La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado chileno, particularmente aquellos vinculados al Servicio Nacional de Menores (SENAME) y sus sucesores, ha sido objeto de profunda preocupación y extensas investigaciones. Las cifras de fallecimientos en estos sistemas han revelado una dramática realidad que ha generado un intenso debate público y una serie de reformas institucionales.
Cifras Oficiales y Desafíos Estadísticos
Tras un minucioso trabajo de revisión caso a caso, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) entregó en 2016 la cifra de niños, niñas, adolescentes y adultos fallecidos entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016, tanto en el sistema de protección como de justicia juvenil. En este periodo, fallecieron 210 niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección residencial (centros del Sename o de organismos colaboradores privados). En los centros de justicia juvenil, se registraron 33 fallecimientos de adolescentes que cumplían medida de internación provisoria o sanciones por la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La entonces directora nacional, Solange Huerta, expresó: “La muerte de cada uno de estos niños nos duele, pero también nos duele habernos demorado dos meses en poder entregar esta información. Eso obedece a las deficiencias de nuestro sistema”. El Gobierno de Chile dio a conocer que un total de 865 niños y adolescentes murieron desde 2005 hasta el 30 de junio de 2016 mientras se encontraban en alguno de los sistemas de protección residencial o ambulatoria del SENAME. La presidenta Michelle Bachelet reconoció el impacto por las cifras: "A mí como chilena, como Presidenta, me genera mucha tristeza y también malestar, porque como sociedad y como Estado le hemos fallado a estos jóvenes y niños más vulnerables".
Discrepancias y el "Caos Estadístico"
La claridad respecto al número de menores vulnerables muertos bajo la tutela del Estado ha sido históricamente incierta. Según un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por dicho informe. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados, a diferencia del área de "justicia juvenil" para infractores de ley.
Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. No obstante, el número oficial no parecía confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explicó: “No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos”.
María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, señaló: “Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio”. El diputado Saffirio fue más crítico, afirmando que “el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales”.
Casos Emblemáticos de Fallecimientos
El caso de Guillermina (2012)
Guillermina, de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del Sename en Temuco, a "medio vestir" y con dinero, traída por la policía. Según la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, la adolescente se resistió violentamente al reingreso. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse de su estado o para un chequeo completo. La querella no prosperó y su muerte, en agosto de 2012, quedó registrada como un "egreso" del sistema.
El "Factor Lissette" (2016)
El fallecimiento de Lissette Villa Poblete, de 11 años, en un centro del Sename en 2016, fue un punto de inflexión que detonó una crisis de gran alcance. Lissette había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del Sename, siendo separada de sus padres a los 5 años debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia. El 11 de abril, Lissette sufrió una crisis que las cuidadoras inicialmente confundieron con una "pataleta". Según el testimonio de una cuidadora, Lissette se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, ya era tarde. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar, una explicación que le costó el puesto. Posteriormente, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar la responsabilidad de las funcionarias, apuntando a que su propio vómito le provocó una asfixia mortal que no fue atendida oportunamente.
El caso de María José (2023)
En la madrugada del 5 de mayo de 2023, el excarabinero Juan R. abandonó el cuerpo moribundo de María José, una joven que se había escapado de su residencia, en una calle de San Pedro de la Paz. María José estaba bajo el cuidado del Estado desde los 2 años. Paola Rodríguez, curadora del programa Mi Abogado, explicó que es común que niños y adolescentes se escapen de las residencias. Aunque la alerta se activó a tiempo en el caso de María José, no se logró encontrarla oportunamente. Paola Bustamante, coordinadora del programa Mi Abogado de la Región del Biobío, reconoció que el Estado falló en múltiples ocasiones con María José, señalando que las residencias deberían proteger y restituir el derecho de los niños a vivir en familia, pero la realidad muestra que nadie está preparado para contener y resguardar a estos menores con "tan graves dificultades".
Causas de Muerte y Condiciones de Cuidado
Las causas de muerte determinadas por algunas autopsias, según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, son variadas y preocupantes por su grado de violencia en algunos casos. Se han registrado fallecimientos de lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), menores muertos por golpes en la cabeza debido a caídas de altura, así como homicidios y suicidios por ahorcamiento.
Sobremedicación y Falta de Atención Psiquiátrica
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó: “Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada”. Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en la cantidad administrada, actúa como antipsicótico. Además, estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que algunos pueden tener un efecto adverso en menores, volviéndolos “más agresivos, impulsivos e irritables”. Francisco Estrada añadió que la “poca prolijidad” con la que se manipulan estos medicamentos en los centros es “generalizada”, con problemas graves en la dosificación y manipulación por personal no especializado.
El senador Alejandro Navarro declaró que el 63% de los niños en Sename estaban con tratamiento farmacológico, y más de 3.000 niños sin la debida atención médica especializada. Esta situación se enmarca en un contexto más amplio: “Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil”, según Estrada. La falta de psiquiatras infantojuveniles, que en su mayoría prefieren el sector privado, deja a regiones enteras sin acceso a esta especialidad, como señaló María Estela Ortiz.
Personal Sin Capacitación y Negligencia
Más allá de los números exactos, las investigaciones han puesto en evidencia un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios. Se han recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. Ortiz enfatizó que este no es solo un problema del servicio, sino de la sociedad en su conjunto: “durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen”.
Fallas Institucionales y Denuncias
El sistema chileno de protección a la infancia ha sido duramente criticado por la falta de protocolos y estándares de primer nivel. Ortiz señaló que “la institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual”. El senador Patricio Walker, presidente de la Comisión Especial sobre temas de Infancia, instó al Ministerio de Salud a comprometerse con la atención urgente de los niños "con enfermedades mentales o con enfermedades basales que puedan terminar en muerte o en el suicidio", lamentando que las cifras de Sename "dan cuenta de una realidad dramática, dolorosa e inaceptable".
