El sistema de adopciones en Chile, gestionado principalmente por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y posteriormente por el Servicio Mejor Niñez, ha enfrentado históricamente una serie de desafíos y controversias. Estos van desde la ambigüedad legal hasta la falta de recursos, afectando directamente la vida de miles de niños, niñas y adolescentes, así como la de sus familias biológicas y adoptivas.
Contexto y Marcos Regulatorios
Los documentos oficiales del Sename contienen información relevante de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran tanto en centros de administración directa del Servicio como en residencias de organismos colaboradores. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Menores han implementado acciones para el Servicio Mejor Niñez. Una iniciativa importante fue la Primera Consulta Nacional a niños, niñas y adolescentes de Centros residenciales: “Mi derecho a ser escuchado”.
La Ley de Adopción y sus Implicancias
Según la Ley de Adopción 19.620, para que un menor sea declarado como candidato a la adopción, un Tribunal de Familia debe haber realizado una investigación que determine situaciones como la cesión del niño al Sename u organismo colaborador, el abandono, o la inhabilidad parental de sus progenitores cuando estos vulneran los derechos de sus hijos. Posteriormente, se debe citar a los familiares hasta el tercer grado de parentesco para corroborar que ninguno es apto para el cuidado del niño.
Sin embargo, la ley que en Chile regula los motivos por los que un juez puede solicitar la susceptibilidad de adopción de un niño es muy ambigua. La patria potestad puede retirarse a un progenitor tanto por razones físicas como “morales”, dos categorías muy amplias. Un ejemplo de esto es el caso de una pareja de la Región de Aysén a la que un juez le quitó a sus hijos por “razones físicas” debido a que ambos progenitores habían contraído SIDA en su juventud. Otro caso documentado menciona a un juez que se negó a entregar un niño a su padre biológico por razones “morales”, siendo la única falta del padre, según el juez, ser “perfeccionista”.
Irregularidades en los Procesos de Adopción
Aunque la justicia indaga cientos de adopciones irregulares ocurridas hasta 2004, muchas realizadas durante la dictadura, una extensa investigación hecha por periodistas europeos y chilenos muestra que los casos de padres que han sido despojados ilegalmente de sus hijos siguen ocurriendo en el país. CIPER ha publicado adelantos de este trabajo periodístico, centrado en cuatro casos de adopciones irregulares concretadas en 2024, 2021, 2011 y 2004, y en hogares que han sido objeto de denuncias permanentes.
Los padres afectados siempre son pobres, a menudo madres solteras. Sus hijos ingresan a hogares donde se les prohíbe visitarlos y son dados en adopción, muchas veces a parejas extranjeras, sin comprobar si hay otros familiares que puedan hacerse cargo de ellos, como exige la ley. La exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ha denunciado varios casos de adopciones irregulares entre 2018 y 2023, señalando patrones repetidos y procesos viciados donde los padres biológicos no tenían ninguna posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos.
Casos Emblemáticos
El Caso de Isabel Araya
El caso de Isabel Araya Soto no figura entre las miles de adopciones ilegales que se produjeron en Chile hasta 1990. Su hija María José fue entregada en adopción en 2011, en plena democracia. Isabel vivía en Chile Chico, Región de Aysén, y tras la denuncia de su ex-pareja por abandono, sus cuatro hijas fueron llevadas a hogares. La menor, María José, de solo 2 años, fue al Eleonora Giorgi, un hogar manejado por monjas y acreditado por el Sename. Este hogar cerró tras testimonios de decenas de madres que en 2014 denunciaron públicamente irregularidades en el proceso de adopción de sus hijos, la mayoría de los cuales fueron entregados a parejas europeas.
Isabel relata que, desde la primera visita, María José reaccionó mal, gritándole que ella no era su madre y que tenía otros padres esperándola. Después de dos años de audiencias judiciales, Isabel recuperó a tres de sus hijas, pero María José fue dada en adopción. “No entiendo cómo es posible que el Estado chileno me considere apta para la custodia de tres hijas y de otra, no. No tiene ningún sentido. Y no creo que sea casualidad que me quitaran a la hija menor: a esa edad es mucho más fácil que la adopten”, relata Isabel.
