El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, el organismo estatal encargado de la protección de niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha sido objeto de diversas investigaciones que revelan una profunda crisis y una sistemática violación de los derechos de los menores bajo su tutela.
Casos Emblemáticos de Negligencia y Vulneración
El Caso de Guillermina: Una Tragedia Evitable
La situación crítica del Sename se ha manifestado en tragedias como la de Guillermina, una adolescente de 16 años. A las 04:19 de la mañana, fue traída por un policía al Centro de Protección Alborada del Sename, a "medio vestir" y con dinero. Según consta en la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur del país, Guillermina se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla. Tampoco se le realizó un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama "egresos" de su sistema. Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia. Este caso parece no ser una excepción en un sistema que está "en estado terminal", según las propias palabras de María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
El "Factor Lissette" y la Visibilización de la Crisis
Actualmente, existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename, considerados los casos más "críticos" por Ortiz, sin incluir los otros programas que dependen del Servicio. Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas pero sorprenden por su grado de violencia. Entre ellas se encuentran lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), un menor muerto por un golpe en la cabeza al caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
En la lista de muertes, una causa "indeterminada" fue precisamente la que detonó la crisis por los fallecimientos: la de Lissette Villa. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella. La evaluación del Sename incluye maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa, llegando a expresar: "Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá".
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, estas pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas". Sin embargo, la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Cuando una cuidadora trató de levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. Según el testimonio de una de las cuidadoras, "ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar".
Ni ella ni su compañera, a cargo de las 20 niñas de esa casa, tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, intentaron reanimarla, fueron a buscar a los bomberos que estaban a una cuadra, llamaron a las enfermeras y al servicio de emergencia. Pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. María Estela Ortiz ha declarado que "la institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual".
Fue la entonces directora del Sename, Mariela Labraña, quien comunicó a la prensa el fallecimiento de Lissette, atribuyéndoselo a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la fue a ver el domingo. La explicación fue considerada tan poco satisfactoria como ética y terminó costándole el puesto.
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename en el Congreso, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno salió a aclarar, entonces, que la cifra solo incluye a los menores del área de "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no están capacitadas para hacerse cargo, según lo determina un juez de familia, a diferencia de la segunda parte del sistema que recibe a niños infractores de la ley.
Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Ortiz. El diputado Saffirio denuncia que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Saffirio fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno que fiscalizó las irregularidades del Sename y el año pasado presentó un informe con 200 medidas urgentes, de las cuales "ninguna se han cumplido", según él. Recientemente, renunció a su partido por "falta de apoyo" en la investigación. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, afirma no tener "ninguna confianza en las cifras", ya que "es posible que esté replicada la información" si un niño ingresó a distintos programas y murió, siendo contabilizado como egreso en todos ellos. La directora actual del Sename, Solange Huerta, no estuvo disponible para entrevistas.
Problemas Estructurales y Sistémicos en el Sename
Sobremedicación y Atención de Salud Deficiente
"Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada", ha declarado a BBC Mundo el psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette. El médico asegura que se le estaba suministrando un fármaco (benzodiazepina) que en la cantidad que se le daba a Lissette actúa como antipsicótico, y que la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Por el contrario, otro de los fármacos que tomaba Lissette, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables", explica el psiquiatra.
Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". Añade que el stock está "en cualquier parte", cualquiera lo manipula y hay problemas graves con la dosificación, pues "los adolescentes ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua". La situación es grave, considerando que, como dijo el senador Alejandro Navarro, el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica especializada. Esta realidad se agrava porque "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", según Estrada.
Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente. Sin embargo, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave. Ortiz explica que hay "pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay".
Un Sistema que Estigmatiza la Pobreza
María Estela Ortiz enfatiza que "este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen". Por primera vez, a partir de una seguidilla de muertes cuestionadas, esos niños comenzaron a tener rostro. Ortiz también cuestiona: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Hallazgos Lapidarios: El Informe de la PDI
En 2017, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un lapidario informe que investigó 240 hogares de menores, concluyendo que "el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela". En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. La muerte de la pequeña Lissette Villa (abril de 2016) conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero "eso no pasó". El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
Detalles y Contexto del Informe de la PDI
CIPER accedió a este informe de 257 páginas, el cual es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette. El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio de 2019, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo.
Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, ya que el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
La Cadena de Informes y la Inacción Institucional
El documento de la PDI es el último eslabón de una "cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años". En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el Informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero la situación de los menores ha persistido.
La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
Tipos de Vulneraciones Graves Detalladas por la PDI
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital". Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, "para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital".
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, con un total de 310. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema". Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Incumplimiento de Protocolos y Fiscalización Deficiente
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, que son nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, el informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Preocupante Situación de Salud y Discapacidad
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: el 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. El 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta afirmación es sorprendente: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud". Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos". Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: "El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación."
Propuestas de Solución y el Futuro del Sename
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva al problema:
- Necesidad de unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle.
- El segundo pilar tiene que ver con que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño". Estela Ortiz coincide en este punto, señalando la "estigmatización de la pobreza".
- Por último, Estrada plantea que es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Acá existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema. "Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. El problema, sin embargo, es que "los niños no pueden esperar".