La Defensoría de la Niñez, en su análisis, logró determinar que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas en la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó, en 2018, que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado estatal, recomendando mecanismos de reparación.
La Defensoría de la Niñez también recomendó en 2020 la “creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación”, una petición que no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época. Por su parte, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe calificó la exposición de la directora del Sename como "decepcionante" y recalcó la falta de un "plan de acción concreto financiado con recursos específicos". El senador Manuel José Ossandón argumentó que el Sename "violentó los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes porque actuó en su calidad de agente del Estado".
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
Investigaciones, Condenas y la Transición a Nueva Institucionalidad
Investigación de la Fiscalía y Condenas
En julio de 2016, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, instruyó al exfiscal regional Marcos Emilfork investigar las presuntas responsabilidades penales en la muerte de niños, niñas y adolescentes residentes de establecimientos del ex Sename. Más de cinco años después, la Fiscalía Regional de Los Lagos mantiene abiertas 25 de las 347 causas que se instruyeron. De las 322 causas terminadas, 78 finalizaron con sobreseimiento definitivo “por no ser los hechos constitutivos de delito”. A la fecha, se ha logrado condenar a cinco personas, la mayoría exfuncionarias del Sename o de organismos colaboradores.
Una de las causas próximas a terminar y que incluye condenas es la de Lissette Villa. En noviembre de 2021, Conne Fritz y Thiare Oyarce, exfuncionarias del Sename, fueron declaradas culpables de apremios ilegítimos en el ex Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino. La fiscalía pidió siete años de cárcel para cada una. Otras exfuncionarias han cumplido penas por cuasidelito de homicidio, falsificación de documento y obstrucción a la investigación. Del total de indagatorias (347), solo una causa fue investigada por el delito de torturas y apremios ilegítimos: la de Lissette Villa. La mayoría (339) fueron calificadas jurídicamente por cuasidelito de homicidio.
Nuevas Cifras sobre Homicidios (2018-2024)
Un informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito reveló que, de los 217 homicidios contra niños y adolescentes entre 2018 y 2022, un 52,5% formaban parte de programas del Servicio Nacional de Menores o del Servicio de Protección Especializada (ex Mejor Niñez). La mayoría fue atacada con arma de fuego. Según la Fiscalía Nacional, muchos de ellos son víctimas de sus cuidadores o por quienes tienen su tutela. En 2023, la cifra de víctimas de homicidio menores de edad aumentó a 66 de 3.670 casos, representando un aumento en la frecuencia anual. Rodrigo Honores, abogado de la Fiscalía Nacional, señaló que la mayoría de los homicidios contra menores de edad ocurre en contextos interpersonales y que "los niños y adolescentes están siendo víctimas de homicidios por sus cuidadores o por quienes tienen su tutela". Este fenómeno de homicidios en contextos delictivos es relativamente nuevo, con un aumento notorio desde 2021.
El Servicio de Protección Especializada (ex Mejor Niñez) informó, vía Transparencia, que entre 2018 y mayo de 2024, 29 menores de edad que estaban en alguno de sus programas fallecieron producto de homicidios. Claudio Castillo, director del Servicio de Protección Especializada, indicó que estas son cifras preliminares internas que se ajustan a los "factores de riesgo" que enfrentan los niños que ingresan a sus programas.
Hacia una Nueva Institucionalidad: Mejor Niñez
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia planteó cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que se esperaba “dejar instalado” en el gobierno de Michelle Bachelet. Desde el 1 de octubre de 2021, entró en funcionamiento el nuevo Servicio Mejor Niñez, que asumió el sistema de residencias del antiguo Sename con modificaciones, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social. El Sename, en tanto, sigue funcionando, pero bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ahora solo está a cargo de los infractores juveniles en centros de internación provisoria o régimen cerrado.
María José Castro, directora de Mejor Niñez, señaló: “estamos trabajando en un cambio de paradigma, en un nuevo modelo donde los niños y sus familias son el centro de nuestro actuar”. A diferencia del antiguo Sename, la nueva institucionalidad exige que el 75% del personal que trabaje directamente con niños sea profesional o técnico, realiza evaluaciones periódicas de salud mental y física a los cuidadores, fiscaliza constantemente las residencias y proyecta que los organismos colaboradores deberán pasar por rigurosos procesos de acreditación. Mejor Niñez busca terminar con el modelo masivo de residencias (los Cread) “para dar paso a espacios más acogedores, donde no vivan más de 17 niños, donde estén acompañados por personas capacitadas y comprometidas con su trabajo”.
Rodrigo Honores, abogado de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, señaló una diferencia clave con el informe de Centro para la Prevención: la mayoría de los homicidios contra menores de edad ocurre en contextos interpersonales, no en situaciones de actividad delictiva. “Los niños y adolescentes están siendo víctimas de homicidios por sus cuidadores o por quienes tienen su tutela. Ese es uno de los puntos más relevantes. Un 38% muere en esos entornos interpersonales. Este segundo grupo, el de los homicidios de menores de edad en contextos delictivos, es un fenómeno relativamente nuevo”.
Propuestas de Solución
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva:
- Unidades polivalentes: Con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje también con las familias.
- Retorno familiar: Que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de pobreza y maltrato.
- Defensa jurídica adecuada: Que los niños cuenten con una defensa jurídica que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo. Estrada destaca una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos vulnerados que llegan a los tribunales de familia, a menudo atendidos por abogados muy jóvenes para quienes el niño es más un trámite burocrático.