El Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo del Estado de Chile encargado de los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha sido objeto de severas críticas e investigaciones debido a un sistema que, según diversas voces, se encuentra "en estado terminal". Las revelaciones han expuesto fallas estructurales, negligencia, abusos y un preocupante caos estadístico en la gestión y protección de los menores.
Casos Emblemáticos: Rostros de una Tragedia
La cruda realidad dentro del Sename se ha hecho visible a través de historias como la de Guillermina, una adolescente de 16 años, quien en agosto de 2012 falleció por ahorcamiento en el Centro de Protección Alborada. Guillermina llegó al centro "a medio vestir" y con dinero a las 04:19 de la mañana, traída por un policía. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Una vez calmada, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue trasladada a un hospital para determinar el tipo de sustancia que la tenía en ese estado y estabilizarla, ni para un chequeo completo tras llegar a medio vestir. La única lesión documentada, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó y su muerte se registró como un "egreso" más del sistema, un término que equipara el fin de la vida de un niño con su escape de un centro o su reinserción familiar.
Otro caso que detonó la crisis por los fallecimientos fue el de Lissette, de 11 años. Pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, después de que la Justicia decidiera a los 5 años que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo, debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, Lissette escribía cartas a su madre pidiéndole regresar a casa. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia y una fuerza que a veces ni cinco cuidadoras podían contener.
El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, las cuidadoras confundieron una grave crisis de Lissette con otra de sus "pataletas". Según el testimonio de una de ellas, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar. Cuando intentaron levantarla, se desvaneció. La cuidadora afirmó que "es parte de la pega que lo que no es normal pasa a ser normal", lo que explica por qué no se le dio la importancia debida a la situación. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos. Cuando se percataron de la gravedad, intentaron reanimarla, buscaron bomberos y llamaron a emergencias, pero Lissette ya había fallecido. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
Formalización por muerte de Lissette: Sename es excluido como querellante | 24 Horas TVN Chile
El Caos Estadístico y la Realidad Oculta
La falta de claridad sobre el número de menores fallecidos bajo la tutela del Estado es un problema recurrente. Un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, reveló que 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef indicó que la cifra de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor a la informada por Justicia. El gobierno chileno aclaró que su cifra solo incluía a menores del área de "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados, mientras que el sistema también atiende a niños infractores de la ley.
Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename entre 2010 y 2014 arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 de la lista de Justicia para ese período, darían un total de 395. Sin embargo, incluso para las autoridades, el número oficial no parece confiable. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. El diputado Saffirio afirma que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Investigación de la PDI y Hallazgos Alarmantes
Un informe de la PDI, que abarcó 240 centros en 28 tomos y fue entregado directamente a las autoridades en junio de 2018, reveló hallazgos que, según Saffirio, de haberse conocido antes, habrían impedido la aprobación de un aporte adicional de 10.000 millones de pesos a los Organismos Colaboradores de Sename (OCAS). Entre sus principales revelaciones:
- El 88% de los centros son privados.
- El 45% de los centros no cumple con los estándares mínimos del Sename.
- El 73% no tiene protocolos de prevención de suicidios.
- El 77% no tiene protocolo ante desajustes conductuales.
- El 72% no tiene protocolo ante la muerte de niños.
- El 88% de las residencias registra abuso físico, maltrato y abuso sexual.
Además, el 83% del personal no cumple con el perfil exigido, el 35% carece de la cantidad mínima de educadores de trato directo, y el 66% no tiene formación para administrar medicamentos durante el día (84% en la noche). Alarmantemente, el 59% de los abusos (físicos, psicológicos o sexuales) fueron cometidos por los propios trabajadores encargados del cuidado de los menores.
Causas de Muerte y Sobremedicación
Según información del Servicio Médico Legal solicitada por el diputado Saffirio, las causas de muerte son variadas y sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, menores fallecidos por golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento. Muchas autopsias determinaron la causa como "indeterminada", un factor que ha generado gran controversia.
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que esta adolescente estaba "sobremedicada". Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en las dosis que recibía, actuaba como antipsicótico en lugar de estabilizador del ánimo. Además, estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que la mayoría no tienen efecto demostrado en niños o pueden causar efectos adversos como agresividad e irritabilidad.
El abogado Francisco Estrada, experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es "generalizada". La mayoría de los menores requieren medicación, y el senador Alejandro Navarro señaló que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado".
