El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, ha presentado una nueva herramienta que fortalecerá el enfoque en el diseño, asignación, monitoreo y evaluación de programas sociales implementados por los distintos servicios y organismos del Estado. Este nuevo instrumento, la Ficha de Protección Social (FPS), representa un cambio significativo en el sistema de acceso a subsidios y beneficios estatales.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, subrayó que este cambio de paradigma transita de un foco centrado exclusivamente en el hogar como unidad de análisis a uno que contempla un enfoque multidimensional y perspectiva territorial en el Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales. La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, destacó el compromiso de contribuir a la cohesión social, la cual a menudo se rompe cuando se individualiza a los hogares y se hacen distinciones entre vecinos.
El esquema vigente hasta la fecha databa de 1979 y había experimentado múltiples modificaciones en cuanto a la recolección de datos y la medición de la situación familiar. La estratificación basada en puntajes se estableció en 1987. La FPS, anteriormente conocida como Ficha CAS (Comités de Asistencia Social), es un instrumento primordial para la focalización del gasto público, especialmente en el ámbito social.
La relevancia de esta transición es considerable desde una perspectiva fiscal. Desde 1990, el peso de los subsidios y beneficios entregados por el Estado ha aumentado progresivamente, pasando de menos del 50% del Presupuesto de la Nación a casi el 68% actual. De una base fiscal de 42.000 millones de dólares, aproximadamente 28.500 millones se destinan a gasto social.
Una Transformación en la Asignación de Beneficios Sociales
Hasta ahora, la asignación de beneficios sociales se basaba principalmente en la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares, con una lógica centrada en las características socioeconómicas de los hogares. El nuevo instrumento introduce el reemplazo del actual sistema de obtención de puntajes por un modelo basado en la asignación de recursos según tramos de clasificación socioeconómica de los hogares.
El Índice de Global de Vulnerabilidad por Ubicación Territorial (IGVUST) complementa esta mirada al clasificar a los territorios según siete dimensiones clave: Ingresos, Trabajo y Pensiones, Salud y Dependencia, Educación, Vivienda, Accesibilidad y Seguridad. Este enfoque busca identificar desigualdades, barreras estructurales y oportunidades de desarrollo para promover la movilidad y la integración social.
Los Tres Pilares Fundamentales del Nuevo Sistema
La nueva ficha, cuyo nombre oficial aún no ha sido revelado, se fundamenta en tres pilares principales, según detalló el ministro de Desarrollo Social (MDS), Marcos Barraza:
1. El Registro Social de Hogares (RSH)
La primera instancia consiste en la creación de un Registro Social de Hogares que recopilará datos sociodemográficos como la dirección y composición del grupo familiar. Este registro incluirá información detallada sobre educación, salud e ingresos efectivos, superando la estimación de ingresos que se utilizaba anteriormente. Se distinguirán diferentes tipos de ingresos, como primarios, secundarios, temporales, autónomos o condicionados.
El ministro Barraza especificó que el Registro Social de Hogares funcionará como una plataforma en línea. Esta plataforma se alimentará principalmente de datos administrativos provenientes de instituciones clave como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile), el Registro Escolar, el Ministerio de Salud, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, y las superintendencias de Pensiones, Isapres, Educación y de Seguridad Social.
Estos datos administrativos se complementarán con la información autorreportada por los ciudadanos en las municipalidades. Ambos tipos de información serán sometidos a un test de verificación de medios diseñado para contrastar los datos, detectar inconsistencias y determinar automáticamente si la información reportada es correcta, incompleta, requiere actualización o es falsa.
Este proceso de verificación es crucial, ya que el nuevo sistema definirá un índice de vulnerabilidad basado en ingresos efectivos y la composición familiar. A diferencia del sistema actual, que consideraba ingresos potenciales, el nuevo enfoque busca una asignación transparente y justa de recursos, fundamentada en datos inobjetables desde la perspectiva ciudadana.
Para solicitar tu cartola, puedes hacerlo a través del sitio web y acceder con tu ClaveÚnica. Si realizas la solicitud presencial, debes tener tu cédula de identidad vigente. Si necesitas atención presencial, dirígete a la municipalidad o a la sucursal ChileAtiende de tu comuna. Las solicitudes de ingreso serán revisadas por el municipio y, en algunos casos, podrían visitar tu hogar para confirmar la información entregada.
Si ya formas parte del Registro Social de Hogares (RSH) y tienes 18 años o más, podrás actualizar, rectificar o complementar la información que el sistema utiliza para calcular la calificación socioeconómica de tu hogar. La Cartola Hogar es un documento que resume la información que el Registro Social de Hogares tiene sobre tu hogar.
2. Nuevo Diseño para la Asignación de Beneficios: Tramos de Clasificación Socioeconómica
La segunda instancia se enfoca en un renovado diseño de instrumentos y mecanismos para la asignación de beneficios y prestaciones. Este nuevo esquema se basará en la clasificación de las familias en tramos de clasificación socioeconómica, abandonando el sistema de puntaje continuo que rige actualmente. Este rediseño sigue la recomendación del Informe Final del Comité de Expertos Ficha de Protección Social de 2012.
