La figura de Sergio Onofre Jarpa Reyes (Rengo, 8 de marzo de 1921 - Santiago, 19 de abril de 2020) es central en la historia política reciente de Chile. Agricultor y político de destacada trayectoria en el Partido Nacional y posteriormente en Renovación Nacional, su vida pública estuvo marcada por roles clave tanto en la oposición al gobierno de Salvador Allende como en la colaboración con la dictadura militar de Augusto Pinochet. Su estatus como "exonerado político" tras el golpe de 1973 ha sido objeto de particular escrutinio y controversia, enmarcada en el debate más amplio sobre las leyes de reparación y sus beneficiarios.
Trayectoria Política y Vida Pública de Sergio Onofre Jarpa
Orígenes y Primeros Años
Nacido el 8 de marzo de 1921 en Rengo, Sergio Onofre Jarpa fue hijo de Francisco Javier Jarpa Santa Cruz y Raquel Reyes Corona. Su infancia y juventud se desarrollaron mayormente en el campo, ya que su familia se dedicaba a actividades agrícolas. Estudió en el Internado Patrocinio de San José y en el colegio San Pedro Nolasco. Asumió tempranamente las labores en el campo de su familia, por lo que tuvo que dejar sus estudios para luego rendir los exámenes finales de su educación secundaria. Realizó estudios de economía agraria en la Universidad de Chile en forma vespertina, mientras trabajaba en el Banco de Londres. Una vez finalizados sus estudios, se trasladó a San Bernardo para trabajar junto a su padre en actividades agrícolas y comerciales. Luego expandió sus intereses hacia el transporte aéreo, la explotación de bosques y maderas, y la representación de empresas. Fue gerente de la firma Alberto Reyes C., encargada de la importación de automóviles Cadillac y aviones Cessna. En el sur fue agricultor en la zona de Cherquenco antes de trasladarse a la zona central de Chile. Socialmente, fue un agricultor de clase media acomodada, sin formación universitaria ni fortuna personal. Fue socio del Club de la Unión y del Club de Polo y Equitación.
Inicios y Evolución Política
En 1938, a los 17 años, Jarpa fue parte de la Alianza Popular Libertadora que apoyó la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez del Campo, para posteriormente, integrar las filas de la Vanguardia Popular Socialista. En los años cuarenta, fue simpatizante del gobierno argentino de Juan Domingo Perón, siendo tesorero de la Unión Chileno-Argentina. Entre septiembre y octubre de 1948, estuvo involucrado en el "Complot de las Patitas de Chancho", ejecutado contra el gobierno de Gabriel González Videla. Durante la década de 1950 fue dirigente de la juventud Agrario-Laborista del Partido Agrario-Laborista (PAL), que era presidido por Jaime Larraín García Moreno. En 1954, junto a un grupo disidente del PAL conformó el Partido Nacional Agrario. En las elecciones presidenciales de 1958 y 1964, apoyó la candidatura de Eduardo Frei Montalva. Después, fue presidente del Movimiento de Acción Nacional, junto al dirigente Jorge Prat Echaurren, entre 1963 y 1966. En 1966 se integró al Partido Nacional, que reunió a dirigentes nacionalistas, conservadores y liberales. Entre 1968 y 1973, fue presidente de ese partido, sucediendo a Víctor García Garzena.
Durante la presidencia de Salvador Allende, fue un importante líder opositor al gobierno, gestando la formación de la Confederación Democrática (CODE), una alianza de partidos de centro y derecha. En 1971 colaboró con la fundación del diario Tribuna, de ideología contraria al gobierno de Allende. En las elecciones municipales de abril de ese año, fue electo regidor por Santiago. En las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, resultó electo senador por Santiago, por la Cuarta Agrupación Provincial "Santiago" (período 1973-1981). Tras el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, que puso término anticipado al período parlamentario mediante el Decreto-Ley 27 del 21 de septiembre de ese año, el Congreso Nacional se disolvió y se declararon cesadas las funciones parlamentarias.
Rol durante el Régimen Militar
Durante el régimen militar del general Augusto Pinochet, Sergio Onofre Jarpa ocupó diversos cargos. A partir de 1974 fue delegado de Chile ante las Naciones Unidas. Entre 1976 y 1978, fue Embajador de Chile en Colombia, participando en el retiro de Chile del Pacto Andino. Más adelante, entre 1978 y 1983 fue Embajador de Chile en Argentina. Tuvo una activa participación en la solución de los problemas limítrofes entre ambos países, especialmente cuando tuvo que mediar en el tenso conflicto limítrofe que hubo por el Canal de Beagle.
Fue Ministro del Interior entre el 10 de agosto de 1983 y el 12 de febrero de 1985. Este período se caracterizó por la fuerte represión de las protestas en contra del régimen militar, lo que finalmente permitió abrir el diálogo con los sectores gremiales y las agrupaciones políticas de la oposición, iniciar el regreso de exiliados y otras medidas. Esta apertura se denominó como el "Plan Jarpa". Connotados miembros de la Derecha tradicional afirman que "Jarpa siempre tuvo presente la solución militar para Chile". Además, fue un artífice político que garantizó que la herencia de la dictadura no solo tuviese la firma del dictador, sino que esta fuese acompañada por la firma de los partidos de la Concertación, comprometiéndolos a defender los pilares del modelo neoliberal a cambio del restablecimiento de la "normalidad democrática" del país.
