El presente análisis se centra en la experiencia internacional en materia de reposo médico y protección de los trabajadores frente a la incapacidad transitoria de generar ingresos, sirviendo como referente para comprender la situación en Chile. Se examinan las políticas internacionales relacionadas con la baja por enfermedad y el reemplazo de ingresos de los trabajadores, proporcionando un marco para evaluar la situación chilena.
La revisión comparativa abarca los sistemas de baja por enfermedad y de reemplazo de salarios en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo al que Chile se ha unido recientemente. Se abordan las principales transformaciones aplicadas a estos sistemas para mejorar su eficiencia, así como las variables que explican dichos cambios. El sistema chileno se analiza desde la perspectiva de las tasas de sustitución, los tiempos de espera y la duración de la protección. Según estos parámetros, Chile se sitúa por debajo de países como los escandinavos, que ofrecen una protección universal, y por encima de aquellos que brindan una protección focalizada según las necesidades del trabajador.
La experiencia internacional y su relevancia
Se recurre a la experiencia internacional para establecer la posición relativa de Chile en materia de reposo médico y reemplazo de ingresos de los trabajadores (subsidio por incapacidad laboral). Conocer otras realidades es útil para actualizar estas políticas públicas, razón por la cual las descripciones se realizan en toda su riqueza y diversidad. No es el propósito de esta revisión centrarse en los problemas que afectan al seguro en Chile, los que han venido formando parte del debate público, asociados a la vulnerabilidad y obsolescencia del seguro y a visiones de mundo contrapuestas y muchas veces en conflicto.
Las dificultades inherentes a la comparación de sistemas de protección entre países son significativas. Estas incluyen la diversidad de los sistemas (si cuentan o no con protección especial en problemas de salud asociados al trabajo, si se protege o no a la maternidad dentro del seguro, si es posible ir más allá del empleo formal) y la calidad de los reportes. Las comparaciones se ven afectadas por la proporción de la población económicamente activa y su estructura por edad y sexo. La población chilena es más joven y con un menor porcentaje de mujeres en el mercado laboral respecto a países desarrollados, y es más vieja y con un mayor porcentaje de mujeres trabajando que en algunos países de América Latina.
Este tipo de seguros suele estar vinculado al empleo formal de las economías, de modo que su cobertura estará determinada por el grado de formalidad del mercado laboral. Las comparaciones también se ven afectadas por la presencia de sistemas de seguridad social más robustos en países desarrollados, que, como consecuencia, no ejercen presiones sobre el sistema de subsidios por incapacidad laboral para su uso frente a otras necesidades, como sí ocurriría en Chile, a pesar de que su sistema de seguridad social establecido es considerado “comprehensivo” por la Organización Internacional del Trabajo.
Producto de lo anterior, algunos autores afirman que el sistema en Chile es generoso en la protección que brinda, mientras otros consideran que sus niveles de gasto y beneficios son moderados, si se tienen en cuenta las carencias y topes que implican una tasa de reemplazo promedio del 75%.
El referente OCDE y su validez para Chile
El referente OCDE es válido para Chile dado que el país heredó precozmente la tradición de la seguridad social alemana, el modelo de Bismarck, gracias al impulso de González Cortés en un contexto sociopolítico comparable. Asimismo, se considera la aproximación universalista propuesta por Beveridge, basada en la ciudadanía. El seguro social para sustituir ingresos por enfermedad se ha mantenido en Chile bajo el esquema original, con tendencia a mejorar la cobertura y la tasa de reemplazo, y algunas modificaciones en su financiamiento ocurridas en el contexto de transformaciones del sistema previsional de pensiones y de salud durante el gobierno militar.
Desde el punto de vista del sector salud como sector económico, los referentes de las últimas décadas han sido, durante el gobierno militar, el modelo norteamericano de seguros privados de salud y oferta privada de servicios médicos. Durante los gobiernos de la concertación, se adoptó el modelo inglés de separación de funciones y creación de cuasi mercados. También ha sido importante el modelo holandés para la reflexión intelectual de inspiración universalista de especialistas interesados en el desarrollo de los seguros previsionales privados.
Perspectiva amplia de análisis de los sistemas de la OCDE
El análisis de los sistemas de seguridad social no se remite exclusivamente a las dimensiones clásicas del Estado de Bienestar (Welfare State). Las regulaciones sobre el mercado laboral, la promoción del empleo a discapacitados, las políticas de salarios, las de vivienda y los subsidios para servicios básicos configuran un espacio amplio donde se resuelven los estados de necesidad, al cual los esquemas de Welfare State contribuyen. El resultado es un alto grado de heterogeneidad en los sistemas de protección social.
