La UNESCO, como agencia de las Naciones Unidas encargada de promover la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación al servicio de la paz y el desarrollo sostenible, moviliza su experiencia para impulsar la dignidad humana y las dinámicas de transformación a escala mundial. En este contexto, la organización aborda las situaciones de exclusión e inequidad educativa que, en cada territorio, están relacionadas con realidades demográficas, económicas y sociales particulares.
Para ello, las políticas educativas de cada país requieren un abordaje pertinente al contexto y la voluntad de los gobiernos para impulsar acciones desafiantes que movilicen el compromiso de diversos sectores y actores de la sociedad. La UNESCO comisionó al académico y escritor costarricense, Vernor Muñoz, el documento "El derecho humano a la educación de las personas con discapacidad: Una mirada a sus instrumentos normativos internacionales y regionales". En su informe, Muñoz, quien también es director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación y ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, analiza instrumentos normativos atinentes al derecho a la educación y los contrasta con las normas y realidades concretas de los países de América Latina.
Evolución del Marco Normativo para las Personas con Discapacidad
El derecho a la educación de las personas con discapacidad ha evolucionado conceptual y normativamente de manera paulatina. Inicialmente, predominaba el uso de términos que hoy se consideran estereotipados y peyorativos. Los enfoques médicos y asistenciales, característicos de los primeros instrumentos normativos sobre discapacidad adoptados entre los años cincuenta a ochenta del siglo pasado, abordaban la exclusión y discriminación sin considerar el peso de los prejuicios, estereotipos ni los contextos discapacitantes.
Un periodo de transición crucial se marcó en los años noventa del siglo XX con la Declaración de Salamanca y su Marco de Acción, junto con otros instrumentos relevantes. Este hito produjo un cambio sustantivo en la comprensión de la discapacidad, reforzando las ideas de inclusión y diversidad. Posteriormente, estas ideas retomaron fuerza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y el desarrollo del Modelo Social de la Discapacidad, que ahora sí contemplan la realización de plenos derechos, incluyendo el Compromiso de Cali de 2019.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Un Cambio de Paradigma
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) es el primer tratado de Derechos Humanos del siglo XXI. Establece que las personas con discapacidad son titulares de derechos y que los poderes públicos están obligados a garantizar el ejercicio pleno y efectivo de estos. Orientada por los principios de participación e inclusión, no discriminación e igualdad de oportunidades, la Convención consagra claramente los derechos a la inclusión educativa y laboral, a la vida independiente y a la participación en la comunidad.
El mismo concepto de discapacidad, según la Convención, centra la mirada en las barreras del contexto que interactúan con las deficiencias del individuo para dar como resultado la discapacidad. Se define a las personas con discapacidad como aquellas que "tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".
Importancia de los Instrumentos Normativos y Desafíos en América Latina
Los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos, especialmente los relacionados con el derecho a la educación de las personas con discapacidad, contienen principios y normas que establecen obligaciones fundamentales para los Estados. Estas obligaciones tienen efecto universal una vez adoptadas e incorporadas en la legislación interna, fijando los parámetros para desarrollar políticas públicas que aseguren el derecho a la educación de todas las personas, con o sin discapacidad, a quienes debe considerárseles titulares de este derecho humano desde el nacimiento hasta la muerte.
Además, las convenciones de derechos humanos han creado órganos competentes para vigilar el cumplimiento de estos derechos. Estos órganos juegan un papel importantísimo para interpretar y aclarar los contenidos de los instrumentos internacionales, así como para orientar a los Estados en las medidas necesarias para avanzar en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y, específicamente, su derecho a la educación.
Estadísticas y Brechas en la Educación Inclusiva
A pesar de los logros significativos, millones de personas se ven privadas de su derecho a la educación. A escala mundial, un adolescente, un niño y un joven de cada cinco está completamente excluido de la educación. Factores como la pobreza, el entorno, el género, la lengua, la discapacidad, el origen étnico, la religión, la migración o la situación de desplazado siguen dictando y limitando las oportunidades. Los niños discapacitados siguen siendo excluidos de las escuelas de forma desproporcionada.
La pobreza, en su sentido más amplio (económica, social, cultural), afecta a las personas con discapacidad de manera más brutal. El Proyecto de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021 estableció que las personas con discapacidad afrontan obstáculos generalizados para acceder a los servicios y presentan peores resultados sanitarios y académicos, un menor grado de participación en la economía y tasas más altas de pobreza que las personas sin discapacidad. Se estima que en 2008, 26 millones de personas con discapacidad intelectual vivían con menos de 1 dólar por día.
Para el caso de América Latina, las estimaciones de personas con discapacidad varían, con cifras de 140 millones (Organización Panamericana de la Salud: 2014) y 50 millones (Banco Mundial: 2009). En cuanto a la educación, solo el 25% de los niños y niñas con discapacidad tienen acceso a la educación y, de ellos, solo el 5% finaliza la educación primaria en América Latina y el Caribe. El Informe de seguimiento de la UNESCO de 2008 estimó que los niños con discapacidad que no van a la escuela constituyen entre el 30% y el 40% de los más de 72 millones de niños que no asisten a la escuela primaria. UNESCO indicó en 2009 que más del 90% de los niños con discapacidad en los países en vías de desarrollo no asisten a una escuela.