El Relato de Marcela
Marcela, de 28 años, tuvo tres hijos. Fue víctima de violencia intrafamiliar y en 2014 su primer hijo, Lucas, fue internado en un hogar, donde recibió presiones para darlo en adopción. En 2017, su segunda hija, Paz, ingresó al Hogar de Niños San José de Talca después de que Marcela intentara suicidarse. A pesar de sus esfuerzos por recuperarla (dejó a su pareja, encontró trabajo y un hogar), la llegada del COVID-19 complicó las visitas, reduciéndolas a videollamadas. Aunque Marcela participó activamente, informes indicaron “falta de comunicación”. La Corte de Apelaciones de Talca declaró a la niña susceptible de adopción, tomando en cuenta argumentos del Sename que no consideraron un informe favorable del abuelo ni los argumentos de la defensa de Marcela.
El Caso de Claudio Haro
Claudio Haro, soldador de 43 años, es otro de los padres de Aysén que denuncian irregularidades. La adopción de sus tres hijos se concretó en noviembre de 2024. Su pesadilla comenzó en 2019, cuando una vecina lo denunció por una discusión con su pareja. A pesar de un informe psiquiátrico que lo consideraba apto para criar a sus hijos y de los esfuerzos de su pareja por mejorar su situación, en 2021 se enteraron de una audiencia para declarar a sus hijos susceptibles de adopción. Hasta octubre del año pasado, los niños seguían inscritos bajo sus apellidos en el Registro Civil, pero la adopción se concretó sin que se les comunicara a los padres el destino de sus hijos.
Patrones de Operación
El relato de Isabel y otros casos investigados revelan patrones repetidos: las visitas de los padres son arbitrariamente prohibidas, los encargados del hogar describen a los padres ante los funcionarios del Sename o el tribunal de familia como personas que no quieren ver a sus hijos. Luego, se les impide todas las visitas y contactos. Las madres, desorientadas y angustiadas, sin recursos para asistencia legal, chocan con las puertas de los hogares y los tribunales. El abogado Lorenzo Avilés, quien defendió a Isabel, explica que el plazo legal para declarar el abandono por parte de un progenitor es muy corto: solo dos meses y 30 días si el niño tiene menos de un año. Él sugiere que este es un “método establecido” donde los hogares informan que los padres no visitan a sus hijos para declarar el abandono lo más rápido posible, debido a un supuesto “interés en encontrar niños para adoptar”.
Impacto de la Edad en la Adopción
El 68% de los niños bajo protección del Sename tiene más de ocho años de edad. Por esta razón, el Estado no iniciará el trámite que los declara adoptables, lo que a menudo resulta en que la mayoría de estos menores permanezcan institucionalizados de por vida. Carlos Soto, psicólogo de la Unidad de Adopción del Sename, señala que, a mayor edad de los niños, menor es la posibilidad de encontrar padres interesados en su adopción. "Aunque la ley establece que se pueden iniciar causas hasta los 18 años, en la práctica nosotros vemos que esto no es posible".
Yanett Maldonado, asistente social y evaluadora externa del Sename, explica: “El Sename ha ido promoviendo la adopción de niños mayores, pero para la institución la adopción de niños mayores son cinco o seis años. A los niños de ocho prácticamente ni siquiera se les hace trámite de susceptibilidad de adopción, porque no hay familias postulantes para niños grandes”. María Elena González, directora ejecutiva de FADOP, comenta que su fundación no trabaja con niños mayores de seis años, ya que es muy complejo encontrar padres interesados en adoptar menores de esa edad.
María Fernanda Galleguillos, jefa del Departamento Nacional de Adopción del Sename, reconoce: “No todas las familias están dispuestas a hacerse cargo de niños mayores o con alguna dificultad”. En el último Anuario Estadístico del Sename de 2015, de 510 adopciones concretadas, 62 corresponden a niños de ocho años y más, lo que equivale al 12% del total de menores adoptados.
Institucionalización y sus Consecuencias
La Ley N° 16.618, creada en 2004, indica que la permanencia de un niño en una residencia no debe superar el año y debe ser revisada cada seis meses. Sin embargo, esto rara vez se cumple debido a la falta de personal y la dilación en los tiempos de respuesta de organismos como el Registro Civil o el Servicio Médico Legal, que pueden tardar hasta seis meses en enviar un solo papel. La jueza Luz María Barceló del 4° Juzgado de Familia de Santiago añade que los informes de los hogares del Sename también se retrasan, demorando hasta seis meses, el doble de lo legal.