La Responsabilidad del Estado y el Rol del Poder Judicial
Saffirio ha sido presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno sobre las irregularidades del Sename y presentó un informe con 200 medidas urgentes, "ninguna de las cuales se ha cumplido". El diputado ha renunciado a su partido por "falta de apoyo" en la investigación de una segunda comisión sobre las muertes de menores.
La investigación del Poder Judicial y Unicef sobre las condiciones de vida de 15.000 niños bajo protección estatal en Chile reveló una extendida presencia de abuso sexual y violencia. Cada vulneración de derechos estaba ligada a un fallo o renuncia de los organismos que deben proteger a estos niños: el Sename y el Poder Judicial. En 2011, una encuesta del propio Sename a 4.000 niños residenciales mostró que más de 200 reportaron tocamientos genitales y más de 150 fueron obligados a tocar partes íntimas de otras personas. A pesar de estos hallazgos, el seguimiento y las denuncias a la fiscalía fueron mínimas.
La Comisión Jeldres, encabezada por la jueza Mónica Jeldres e integrada por otras magistradas y la doctora Paulina Gómez, junto con la socióloga Carolina Bascuñán de Unicef, detectó la presencia constante de abuso sexual, a veces cometido por guardadores o, en su mayoría, por otros jóvenes internos. En Aldeas Infantiles SOS, por ejemplo, "un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor". También se registró violencia física y verbal, y castigos como el encierro o privación de alimentos.
La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, criticó la lógica institucional que lleva a los jueces a cerrar causas de niños enviados a hogares, asumiendo que el problema se solucionó, cuando la internación no es una solución definitiva. Argumentó que los jueces están obligados por convenios internacionales a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, incluyendo la atención psiquiátrica, y si la autoridad no cumple, se le debe decretar multa o arresto. Estas "jornadas de transferencia técnica" fueron suspendidas cuando el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, intervino la comisión.
Acusación de Tráfico de Órganos y la Respuesta Oficial
En el contexto de esta crisis, el diputado Saffirio ha realizado acusaciones que han generado fuertes reacciones. El subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, acompañado por la directora nacional del Sename, Susana Tonda, se refirió a la petición de renuncia que el parlamentario hizo al Ministro de Justicia y DDHH y al Fiscal Nacional.
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Ossa afirmó que el informe de la PDI al que se refería el diputado "jamás ha sido entregado a nuestro Ministerio ni al Sename", calificando de "falso su ocultamiento". Añadió que la PDI y el Ministerio Público confirmaron que dicha información no había sido recibida por el Ministerio y que se entregaría próximamente como insumo. Además, el subsecretario enfatizó que el Sename publica en su web los fallecimientos e informa mensualmente a seis comisiones del Congreso, y el Ministerio de Justicia cada tres meses.
Respecto a la imputación específica de tráfico de órganos, Juan José Ossa la consideró "delirante". Si bien reconoció que el Sename tuvo graves problemas en el pasado, sostuvo que "de ahí a sostener lo anterior existe un trecho gigantesco". El subsecretario retó al diputado a "poner los antecedentes a disposición de la justicia" si existiera tal situación, advirtiendo que, de no hacerlo, significaría que "o bien ha faltado a la verdad o es él quien oculta información".
Propuestas de Solución y el Futuro del Sename
Expertos como Francisco Estrada proponen una solución basada en tres pilares: unidades polivalentes con personal dedicado y niños adecuadamente medicados; el objetivo de que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y la violencia; y una defensa jurídica adecuada para los menores. Estrada insiste en que el incentivo para las instituciones privadas, que atienden a la gran mayoría de los niños del Sename, debe ser inverso: premiar por los egresos vía adopción o reinserción, en lugar de mantener a los niños indefinidamente para no perder subvenciones.
Estela Ortiz coincide en que los niños son internados "por pobreza" y que existe una "estigmatización de la pobreza". Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y crear dos nuevos servicios: el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente y el Servicio de Protección a la Niñez, esperando que esta transición se concrete antes de 2019. Sin embargo, "los niños no pueden esperar".
El diputado Saffirio ha denunciado que los partidos políticos en la comisión investigadora priorizaron la "defensa corporativa" de autoridades y el "lobby" de los organismos colaboradores que reciben subvenciones anuales, impidiendo que el informe final reflejara la magnitud de las "aberraciones" y asignara responsabilidades objetivas.
El "servicio está técnicamente muerto", según Saffirio, y la actual directora solo "administra una crisis terminal". La deuda histórica del Estado de Chile con la niñez y adolescencia es innegable, con un 50% de los adultos privados de libertad habiendo pasado alguna vez por el Sename. Se hace urgente que el país reaccione y asuma la responsabilidad para generar cambios profundos.