Estas cifras, aunque variables, son preocupantes e indican una seria contradicción con los compromisos de los Estados en materia de acceso a la educación sin discriminación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado su compromiso con la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, incluso en casos como el de Ximenes Lopes contra el Estado de Brasil, que abordó la discapacidad intelectual.
Recomendaciones para la Inclusión Efectiva
Para que las leyes y normativas se traduzcan en una realidad en el aula, Vernor Muñoz propone varias recomendaciones esenciales a los Estados:
- Ratificar los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos: Este paso es fundamental para incorporar sus principios y normas al derecho interno de manera programática, adaptando las normas internas desde una visión de política pública intersectorial e interseccional. Esto permite asegurar oportunidades educativas a todas las personas a lo largo de la vida.
- Aplicar el Diseño Universal para los Aprendizajes (DUA): La reforma legal, política y programática debe buscar la aplicación del DUA para eliminar las barreras al ejercicio del derecho a la educación inclusiva de calidad y para prevenir y abordar la violencia y el acoso escolar.
- Prohibir todo tipo de discriminación: Los Estados deben tomar medidas inmediatas para prohibir toda discriminación basada en discapacidad y en cualquier otra condición, incluyendo la proscripción del rechazo de personas con discapacidad en los sistemas educativos regulares o cualquier otra medida que impida su continuidad educativa.
La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien 1990), la Declaración de Salamanca (1994) y el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar 2000) han establecido la educación como un derecho universal. Sin embargo, pese a estas intenciones, las personas con discapacidad (niñas, niños, jóvenes y adultos) se ven alejados de la educación o enfrentan serios problemas para cumplir sus metas.
Discapacidad Intelectual y la Preparación para la Vida Adulta Independiente
La discapacidad intelectual se origina durante el periodo del desarrollo, manifestándose antes de los 18 años de edad. Se caracteriza por déficits en el funcionamiento cognitivo y adaptativo, expresados en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Ha sido abordada desde perspectivas biomédicas, psicoeducativas, socioculturales y de justicia. Las principales estrategias para su manejo incluyen la atención médica general, el tratamiento de afecciones concomitantes, el tratamiento de síntomas conductuales, la educación especial, la formación profesional y los apoyos comunitarios.
Para alcanzar una total inclusión socioeducativa, es necesario eliminar barreras para la participación y el aprendizaje desde diferentes contextos y proponer acciones educativas que se centren en el desarrollo de habilidades para una vida adulta independiente. La vida adulta es una etapa fundamental donde se sientan las bases del proyecto de vida. La "vida adulta independiente" se refiere a que la persona sea dueña de su propia vida, decidiendo sobre sus preocupaciones e intereses.
El apoyo y la defensa por parte de la familia son fundamentales para trabajar con las escuelas, ayudando a que comprendan las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. El liderazgo escolar es vital, con directores que creen en la inclusión y consideran a cada alumno como un miembro valioso de la comunidad escolar, dispuestos a aprender de los errores y a colaborar con las familias. El apoyo legal también es crucial para garantizar la financiación adecuada de las necesidades de apoyo. Profesionales como logopedas, que entienden cómo las personas con discapacidad intelectual perciben el mundo, juegan un rol clave en la experiencia positiva de la educación inclusiva. Casos como el de Adam, que desafía prejuicios y carencia de expectativas, demuestran el poder de la inclusión y la colaboración familiar y educativa.
La Campaña "Naveguemos por la Inclusión" de UNESCO
En la región de América Latina y el Caribe, habitan más de 8 millones de niñas y niños menores de 14 años con alguna discapacidad, y siete de cada diez no asisten a la escuela. Ante esta realidad, la UNESCO presenta la campaña de comunicación "Naveguemos por la inclusión". Esta iniciativa difunde recomendaciones elaboradas por la Organización para ayudar a autoridades, docentes y organizaciones de la región a responder a las necesidades educativas de las personas con discapacidad (PcD), visibilizar las dificultades que estas enfrentan para acceder a materiales educativos y potenciar su empoderamiento por medio de la formación abierta y a distancia.
La campaña se compone de videos, postales e infografías que ilustran los diferentes recursos educativos abiertos que facilitan la experiencia educativa de acuerdo con las distintas discapacidades: auditiva, motriz, visual, dificultad de aprendizaje y dificultad del habla. A su vez, invita a diferentes actores a utilizar dichos recursos, fomentarlos e incluirlos en los planes de estudio, con el objetivo de amplificar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando un primer paso hacia una inclusión sustantiva, verdadera e integral. El lanzamiento de "Naveguemos por la inclusión", que reunió a docentes, organizaciones, activistas y periodistas, subrayó el mensaje: "La tragedia no es la discapacidad, es la exclusión." A través de la educación, la ciencia y las plataformas digitales, se busca crear una cultura de paz y mayor tolerancia hacia las personas con discapacidad.
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