Equiparación de Oportunidades y Accesibilidad para Personas con Discapacidad en Cuba

La discapacidad es un fenómeno global que afecta a una parte significativa de la población. Datos de Naciones Unidas revelan que aproximadamente un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, lo que equivale a una de cada siete personas, y estas cifras podrían ser superiores en un futuro. Esta situación se vuelve causa y, a la vez, consecuencia de la pobreza, pues existe una relación intrínseca entre la falta de acceso a servicios, la pobreza y la condición de vulnerabilidad.

Evolución del Concepto de Discapacidad a Nivel Global

En las últimas décadas, el papel de los organismos internacionales ha sido relevante en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. La Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicada en 2001, define la discapacidad como el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona, sus factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona.

A causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener efectos diferentes en un individuo. Un entorno con barreras o sin facilitadores restringirá el desempeño y la realización del individuo, mientras que otros entornos más facilitadores pueden incrementarlo. La sociedad puede dificultar el desempeño de un individuo tanto creando barreras (por ejemplo, edificios inaccesibles) como no proporcionando elementos facilitadores. Además, este grupo social es muy heterogéneo, ya sea por el tipo de discapacidad, el nivel educacional, la ocupación de estas personas, así como por su género, orientación sexual, edad, color de la piel, el territorio donde residen y las posibilidades de acceso a servicios básicos.

Estas definiciones evidencian el tránsito de modelos médicos e individualistas en la comprensión de la discapacidad a modelos sociales, donde el entorno puede favorecer procesos de exclusión o inclusión. No solo se habla de personas con discapacidad, sino de entornos y/o situaciones discapacitantes. Desde el lenguaje, se han intentado reemplazar términos como "inválidos", "minusválidos" o "incapacitados" por otros menos discriminatorios y estigmatizantes como: personas con discapacidad, con capacidades diferentes, con necesidades especiales o el término diversidad funcional, acuñado por el Movimiento de Vida Independiente.

Contexto Regional y Desafíos Socioeconómicos

La situación de las personas con discapacidad en América Latina presenta desafíos considerables. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2014), en la región viven aproximadamente 140 millones de personas con discapacidad, y solo el 3% tiene acceso a servicios de rehabilitación. Sometidos a continuos procesos de exclusión social y desigualdades, han sido personas ignoradas tanto por la población como por los decisores o responsables políticos. Dilucidar su situación social resulta complejo cuando los datos censales de los países de la región aún son poco profundos, situación que atenta contra el diseño de políticas y programas sociales inclusivos.

Hasta hace muy poco, las personas con discapacidad habían sido excluidas de las concepciones desarrollistas. Para muchos, estas personas no contribuyen al desarrollo en sentido general, sino que prevalecen percepciones que subvaloran y minimizan sus potencialidades. Es como si la palabra discapacidad fuera antónimo del término desarrollo, y el campo de la discapacidad y el desarrollo es considerado reciente según Grech (2011, 2015).

En el caso del empleo, la situación de este grupo social es muy precaria, pues muy pocos tienen acceso a un trabajo decente. En nuestras sociedades persisten prejuicios y estereotipos que los asocian a personas inactivas e incapaces, frenando su participación en el mercado laboral. Informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que este grupo registra mayores tasas de desempleo y obtiene menores ingresos que el resto de la población.

Además, investigaciones recientes han demostrado que en las familias donde hay una persona con discapacidad intelectual, el gasto social y económico es más alto. Un estudio realizado en 2008 por la Confederación Española de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) encontró que estas familias gastan al año una media de entre 19.000 y 31.000 € adicionales, si se valoran las horas de dedicación y los gastos añadidos en salud y desplazamientos, entre otros.

A pesar de estos desafíos, en países como España, la legislación promueve la inclusión social de las personas con discapacidad, incentivando a empresas e instituciones que las emplean. Similarmente, en países de la región latinoamericana se fomentan políticas inclusivas que facilitan el acceso al trabajo de este colectivo; un ejemplo es la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica emitida en Bolivia en septiembre de 2017, la cual favorece a aproximadamente 45.000 personas con discapacidad.