Según Förster, existiría un movimiento de beneficios asociados a discapacidad (transitoria o permanente, total o parcial) hacia programas soportados en el mercado del trabajo, con incentivos para empleadores y empleados. En Chile, entre 1990 y 2010, los Presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet consolidaron políticas públicas con enfoque de derechos e instalaron un discurso y una práctica relativa a un eje amplio de protección social, asimilable al concepto de seguridad social en el sentido de ser provista por el mismo sistema de seguridad social. Esto se ha expresado en programas como el Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), “Chile Crece Contigo” y la reforma al sistema de pensiones que amplió su cobertura respecto de los trabajadores con empleo formal.
Tipos de sistemas de seguridad social en la OCDE
En los países de la OCDE se distinguen sistemas de seguridad social de corte universalista, como los escandinavos; otros que se basan en categorías laborales, como el alemán; y, por último, aquellos donde los beneficios están condicionados a las necesidades, como Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Si bien los países están desarrollando enfoques diversos para enfrentar estados de necesidad ante transformaciones demográficas, según Clasen, a pesar de vivir el Welfare State momentos de crisis, no se aprecia en Alemania, Holanda y los países escandinavos un movimiento alejado de los esquemas tradicionales, como sí ocurrió en el Reino Unido y como se debate hoy en España en cuanto al seguro de desempleo y el sistema de pensiones.
Clasen ordena su análisis en función de categorías específicas. Sin embargo, la claridad de estas categorías no se refleja tan nítidamente en la realidad, donde los modelos se mezclan, no hay tendencias transnacionales y los principios no gobiernan ex ante las decisiones.
Superando la taxonomía que refiere a modelos socialdemócratas, liberales y conservadores de seguridad social, Korpi distingue cinco tipos:
- Focalizado: estatal y orientado a garantizar mínimos según la situación económica.
- Voluntario subsidiado: administrado por sus miembros, subsidiado por el Estado y con beneficios proporcionales a ingresos, relativamente bajos.
- Corporativo: basado en aportes de miembros correspondientes a alguna categoría laboral, con beneficios proporcionales a ingresos y administrado con participación de empleados, empleadores y, eventualmente, el Estado.
- Básico: establece un piso de beneficios para todos sobre la exclusiva base de su ciudadanía, con coberturas universales.
- Abarcativo: combina universalidad de cobertura de la seguridad básica con tasas de reemplazo de ingresos altas, como las del modelo corporativo, administrado por entidades públicas.
Según Kangas, entre los años 1930 y 1995, los países europeos mejoraron su posición en cuanto a cobertura poblacional y tasa de reemplazo (porcentaje de la remuneración reemplazada). Destacan por encima del promedio Alemania, con apreciable mejoría en la tasa de reemplazo, y Noruega, con apreciable mejoría en la cobertura. Por debajo se sitúa el Reino Unido, con especial deterioro de cobertura.
Al momento de producir ajustes, las soluciones predominantemente estatales tienen mayor capacidad de adaptación que las corporativas, por estar estas últimas atadas a intereses y ser las primeras propiedad del cuerpo social, que resuelve sus asuntos en la arena política.
Korpi intenta demostrar que la lógica de las clases importa para explicar el comportamiento del Welfare State, en particular en momentos de estrechez, recurriendo a la idea de activos personales para aprovechar la estructura de oportunidades que se presenta en la sociedad, ampliando la aproximación marxista hacia formas de capital como prestigio y capital cultural. Según Korpi, el Welfare State sigue siendo arena para el despliegue y resolución de conflictos entre clases, específicamente entre empleadores y empleados, y al mismo tiempo, es un output de los mismos. El autor refuta afirmaciones que subyacen a la idea del fin de las clases en el Welfare State: i) que la mirada de clases desconoce el aporte de los empleadores; ii) que los políticos, que representarían intereses de clases, toman distancia del tema en períodos de estrechez; y iii) que nuevos grupos cobrarían importancia, como pensionados, discapacitados y beneficiarios de los sistemas de salud.
Es importante la tolerancia de la sociedad con sistemas de asignación de beneficios basados en evaluación de necesidades (focalizados). Kangas aborda esto en países escandinavos, con coberturas que trascienden a los trabajadores.
Con una tabla de doble entrada para las variables participación en el financiamiento (alta, baja) y probabilidad de recibir beneficios (alta, baja), se distinguen cuatro grupos de interés: dos neutros (el grupo que no aporta y no recibe, y el grupo que aporta y recibe) y dos interesados, uno en contra del esquema (que aporta sin recibir) y uno a favor (que recibe sin aportar). Existen, sin embargo, variables políticas que conducen a resultados no explicables por la racionalidad del interés individual, como la preocupación de los socialdemócratas por la estigmatización social, que aceptan cortes solo en la parte alta de la pirámide de ingresos, o trabajadores que, aunque les conviene la asignación basada en necesidades, les resulta políticamente impropio apoyarla. A esto se agregan los tipos de necesidades, pues no es igual para salud o pensiones, donde se está más a favor de un acceso universal, que para vivienda, donde ayudar sobre una base de necesidades es aceptable. Al preguntar Kangas si debieran aumentarse los criterios de asignación basados en necesidades, la respuesta es que mientras mayores son los ingresos, menor es el interés de los grupos por el sistema basado en necesidades, con diferencias estadísticamente significativas.
