La vulneración de derechos y el abuso patrimonial contra los adultos mayores es una problemática compleja que requiere de atención y marcos legales específicos. Aunque a menudo el foco se pone en la familia, existen diversas situaciones que involucran a terceros, incluyendo a quienes asumen roles de cuidado o tienen acceso a sus bienes. La falta de un sistema de protección legal integral para este grupo etario en Chile exacerba estas dificultades.
La Problemática del Abuso Patrimonial y la Negligencia
Casos Reales y Tipos de Abuso
Recientemente, se han visibilizado casos específicos de abandono, negligencia y abuso patrimonial. En uno de ellos, una mujer de poco más de 75 años, en buenas condiciones para una vida autónoma, era mantenida encerrada bajo llave por su hija, quien temía que se perdiera, impidiéndole salir de su hogar. El objetivo era que ella pudiera recuperar la llave de su vivienda y su vida, ya que tenía todas las condiciones para hacerlo. Sin embargo, el tribunal decidió que la hija debía hacerse cargo y actuar según su criterio con esta adulta mayor.
Otra complicación frecuente es cuando la misma persona mayor acepta el abuso patrimonial. Existe el caso de un adulto mayor que vive relegado al fondo del patio en una pieza en precaria condición, mientras sus hijos ocupan la vivienda en un estado mucho más digno. Asimismo, hay situaciones en las que la persona mayor no está consciente del abuso, como el ejemplo de una adulta mayor que dio poder a su vecina para cobrarle la pensión de forma regular.
Antes de la pandemia, se presentaban situaciones donde personas intentaban hacer firmar documentos a adultos mayores sobre posesiones efectivas u otros temas de carácter monetario. Para prevenir esto, en algunos centros se prohibió que los residentes firmaran documentos durante los fines de semana y se estableció que las visitas debían realizarse en espacios comunes. Si bien es posible advertir a las personas mayores con facultades cognitivas intactas, su autonomía prevalece y si desean firmar, es poco lo que se puede hacer, más allá de dejar un respaldo documentado.
Obstáculos en la Detección y Denuncia
Las denuncias por abuso patrimonial son complejas debido a que se trata de una forma de abuso mucho más sutil. A pesar de esto, se ha observado un avance con la implementación de medidas como el Fono Mayor del Senama, el Defensor Mayor y la creación de las Oficinas de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores (ODAM) de la Corporación de Asistencia Judicial.
Marco Legal y Respuestas Institucionales
Desafíos de los Tribunales de Familia
Aunque en los últimos años los Tribunales de Familia han mejorado su respuesta, existe un problema estructural: Chile carece de un sistema de protección legal específico para el adulto mayor, a diferencia del que existe para la infancia. Esto limita las herramientas de los tribunales. No obstante, la Ley 20.427, de 2010, introduce el maltrato al adulto mayor en el ámbito de la violencia intrafamiliar, permitiendo al juez ordenar medidas cautelares, aunque aún se considera insuficiente.
Avances Legislativos y Programas de Protección
Actualmente, Chile cuenta con la ratificación de la Convención Interamericana de Protección de Adultos Mayores, en octubre de 2017. Este tratado garantiza 27 derechos fundamentales, incluyendo el acceso a cuidados, salud, cuidados de largo plazo, acceso a la justicia, vivienda, autonomía, independencia, dignidad en la vejez y participación comunitaria. Un programa relevante, iniciado en 2012 como "Contra la Violencia y el Abuso" (hoy llamado "Buen Trato"), ha visto un incremento de casos a nivel nacional.
Estadísticas de Abuso Patrimonial
Si bien la mayoría de las denuncias están relacionadas con violencia intrafamiliar y maltrato (1.404 casos), abandono social (428 casos) y asesoría legal (1.458 casos), en cada una de estas categorías se aprecian situaciones que involucran el abuso patrimonial. Al revisar detalladamente, se contabilizaron 385 casos de abuso patrimonial, una cifra preocupante. Además, por primera vez, se registraron 428 casos de abandono social de personas mayores a nivel nacional.