Marco Normativo y Asociativo en Cuba

En Cuba, la atención a las personas con discapacidad ha sido una prioridad desde el triunfo de la Revolución en 1959. Su integración social se ha concebido desde la propia política del país, en articulación con las organizaciones de la sociedad civil que representan a este grupo. Según el Censo de Población y Viviendas de 2012, aproximadamente un 5% de la población cubana tiene algún tipo de discapacidad (física, sensorial o intelectual).

Aunque aún no existe una ley específica para las personas con discapacidad, estas se encuentran protegidas legalmente en la Constitución de la República y en diversas leyes, decretos leyes, disposiciones y regulaciones contenidas en cuerpos legales como el Código de la Niñez y la Juventud, el Código de Familia, el Código Civil, el Código de Trabajo y el Código Penal (MTSS, 2007).

El entramado asociativo ha sido clave para la integración social de estas personas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las tres asociaciones creadas en las décadas de los 70 y 80: la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) y la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM), han promovido la participación en familia, educación, salud, cultura, deporte, recreación e informatización, entre otros. La ANCI, por ejemplo, ha logrado avances visibles en la participación legislativa, la atención a personas con sordoceguera, y conquistas en el deporte y las artes, incluyendo la incorporación de niños y jóvenes con discapacidad visual al sistema general de enseñanza. En su 48 aniversario en 2023, la ANCI se ha propuesto realizar, por primera vez, un Congreso sobre Derecho Civil y de Familia, además de continuar el desarrollo de su movimiento cultural, recreativo y deportivo y culminar la reparación de su Centro de Rehabilitación. La celebración de la Jornada de equiparación de oportunidades, con actividades en todas las provincias, es una muestra del trabajo de la ANCI en beneficio de sus más de treinta mil asociados.

Planes Nacionales y Desafíos de Inserción Laboral

Desde la década de los noventa, se han creado los Planes de Acción Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad con una frecuencia quinquenal. Estos planes se componen de diferentes áreas de intervención, como salud, educación, integración en la vida económica, integración comunitaria y accesibilidad, cada una con varios programas destinados a la inclusión social de estas personas. El Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad (CONAPED), con una estructura nacional, provincial y municipal, es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de estos planes.

Una de las áreas de intervención de estos planes es la referida a la integración en la vida económica del país, que expresa la voluntad política de garantizar el pleno empleo a las personas con discapacidad. En este sentido, se destacan programas como el Programa de Empleo para las Personas con Discapacidad (PROEMDIS), vigente desde 1995, el Programa de Inserción Sociolaboral de los Graduados de la Enseñanza Especial y el Programa de Perfeccionamiento de los Talleres Especiales de las Empresas de Industrias Locales.

Sin embargo, la práctica social ha demostrado la complejidad de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Las estadísticas nacionales (ONEI, 2014) muestran desigualdades, siendo las mujeres con discapacidad las que menos participan en este ámbito. El Código de Trabajo, en su Sección Quinta, estipula pautas para la incorporación al empleo en correspondencia con las habilidades de estas personas. No obstante, este instrumento jurídico carece de incentivos que favorezcan la inclusión social de las personas con discapacidad tanto en el sector estatal como en el no estatal (cuentapropismo y cooperativismo).

El inicio de profundas transformaciones socioeconómicas en Cuba en 2008 y 2010, con un reordenamiento laboral en el sector estatal y la potenciación de otras formas de gestión económica como el trabajo por cuenta propia y el cooperativismo, ha planteado nuevos desafíos. En este contexto, se identificaron problemas que limitaban la inclusión laboral de las personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras objetivas y subjetivas. Según Valdivia (2015), esto se asocia a una falta de cultura de la discapacidad y problemas en la gestión institucional, además de la falta de correspondencia entre sus capacitaciones, las necesidades territoriales y sus intereses, sumado a un bajo nivel de instrucción y escasa preparación en gestión y administración.