El desempeño de los sistemas de protección
La pregunta que surge en el ámbito de las políticas públicas es acerca de cuán generoso sería cada sistema. Aparece la dificultad de ilustrar el fenómeno utilizando el gasto social, según Adema, por dos razones: i) dificultad para capturar los gastos que se desprenden de ventajas tributarias otorgadas a empresas que destinan recursos a programas sociales, generándose discrepancias entre el presupuesto y el gasto efectivo; y ii) mucho gasto social ocurre fuera del presupuesto público, financiado con contribuciones privadas a partir de mandatos públicos.
Además, se corrige la línea base de gasto social, se deducen los impuestos al gasto social y se agrega gastomandatado e inducido por ventajas tributarias para una serie de países.
Según Korpi, las tradicionales medidas de gasto público o fiscal en seguridad social como porcentaje del producto presentan defectos que se agudizan en períodos con alto desempleo o bajo crecimiento del producto, donde generan una ilusión contracíclica. La propuesta del autor, a partir de una conceptualización que incluiría políticas de empleo y otras que afectan el mercado laboral, es el Social Citizenship Indicator Program (SCIP), del que se desprende la Tasa Neta de Reemplazo de ingresos, después de impuestos y cotizaciones.
Korpi estudia tres seguros que protegen pérdidas de ingresos: i) por enfermedad, ii) por accidentes del trabajo y, iii) por desempleo. La Tasa Neta de Reemplazo se calcula para años seleccionados entre 1930 y 1995. En el caso del seguro por enfermedad, se observa primero un crecimiento de la tasa, con una declinación del orden de unos 5 puntos porcentuales entre 1975 y 1995, de 70% a 65%. Se observa una declinación significativa en el Reino Unido, donde retorna a niveles pre-Beveridge, del orden de 20%, desde 63,4% en 1975.
Korpi identifica y mide la importancia de variables que operarían como independientes y que explicarían el comportamiento de una variable dependiente representada por el número de recortes mayores a la Tasa de Reemplazo de los ingresos para cualquiera de los tres tipos de seguros, por cada 100 años-país de exposición al riesgo. Las variables fueron: tasas de desempleo, tipo de institución o modelo de seguro, tendencia política del gabinete, situación financiera del gobierno, globalización, importancia de importaciones y exportaciones en el producto, existencia de puntos de veto constitucionales y niveles de beneficio al inicio. Solo el efecto de la presencia de puntos de veto y de la globalización es débil y no significativo. En el caso de los niveles de beneficio al inicio, el resultado es significativo pero de signo negativo, como si tasas de reemplazo más bajas representaran mayor espacio para retroceder. Combinaciones de tipos de gabinete con las demás variables permiten explorar el impacto bajo regímenes políticos diversos.
Scruggs construyó una serie de tiempo de 32 años (1971-2002) para los seguros de desempleo, enfermedad y pensiones de vejez para 18 países de la OCDE, y también un Índice de Beneficio Esperado a partir de la tasa de reemplazo y la cobertura poblacional. La tasa de reemplazo usada por Scruggs corresponde al porcentaje que representan los beneficios en dinero menos impuestos a la renta fuera del trabajo, sobre el salario menos impuestos a la renta en el trabajo, incluyendo la contribución a la seguridad social. La cobertura corresponde al porcentaje de personas que reciben el beneficio sobre el total de la fuerza laboral, en el caso de los seguros, y respecto del total de personas en edad de retiro, en el caso de pensiones. El índice corresponde a la suma del producto de ambas tasas.
Acceso a la asistencia sanitaria para pensionistas extranjeros en España
Los ciudadanos extranjeros que perciben pensiones públicas no necesitan suscribir un convenio especial si acreditan, mediante la certificación correspondiente, que tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben su pensión. Es necesario acreditar la residencia efectiva en España durante un período continuado mínimo de un año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud del convenio especial.
Este convenio permite la afiliación al Sistema Nacional de Salud (SNS), mediante el pago de una contraprestación y sin copagos ni periodos de cadencia, a todas las prestaciones sanitarias de la cartera común básica de servicios asistenciales del SNS. Esta cartera comprende las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente.
La prestación farmacéutica ambulatoria, la prestación ortoprotésica ambulatoria, la prestación de productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente tienen una aportación del 100% a cargo del paciente.
