Las cifras de las jubilaciones en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile han generado una intensa polémica en las últimas semanas, destacando un claro contraste con las precarias pensiones que recibe la mayoría de los chilenos, que en promedio alcanzan los 198 mil pesos. Esta situación ha puesto en el foco público a instituciones como la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que administran los regímenes previsionales de militares y policías.
El Sistema de Pensiones en Dipreca y su Impacto Económico
Durante 2016, Dipreca desembolsó $586 mil millones para el pago de pensiones de retiro de sus funcionarios, tanto civiles como uniformados. Este monto incluye también al personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, con casi 260 mil beneficiarios. Los datos revelan que el 95% de los fondos utilizados para el pago de pensiones provienen del erario público, mientras que solo el 5% restante es aportado por los cotizantes. La misma proporción se observa en los fondos administrados por Capredena.
Una solicitud de transparencia a Dipreca reveló que, entre 2005 y mayo de 2017, la nómina de oficiales de Carabineros retirados incluye a 1.383 ex oficiales con una pensión mensual que promedia los $2,3 millones. En el caso de los civiles, se registraron 1.056 ex funcionarios jubilados entre 1951 y 2017, con pensiones que promedian un millón de pesos.
Altas Pensiones y Casos Destacados
Entre los beneficiarios de las pensiones más elevadas de Dipreca, se encuentra Ismael Verdugo Bravo, ex general auditor de Carabineros, quien percibe la pensión más alta del sistema. Mes a mes, recibe $6.976.552 como ex uniformado y una segunda jubilación de $938 mil como "ex funcionario civil", sumando un total cercano a los $7.914.552 mensuales. Verdugo se retiró de Carabineros a fines de 2012 por invalidez de segunda clase, un tema que ha generado controversia por su aplicación.
El Fenómeno de las "Dobles Pensiones"
El reportaje también destaca el privilegio de las "dobles pensiones", una situación que afecta a 22 ex carabineros que pasaron a retiro dos veces y en años distintos. En promedio, estos exfuncionarios obtienen $4 millones mensuales. Los ingresos de estos 22 ex carabineros significan un gasto anual para Dipreca de más de $1.047 millones.
Entre los altos oficiales beneficiados con una doble pensión, además de Ismael Verdugo Bravo, figuran ex directores de la institución. Los generales Alberto Cienfuegos, director entre 2001 y 2005, recibe un total de $4,3 millones ($3,5 millones por una pensión y $784 mil por otra). Por su parte, Eduardo Gordon, quien estuvo al mando entre 2008 y 2011, percibe un monto casi idéntico, con pensiones de $3,6 millones y $706 mil. El ex general de Carabineros Héctor Jara, retirado con una pensión de $3,2 millones, recibe además una jubilación de $1,6 millón por su labor docente. También se menciona al ex jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general René Moya Venegas.
Hasta 2006, la normativa obligaba al personal que realizaba clases en las escuelas de Carabineros a recibir esta última remuneración por una vía separada, la cual también era imponible en Dipreca. Esta situación es la base para la acumulación de múltiples pensiones.
El "Pacogate": Fraude y Pensiones Millonarias
El mega fraude conocido como "Pacogate", un desfalco en Carabineros que ha superado los $25 mil millones, también está estrechamente ligado a las pensiones. De los 74 carabineros formalizados en el fraude, 15 figuran en las nóminas analizadas por CIPER recibiendo pensiones de hasta $4,7 millones pagadas por Dipreca. Estas personas cobran alrededor de $432 millones al año a Dipreca por sus jubilaciones.
Oficiales Implicados en el Fraude
- El coronel Carlos Cárcamo Bravo, ex jefe de gabinete del director de Finanzas y luego jefe del Departamento III Tesorería y Remuneraciones, recibe $4,7 millones mensuales gracias a su invalidez de segunda clase.
- El coronel Arnoldo Rivero Gerves, señalado como uno de los principales gestores del fraude, percibe una jubilación de $2,8 millones y fue denunciado por $169 millones en pagos injustificados.
- El comandante Ramiro Martínez Chiang, quien pasó a retiro en 2012, es acusado de recibir al menos $612,4 millones en sobresueldos en el Pacogate, y cobra una pensión de $2 millones.
- Otros oficiales imputados son Robinson Carvajal Leiva, con una pensión de $2 millones, y Nelson Valenzuela Aravena, con una jubilación de $1,4 millón, ambos con roles clave en la asociación ilícita.
Fraude en Carabineros: El sumario que pudo frenar el "Pacogate"
Pensiones de Invalidez de Segunda Clase: Un Punto Ciego
La invalidez de segunda clase es una causal de retiro aplicada a miembros de las FF.AA. y de Orden que, por accidentes o enfermedades, quedan imposibilitados de continuar en servicio y en inferioridad fisiológica para desempeñarse en ocupaciones privadas. Esta causal puede aumentar las pensiones en un 20%.
De la lista de 2.439 oficiales pensionados de Carabineros, 131 han pasado a retiro aduciendo invalidez de segunda clase. El pago de las jubilaciones de este grupo representa un gasto anual para Dipreca de más de $2.776 millones, con pensiones promedio que bordean el $1,8 millón. Este monto contrasta con las jubilaciones por invalidez en el sistema de capitalización individual de las AFP.