Transición a la Democracia y Vida Posterior
En 1985, junto a sectores gremiales, fundó el Frente Nacional del Trabajo. Luego, este movimiento se integró a Renovación Nacional (RN), colectividad de la que fue uno de sus fundadores y su presidente entre diciembre de 1987 y agosto de 1990. Luego del triunfo de la oposición en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, participó en las negociaciones constitucionales que derivaron en importantes reformas a la Carta Fundamental. Fue senador por la Región del Maule entre 1990 y 1994, en representación de Renovación Nacional por la Undécima Circunscripción Senatorial VII Región (período 1990-1994).
En 1997, renunció a RN, retirándose de la vida política activa. Luego de eso vivió en Pencahue, en la zona de Talca, dedicado a la agricultura. Más adelante, se trasladó a vivir a Santiago. En 1991 fue distinguido con el Premio al Mérito Geopolítico por el Instituto Geopolítico de Chile. Es autor de publicaciones sobre temas políticos. Dejó testimonio de sus memorias en el libro Jarpa: confesiones políticas, realizado por Patricia Arancibia Clavel, Claudia Arancibia Floody e Isabel de la Maza Cave. Falleció el 19 de abril de 2020 en Santiago.
El Estatuto de Exonerado Político en Chile: Marco Legal y Controversias
Definición y Marco Legal
Los exonerados políticos son precisamente víctimas de la dictadura. Son trabajadores de los más diversos ámbitos que fueron expulsados de sus labores por el simple hecho de no ser pinochetistas. Esta práctica abusiva, en la que miles de chilenos perdieron su fuente de trabajo como castigo por sus ideas, y por el simple dictamen de un gerente o un patrón, no solo fue utilizada masivamente en los primeros años de la dictadura, sino que se prolongó por casi dos décadas. Para optar al beneficio por exoneración, no es solo la pérdida del trabajo, sino que la persecución, el acoso, la inhabilitación social que ello traía consigo.
La Ley 19.234, aprobada en 1993, fue la primera para otorgar beneficios a los exonerados políticos -aquellos que perdieron sus trabajos por razones políticas durante la dictadura militar. Esta ley, en su artículo tercero (que fue modificada por la Ley 19.582), incluyó dentro de quienes tienen derecho a solicitar la calificación de exonerado político y los beneficios que de ello derivan, a los parlamentarios en ejercicio al 11 de septiembre de 1973, por el sólo hecho de serlo. Una segunda ley sobre exonerados, la Ley 19.582, aprobada en 1998, amplió el universo de potenciales beneficiarios para incluir a funcionarios del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, entre otros. Esto permitió que cualquier parlamentario que hubiese quedado sin trabajo el 12 de septiembre de 1973 -porque fue clausurado el Congreso- podría postular a beneficios como exonerado. En cuanto a los militares, la ambigüedad de la ley los favoreció, permitiendo postular a muchos ya que la ley hablaba de exoneraciones “debido a cambios en el orden institucional”.
Los beneficios otorgados incluyen indemnizaciones, pensiones, reajustes, salud y educación gratuita. Para optar a esta reparación, la mayoría de los afectados tuvo que reconstruir su historia laboral 15 ó 20 años después de ocurridos los hechos. El 80 por ciento de los exonerados políticos recibe menos de 140 mil pesos mensuales; solo unos pocos profesionales y dirigentes políticos obtienen cifras mayores.
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Denuncias de Irregularidades y "Falsos Exonerados"
Desde la aprobación de las leyes de reparación, se han denunciado irregularidades en la postulación y otorgamiento de estos beneficios. El presidente de un Comando de Exonerados Políticos denunció que hay unas 100 mil personas recibiendo beneficios como exonerados políticos sin haberlo sido jamás. Se ha denunciado el otorgamiento de beneficios a personas que nunca fueron exoneradas; la falsificación de documentos; el pago de favores y la cobranza de comisiones. En Río Negro, Fresia y Puerto Montt, entre otras localidades, se denunció que autoridades comunales estaban tramitando y cobrando comisiones indebidas por postular a exonerados. En algunos casos, se cobraba una comisión considerable a exonerados verdaderos; en otros, se falsificaba documentación para postular a exonerados falsos, incluyendo la invención de “asentamientos”. Se habló de más de 100 casos fraudulentos.
La coordinadora nacional del Programa Reconocimiento al Exonerado Político (PREP) del Ministerio del Interior, Marta Joignant, aseguró que era “imposible engañar al sistema», ya que la Contraloría de la República debía tomar razón de cada caso. No obstante, el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, dijo que la propia Contraloría habría permitido que las oficinas parlamentarias registraran a indigentes como exonerados políticos como una manera de asegurarles una pensión. El diputado Fidel Espinoza dijo al Diario Austral de Osorno que los propios beneficiarios le habían informado que “algunas autoridades comunales les han cobrado para hacerlos partícipes de este programa, cuyo ingreso es gratuito, y que en algunos casos, las incorporaciones han sido fraudulentas para hacerles entrega de beneficios que no les corresponden”.
