Un Gasto Público Prioritario y Cuestionado
Las pensiones de las Fuerzas Armadas y Carabineros representan el gasto público más alto para el Estado chileno, según un reportaje revelado por El Mostrador el 13 de junio. Las jubilaciones de los ex uniformados, administradas a través de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), implican un desembolso mayor que cualquier otro servicio o ministerio.
La aplicación web Presupuesto Abierto, a la que tuvo acceso el medio, evidencia que estas pensiones se llevan la tajada más grande del presupuesto anual. Juntas, significan poco menos del 5% del presupuesto nacional y superan incluso los ingresos de la Tesorería General de la República, el ente a cargo de la recaudación de impuestos y otros ingresos fiscales.
A través de dicha aplicación también es posible visualizar los fondos adicionales que se inyectan a estas instituciones, por sobre los ya presupuestados, para el pago de las pensiones de los ex uniformados. En 2018, por ejemplo, el Congreso aprobó un presupuesto de 1.676.727 millones de pesos (más de un billón y medio de pesos) para Capredena y Dipreca. Sin embargo, el Estado terminó gastando dos billones de pesos en ambas entidades.
Capredena es la entidad estatal que más dinero recibe en el país, con un presupuesto que en 2018 ejecutó 1.217.000 millones de pesos. Le siguen los presupuestos destinados al Banco Estado, a la Tesorería y a Dipreca. Este presupuesto de Capredena y Dipreca también supera al entregado al fondo del pilar solidario del sistema de pensiones, el cual apoya a los jubilados por AFP o a quienes no pudieron cotizar durante su vida laboral. Mientras que el pilar solidario entrega beneficios a un millón y medio de personas a nivel nacional, las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen menos de 200 mil pensionados.
Para el presupuesto de 2019, se aprobó un aumento en el gasto de Capredena de 1,3%, y para Dipreca de un 5,2% en comparación con 2018, argumentando un alza en el gasto en pensiones y montepíos. El Ministerio de Hacienda y la Dipres, a través de la plataforma digital Presupuesto Abierto, buscaron mostrar el presupuesto de manera interactiva, cruzando los datos con lo ejecutado durante el año y gráficos para visualizar esta información.
Origen y Particularidades del Sistema
El actual sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas tiene sus raíces en la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. En 1981, se instauró el sistema de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), privatizando las jubilaciones para la mayoría de los trabajadores chilenos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen de este nuevo modelo, conscientes de que no beneficiaba a las personas sino que inyectaba millones de pesos al sistema bancario y a los mercados de capitales. De esta manera, el Estado se convirtió en el gran garante de los privilegios que representan las pensiones de los uniformados.
Es importante destacar que en Chile, el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas es financiado casi en su totalidad por fondos provenientes del Estado nacional. Según un informe de Capredena, el 93,62% de los fondos utilizados para pagar las pensiones de sus miembros proviene del presupuesto nacional, mientras que solo el 6,38% es aportado por los mismos funcionarios. Entre 2011 y 2015, el Estado desembolsó cerca de 3,8 billones de pesos para solventar el fondo de retiro de Capredena, un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y sus familias.
La Ley del Cobre también ha sido una fuente de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Esta ley obliga a Codelco, la principal empresa estatal cuprífera, a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., despojando al Estado de un caudal importante para políticas públicas. En 2016, Codelco, por primera vez en su historia, tuvo que endeudarse para cumplir con sus compromisos financieros, incluyendo la entrega de US$707 millones a las FF.AA.
Según un estudio de la Fundación Sol, el modelo de pensiones utilizado por las Fuerzas Armadas incrementó el monto de las pensiones en más de un 28,1% en el caso de las pagadas a través de Capredena entre 2005 y 2022. Para 2022, el presupuesto destinó 2.517 millones de dólares para pagar 175.179 pensiones a las fuerzas armadas, lo que equivale al 0,83% del PIB nacional. En contraste, el presupuesto destinado a pagar la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario (PGU) alcanzó los 5.531 millones de dólares para financiar 2.218.178 pensiones, lo que corresponde al 1,83% del PIB.
Brecha con el Sistema de AFP
La brecha entre los pensionados ex uniformados y los jubilados a través del sistema de AFP crece cada año. Ya en promedio, un suboficial del ejército puede recibir 700.000 pesos de jubilación, mientras que el promedio de un oficial bordea los 2 millones de pesos. En comparación, un trabajador pensionado con el sistema de AFP recibe, en promedio, 259.000 pesos, según datos de la Superintendencia de Pensiones.
Montos Promedio según Fundación Sol (2005-2022)
- En Capredena (Fuerzas Armadas), el promedio de las pensiones pagadas es de 1.079.356 pesos, considerando 104.976 pensiones.
- Entre la alta jerarquía (oficiales), el promedio es de 2.478.635 pesos.
- En la baja jerarquía (suboficiales), el promedio es de 1.041.558 pesos, una diferencia de 2,4 veces.
- Existe un sesgo de género: mujeres reciben en promedio 785.585 pesos, mientras que hombres reciben 1.264.682 pesos (49% menos para mujeres).