Capacidad Legal y Lucha contra la Discriminación
La Capacidad Legal del Adulto Mayor
En Chile, cualquier persona que no haya sido declarada interdicta es legalmente capaz ante la ley. Sin embargo, existe una problemática donde hijos, nietos, familiares, vecinos o incluso amigos utilizan la edad avanzada (como tener 80 o 90 años) como una herramienta para amedrentar a los adultos mayores con bienes, afirmando que no pueden realizar trámites, lo cual no es cierto legalmente.
Recursos Legales contra la Discriminación
Frente a situaciones discriminatorias, como la solicitud injustificada de un certificado de idoneidad mental en una notaría (un recurso que no corresponde legalmente), se puede recurrir a la Ley por Discriminación, más conocida como Ley Zamudio. Casos como el de una señora de 80 años a quien se le exigió dicho certificado en una notaría han sido denunciados públicamente, reafirmando que tales prácticas son inaceptables.
Derechos Fundamentales de los Adultos Mayores en Chile
Velar por los derechos de los adultos mayores es una labor esencial para el desarrollo del país y una forma de ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas personas de edad avanzada no conocen sus derechos o son víctimas de vulneraciones. A partir de los 60 años, una persona es considerada adulta mayor y accede a diversos derechos:
- Cuando el anciano se encuentra inhabilitado física o moralmente y requiere de un cuidador, puede solicitar un sistema de visitas regular o directo para que sus nietos puedan pasar tiempo con él. En caso de que así sea, el adulto mayor está obligado a darle una pensión alimenticia a sus nietos si tiene los medios económicos para hacerlo.
- Cualquier integrante de la familia puede ser afectado por violencia, especialmente cuando llega a los 60 años y sus capacidades disminuyen. El maltrato físico y psicológico debe ser denunciado, y quien lo padece tiene derecho a exigir una medida de protección ante un tribunal. La expulsión de una persona envejecida de su casa o la prohibición de ingreso a esta constituye un delito.
- Derecho a trabajar si así lo desea, según sus capacidades y habilidades.
- Acceso a beneficios para ancianos con más de 65 años que forman parte de la población más pobre y no tienen derecho a pensión previsional.
- Acceso a pensión mensual para mayores de 65 años que han vivido 20 años en Chile, son parte del 60% de la población más pobre y reciben un monto inferior a la máxima estipulada.
Los derechos de los adultos mayores son específicos y no deben ser vulnerados, ya que mejoran su calidad de vida y previenen el abandono. Cumplir con ellos contribuye a que Chile sea un país más consciente y óptimo.
La Ley Karin: Un Avance contra el Acoso y la Discriminación Laboral
En un entorno laboral que a menudo valora la juventud, la experiencia y sabiduría de las personas mayores tienden a ser subvaloradas. Chile ha ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un pacto que enfatiza la dignidad, igualdad y no discriminación. En este contexto, la Ley Karin (Ley N° 21.643) surge como una herramienta clave que concreta y amplía estos principios en el ámbito laboral, ofreciendo un respaldo normativo específico y detallado.
Combate al Acoso Laboral
Uno de los aspectos más significativos de la Ley Karin es su enfoque en combatir el acoso laboral. Para las personas mayores, el acoso puede manifestarse de diversas maneras, desde la exclusión intencional en actividades laborales hasta el uso de comentarios despectivos sobre la edad.
Reconocimiento de la Violencia en el Trabajo
La violencia en el trabajo es otro tema crítico abordado por la Ley Karin. Más allá de la violencia física, esta ley reconoce el impacto devastador que puede tener la violencia verbal y psicológica en las personas mayores. Palabras hirientes, burlas constantes y la presión indebida pueden minar la autoestima y la salud mental de los trabajadores mayores.
Principios de No Discriminación y Mecanismos de Denuncia
La no discriminación es otro pilar fundamental de la Ley Karin. Históricamente, las personas mayores han enfrentado barreras para acceder a oportunidades laborales debido a prejuicios sobre sus capacidades o prácticas empresariales que favorecen a los más jóvenes. La ley establece procedimientos claros para denunciar y buscar justicia en casos de acoso, violencia o discriminación, brindando respaldo a quienes se sienten afectados.
La Ley Karin no solo es una herramienta legal, sino también un reflejo de los valores de una sociedad que reconoce y rescata la contribución de las personas mayores.