas o abordadas. La lentitud en los informes de los hogares del Sename, que pueden tardar hasta seis meses, duplica el tiempo legalmente establecido para los procesos judiciales.
Recursos Humanos y Formación Inadecuada
Un desglose de la PDI mostró que 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios sin el perfil necesario. En 159 centros (el 66,3%), la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud, a quien solo se le exige cuarto medio rendido. La falta de personal calificado y la ausencia de coordinación entre el servicio de protección y la red de salud han dejado a 597 NNA en abandono o hacinamiento.
Se critica la designación de personas sin suficiente experiencia en la administración pública para ocupar cargos clave en el nuevo servicio. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección (ANTRAP) ha denunciado prácticas antisindicales, acoso y hostigamiento laboral en la región de Coquimbo, afectando el clima laboral y generando elevados índices de ausentismo.
Retrasos en el Proceso de Adopción y Estigma
El 68% de los niños bajo protección del Sename tiene más de ocho años, lo que dificulta su adopción. La falta de padres interesados y el cuidado por la reputación del sistema dejan a la mayoría de estos menores institucionalizados de por vida. La experiencia de Violeta Lara, quien escapó de un hogar del Sename a los 18 años, evidencia la falta de oportunidades y redes de apoyo.
Aunque la ley permite iniciar causas de adopción hasta los 18 años, la edad es un factor limitante, ya que a mayor edad, menor es la posibilidad de encontrar padres interesados. La inhabilidad parental es el factor más difícil de probar y el que más extiende el proceso de adopción, que puede durar 16 meses en promedio.
Convivencia con Infractores de Ley
Los menores que nunca fueron adoptados ni declarados susceptibles de adopción conviven con menores que cometen delitos, especialmente en la Región Metropolitana, terminando en los CREAD. Niños que infringen la ley y tienen menos de 14 años son derivados a los CREAD, y adolescentes mayores de 14 años con delitos previos también son derivados a protección, llegando a los CREAD con conductas de reclusión. La falta de claridad en las rutas que siguen los niños dentro del sistema contribuye a esta problemática.
Casos Emblemáticos y Demandas de Verdad y Reparación
La Tragedia de Lissette Villa y el Informe Jeldres
Entre 2005 y 2016, murieron 1.313 personas mientras se encontraban en algún programa del Sename. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos. El Informe Jeldres de 2013, una investigación del Poder Judicial y Unicef, reveló que el 88% de las residencias registró vulneraciones graves y el 100% de los centros públicos incurrió en prácticas sistemáticas que lesionan derechos, evidenciando la gravedad de la situación.
Un informe de la PDI de 2017, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, investigó 240 hogares de menores y constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Lo más grave es que el 100% de los centros administrados directamente por el Sename cometió "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
El Convenio SENAME-ANI: Quiebre de Confianza
La revelación de un convenio entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) generó profunda conmoción, poniendo de manifiesto graves falencias en la protección de NNA institucionalizados. La filtración, seguida de un comunicado oficial que intentaba minimizar su alcance, sugiere una operación para controlar la narrativa pública. El acuerdo fue anulado por el subsecretario de Justicia, pero persiste la interrogante sobre si la institución ha puesto el foco en criminalizar a quienes egresan del sistema, en lugar de abordar las causas subyacentes de su vulnerabilidad.
Se cuestionó la prioridad de este convenio frente a la urgente necesidad de investigar el estado de salud de los internos durante la pandemia o el seguimiento de su escolaridad. La institución creada para la protección ha "roto el último código de confianza con la sociedad civil", y para quienes egresaron del Sename, el estigma de la institucionalización acompaña de por vida.
La Importancia de la Comisión Verdad y Niñez
El cierre del Sename debe ser un momento de inflexión, marcando la transición de una doctrina de "niño en situación irregular" a un enfoque de derechos humanos. La creación y apoyo a la Comisión Verdad y Niñez es una obligación ética del Estado para visibilizar lo que durante años se negó, relativizó o escondió. La verdad no prescribe, y las personas que fueron NNA bajo custodia del Sename son adultos y jóvenes con trayectorias quebradas y violencias normalizadas.
Los silencios, la falta de reconocimiento, verdad, justicia y reparación profundizan el trauma. La Comisión Asesora Presidencial ha iniciado el proceso de investigación de casos para esclarecer las vulneraciones de derechos humanos a NNA resguardados por el Sename. Esta comisión representa una oportunidad para superar la desmentida histórica y los eufemismos.
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