La explotación infantil es una grave vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que, en Chile, ha sido abordada por diversas instituciones, entre ellas el Servicio Nacional de Menores (Sename) y su sucesor, Mejor Niñez. Comprender la definición y el alcance de este fenómeno es crucial para su erradicación.
Definición y Alcance del Trabajo Infantil y la Explotación Sexual Comercial
Según explicaciones del Seremi del Trabajo y Previsión Social, Claudio Villanueva, en 2016, el trabajo infantil de menores de 15 años es considerado una infracción gravísima al código laboral. Los empleadores que incurren en esta práctica se exponen a multas que van desde las 10 a las 60 UTM por cada trabajador, dependiendo del tamaño de la empresa.
La regulación del trabajo adolescente (15-17 años) considera labores que no perjudiquen su salud, no dificulten su educación y asistencia a clases, no requieran fuerza excesiva y prohíbe absolutamente el trabajo en cabarets y locales de expendio de bebidas alcohólicas, así como locales de funcionamiento nocturno, con la excepción de aquellos donde únicamente trabajen miembros de la familia y los menores se encuentren bajo la autoridad de uno de ellos.
A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que unos 218 millones de niños y niñas trabajan. Sin embargo, no todos los niños y niñas que trabajan se encuentran vulnerados en sus derechos. La OIT define el trabajo infantil preocupante como aquel "peligroso" o "intolerable" porque afecta el pleno ejercicio de los derechos de los NNA. En sus formas más extremas, los niños son separados de sus familias, expuestos a graves peligros o abandonados en la calle. En Chile, un estudio del Sename y la OIT estimó en 3.719 los NNA utilizados en explotación sexual comercial infantil.
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)
En nuestro país se ha desarrollado una estrategia de trabajo intersectorial, a través del Primer, Segundo y Tercer Marco contra la Explotación Sexual Infantil. En el año 2004, el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la OIT publicaron un diagnóstico sobre la prevalencia de la ESCNNA en el país, que dio cuenta de 3.719 casos de NNA en explotación sexual. Solo durante 2011, el Sename atendió a 1.168 NNA víctimas de explotación sexual, quienes fueron sometidos a estas prácticas en el comercio sexual callejero o a través de la producción de pornografía en el ámbito del turismo.
Según los datos del Sename, durante el año 2019, los 18 proyectos de Protección Especializada de Explotación Sexual (PEE) atendieron a 1.477 niñas, niños y adolescentes. De ellos, la gran mayoría eran de sexo femenino, entre 14 y 17 años, y de nacionalidad chilena. Cualquier ciudadano que conozca alguna situación de explotación sexual debe activar los mecanismos de denuncia, con el fin de que la justicia investigue y entregue protección a las víctimas.
El Rol del Estado y los Desafíos en la Protección de la Infancia
Más de un centenar de menores de edad que debían estar bajo tutela del Estado, en centros del Sename y ahora en residencias de Mejor Niñez, aparecen como víctimas de explotación sexual comercial. Sus casos están relatados en 98 querellas interpuestas por el Programa Mi Abogado, de la Corporación de Asistencia Judicial. Hasta el 18 de febrero pasado, el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) había presentado 98 querellas por Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) que se encontraban bajo tutela del Estado, en hogares del ex Sename o en residencias de la actual entidad Mejor Niñez. Son 115 los menores que figuran como víctimas en estas acciones judiciales.
La denuncia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre un nuevo caso ocurrido en una residencia de su comuna administrada por Mejor Niñez, ha vuelto a poner al centro del debate si la creación de Mejor Niñez es la solución para los graves abusos que han sufrido los menores bajo el sistema del Sename.
Transición de Sename a Mejor Niñez
CIPER comparó el personal que trabajaba en el Sename en su último mes de funcionamiento -septiembre del 2021- con el personal de Mejor Niñez en su primer y cuarto mes desde su puesta en marcha. María Pilar Villarroel, jueza del Tercer Juzgado de Familia, asegura que el Estado tiene el deber de contratar personal especializado, no de capacitar al personal antiguo. Dentro de los principales cambios implementados por el nuevo servicio se encuentra la reconversión de los centros masivos en residencias familiares más pequeñas, donde ahora el límite de NNA que habitan el lugar fluctúa entre 10 y 15 personas. Desde el servicio señalan que el propósito de estas residencias es entregar una atención más personalizada que permita acompañar de mejor forma a los NNA. Una de las soluciones que ha ofrecido el nuevo servicio es la reducción del volumen de NNA en los hogares, mediante la instalación de Residencias de Vida Familiar. La directora de Mejor Niñez explica que estos lugares tienen un tope de 15 menores y cuentan con 27 profesionales de distintas áreas.
Reportajes 24: Sename, el infierno infantil | 24 Horas TVN Chile
Problemas Persistentes en el Sistema de Protección
Desde 2012 hasta 2021, la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) contabiliza 77 víctimas de ESCNNA bajo el cuidado del Estado. El número se dispara a 545 si se consideran los delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil.
Si bien los abandonos de las residencias son una de las causas más comunes de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado, también existen casos intra residenciales. En 2020 se detectó que ocho adolescentes abandonaban con frecuencia la residencia del Sename en la que vivían en Antofagasta y, mientras se encontraban afuera, terceros que rondaban el hogar las forzaban a actos de carácter sexual a cambio de dinero y drogas. En 2021, en el sur del país, la situación se repetía para otras dos jóvenes.
