La accesibilidad universal representa un pilar fundamental para la construcción de sociedades inclusivas, garantizando que todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida. A pesar de la existencia de políticas públicas destinadas a erradicar la discriminación, la brecha en la inclusión sigue siendo significativa, especialmente en el sector privado.
El Marco Normativo y la Realidad Chilena
En Chile, la inclusión de personas con discapacidad es un tema de gran relevancia, dado que aproximadamente un 20% de la población, lo que se traduce en más de 2.600.000 personas, enfrenta enormes desafíos día a día debido a alguna discapacidad. En el ámbito educacional, según datos entregados por la Fundación Tacal, actualmente una de cada dos personas con discapacidad termina la enseñanza básica, lo que evidencia las barreras existentes desde etapas tempranas.
La legislación chilena ha avanzado en esta materia. En 2010, entró en vigencia la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esta ley estipula que deben ser accesibles los edificios de uso público y aquellos que presten un servicio a la comunidad. Además, incluye todas las obras que el Estado o los particulares ejecuten en el espacio público dentro de los límites urbanos, así como al transporte y a los bienes nacionales de uso público.
Posteriormente, el 4 de marzo de 2016, se publicó el Decreto Supremo N° 50 de Accesibilidad Universal, el cual regula los estándares de diseño y construcción en estos espacios. Este decreto cobra especial relevancia con la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Laboral (Ley N° 21.015), que incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral y suprime la discriminación salarial, especialmente para trabajadores con discapacidad mental.
La Ley de Inclusión Laboral y sus Implicaciones
Con la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, las empresas privadas e instituciones públicas que cuenten con 100 o más trabajadores deben considerar un uno por ciento de los puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad. Para optar a las prerrogativas que la norma estipula, es necesario contar con una Pensión de Invalidez de cualquier régimen previsional.
Esta ley no solo exige la incorporación de trabajadores en situación de discapacidad, sino que también impulsa la transformación de las infraestructuras para acoger adecuadamente a estos nuevos actores. Andrea Boudeguer, directora ejecutiva de BAU Accesibilidad, subraya la importancia de "dividir y separar muy bien lo que es la habilitación del puesto de trabajo, y lo que es la accesibilidad del edificio en el cual está inserta la persona en situación de discapacidad. La infraestructura deberá cumplir con ciertos requisitos".
Desafíos en la Adaptación de Infraestructuras y Puestos de Trabajo
- Edificios Privados: Aunque la normativa exige requisitos de accesibilidad para edificios públicos y de servicio a la comunidad, en algunos casos, edificios privados que no cumplen estas categorías podrían estar exentos de aplicar la norma en su totalidad. No obstante, como señala Boudeguer, "eso no significa que una oficina o industria no pueda incorporar cosas básicas como los accesos o baños".
- Adaptación del Puesto de Trabajo: Las organizaciones deben realizar cambios específicos en los puestos de trabajo para adecuarse a los requerimientos físicos y específicos de cada persona, considerando diversas necesidades como el uso de sillas de ruedas o discapacidad visual.
La Necesidad de Conocimiento y Cambio Cultural
Los expertos identifican que el principal desafío para la implementación de la Ley de Inclusión Laboral es el conocimiento de la normativa del Decreto N°50. Ximena Rivas, asesora en accesibilidad del Ministerio de Desarrollo Social y fundadora de Incluye 360, explica que "la Ley de Accesibilidad Universal existe desde hace dos años, pero no están internalizadas ni reconocidas las obligaciones del reglamento". Esta falta de conocimiento genera una urgencia por adaptar los espacios, más allá de la mera contratación.
La clave, según Rivas, es un cambio cultural. A menudo, prevalece una "mirada asistencialista", donde algunas empresas "piensan que deben bajar el estándar para poder contratar personas con discapacidad en puestos menos calificados. Esa es una mirada errónea". Es fundamental generar un trabajo mancomunado entre los diferentes actores del Estado, la sociedad civil y el sector privado para desarrollar políticas integrales, diversas y descentralizadas.
