La vida dentro de los centros penitenciarios chilenos presenta realidades complejas, especialmente para las mujeres privadas de libertad y sus hijos. Un ejemplo de esta situación es el caso de Jeanette Villar, una joven boliviana detenida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín desde agosto de 2016 por tráfico de drogas. Su hija menor cumpliría dos años el 10 de abril de 2018, fecha que marcaba un punto crítico: la normativa del programa de Gendarmería para la reclusión de mujeres lactantes estipula que, a esta edad, el menor debe dejar el penal y a su madre.
Este abrupto final del apego madre-hijo, que a menudo resulta en una separación definitiva si no hay familiares externos que se hagan cargo, representa un escenario devastador. En el caso de Jeanette, al ser extranjera y no contar con una red de apoyo en Chile, su hija enfrentaba el peor de los destinos: el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Para evitar esta situación, la Defensoría Penal Pública, en colaboración con profesionales de Gendarmería, contactó a una hermana de Jeanette en Bolivia. Esta hermana viajó en diciembre para hacerse cargo de su sobrina, a quien nunca había visto. Actualmente, madre e hija llevan diez meses sin verse. Jeanette tramita su libertad condicional y su única esperanza es reunir fondos para que su hermana pueda traer a la niña de visita.
Aumento de la población penitenciaria femenina y sus hijos
Las cifras de Gendarmería revelan una tendencia preocupante: en los últimos 10 años, la población penitenciaria femenina ha aumentado en un 40%, alcanzando las 3.508 mujeres privadas de libertad. De ellas, un impactante 95% tiene hijos. Al 30 de junio de 2019, en todo Chile, había 478 mujeres embarazadas o con hijos en cárceles. De este total, 281 eran mujeres con lactantes, 193 embarazadas y 4 embarazadas con hijos lactantes.
Marco legal y realidad en los penales
La disposición que permite a las mujeres estar con sus hijos durante su periodo de privación de libertad se encuentra en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios de 1998. El artículo 19 de esta norma establece la obligatoriedad de contar con espacios adecuados para el cuidado pre y post-natal, así como para la atención de hijos lactantes de las internas. En lugares sin estos centros, las internas deben permanecer en dependencias separadas del resto de la población penal.
Sin embargo, en la práctica, el sistema presenta importantes dificultades. Los niños viven bajo un régimen de reclusión similar al de sus madres, lo que implica encierros de hasta 18 horas diarias. En verano, esto puede significar que lactantes permanezcan en módulos con temperaturas superiores a 30 grados, en espacios reducidos. La convivencia también se ve afectada por la escasa tolerancia al llanto de niños ajenos entre las reclusas, lo que complica el manejo de las angustias tanto de madres como de menores.
Aunque el programa "Creciendo Juntos" ya no retira el cuidado personal a la madre como ocurría antes, cuando el alcaide del penal tenía poder de decisión sobre el niño, las mujeres pierden la posibilidad de participar activamente en los procesos de educación y cuidado de la salud de sus hijos. Si un niño enferma o necesita un control pediátrico, no puede ir con su madre; termina yendo acompañado por un gendarme.
"Muchas veces la primera palabra de los niños no es 'mamá', es 'paco' o 'cabo'", comentan Sandra Haro y Claudia Castelletti, abogadas de la Defensoría Penal Pública.
El niño como herramienta de disciplina y aislamiento
Las abogadas Haro y Castelletti señalan que la presencia de los niños en los penales, en ocasiones, se convierte en un arma de disciplina. "Muchas veces se amenaza a las mujeres con el retiro de sus hijos cuando hay alteraciones del orden. Si te portas mal, hay una amenaza permanente de quitarles al hijo", afirman.
Existen casos de mujeres que, debido a su maternidad, terminan viviendo bajo un régimen de aislamiento. Un ejemplo reciente ocurrió en el penal de Magallanes, donde una mujer dominicana con un hijo lactante, al ser la única en esa condición, fue ubicada en un sector especialmente habilitado, quedando aislada y con contacto limitado únicamente con la gendarme que la custodiaba.
"La visión de la DPP es que el régimen carcelario para las mujeres debe tener un componente de género. Así se ha incorporado en el trabajo de defensa penitenciaria", añade Haro.
La precariedad legal de las madres privadas de libertad
El quiebre que se produce entre las internas y sus hijos al cumplir estos dos años revela la precariedad legal en la que se encuentran muchas mujeres privadas de libertad. A menudo, enfrentan procesos familiares sin un abogado que las represente, ya que la Defensoría Penal Pública las asiste en materia penal, pero no en asuntos familiares.