- En Dipreca (Carabineros, Gendarmería y PDI), el promedio es de 1.180.293 pesos, considerando 70.793 pensiones.
- Carabineros: 1.066.632 pesos.
- Gendarmería: 1.478.245 pesos.
- PDI: 1.704.691 pesos.
Entre 2006 y 2022, el aumento de las pensiones pagadas en Dipreca ha sido drástico: 30,2% para la PDI, 35,3% para Carabineros y 83,5% para Gendarmería. Los datos del informe dejan claro que las jubilaciones de los militares y otras fuerzas son mucho más altas que las de cualquier trabajador. En el sistema de Capredena, las pensiones promedio superan en 3,36 veces la pensión promedio de trabajadores con años de servicio similares en el sistema de AFP. En el sistema de Dipreca, estas pensiones superan en 3,96 veces el monto de la pensión promedio pagada a través de las AFP.
Condiciones de Jubilación
El actual modelo de pensiones de las Fuerzas Armadas, garantizado por el Estado, contempla dos tramos para la jubilación: con 20 años de servicio, que paga dos tercios de la última remuneración, y más de 30 años de servicio, que contempla el 100% de la última remuneración.
Las edades promedio de jubilación en las ramas de orden y seguridad rondan los 54 años, según un informe de Capredena y Dipreca presentado a la Cámara de Diputados en 2015. Específicamente, son 56 años para el Ejército, 51 años para la Armada y 56 años para la Fuerza Aérea, muy lejos de los 65 años requeridos para los hombres o los 60 años para las mujeres en el sistema de AFP.
La Controversia de las Recontrataciones
Una comisión investigadora de la Cámara abordó la problemática de los controles y la forma en que se decretan los montos de las pensiones, pero una pregunta clave quedó sin respuesta: ¿Cuántos ex uniformados en retiro fueron recontratados en las FF.AA. y reciben actualmente un sueldo más su jubilación? Una solicitud de Transparencia realizada por La Tercera reveló, en base a información parcial, que al menos 1.050 funcionarios en retiro cumplen funciones remuneradas en las tres ramas.
Modalidades y Ejemplos de Recontratación
El Ejército remitió una lista de 457 oficiales y suboficiales en retiro que están trabajando con su respectivo sueldo más sus pensiones. Estos principalmente integran los comandos de Bienestar (222), Salud (82), Industria Militar e Ingeniería (54), Apoyo de la Fuerza (29) y otras unidades (70). El Ejército indicó que hay cuatro modalidades de recontratación: honorarios, contrato, Ley 15.076 (referida a médicos cirujanos, químicos farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas) y la Ley 18.476 (relacionada a los hospitales de la defensa nacional).
En la lista de recontratados aparecen personas con sueldos de 4.321.375 pesos, 4.241.039 pesos, 3.839.691 pesos y 3.693.092 pesos. La remuneración promedio alcanza los 942 mil pesos. Sobre el personal a contrata, el Ejército señaló que la información no puede proporcionarse por tratarse de "información relativa a dotaciones, que tiene el carácter de secreto".
La institución indicó que la recontratación se ampara en el DFL N-1 Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, que permite realizar contratos para personal de procedencia militar o civil que cumplan funciones por un tiempo, sin que el Ejército tenga la obligación legal de observar si estas personas reciben otras remuneraciones. Explicaron que el personal recontratado cubre vacantes que requieren un grado de experticia, con la que cuenta personal militar o civil tras desempeñarse por más de 20 años en la institución.
En el caso de oficiales en retiro con remuneraciones de entre 3 y 4 millones de pesos, estos corresponden al área de salud, siendo profesionales médicos contratados por jornadas parciales y de acuerdo al mercado, debido a sus especialidades necesarias en el Hospital Militar Santiago. Estos contratos se originan con anterioridad al retiro.
La Fuerza Aérea (FACH) también adujo secreto respecto a su dotación bajo este sistema, entregando solo los nombres (66) de los trabajadores pensionados del Hospital Clínico de la Fach. Ahí se detectó un caso de una funcionaria con un sueldo de 2,5 millones de pesos y una pensión de 2,2 millones de pesos. El promedio de los sueldos es de 948 mil pesos.
La Armada invocó el secreto militar y no entregó todos los nombres y sueldos, pero manifestó que el número total de funcionarios "que habiendo pasado a retiro de la institución y cumplen funciones remuneradas dentro de ella, asciende a 527 personas". Solo se dieron a conocer el nombre y cargo de 36 personas, sin detallar su remuneración. La Armada justificó las recontrataciones argumentando la necesidad de satisfacer necesidades institucionales particulares que exigen competencias y conocimiento de la sensibilidad de la información, a fin de evitar riesgos para la Seguridad Nacional.
La Academia de Guerra como Refugio para Retirados
La Academia de Guerra del Ejército es otro "refugio" para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución como Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Un documento reservado del Ejército indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC puede ganar entre 1,5 millón y 2,5 millones de pesos mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación, alcanza los 2.526.910 pesos. Se han denunciado casos de militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas, haciendo imposible el cumplimiento de las funciones de ambos contratos.