Estas denuncias no son nuevas y fueron planteadas originalmente por los propios afectados. En diciembre de 2003, cuando uno de los “exonerados” que Luis Salinas Rojas, jefe técnico del Programa, había aprobado, fue procesado como cómplice de asesinato, se desató un terremoto al interior del PREP. Se buscó desesperadamente el archivo del “exonerado” para ver sus antecedentes, pero nunca se encontró. En el PREP se dieron cuenta de que había varios casos que se “les habían pasado” y se pusieron a buscar y ordenar las carpetas con la documentación de respaldo para revisarlas caso a caso.
Un mes después, el tema era parte del debate parlamentario. Así, el 2 de noviembre de 2007, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para debatir las presuntas irregularidades en la entrega de beneficios a 200 personas. El entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), apuntó sus dardos hacia la oposición, pidiendo explicaciones. No obstante, desde La Moneda, la vocera Cecilia Pérez consultada por la carta que firmó Chadwick en el 2001, desmintió cualquier vinculación a los hechos. Además, mencionó en conversación con Cambio21, que «estoy seguro que deben existir otros nombres que hayan hecho lo mismo, lo que sucede que lo hacían a puertas cerradas con sus partidos, entonces es difícil dar más nombres. Sobre la intervención de Chadwick y la negación del gobierno, dijo que «todos los de derecha entregaron beneficios y que no lo reconozcan es otra cosa».
Sergio Onofre Jarpa y Otros Líderes Políticos como Exonerados
La calificación de ciertos parlamentarios y figuras de derecha como exonerados políticos ha generado particular controversia. Hermógenes Pérez de Arce y Sergio Onofre Jarpa también son exonerados políticos. Sergio Onofre Jarpa Reyes, ex senador del Partido Nacional y activo promotor del golpe militar, fue embajador de la dictadura y también su ministro del Interior. Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, ex diputado del Partido Nacional, férreo defensor del golpe militar y del general Pinochet hasta el día de hoy, colaboró en las comisiones legislativas de la Junta Militar.
Entre los beneficiarios de la ley también se encuentran Juan de Dios Carmona Peralta, ex senador de la Democracia Cristiana, quien apoyó el golpe militar y luego fue Consejero de Estado de la Junta Militar, y Mario Arnello Romo, ex diputado del Partido Nacional, quien apoyó el golpe y fue un entusiasta partidario de Pinochet. Figuras de la DC, como el ex presidente de la Cámara en 1971 y actual diputado Eduardo Cerda, el ex diputado Alberto Zaldívar Larraín y el ex diputado y ex candidato presidencial, Arturo Frei Bolívar, también reciben el beneficio. De igual forma, el ex Presidente Patricio Aylwin, su hermano Andrés Aylwin y el ex senador José Musalem. En este grupo, la pertinencia de ser considerados como exonerados políticos es sin duda variable.
Se ha argumentado que la ambigua calificación de exonerados, definida en el marco de la política de los consensos, propició un escenario perverso para que la Concertación y la derecha negociaran también en este tema y en función de “los empates”. Hermógenes Pérez de Arce manifestó que “las indemnizaciones, pensiones, reajustes, salud y educación gratis para los ex terroristas y su entorno, es un solo y gran abuso”. Además, aseguró que “son los dirigentes y parlamentarios de la derecha quienes han desnaturalizado el concepto de exonerado, de otra manera cómo se explica que Sergio Onofre Jarpa y el propio Hermógenes Pérez de Arce, dos de los principales gestores del golpe de estado, figuren como exonerados políticos”.
Sin embargo, Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del Interior de Pinochet y ex embajador en Argentina, fue enfático y aseguró que «no me considero exonerado, porque me había retirado antes de la política, jamás me echaron». A reglón seguido, agregó que «para mí existen distintos casos en el tema de exonerados políticos».
La ley establece que, como el Congreso Nacional fue clausurado producto del golpe militar, se entiende que todos los parlamentarios perdieron su trabajo por razones políticas y, por ende, tienen derecho a que la sociedad en su conjunto repare tal situación, sin importar que hayan sido promotores del golpe ni con quien hayan estado coludidos. Esto ha sido descrito como "lógica jurídica pura y simple, esa que poco tiene que ver con la justicia". A pesar de estas situaciones, es indispensable aclarar que no todos los partidarios del golpe siguieron este camino, y muchos ex parlamentarios de derecha y de la DC no entraron en esta situación.
Desde una perspectiva crítica, se ha señalado que Sergio Onofre Jarpa fue uno de los arquitectos de la dictadura, comenzando en el senado las tareas políticas preparatorias al ser uno de los principales articuladores del bloque opositor en el congreso entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. En esta línea, también se le ha caracterizado como un enemigo de la clase trabajadora, autor y cómplice de los crímenes de la dictadura y guardián de los sueños democráticos de Patricio Aylwin.