La etapa de la vejez, idealmente, debería ser un periodo de tranquilidad y disfrute, cosechando los frutos de una vida de esfuerzo. Sin embargo, para una gran parte de la población jubilada, especialmente en países como Chile y Argentina, esta fase se ve ensombrecida por una creciente preocupación: los elevados gastos en salud y medicamentos. Este problema no solo afecta la calidad de vida de los adultos mayores, sino que también pone en relieve deficiencias estructurales en los sistemas de salud y financiamiento.
La Carga Financiera de los Jubilados: Un Problema Creciente
En Chile, el denominado gasto de bolsillo en medicamentos, es decir, lo que destinan las personas y familias en remedios, es elevado. Un reciente informe del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello indica que las personas estarían dispuestas a pagar por un seguro adicional para cubrir ese gasto. Un estudio de “Caracterización del Gasto Público en Medicamentos”, elaborado por la Escuela de Gobierno UC y la Cámara de la Innovación Farmacéutica, revela que el Estado cubre solo el 17% del gasto en fármacos, mientras que un abrumador 62% lo asumen los hogares. Esta situación sitúa a Chile con uno de los gastos de bolsillo en medicamentos más altos de Latinoamérica, solo por debajo de México.
El problema de las bajas pensiones con las que viven gran parte de los adultos mayores en Chile ya es familiar. Según el estudio «Generación Silenciosa» del Programa de Conocimiento e Investigación a Personas Mayores (CIPEM), un 38% de adultos mayores declara que recibe ingresos menores a los 200 mil pesos. A esta problemática se suma la arista de los altos precios de los medicamentos, esenciales para resguardar su salud en esta etapa de la vida.
Factores Detonantes del Gasto Elevado
Falta de Cobertura y Gasto de Bolsillo Predominante
La vicepresidenta de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, Mariela Formas, comentó que el estudio vuelve a hacer énfasis sobre “el alto gasto de bolsillo de medicamentos que tenemos en el país, solo por debajo de México y muy por arriba de los otros países latinoamericanos”. La causa raíz de esto es que “los medicamentos no están incorporados en los planes ni públicos ni privados de salud”, lo que requiere reformas estructurales para su inclusión. Este gasto de bolsillo mide el gasto en medicamentos de uso común y crónico y no incluye los gastos que implican los medicamentos de alto costo, donde solo existe cobertura financiera en la Ley Ricarte Soto, que es bastante acotado, y en DAC (Diagnóstico, Tratamiento y Recuperación) para el cáncer, que es aún menor.
Envejecimiento Poblacional y Aumento de Enfermedades Crónicas
De la mano del rápido envejecimiento de la población, Chile, al igual que muchos otros países, registra una alta carga de patologías crónicas. La hipertensión y la diabetes son algunas de las enfermedades no transmisibles que, con los años, han aumentado su incidencia. Estas condiciones requieren tratamientos farmacológicos continuos, lo que eleva significativamente el gasto mensual de los jubilados.
Aumento de Precios de Medicamentos y Financiamiento Público Insuficiente
Un informe del Instituto de Política Pública de AARP (PPI) en Estados Unidos destaca que los precios al consumidor de un conjunto de 754 medicamentos de amplio uso aumentaron a un ritmo mayor que la inflación año tras año entre 2006 y 2017. El costo de venta anual promedio de un tratamiento con medicamento recetado en 2017 fue de casi $20,000 al año. Pagar el costo total de un medicamento recetado del propio bolsillo del paciente podría costar más que los beneficios jubilatorios promedio del Seguro Social, que eran de $16,848 al año en ese entonces.
En cuanto al sector público, las cifras presentadas por Benjamín Ahumada, investigador a cargo de otro estudio, reflejan una disminución del gasto público en medicamentos de 2,3% en 2024, con una baja del 7,3% específicamente en los servicios de salud. Las brechas de gasto en medicamentos entre los servicios de salud, además, han aumentado. Iniciativas como la Ley Ricarte Soto han logrado ordenar el gasto público en medicamentos sin aumentarlo, mientras que gran parte del incremento en el presupuesto de salud en años recientes se ha destinado al financiamiento de la operación, como recursos humanos y mayores gastos asociados a la renovación de infraestructura.