Pensiones y Controversias: Violaciones a los Derechos Humanos y Fraudes
La indagación de CIPER y otros medios reveló que millonarias pensiones son destinadas también a ex uniformados condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos y fraudes. CIPER identificó a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet, cuyas pensiones alcanzan en promedio 2,5 millones de pesos. Algunos de estos agentes incluso figuran recontratados en instituciones como la Academia de Guerra y la Escuela Militar.
Casos Destacados
- Roberto Ampuero Alarcón (coronel en retiro del Ejército): Procesado en 2009 y condenado en 2016 a 15 años y un día por secuestro y homicidio calificado de Miguel Nash Sáez y otros prisioneros de Pisagua. Pasó a retiro en 2008 con una pensión de 2,6 millones de pesos, que luego reajustada rozó los 3,6 millones de pesos.
- Gabriel Guerrero Reeve (coronel en retiro): Condenado en agosto de 2016 a 15 años y un día por los mismos delitos en Pisagua. Pasó a retiro en 2010 con una pensión de 2,1 millones de pesos, recibiendo hoy casi 2,6 millones de pesos.
- Pedro Collado Martí (coronel en retiro del Ejército): Condenado en agosto de 2016 a 10 años y un día por secuestro calificado de militantes socialistas en Iquique. Recibe una pensión de 2,6 millones de pesos.
- Carlos Durán Low (coronel en retiro): Condenado en febrero de 2016 a 10 años y un día por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Jubiló en 2007 y hoy recibe una pensión de 2,5 millones de pesos.
- Julio Cerda Carrasco (general en retiro y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército, BIE): Condenado a cinco años y un día como cómplice de secuestros calificados.
- Osvaldo Andrés Magaña Bau (coronel en retiro del Ejército): Sometido a proceso en 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos en Paine. Pasó a retiro en 2007 con una pensión de 2,6 millones de pesos.
- Julio Castañer González (coronel en servicio activo al momento del proceso): Procesado en 2015 por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y las lesiones de Carmen Gloria Quintana. Pasó a retiro en 2016 con una pensión de 2,8 millones de pesos.
- Alejandro Forero Álvarez (doctor y coronel en retiro de Aviación): Acusado de supervisar torturas y drogar a prisioneros para el "Comando Conjunto". Aunque sus procesamientos fueron revocados por prescripción en 2002, su historial es controvertido.
- Víctor Lizárraga Arias (general en retiro del Ejército): Condenado en 2010 por asociación ilícita en el asesinato de Gerardo Huber, y en 2016 por cohecho en el "Caso Fragatas". Hoy recibe una pensión de 3,1 millones de pesos.
- Florencio Dublé Pizarro (general en retiro de la FACH): Procesado por malversación de caudales públicos en el "Caso Mirage" (coimas en la compra de 25 aviones Mirage). Se acogió a retiro en 2006 y percibe una pensión de 3,1 millones de pesos.
- Montero (coronel en retiro) y Jorge Frez Ramírez (coronel en retiro): Procesados por fraude al fisco y falsedad documental en el Ejército.
- Gabriel Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara (coroneles en retiro, ex-secretarios privados de Pinochet): Condenados en primera instancia en una de las aristas del "Caso Riggs" por malversación de caudales públicos. Mac-Lean recibe 2,9 millones de pesos de pensión.
- Jesús Sáez Luna (capitán de Fragata en retiro): Recibe una pensión de 2,1 millones de pesos. Tres años después de su retiro, le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base.
- Ricardo Hargreaves Butrón (general del Ejército): Aunque fue dado de baja en 2006, continuó ligado a la institución en FAMAE y como profesor de la Escuela Militar. Pasó a retiro en 2014 y hoy percibe una pensión de 3,5 millones de pesos, a lo que se agregan honorarios académicos.
- Rodolfo Ortega Prado (coronel en retiro): Ex jefe de la CNI en Punta Arenas, vinculado a la muerte de Susana Ovando Coñué. Se retiró en 2007 con una pensión de casi 2,6 millones de pesos, pero sigue ligado al Ejército como director de un magíster en la Academia de Guerra.
- Guillermo Castro Muñoz (general en retiro y ex jefe del Estado Mayor del Ejército): Perteneció a la CNI y admitió haber formado parte de una compañía de fusileros en el "Cuartel Dos" (centro de detención) de la Escuela de Infantería de San Bernardo, que participó en los asesinatos de 22 campesinos. Actualmente es Profesor Civil en la Academia de Guerra.
- Carl Marowski Pilowsky (coronel en retiro): Figura en la nómina de miembros de la CNI. Estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército.
- Eduardo Ludovico Aldunate Hermann (general en retiro): Perteneció al grupo escolta de Pinochet que dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA. Se jubiló en 2009 con una pensión de 3 millones de pesos y aparece con honorarios por labores de "investigación estratégica" en la Academia de Guerra.
- José Francisco Enberg Castro (coronel en retiro): Integró la CNI. Jubiló en 2014 y actualmente recibe una pensión de 2,8 millones de pesos.