Proyecto Piloto para la Inserción Laboral en Granma

Para dar respuesta a algunas de estas problemáticas, surgió el proyecto de desarrollo “Experiencia piloto de apoyo a la inserción laboral de las personas con discapacidad a través del fortalecimiento de las asociaciones en dos municipios de la provincia Granma, Cuba”. Este proyecto tuvo como antecedente el de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), implementado desde 2002 en la misma provincia.

Los resultados de la evaluación realizada a dicho proyecto en noviembre de 2017 por profesoras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana (FLACSO-Cuba) son significativos. El proyecto benefició a 390 personas con discapacidad (de todo tipo, excepto los casos más severos), consideradas aptas para el trabajo, con edades entre 16 y 55 años. De ellas, 240 accedieron a un empleo: 22 en el sector estatal y 218 en el sector no estatal. También se favoreció a 108 activistas y 74 trabajadores sociales, formados y capacitados en temas de empleo y discapacidad.

La metodología de evaluación privilegió la perspectiva cualitativa, utilizando análisis de documentos, entrevistas (a personas con discapacidad y familiares) y observación participante. Las personas con discapacidad fueron entrenadas en diversos oficios como barbería, peluquería, reparación de ciclos y electrodomésticos, manicura, amolado, elaboración de alimentos, costura y zapatería, entre otros.

Aportes y Desafíos del Proyecto

Los actores entrevistados (activistas, líderes locales, personas con discapacidad y familias) reconocieron los principales aportes y cambios generados por el proyecto. Los mayores resultados se perciben a nivel individual y familiar, y en menor medida en el ámbito comunitario e institucional. El nivel de satisfacción de las personas con discapacidad entrevistadas se considera alto, y la mayoría declaró un máximo nivel de satisfacción. Aquellos que no alcanzaron el 10 expusieron dificultades en la calidad y demora en la entrega de herramientas, lo que impedía a algunos trabajar de forma independiente. Sin embargo, al indagar en lo que más les gusta de su trabajo, todas las personas refirieron que disfrutan su oficio, las labores que realizan, servir a las personas y sentirse útiles. Los aspectos que menos les gustan incluyen no poder dar solución a algún problema, la falta de implementos (como un horno) y depender de otra persona.

Las personas con discapacidad entrevistadas mostraron su satisfacción y agradecimiento al proyecto, considerando que ha mejorado sus vidas y los ha visibilizado más. Uno de ellos expresó: “he logrado mayor reconocimiento por parte de la sociedad y la comunidad”. Una joven con discapacidad auditiva manifestó: “me siento bien con el proyecto, en la escuela, la comunidad, después del proyecto me toman más en cuenta. Gracias al proyecto estoy aquí, he aprendido a tener mi autoestima en alto”.

No obstante, se identificaron algunos desafíos que pueden obstaculizar las acciones futuras del proyecto:

• Resistencia y prejuicios de las familias a la inclusión laboral de las personas con discapacidad por temor a perder la pensión de Asistencia Social.
• El rango de edad limitado (16-55 años) para los beneficiarios del proyecto.
• La necesidad de publicar y visibilizar aún más los resultados y metodologías del proyecto en eventos científicos, revistas, libros y espacios de toma de decisiones, a pesar de la sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
• Potenciar procesos creativos y de innovación de los actores involucrados.
• Actualizar el mapeo de actores para seguir sensibilizando a instituciones y personas con potencial para contribuir a la inserción laboral.
• El grupo de personas con discapacidad intelectual continúa en mayores condiciones de desventaja y vulnerabilidad por no tener una asociación específica.

Como fortalezas, se destacó que en los territorios donde se ejecutó el proyecto hay antecedentes de la estrategia RBC, lo cual constituyó un pilar. El proyecto ha sido una referencia en la provincia Granma por sus aportes al desarrollo local y comunitario.

Nuevas Garantías Constitucionales y Avances Legales Recientes

En Cuba, la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos de todas las personas, sin distinción. El Artículo 40 de la Constitución de la República consagra la obligación del Estado, la sociedad y las familias de proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. El Artículo 89 establece la creación, a nivel estatal, de las condiciones requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida, su autonomía personal, su inclusión y participación social.