"Somos 600 mujeres en este penal. La mitad tenemos hijos. Yo no veo a mis mellizas desde hace dos años, están al cuidado de mis hijas mayores. No porque estemos presas dejamos de ser madres", expresa Wanda Romero, una interna del penal de San Joaquín.
Recientemente, se firmó un convenio entre Gendarmería y la Corporación de Asistencia Judicial, promovido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para subsanar la falta de asistencia legal en temas de familia.
Mesas de trabajo y convenios para abordar la problemática
Ante la complejidad de la reclusión de mujeres con menores, en mayo se lanzó una mesa de trabajo intersectorial. Esta mesa, liderada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, incluye a representantes del Ejecutivo, del Poder Judicial, de la sociedad civil, organismos internacionales y la academia. El objetivo es diagnosticar la situación y elaborar propuestas.
En esta instancia participan 22 organizaciones, incluyendo la Defensoría Penal Pública, ACNUDH, Junji y el INDH. Se han fijado diez reuniones de trabajo, y se espera que antes de noviembre haya una propuesta concreta. El convenio entre Gendarmería y la Corporación de Asistencia Judicial es considerado un primer paso significativo.
Se han identificado al menos nueve puntos críticos, desde problemas de infraestructura en los penales hasta el acceso a la salud y conflictos de coordinación institucional. Se presta especial atención a la situación de mujeres migrantes y adolescentes embarazadas, por ser sectores especialmente vulnerables.
El rol de los profesionales en el sistema de justicia juvenil
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) busca establecer un sistema penal diferenciado para menores, enfocado en su desarrollo. Sin embargo, los expertos consultados critican el nivel de especialización en la práctica. Se enfatiza la necesidad de que jueces, defensores y fiscales estén capacitados en criminología, la Convención de Derechos del Niño y las características de la adolescencia.
Gonzalo Berríos, académico, señala que la especialización es una formación permanente que va más allá del conocimiento legal, abarcando aspectos criminológicos y psicológicos. Explica que en la Defensoría Penal Pública hubo abogados dedicados exclusivamente a defender adolescentes, lo que permitía un mejor conocimiento del sistema.
Por otro lado, se destaca la falta de sensibilidad y especialización en derechos humanos y aspectos psicológicos. Se considera crucial que la especialización se extienda al personal no jurídico que asesora tribunales y ejecuta medidas, así como al personal de instituciones donde los jóvenes están privados de libertad.
Desafíos en la reinserción social y prevención del delito
Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, afirma que la LRPA parece dar resultados en términos de menor involucramiento de niños y jóvenes en actividades delictivas y tiende hacia la reinserción. Sin embargo, advierte que el discurso de un supuesto aumento en la delincuencia juvenil está influenciado por la estrategia de bandas criminales y el narcotráfico, que involucran a menores en delitos violentos.
"Los narcotraficantes involucran niños para cooptar a la comunidad", explica Sánchez. "Cuando una comunidad tiene un hijo o un sobrino metido con un narcotraficante en una banda criminal, se coarta en cooperar con las autoridades porque claramente el niño está secuestrado".
Se observa un aumento sostenido en el uso de medidas cautelares como la "internación provisoria" (similar a la prisión preventiva) en materia penal adolescente. Existe un principio de excepcionalidad de la privación de libertad de los jóvenes, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley.
Sandra Rivera, Magíster en criminología, señala que el seguimiento de los jóvenes en el sistema público es deficiente, con periodos que no superan los seis meses o un año, y a menudo se limita a llamadas telefónicas. La lógica del sistema incentiva la rápida "egreso" de los jóvenes de los programas, lo que dificulta una reinserción a largo plazo.
Carlos Alvear, excomisionado para la infancia del Sename, critica la falta de programas especializados para desincentivar conductas delictivas y la escasa sistematización con órganos como el Senda, especialmente en casos de adicción a las drogas.
Reforma al sistema de justicia juvenil
Actualmente, se debate en el Congreso un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Los expertos consultados coinciden en que el texto aborda algunas de las críticas al sistema actual, pero consideran que no es suficiente. El proyecto se estructura en tres ejes principales.
Berríos advierte sobre el "populismo penal" y la posibilidad de que la reforma no sea lo suficientemente informada, con aumentos de penas y rigidez en las posibilidades de integración social para adolescentes condenados.
Alvear, por su parte, cree que la reforma será un cambio positivo y que va bien encaminada, aunque lamenta la pérdida de tiempo. Sin embargo, se pregunta si el sistema propuesto tendrá la capacidad de responder a nuevas formas de criminalidad adolescente, como la "violencia política" y el "narco fascismo".
Rivera considera que la reforma establece mayores formas de supervisión y la inclusión de organizaciones civiles. No obstante, señala que el éxito dependerá de la voluntad política del gobierno de turno.