Utilizando el índice de vulnerabilidad, el sistema determinará el tramo de clasificación socioeconómica al que pertenece una familia. Con esta información, se procederá a la focalización, transferencia y asignación de prestaciones y recursos fiscales. Este cambio permitirá, por ejemplo, que una trabajadora, a pesar de poseer vivienda propia, pueda recibir un bono al empleo, ayudas escolares para sus hijos o pensiones solidarias para sus padres ancianos, si cumple con los requisitos y se ubica en el tramo socioeconómico correspondiente.
Actualmente, debido a la obtención de puntajes continuos, muchas familias en situación de vulnerabilidad (pero no de pobreza extrema) no acceden a estas ayudas complementarias al exceder los límites de puntaje.
3. Entidad de Rectificación, Actualización y Cumplimiento
La tercera y última instancia contempla la creación de una entidad dedicada a la rectificación, actualización y cumplimiento de la información. Esta entidad operará en línea y recibirá información tanto de los municipios como, de manera principal, de las propias familias. Estas últimas deberán reportar cualquier cambio en la composición del hogar, situación sanitaria, educacional, de ingresos, vivienda, entre otros aspectos relevantes.
La responsabilidad recae en primera instancia sobre los propios ciudadanos o familias, quienes deben entregar información correcta, fidedigna, comprobable y actualizada. Este proceso es fundamental para asegurar que el sistema no solo evite la asignación incorrecta de beneficios, sino que también garantice que estos cumplan con los objetivos de los programas estatales.
Para asegurar la efectividad de este nuevo enfoque, todo el proceso de levantamiento de información de la FPS estará regido por plazos, resultados y estándares de calidad homogéneos para todas las comunas. Un reglamento de carácter legal, en proceso de elaboración por el MDS, establecerá esta uniformidad. El ministro afirmó: "Estamos trabajando en un reglamento que permitirá por primera vez que el sistema funcione con una misma lógica para todas las municipalidades. Este reglamento viene a protocolizar, estandarizar y establecer calidad, eficiencia, respuesta y transparencia al proceso".
Criterios del Nuevo Índice de Vulnerabilidad de la FPS
Tras un exhaustivo proceso de evaluaciones, revisiones y testeos de diversos modelos de medición, el gobierno ha avanzado en la definición de criterios específicos para su índice de vulnerabilidad, centrado en la objetividad de los datos:
- A los mayores de 60 años no se les considerará el valor de la vivienda, independientemente de si es propia.
- Si una familia posee un vehículo y entre sus integrantes hay una persona con discapacidad, el valor del vehículo no será considerado.
- Si una persona entre 18 y 24 años está estudiando y trabajando, su ingreso solo se considerará efectivo si supera los dos salarios mínimos.
El nuevo formulario eliminará las preguntas relacionadas con los gastos del hogar, revirtiendo uno de los cambios implementados por la administración anterior. Mientras la FPS original contaba con 67 preguntas, la Ficha Social aumentó a 90; tras su fracaso, se redujo nuevamente a 67. El nuevo sistema consolidará estas preguntas a 56.
El ministro subrayó: "Requerimos dotar al Estado de un sistema en que dentro de sus atributos y rasgos importantes prevalezca la objetividad de los datos. Nos interesa tener un índice de vulnerabilidad en base a datos administrativos. Este sistema ya no se sostiene sobre la orientación de registrar más gastos y autorreportar ingresos. Ahora prevalece el dato administrativo".
Implementación y Contexto Histórico
El proceso de capacitación para llevar a la práctica el nuevo sistema se inició este mes en los 345 municipios del país. La marcha blanca está programada para noviembre próximo, y a partir de enero siguiente, todas las comunas deberán comenzar la implementación gradual y progresiva de la nueva ficha. Esta puesta en marcha se produce cuatro años después de un fallido intento de modificación de la FPS durante una administración anterior.
En noviembre de 2012, el entonces ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, anunció la implementación de una nueva Ficha Social, diseñada para reemplazar a la FPS. El objetivo era modernizar el instrumento de focalización del gasto social, introduciendo como principal cambio el reporte prioritario no solo de ingresos, sino también de gastos familiares, ampliando el formulario de 67 a 90 preguntas y solicitando respaldos para los gastos.
Sin embargo, a principios de 2013, las autoridades se vieron obligadas a suspender el proceso de actualización debido a problemas con el software del nuevo algoritmo de cálculo de puntaje, que requirió nueve modificaciones y provocó el incumplimiento de los plazos. Un Informe de Investigación Especial de la Contraloría General de la República concluyó que entre 2011 y 2013, el MDS invirtió 30 millones de dólares en el diseño y aplicación de este instrumento sin que llegara a implementarse.