La transición desde el criticado Sename hacia una nueva institucionalidad ha estado lejos de ofrecer la protección prometida a niños, niñas y adolescentes (NNA) en Chile. A pesar de los cambios legislativos y las promesas de grandes transformaciones, persiste una notoria discrepancia entre los discursos públicos y las prácticas institucionales, perpetuando una crisis que se extiende por más de un siglo.
La persistencia de una crisis histórica
El sistema de protección estatal tiene sus raíces en la década de 1920, cuando se instaló un modelo «moderno» que buscaba desplazar a la caridad tradicional mediante metodologías supuestamente racionales. Sin embargo, este sistema mantuvo una estructura basada en el asistencialismo y prácticas cercanas al encierro. La Ley de Menores de 1968 consolidó este enfoque, apoyándose en una red de privados subvencionados, una estructura que apenas ha sufrido variaciones significativas hasta la actualidad.
Durante décadas, el sistema ha enfrentado denuncias constantes por:
- Escasez de infraestructura y establecimientos públicos.
- Permanencia de niños en recintos de carácter carcelario.
- Insuficiente cobertura de los programas de protección.
- Continuos episodios de abusos y vulneraciones de derechos.
La brecha entre el discurso garantista y la realidad
La firma de la Convención de los Derechos del Niño en 1990 marcó un hito normativo, pero no transformó la estructura operativa. El Estado ha mantenido un rol subsidiario, donde la ejecución de programas depende de organismos colaboradores privados, convirtiendo la protección de la infancia en una gestión basada en subvenciones por niño atendido.
Organismos como la Defensoría de la Niñez, el INDH y el Comité de Derechos del Niño han certificado que las políticas actuales siguen fallando en su implementación. La crisis se manifiesta en:
- Programas ambulatorios deficientes: A menudo funcionan como antesala de la institucionalización, externalizando la responsabilidad estatal.
- Tiempos de espera judiciales: Las audiencias para medidas de protección pueden superar los tres meses, afectando la estabilidad del NNA.
- Falta de idoneidad: La alta rotación y la escasa capacitación de los profesionales en organismos colaboradores impactan negativamente en la calidad de la atención.
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Análisis del discurso institucional
Estudios sobre la comunicación estatal (2006-2014) revelan que el lenguaje utilizado por instituciones como el Sename o Junji refleja una visión tecnocrática y empresarial. El uso recurrente del término «clientes» para referirse a los niños y niñas es sintomático de un Estado que prioriza la gestión administrativa sobre el bienestar integral.
| Institución | Foco Discursivo |
|---|---|
| Sename | Gestión de programas y optimización de oferta. |
| Integra | Enfoque en párvulos como sujetos de derechos. |
| Junji | Enfoque asistencialista bajo el concepto de «párvulo». |
El desafío de un cambio real
La verdadera reforma requiere ir más allá de los cambios de nombre o las promesas políticas apresuradas. La sociedad civil y el Estado deben decidir cómo abordar la protección de la infancia desde una perspectiva de derechos humanos, donde el niño sea visto como un agente social y no como un objeto de intervención estatal.
Para superar esta crisis, es indispensable:
- Planificación ordenada y sin presiones políticas.
- Personal altamente capacitado y estable en el tiempo.
- Revisión constante de las medidas de protección y celeridad judicial.
- Eliminación de la lógica de «encierro» y fortalecimiento de vínculos afectivos para favorecer el apego.