El daño que puede generar permanecer tantos años viviendo en residencias es directamente proporcional al tiempo que los menores permanecen en el sistema de protección, aclara Érika Villalobos, asistente social del Departamento de Adopción del Sename. Los niños institucionalizados durante mucho tiempo desarrollan lazos que consideran su familia. Otros, por malas decisiones judiciales, son entregados a familiares que no se hacen cargo y terminan delinquiendo.
Convivencia con Menores Infractores
Rommy Lindemann, asistente social evaluadora externa del Sename, señala que los menores vulnerados en sus derechos que no son adoptados y que han delinquido y tienen menos de 14 años se van a los CREAD (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa). Lo más grave es que hay niños de más de 14 años que han cometido delitos, han estado en centros de reclusión y, al cumplir su sentencia, son derivados por los jueces a protección y llegan a los CREAD con “conductas de cárcel”.
Rodrigo Godoy, egresado de Fundación Mi Casa, vivió 12 años en la institución y relata episodios de violencia, como el incendio de una habitación por parte de compañeros que habían estado castigados por robo. Violeta Lara, quien vivió en un hogar desde los ocho años, recuerda haber convivido con compañeras que robaban o abusaban de otras niñas. Estos hechos se suman a reportajes de CIPER que, tras la muerte de un joven en un centro de reclusión juvenil en 2013, mostraron el nivel de violencia y la portación de armas al interior de los centros del Sename.
La falta de claridad en las rutas que siguen los niños dentro del sistema del Sename es un factor clave en esta convivencia. Las fiscalizaciones de 2014 y 2015 revelaron "reparos por la carencia de mapas de procesos donde se definan las responsabilidades y plazos", así como la "falta de registro sistemático de los niños/as en ADOPSEN" y desorden en las carpetas con el historial de los menores. Al no poder distinguir si un menor de 14 años ha delinquido o no, estos terminan mezclados con quienes no han sido adoptados.
Preparación para la Vida Independiente
El Programa de Preparación para la Vida Independiente comienza después de que el adolescente cumple 15 años y una vez que el Sename haya comprobado la imposibilidad de vincularlo con familiares. Sin embargo, Matías Orellana, quien pasó 15 años en un hogar y creó la Fundación de Egresados de Casas de Menores (ECAM), critica el programa, afirmando que los planes de preparación comienzan días antes de egresar y consisten solo en charlas sobre la vida fuera del hogar. Muchos egresados no están preparados educacional ni emocionalmente, y carecen de una red de apoyo familiar.
Costos y Organismos Involucrados
El proceso de adopción en Chile es gestionado gratuitamente por el Sename y por la Fundación Mi Casa, que solicita un "aporte voluntario" a las instituciones extranjeras. Sin embargo, la revisión de páginas web de institutos franceses e italianos acreditados por el Sename muestra costos significativos. Vincenzo Starita, vicepresidente de la CAI, la autoridad central italiana en adopciones internacionales, declara que el costo aproximado de todo el proceso oscila entre 10 mil y 16 mil euros (entre $10 millones y $16 millones chilenos), dependiendo de la fundación.
Los organismos colaboradores autorizados por el Sename en Chile incluyen la Fundación Chilena de la Adopción (FADOP), Fundación San José, Fundación Mi Casa y el Instituto Chileno de Colonias y Campamentos. Expertos coinciden en que lo más difícil de probar, y el motivo que extiende el proceso de declaración de adopción, es la inhabilidad parental, lo que puede tardar 16 meses en promedio.
Investigación y Desafíos Judiciales
A nivel local e internacional, el escándalo de las adopciones irregulares que tuvieron lugar en Chile hasta 1990 fue denunciado en numerosas ocasiones, llevando al Poder Judicial a abrir una causa a cargo del ministro Alejandro Aguilar. Sin embargo, esta investigación solo se ocupa de casos ocurridos hasta 2004. Para las denuncias de hechos posteriores, no hay ningún tipo de organismo estatal o comisión que las esté investigando como "causa única".
“Es responsabilidad de los jueces y de los consejeros técnicos que tuvieron a la vista todos esos informes, sin que les hiciera ruido lo que estaba pasando. Es responsabilidad de nosotros como unidad no haber llegado a tiempo ni visto las alarmas que el sistema nos daba. No habernos coordinado con los directores de los centros”, señala Carlos Soto, psicólogo del Sename.
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