La situación económica y laboral de las personas con discapacidad en la Región del Biobío y, específicamente en Concepción, presenta importantes desafíos a pesar de los avances normativos y la implementación de políticas de inclusión. Los datos recientes revelan brechas significativas en educación, empleo y autonomía económica, lo que subraya la necesidad de fortalecer las estrategias y programas existentes para garantizar una inclusión plena y efectiva.
Diagnóstico y Contexto Regional
Para comprender la realidad de la población con discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia aplicó la primera Encuesta de Bienestar Social (EBS) del país, complementando la información de la Encuesta Casen. El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz, enfatizó la importancia de estos resultados, destacando que "los resultados que hoy conocemos son muy necesarios, estamos hablando de información relevante para generar políticas públicas en materia de discapacidad".
Prevalencia de la Discapacidad en Biobío
- De acuerdo al II Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015, en Biobío hay 345.348 personas en situación de discapacidad mayor de 18 años, lo que equivale al 22,4% de la población total de la región.
- La Directora Regional de Discapacidad (S), Yennifer Morales, comentó que la ENDISC III (Encuesta Nacional de la Discapacidad) de 2023, la cual "viene a darnos respuestas a 7 años de la última encuesta", entrega la cifra de que el 16,7% de la población presenta algún tipo de discapacidad a nivel país y un 21,9% en la Región del Biobío. Esto indica que "como región nos encontramos por sobre la media del país en personas con alguna discapacidad, leve, moderada o severa".
- La distribución del porcentaje de discapacidad en la población adulta según sexo mantiene la tendencia nacional, con una mayor prevalencia en mujeres comparado con los hombres.
Brechas en Educación y Empleo
Los indicadores de educación muestran que la población adulta sin discapacidad tiene, en promedio, más años de escolaridad que la población adulta con discapacidad. Andrea Zondek enfatizó que "el problema es de base, lo que se evidencia al ver los datos de escolaridad de estas personas". Reveló que "una de cada dos termina octavo básico; una de cada 10 termina la media y una de cada 20 entra a la educación superior, pero un 1% la termina".
El Estudio también evidenció las brechas de inclusión laboral, con el 40% de la población adulta con discapacidad ocupada, frente al 58,4% de la población sin discapacidad.
Situación de Dependencia
El Estudio identifica como persona en situación de dependencia a aquellas personas con discapacidad que requieren asistencia de otra persona para sus actividades diarias. Del total de personas adultas con discapacidad, el 45,5% se encuentra en situación de dependencia. Específicamente, de los adultos con discapacidad de entre 18 a 59 años, el 35,1% está en situación de dependencia, mientras que en los adultos de 60 años y más, el 64,1% se encuentra en esta situación.
Barreras para la Inclusión Laboral y Económica
A pesar de los avances significativos en el país, como la ratificación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la implementación de la Ley N°21.015 de inclusión laboral, persisten barreras que dificultan su plena inclusión. El presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad sostuvo que "esto es realmente preocupante, porque se evidencia que las políticas que se han implementado hasta aquí en este ámbito han sido insuficientes, no han generado los cambios que se espera para un país que avanza en materia de inclusión".
Insuficiencia de Políticas y Ajustes Razonables
A pesar de que la ley establece que el 1% de los trabajadores de empresas con 100 o más colaboradores deben ser personas en situación de discapacidad, los datos indican que quienes trabajan "creen que no pueden optar a un puesto de trabajo mejor". Esto se atribuye a la falta de ajustes razonables y a las brechas en la formación que tienen muchas personas en situación de discapacidad.
Desafíos de la Ley de Inclusión Laboral N°21.015
Nicole Lara, terapeuta ocupacional en la Omil de la Municipalidad de Talcahuano, señaló que uno de los problemas de la actual ley del 1% es que "existen empresas con filiales a nivel nacional que completan la cuota en territorios fuera de la Región del Biobío como Arica o Iquique". A esto se suma "otro fenómeno en qué empresas, por ejemplo del área de la construcción o inmobiliaria, cumplan la cuota incorporando a sus registros personal a través de la subcontratación".
Una investigación reciente demuestra que las personas con discapacidad enfrentan obstáculos para ingresar y mantenerse en el sector público, que van desde barreras físicas, normativas hasta socioeducativas. Se identificaron hallazgos relevantes como la ausencia de una política integral de discapacidad e inclusión laboral para el sector público y el incumplimiento significativo de la Ley N°21.015 en términos de fiscalización y reportabilidad, además de una brecha entre el sector público y privado en el cumplimiento de la misma.
Brechas de Género
Sandra Quintana, seremi de Trabajo y Previsión Social de Biobío, apuntó a las brechas de género en materia de inclusión laboral. Explicó que "la problemática de la discapacidad es doblemente mayor en el caso de las mujeres porque mirando las estadísticas el número de mujeres en situación de discapacidad es mayor que el de hombres".
Conversatorio: "Reclutamiento y Selección Inclusiva: entrevista laboral"
Avances y Estrategias para el Empoderamiento
A pesar de las dificultades, se han logrado avances y se están implementando estrategias para mejorar la inclusión económica de las personas con discapacidad en la región.
Mesas Regionales y Coordinación Interinstitucional
Sandra Quintana detalló algunos avances en inclusión laboral, que incluyen la formación de una mesa regional. Esta iniciativa busca abordar la problemática de forma coordinada.
Potenciando la Igualdad de Oportunidades
Sandra Narváez, Directora del SENADIS, enfatizó que el objetivo de diversas jornadas y programas va en la línea de potenciar la igualdad de oportunidades a las personas en situación de discapacidad. Además, se generan modalidades protegidas, denominadas "talleres protegidos", para grupos que, debido al grado de discapacidad, no pueden insertarse en el mercado laboral competitivo.
Fomento del Emprendimiento y la Autonomía
El Alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, enfatizó que "estamos entregando herramientas para que las personas en situación de discapacidad sean capaces de emprender actividad económica de manera independiente". La base de un buen funcionamiento de cualquier iniciativa económica, como una cooperativa, es la confianza, lo cual es aún más relevante "en los tiempos de desconfianza que vivimos en el país, tanto en el mundo público como en el privado".
Mejoras en la Fiscalización de la Ley 21.015
Parte de las modificaciones realizadas al reglamento de la Ley de Inclusión Laboral (20.015) vienen a abordar el problema de control y fiscalización, ya que "no había claridad sobre el cumplimiento de la normativa".
Rol del Gestor de Inclusión
En el caso de las pymes, la jefa de la cartera de Trabajo y Previsión Social en la zona indicó que no es obligación contratar un Gestor de Inclusión; esta función puede ser realizada por otra persona de la empresa tras una debida capacitación y posterior certificación a través de Chile Valora.
Un Llamado a la Acción para una Inclusión Efectiva
El presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad hizo un llamado a los candidatos presidenciales "a mirar los datos de esta encuesta como un ejercicio de concientización y un ejercicio de acercarse a la realidad de las personas en situación de discapacidad para que puedan presentar propuestas concretas, serias, que realmente cambien la forma que tienen de vivir hoy día estas personas en un Chile que aún excluye y segrega".
Si bien los sistemas de protección social en la región han generado diversas herramientas para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, aún quedan por fortalecer diversos espacios que permitan garantizar el derecho de esta población a la protección social y al trabajo decente.