La Carta Magna también prevé, en su Artículo 8, que forma parte del ordenamiento jurídico nacional lo regulado en los tratados internacionales vigentes para Cuba, entre los que se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado tiene el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas en situación de discapacidad y motivar el respeto a su dignidad.

La Instrucción No. 278: Un Hito en la Protección Judicial

Este enfoque ha sido recepcionado por el nuevo Código de Procesos, que regula los procedimientos para la solución de asuntos en materias civil, familiar, mercantil, laboral y de seguridad social por los tribunales de justicia. Esta norma superó el sistema de la anterior Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, que anulaba la capacidad de obrar de la persona "incapacitada" y la reemplazaba por un tutor. Ahora se establece un régimen de asistencia para proveer apoyos a la persona en situación de discapacidad. El novedoso Código de las Familias asume esta perspectiva, modificando las previsiones del Código Civil sobre el ejercicio de la capacidad jurídica.

Aunque estas leyes contienen normas generales para la tutela judicial, era necesario definir pautas para la implementación del nuevo sistema de protección por los tribunales. Esto se concretó a través de la Instrucción No. 278, aprobada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular el 20 de enero de 2023 y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba no. 11, edición extraordinaria, el 14 de febrero de 2023.

La Instrucción No. 278 aborda tres cuestiones fundamentales:

1. Ajustes razonables: Establece las adaptaciones que deben realizarse en la sociedad por parte de administraciones, sujetos jurídicos y naturales, para garantizar el acceso pleno de las personas en situación de discapacidad a diversos servicios. Prevé que los ajustes deben requerirse primero al obligado a prestar el servicio y, ante su negativa, podrán solicitarse en los tribunales. Es importante aclarar que los ajustes no pueden imponer una carga desproporcionada y, por lo general, implican adaptar las vías para realizar trámites administrativos en oficinas, registros públicos, entidades bancarias, de educación, salud, carné de identidad, migratorias, entre otras.

2. Provisión de asistencia: Regula todo lo concerniente a la provisión de asistencia a la persona en situación de discapacidad que precise realizar un acto jurídico (como adquirir una herencia, permutar una vivienda, transmitir un vehículo o divorciarse). Para ello, se provee de un apoyo para la exteriorización o comprensión de su voluntad. Esta medida de asistencia también abarca actos no jurídicos que son necesarios para la materialización de los mismos, como la obtención de certificaciones o la inscripción en un registro público.

3. Mecanismo de salvaguardia y revisión de incapacidades: Para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la persona designada para la asistencia, se reguló un mecanismo de control denominado salvaguardia, que implica la obligación de informar a los órganos judiciales sobre el cumplimiento de la gestión encomendada al asistente. Finalmente, en consonancia con el reconocimiento de la plena capacidad de todas las personas y cumpliendo un mandato del Código de las Familias, se instruye a los tribunales la revisión de todos los procesos de declaración de incapacidad y constitución de tutelas vigentes, con el objetivo de dejar sin efectos la incapacitación declarada y el régimen tutelar. A partir de esto, las actuaciones que requieran realizar estas personas deberán tramitarse por los nuevos procedimientos explicados.

La Instrucción No. 278 instrumenta un cambio trascendental, en favor del reconocimiento de las personas en situación de discapacidad como seres humanos que tienen plenos derechos e igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida social y familiar.

Ejemplos de inclusión en Cuba, como la maestra Melodi, una joven sorda que imparte clases a alumnos con su misma condición en la escuela especial José Antonio Echevarría, o Samuel Cabrera Galán, joven asociado de ACLIFIM, seleccionado para integrar la selección nacional de bádminton, demuestran que, independientemente de las limitaciones, las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades en la sociedad. La inclusión no es un favor, es un derecho de todas las personas, y trabajar por la accesibilidad no es una opción, es una necesidad. La equiparación de oportunidades es una responsabilidad de todos. Una sociedad que incluye es una sociedad que progresa y triunfa.

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