Internación de Menores en el SENAME: Causas, Procesos y Desafíos del Sistema

El Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile es una institución encargada de la protección y reinserción social de niños, niñas y adolescentes. Su intervención se produce en situaciones donde los derechos de los menores se encuentran gravemente vulnerados o cuando estos han infringido la ley. Sin embargo, el sistema ha sido objeto de extensas controversias y llamados a una profunda reforma debido a las dramáticas condiciones y falencias que se han documentado a lo largo de los años.

Causas y Vías de Ingreso al SENAME

Existen dos vías principales para que un niño, niña o adolescente ingrese a los centros administrados por el SENAME: por vulneración de derechos o por infracción a la ley.

Vulneración de Derechos

Cuando un menor es víctima de vulneraciones graves de sus derechos, la justicia puede determinar su ingreso al sistema de protección del SENAME. La Ley 20.680, conocida como "Ley Amor de Papá", establece diversas determinantes para decidir con cuál de los progenitores el hijo o hija se encontraría mejor. No obstante, cuando ninguno de los padres puede garantizar una seguridad real al niño o niña, se considera la derivación a la institución.

Algunos de los factores que pueden llevar a esta situación incluyen:

• Problemas psiquiátricos o psicológicos de los padres.
• Consumo de drogas por parte de los progenitores.
• Existencia de violencia intrafamiliar.
• Que los padres cumplan condenas carcelarias.
• Otras vulneraciones graves que impidan un desarrollo seguro y adecuado del menor.

Ante una situación de grave vulneración de derechos, un juez puede solicitar una medida de protección. Para ello, se ordena un informe de diagnóstico que debe incluir, además, cualquier abuso previo que el menor haya sufrido. El director de Sename en la Región del Maule, Juan Lara, señaló que “la primera medida fue hacer contención a la familia por intermedio de la Oficina de Protección de Derechos (OPD)” y que se solicitará el resguardo de la niña cuando se tenga claridad absoluta de su condición.

Menores Infractores de Ley

Para quienes ingresan por haber cometido un delito, el sistema cuenta con dos modalidades:

• Centros Cerrados de Privación de Libertad (CRC): Destinados a adolescentes que cumplen condenas.
• Centros de Internación Provisoria (CIP): Para aquellos adolescentes que se encuentran procesados por la justicia.

Ambos tipos de centros son administrados exclusivamente por el SENAME y están bajo la tutela de Gendarmería, quienes vigilan los recintos desde el exterior y tienen la facultad de intervenir en caso de conflicto.

El Proceso de Resguardo y la Búsqueda de Alternativas Familiares

La ley siempre preferirá que, si se va a quitar el cuidado personal a un progenitor, este se entregue al otro padre o progenitor. Si el otro progenitor no está apto o capacitado, se preferirá a parientes consanguíneos cercanos, como los abuelos. Si ellos tampoco están capacitados, disponibles o con las facultades necesarias, la búsqueda continúa con los tíos, hasta que desaparece la consanguinidad. Solo en ese momento se comienza a considerar a terceras personas.

En este proceso, un factor determinante es el vínculo existente entre el menor y la figura de apego, seguridad o referente adulto. Esto se extrae de la declaración del niño o niña y de eventuales peritajes que se realicen. Si se llega a determinar el cuidado personal solicitado por un progenitor, lo primero a analizar es si existe un vínculo real entre ellos.

Si ninguno de los familiares o terceros está apto para hacerse cargo, y todos fallan, se define la internación en un centro del SENAME. Sin embargo, la internación no es considerada una buena solución para nadie, según organismos como UNICEF y Save The Children. A menos que sean centros de altísima calidad, la internación en centros cerrados no es aconsejable.

Además de la internación, el juez debe decretar otras medidas de protección, como la inclusión del menor a un proyecto de maltrato grave para su proceso reparatorio. Todas las medidas son revocables si se verifica in situ y mediante buenos informes que ha habido un cambio y un interés genuino por hacerse cargo. Este proceso es largo y arduo, buscando siempre la protección real del menor.

Crisis y Desafíos del Sistema SENAME

Durante las últimas décadas, el sistema SENAME ha sido objeto de severas críticas y ha evidenciado graves falencias estructurales y operacionales. Diversos reportajes periodísticos y estudios científicos han mostrado las paupérrimas condiciones de vida en sus residencias y las dramáticas cifras de muertes, exigiendo urgentemente nuevas políticas públicas para la infancia vulnerable.

Investigaciones y Hallazgos Alarmantes

Múltiples investigaciones han puesto de manifiesto la crítica situación dentro del SENAME:

• Un lapidario informe de la PDI de 2017 (revelado en 2019) investigó 240 hogares de menores. Concluyó que en el 100% de los centros administrados directamente por el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos. De estos, 310 tuvieron connotación sexual, 123 fueron cometidos por adultos y 187 entre menores. El documento es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
• El mismo informe policial indicó que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
• La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para investigar los abusos. Esta indagatoria, a cargo del fiscal Marcos Emilfork, investigó 1.313 muertes en centros del SENAME entre 2005 y 2016.
• Otros reportes como el Informe Jeldres (del Poder Judicial y UNICEF), y documentos de la ONU, también han denunciado las graves vulneraciones de derechos. El informe de la PDI, que consideró 240 de 241 residencias del país, es mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro.

La dificultad de las autoridades para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares motivó la investigación penal de la Fiscalía. Respecto al número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado, hay un "caos estadístico". Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016, pero un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. BBC Mundo analizó anuarios oficiales y arrojó un total de 395 fallecimientos para un período similar. Incluso quienes publicaron las cifras no las consideran confiables. Este problema de cifras es parte de la complejidad del servicio.