Impacto en la Calidad de Vida de los Jubilados
El impacto de estos elevados gastos es directo y severo. Los jubilados, con ingresos a menudo limitados, se ven obligados a destinar una porción desproporcionada de sus pensiones a la compra de medicamentos esenciales. Esto no solo genera un estrés financiero constante, sino que también puede llevar a la interrupción de tratamientos o a la adquisición de dosis incompletas, con graves consecuencias para su salud.
Casos reales: consecuencias del alto precio de los medicamentos
La Situación en PAMI, Argentina
En Argentina, los médicos de cabecera de PAMI, nucleados en APPAMIA, iniciaron un paro de 72 horas para denunciar una resolución del INSSJP-PAMI (1107/2026) que “pretende reducir nuestros ingresos un 52.5%”. Esta resolución decreta la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso y la eliminación del incentivo económico. Los profesionales denuncian una reducción salarial de $2.100.000 a $1.400.000. Este “ataque” se da en el marco de una serie de medidas que los jubilados han sufrido, en sus ingresos y en su atención. Un análisis del economista Esteban Rafele aseguró que, con la caída de la recaudación del primer trimestre, el Ministerio de Economía “pisó pagos que se sintieron en la calle, con menos servicios de colectivos y peor atención a los jubilados de PAMI”. Los “gastos” para PAMI cayeron 41,6% real en el primer trimestre, lo que representa un ajuste brutal que afecta la calidad de la atención.
Estrategias y Alternativas para Aliviar la Carga
Reformas Estructurales y Negociación de Precios
La importancia de avanzar en regulaciones que estimulen la investigación clínica para efectos farmacológicos fue uno de los puntos destacados por el senador Chahuán. Es esencial contar con una acción más agresiva en el contexto federal. Consideramos que Medicare (en el caso de EE.UU.) debe tener autoridad para negociar los precios con los fabricantes de medicamentos recetados, ya que, según un análisis del PPI, Medicare ha gastado $110,000 millones extra en años recientes porque los precios de los medicamentos aumentaron más rápidamente que la inflación. Los beneficiarios de Medicare y los contribuyentes están pagando la cuenta que genera el aumento injustificable del precio de los medicamentos. Si bien las compañías farmacéuticas argumentan que necesitan el dinero para investigación y desarrollo, es crucial encontrar un equilibrio entre la continuidad de la valiosa investigación y el alto precio que pagan los consumidores.
Hay estados en todo el país que están tomando la iniciativa en la lucha por reducir los precios de los medicamentos recetados. La lucha por reducir el precio de los medicamentos recetados es excepcionalmente bipartidista, llevándose a cabo en estados republicanos y demócratas, en áreas rurales y grandes ciudades, lo que genera un gran impulso.
Mejora en la Regulación y Financiamiento Específico
El trabajo, titulado “Acceso a medicamentos de alto costo y enfermedades de baja frecuencia”, realiza un análisis completo de los desafíos que enfrentan los pacientes de enfermedades “raras” y plantea una serie de alternativas para delinear una estrategia-país. Este estudio propone la creación de un cuerpo colegiado independiente del Ministerio de Salud, con funciones de consejería y capacidades regulatorias, que tome las decisiones sobre si una droga debería o no ser financiada, de acuerdo a criterios éticos, de efectividad probada y de costo-efectividad. Como vía de financiamiento, el estudio sugiere que los legisladores deberán decidir entre alternativas mundiales para crear un Fondo Especial para el acceso a enfermedades de alto costo, tales como: vía impuestos generales, cotización universal compulsiva o cotización voluntaria. El investigador Benjamín Ahumada enfatizó que, en la discusión presupuestaria, no basta con aumentar recursos, sino que es necesario orientar las propuestas hacia resultados verificables.
Apoyos Estatales y Pensiones
En Chile, en cuanto a las ayudas por parte del Estado, la Pensión Básica Solidaria de Vejez permitía, a quienes no tenían derecho a una pensión en algún régimen previsional, acceder a un monto de 176.096 pesos desde los 65 años. En febrero de este año, este beneficio fue reemplazado por la Pensión Garantizada Universal (PGU), que desde ese mes corresponde a 185 mil pesos, monto que se reajusta anualmente y/o cuando el IPC supere un 10%. Aunque es un avance, estos montos siguen siendo insuficientes para cubrir la totalidad de los gastos de salud y medicamentos, especialmente ante enfermedades crónicas y de alto costo.