Casos Controversiales de Invalidez
El ex general auditor Ismael Verdugo Bravo, quien se retiró con invalidez de segunda clase, afirmó: "La invalidez de segunda clase de acuerdo a la definición legal, lo deja a usted en inferioridad fisiológica para desempeñarse, por lo tanto, a mí la norma no me prohíbe ejercer como abogado. Efectivamente yo trabajo como puedo, pero no soy un abogado de ejercicio masivo. Usted comprenderá que no por el hecho de haber jubilado por esa causal me tengo que quedar encerrado en mi casa. También hago clases."
Otro caso es el del cirujano y mayor (r) Enrique Sudy Márquez, quien se retiró en 2004 con invalidez de segunda clase. Investigaciones posteriores revelaron que el doctor Sudy figuraba con remuneraciones a honorarios en el Comando de Salud del Ejército (2010), el Instituto Geográfico Militar (2011) y el Centro Clínico Militar Coihaique (2011), percibiendo sumas significativas, a pesar de haber declarado que "nunca había trabajado allí" en un inicio. Posteriormente, aclaró que no estaba "contratado en ese lugar", sino que atendía pacientes de forma privada.
Pensiones para Involucrados en Violaciones de Derechos Humanos
La situación se agrava al conocer que al menos nueve ex funcionarios involucrados en investigaciones por violaciones de derechos humanos reciben millonarias pensiones.
- El general Iván Andrusco Aspe, quien fue director de Gendarmería tras su retiro en 2010, cobra $3,2 millones mes a mes. Andrusco fue citado a declarar en la investigación del Caso Degollados (1985) y fue jefe operativo de la Sección de Investigación Policiales (SIP) cuando cuatro funcionarios bajo su mando fueron acusados de tortura que derivó en la muerte del taxista Raúl Palma Salgado.
- El coronel Pedro Caballero Castillo, miembro de la Dicomcar -calificada como "asociación ilícita terrorista" por el ministro Milton Juica-, percibe una pensión de $2,7 millones.
- Sergio Saravia Henríquez, también parte de la Dicomcar y condenado como cómplice de secuestros de profesores en 1985, seguía activo como subprefecto en 2002 antes de verse obligado a dejar las filas.
- Los oficiales Pedro Ramírez Gálvez y Carlos Riederer Saldías formaron parte de la dotación del helicóptero policial que sobrevoló el Colegio Latinoamericano de Integración durante el secuestro de Manuel Guerrero y José Manuel Parada (Caso Degollados).
- El general José Hernán Godoy Barrientos, con una pensión de $3,3 millones, se retiró en 2000 siendo jefe de Zona en la región donde los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay fueron secuestrados y desaparecidos en 1973. Aunque condenado, la Corte Suprema lo dejó libre por prescripción del delito.
- El mayor Alberto Medina Cárdenas fue procesado por la muerte del cantante peruano Percy Arana en 1984, absuelto del delito de violencia innecesaria.
- El teniente Leandro Plaza Perellano, líder de la patrulla que dio muerte a Cristián Garrido Queulo en 1983, tuvo su condena a cinco años de presidio remitido ratificada por la Corte Suprema en 2007.
El Caso del Exobispo Pablo Lizama y sus Múltiples Pensiones
Una de las aristas más recientes de la investigación sobre el fraude en Carabineros involucra al exobispo de Antofagasta, Pablo Lizama Riquelme, quien también ejerció como obispo castrense entre 1994 y 2004. Tras un informe de auditoría de Contraloría que daba cuenta de pagos improcedentes por $196 millones en reliquidación de pensiones de retiro y montepíos, se detectó que más de 300 personas recibían dobles pensiones.
Lizama Riquelme figura entre una muestra de 10 beneficiarios de dobles pensiones, obteniendo jubilaciones tanto de Dipreca como de Capredena. Según la Contraloría, percibe una pensión como coronel de Carabineros por $1,9 millones, como general de brigada del Ejército por $2,2 millones y una jubilación como profesor en Carabineros por $486 mil, sumando un total de $4,9 millones mensuales.
Inicialmente citado como testigo, el Ministerio Público decidió llamarlo nuevamente en calidad de imputado para que concurra con un abogado defensor. El diputado PS Leonardo Soto, quien presidió la comisión investigadora de las pensiones en Capredena, manifestó que "hay un error gravísimo en el cálculo de estas pensiones del arzobispo emérito, lo que generó que recibiera dos pensiones por los años de servicio. La fiscalía y la Contraloría deberán investigar a fondo si hubo negligencias o si hubo dolo en esto."
Además de Lizama, la fiscalía también citó a declarar a un general (R) de la Fuerza Aérea que recibe pensión de Dipreca y Capredena, como general y en su calidad de profesor en la caja previsional de Carabineros.
Propuestas Legislativas y Alcance de la Investigación
La investigación del Ministerio Público se centra en que a algunas personas se les sumaron los años de servicio en las dos cajas (Dipreca y Capredena), pagándose dos veces, lo cual, según la fiscalía, es incorrecto. Los años deben sumarse para calcular una única jubilación.
Una propuesta de reforma constitucional al artículo 62 busca que diputados y senadores pensionados bajo los sistemas de Dipreca o Capredena suspendan el pago de su pensión mientras perciban la dieta parlamentaria. El proyecto se fundamenta en la incompatibilidad entre la pensión de retiro y la remuneración estatal completa, evitando la acumulación de dos beneficios de distinta naturaleza.
Las autoridades han manifestado su compromiso con la investigación. El subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli, indicó: "vamos a entregar todos los antecedentes y ya hemos sido prácticos en esto, tras el convenio que firmamos con Contraloría. Sobre el oficio, lo recibimos y estamos recabando los antecedentes, que son bastante antiguos, pero apenas los tengamos se los enviaremos al fiscal."