Dicho requisito de residencia puede acreditarse mediante un certificado de residente emitido por la Dirección General de la Policía o por un certificado de empadronamiento emitido por un ayuntamiento español. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2.f de la ‘Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local’, el municipio solicitará la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) o, previa inscripción en el Registro Central de Extranjeros (RCE), el Certificado de Registro de Ciudadano de la UE para los procedentes de la UE/EEE. Si no se aportan estos documentos, la inscripción en el “padrón” se realizará con el número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia.
De acuerdo con el artículo 18.2, la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.
Seguro de salud de jubilación en el extranjero
Jubilarse en el extranjero significa dejar atrás los servicios de salud del país de origen. El seguro de salud de jubilación cubre los gastos médicos más allá de la edad de jubilación. Envejecer puede aumentar la probabilidad de tener necesidades sanitarias específicas. Trasladarse al extranjero añade otro elemento a la ecuación, ya que se deja atrás el servicio de salud local.
Nuevos idiomas, trámites burocráticos y la disponibilidad de servicios son cuestiones que se deben resolver para acceder a la asistencia sanitaria en el extranjero. Sin embargo, con un seguro a todo riesgo, se puede gestionar gran parte de estos trámites. Los expertos locales pueden garantizar la mejor asistencia sanitaria esté donde esté y pueden tratar con el personal de salud en el idioma local. Esto proporciona tranquilidad, sabiendo que existe un teléfono de asistencia 24 horas y acceso a los mejores hospitales.
¿Es necesario un seguro de salud de jubilación?
Contratar un seguro de salud al vivir en el extranjero durante la jubilación facilita la vida. En algunos países, es un requisito legal e inevitable. Una cobertura completa brinda tranquilidad en un momento en el que se podría estar prestando más atención a la salud.
Los planes de seguro de jubilación ofrecen apoyo continuado para enfermedades crónicas e incluyen cobertura completa para la atención oncológica. El programa de afecciones crónicas ayuda con cualquier afección crónica en curso.
Todos los derechos reservados. Es importante tener en cuenta que esto es una representación de las prestaciones disponibles y no contiene los términos, condiciones y exclusiones específicos de cada prestación. Las prestaciones pueden estar sujetas a cambios. Algunas prestaciones pueden formar parte de un módulo opcional. Se recomienda consultar la Guía del cliente para obtener todos los detalles.
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Documentación y formularios para la movilidad europea
En el contexto de la movilidad dentro de la Unión Europea, existen diversos documentos y formularios que regulan el acceso a la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales:
- Certificado de la legislación aplicable: Lo expide el organismo de seguridad social del país en el que se está asegurado. Si se está desplazado, será el organismo del país de origen. Contactar con el organismo del país en el que se vive.
- Formulario S1 (para pensionistas o funcionarios): Lo expide el organismo de seguro médico. Permite el acceso a la asistencia sanitaria en el país de residencia.
- Autorización para recibir tratamiento médico programado en otro país de la UE o de la AELC (Formulario E112/S2): Lo expide tu organismo de seguro médico. Permite recibir tratamiento médico específico en otro país de la UE o de la AELC. Es posible que tengas que adelantar un porcentaje de los costes. Preséntalo al organismo de seguro médico del país donde vayas a recibir el tratamiento.
- Formulario E104: Certifica las cotizaciones a la seguridad social realizadas en tu anterior país de empleo. Lo expide tu organismo de seguro médico.
- Formulario U1 (antes E301): Resume tus períodos de seguro o empleo en otros países. Lo expide el servicio público de empleo o el organismo de seguridad social competente del último país o de los últimos países en que hayas trabajado. Preséntalo al servicio nacional de empleo del país donde quieras recibir la prestación por desempleo.
- Formulario U2 (antes E303): Autoriza a seguir percibiendo la prestación por desempleo mientras buscas trabajo en otro país. Lo expide el servicio público de empleo o el organismo de seguridad social competente del país en el que te hayas quedado en paro. Preséntalo al servicio nacional de empleo del país donde buscas trabajo.
- Formulario U3 (antes E304): Permite solicitar la acumulación de períodos de seguro o empleo para el derecho a una prestación por desempleo. Lo expide el servicio público de empleo o el organismo de seguridad social competente del país en el que buscas trabajo sobre la base de un formulario U2.
- Formulario S2 (antes E112): Autorización para recibir tratamiento médico programado en otro país de la UE o de la AELC.
- Formulario DA1 (antes E123): Para el reembolso de gastos de atención médica urgente en otro país de la UE o de la AELC. Lo expide tu organismo de seguro médico. Preséntalo al organismo de seguro médico del país en el que te encuentres.
- Certificado de derecho a prestaciones por supervivencia o invalidez: Lo expide el organismo responsable de las pensiones al que solicitaste tu pensión.