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Mecanismos de Fiscalización y Alternativos de Cumplimiento
En el sector privado, la fiscalización le compete a la Dirección del Trabajo, que mantiene un registro actualizado de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o pensionados por invalidez. Conscientes de que algunas empresas podrían tener dificultades para cumplir directamente con la ley, se han fijado mecanismos alternativos, como la contratación de prestación de servicios con empresas que empleen a personas con discapacidad.
A pesar del apoyo transversal a la norma, existe temor en las empresas privadas de no poder cumplir con lo establecido, siendo la adaptación de la infraestructura uno de los mayores desafíos en la correcta habilitación de los lugares de trabajo.
La Accesibilidad Digital como Solución y Oportunidad
Más allá de la infraestructura física, la accesibilidad digital se presenta como una solución crucial para promover la inclusión real en las organizaciones. Esto incluye prácticas como el diseño de sitios web accesibles, siguiendo normativas internacionales como las WCAG (Pautas de Accesibilidad al Contenido Web). A pesar de la escasa regulación específica en Chile, algunas empresas como Duoc UC, Clínica Alemana y Scotiabank ya destacan por sus iniciativas en accesibilidad digital, reconociendo el nicho y la oportunidad de negocios que representa.
El turismo accesible, por ejemplo, es un sector con gran potencial. En Chile, 2 millones 600 mil personas con discapacidad tienen dificultades para acceder al turismo, lo que representa un nicho específico y una gran oportunidad de negocios. El turismo accesible no solo aumenta la cuota de mercado de las empresas, sino que también ayuda a terminar con la estacionalidad e incorpora nuevos destinos turísticos.
Ampliando el Horizonte: Desafíos en la Unión Europea
Los desafíos de la accesibilidad universal se extienden a otras regiones, como lo demuestra el Real Decreto 193/2023 en España, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso a bienes y servicios a disposición del público. Este decreto representa un reto significativo, por ejemplo, para los museos e instituciones culturales que deben adaptarse a nuevas exigencias.
Un Concepto de Accesibilidad más Allá de lo Físico
Un avance conceptual importante del Real Decreto es que la accesibilidad universal permite que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Esto implica que la accesibilidad supera los ámbitos tradicionales de la eliminación de barreras arquitectónicas en inmuebles y transportes, o en el ámbito audiovisual, para proyectarse en todos los derechos y esferas de la vida en comunidad. Incluye actividades cotidianas como realizar trámites bancarios, acudir a urgencias médicas, ir al cine, a un museo o tomar un café.
Estas medidas buscan fortalecer el sector cultural, garantizando su sostenibilidad, mejorando las condiciones de los trabajadores culturales y promoviendo el acceso a la cultura como un derecho fundamental. El objetivo en instituciones como los museos es lograr instituciones más inclusivas, justas, democráticas y equitativas, que constituyan un servicio público dentro de una comunidad. Un museo, por definición, debe ser "abierto al público, accesible e inclusivo", fomentando la diversidad y la sostenibilidad.
Plazos y Adaptación Profesional
La aplicación de esta normativa establece plazos claros: los productos nuevos deben ser accesibles desde enero de 2029, mientras que los productos existentes tienen hasta enero de 2030 para adaptarse. En Cataluña, por ejemplo, todas las bibliotecas, museos y equipamientos de artes visuales deberán contar con un plan de accesibilidad en 2026 (D.209/2023).
Estas consecuencias implican que los profesionales del sector, tanto público como privado, deberán actualizar sus conocimientos, adaptar sus servicios y estar preparados para asesorar y asistir a los clientes en el proceso de cumplimiento de esta nueva normativa. Se prevé un aumento significativo en la demanda de servicios de adecuación normativa de accesibilidad. El poder de compra público se presenta como una herramienta estratégica para impulsar estas políticas sociales y laborales, creando incentivos para que las empresas adopten prácticas más responsables y sostenibles.
En definitiva, la gestión de los nuevos retos en torno a la accesibilidad universal es un entramado complejo de tareas que precisa de empresas especializadas para ofrecer soluciones con garantía a las instituciones.