Problemas Estructurales y Operacionales

El sistema SENAME presenta serias deficiencias en su estructura y operación, que incluyen:

• Personal sin capacitación adecuada: Los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios. En 159 centros (el 66,3% del total), la persona encargada de la administración de fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en el área de la salud, a quien solo se le exige cuarto medio rendido.
• Incumplimiento de protocolos: El equipo policial de la PDI estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME.
  • El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
  • Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
  • La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette Villa, cuya muerte fue causada precisamente por errores en la contención de una crisis.
• Sobrepoblación: El Centro Galvarino, donde murió Lissette, tenía capacidad para 70 menores, pero en la práctica operaba con un sobrecupo de más del 50%.
• Fiscalización deficiente: Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica del SENAME, estas supervisiones son "en su mayoría, coordinadas de manera previa". Además, los tribunales de familia deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales, lo que pone en entredicho al Poder Judicial.
• Medicamentación ineficiente y peligrosa: Se ha constatado la "poca prolijidad" con la que se manipulan los medicamentos. El psiquiatra Rodrigo Paz afirmó que Lissette Villa estaba "sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) que, en la dosis administrada, actuaba como antipsicótico. Además, estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que la sertralina, otro fármaco que tomaba, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables". El 63% de los niños bajo el cuidado del SENAME están con tratamiento farmacológico, y más de 3.000 carecen de la debida atención médica especializada.
• Carencias en salud mental y física: La cifra de menores a cargo del SENAME que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima (37,3% de los residentes). Un 14,2% presenta alguna patología médica, y un 13,9% sufre una enfermedad crónica. Además, un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El 42% de los centros no tiene un encargado de salud, y el 93,8% no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o casos complejos. Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no cuenta con suficientes camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.

El Caso Trágico de Guillermina

El caso de Guillermina, de 16 años, ilustra la gravedad de las deficiencias del sistema. Ingresó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del SENAME, traída por la policía. Con un historial de consumo de alcohol, drogas, depresión y un embarazo adolescente, se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. Contrario a todo protocolo internacional, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o hacerle un chequeo completo. La querella por cuasidelito de homicidio no prosperó, y su muerte en 2012 quedó registrada como un "egreso" más del sistema. Su historia, según María Estela Ortiz del Consejo Nacional de la Infancia, parece no ser una excepción en un sistema que está "en estado terminal".

Problemas Sociales Subyacentes y Propuestas de Solución

La crisis del SENAME no es un problema aislado, sino que se relaciona con situaciones de pobreza, indefensión, consumo de drogas y otros problemas sociales muy profundos. La Encuesta CASEN 2017 constató que más de la mitad de las niñas y los niños de Chile pertenece al 40% más pobre de la población, y un 49,7% ha presenciado actos de violencia en sus propios hogares. Estas condiciones, junto con políticas públicas inadecuadas y malas asignaciones de recursos, inciden directamente en que los niños lleguen al SENAME y, lo que es aún más preocupante, en que salgan del SENAME a la calle o la cárcel.

Un estudio de Pilar Larroulet indica que un 27% de las personas privadas de libertad declara haber estado en el SENAME como medida de protección de derechos, y un 36% por infracción de ley. Además, casi un 30% reportó haber vivido en la calle antes de cumplir los 18 años. Esto demuestra la existencia de una ecuación que asocia la marginalidad infantil con la posibilidad de vínculo con el delito y el ingreso en prisión. No se puede desconocer que en el origen del delito está la vulnerabilidad y marginalidad infantil que el SENAME no logra proteger.

Otro factor crucial es el impacto de la prisión parental. En Chile, dos tercios de los niños vivían solamente bajo el cuidado de la madre cuando esta fue detenida. La prisión parental es un factor de riesgo para una amplia gama de problemas en niños y adolescentes, incluyendo problemas de salud mental, abuso de drogas, fracaso académico, deserción escolar y desempleo. Es necesario preguntarse sobre el sentido de la prisión de quienes cuidan a los niños y los dejan a la deriva cuando son encarcelados, considerando que una persona en prisión cuesta al Estado aproximadamente tres veces lo que se asigna por niño al SENAME.

El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta conclusión, del informe de la PDI de 2017, exige una política pública integral, no medidas aisladas e improvisadas.

Pilares para una Solución Definitiva

Según expertos, una solución definitiva al problema del SENAME se basa en tres pilares fundamentales:

1. Apoyo psiquiátrico adecuado: Se necesitan unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que también trabaje con las familias y no las aísle.
2. Reunificación familiar: El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen. Se plantea que los niños son internados por pobreza, y la solución no es quitárselos, sino romper el círculo de vulnerabilidad, entregándoles herramientas y acompañamiento a las familias.
3. Defensa jurídica adecuada: Es fundamental que los niños cuenten con una defensa jurídica que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo, algo que se observa menos en los casos de niños vulnerados en comparación con los infractores de ley.

A mediano plazo, el Consejo Nacional de la Infancia ha planteado la necesidad de cerrar el SENAME y realizar una transición a un nuevo servicio. Para ello, es imperativo asignar responsabilidades, revisar las políticas que hicieron posible las muertes y la falta de conocimiento público de la realidad. Se propone no mantener unidos los servicios a cargo de menores en protección con aquellos que son infractores de ley, ya que el SENAME requiere una "cirugía mayor" que vaya más allá de los recursos, resolviendo el problema en su origen y priorizando la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

tags: #en #que #casos #un #menor #es