La coordinadora nacional del Programa Mi Abogado (PMA), Verónica Pincheira, considera que la capacitación de los funcionarios que trabajan en las residencias es clave para prevenir los abandonos y la consecuente vulneración de los derechos de los NNA. Sobre este mismo punto, la directora de Mejor Niñez, María José Castro, afirma que el nuevo servicio pondrá énfasis en la capacitación y especialización de los profesionales que trabajan con los niños, niñas y adolescentes.
La magistrada Jeldres se mantiene crítica respecto a los avances del servicio. “En materia de salud mental la oferta es inexistente. En el acuerdo nacional por la infancia se ha comprometido, entre otras cosas, la creación de Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva (UCRI), pero aún no se han creado”. La directora de ONG Raíces, Denisse Araya, explica que el trabajo en salud mental es crucial porque las menores han vivido vulneraciones desde que nacieron y han normalizado estas situaciones. Patricia Muñoz es tajante al afirmar que “el Estado no ha sido capaz de priorizar y atenderles en el ámbito de la salud. Muchas veces los abandonos están asociados directamente a temas relacionados con el consumo de drogas o por situaciones que afectan a su salud mental”.
Los funcionarios están sobrepasados, están teniendo los mismos problemas de maltrato y hay denuncias de abuso sexual y violación. Desde 2014 hasta 2019, dos menores de edad fueron víctimas de abuso sexual, producción de material pornográfico y explotación sexual comercial en una Residencia para Lactantes y Preescolares (RLP) de Hualpén. En la misma comuna, pero en otra RLP, la situación se repitió para otros dos niños entre junio de 2018 y febrero de 2020.
Obstáculos en la Persecución Penal
De las 98 querellas que ha presentado el Programa Mi Abogado, solo una registra formalizados. A juicio de Patricia Muñoz, esta deficiencia se debe al trabajo de la Fiscalía y de las policías, que ejecutan las diligencias que los fiscales instruyen. La magistrada María Pilar Villarroel también apunta hacia la capacitación de las policías y del Ministerio Público. Otro factor que impide mejorar la persecución penal es que el relato de la víctima suele ser insuficiente para que la Fiscalía proceda con la formalización. El comisario Castro cuenta que a veces los NNA prefieren no denunciar ni ser partícipes de los procesos investigativos.
Otra dificultad es que el delito de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes no está contemplado como tal en el Código Penal. Lo que está tipificado es la promoción o facilitación de prostitución infantil. Y, según explica la jueza Villarroel, ese delito “tiene una pena más baja y es mucho más difícil de probar”. En el Ministerio Público no cuentan con cifras que permitan dimensionar el problema. “Acá hay un desafío para el Ministerio Público de indagar la explotación sexual comercial con mucha mayor profundidad, hay un desafío país, y también desde la prevención del delito, de evitar que este tipo de comportamientos se produzca”.
Causas del Trabajo Infantil
La OIT, UNICEF y la oficina de la UNESCO en México exhortan al país a centrar su atención en el acceso a una educación de calidad de todas las niñas, niños y adolescentes como factor clave en la lucha contra el trabajo infantil.
- Situación de pobreza: La pobreza en las familias impide que dispongan de los recursos necesarios para comprar alimentos, ropa, acceder a una vivienda, a sanidad o a educación, llegando incluso a dejar los estudios.
- Tráfico de niños: Muchos menores son explotados en fábricas e industrias debido a la pobreza de los países en vías de desarrollo y la necesidad de mano de obra barata.
- Abandono infantil: Cuando los niños están solos tienen que buscar un trabajo para sobrevivir. En ocasiones, estos menores no acompañados se ven convertidos en esclavos sexuales, trabajadores forzosos o incluso en niños soldado. Esto resulta común en contextos de conflicto y huida, en los que muchos niños se quedan huérfanos o se pierden en el caos de la huida.
- Falta de acceso a educación: Los niños que no pueden acceder a educación tienen más probabilidades de convertirse en víctimas de trabajo infantil.
- Trabajo doméstico y de cuidados no remunerados: Sigue habiendo un impacto importante del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan niñas, niños y adolescentes como consecuencia de la pobreza infantil. Estos trabajos suelen ser en cuidado de hermanos u otros adultos del hogar (personas mayores o discapacitadas). Son las niñas y adolescentes mujeres que asumen en gran mayoría estas responsabilidades (según evaluación de organismos internacionales 65% y 35% son varones).
Contexto Histórico y Global del Trabajo Infantil
El trabajo infantil no es un fenómeno nuevo. En la primera mitad del siglo XIX, los huérfanos tan pronto como cumplían los 4 años eran vendidos por los orfanatos a los jefes de cuadrilla de limpia chimeneas; también era legal "capturar" niños sin hogar y obligarles a mantener un régimen de esclavitud.
Una sucesión de leyes sobre trabajo infantil, las llamadas Factory Acts, se aprobaron en el Reino Unido en el siglo XIX. Los niños menores de nueve años no podían trabajar, los de 9 a 16 años podían trabajar 12 horas al día según la Ley de fábricas de algodón. En 1856, la ley permitía el trabajo infantil después de los 9 años, durante 60 horas a la semana, de noche o de día.
Igualmente está demostrado que cuando los menores de edad trabajan en condiciones que afectan el ejercicio de sus derechos, con frecuencia son explotados al no recibir salario o porque las jornadas de trabajo son usualmente extensas. El trabajo de menores también afecta la educación al generar deserción escolar.
Situación en América Latina: Perú y Venezuela
Pese a que la Ley 27337 en Perú establece que el trabajo recién se permite desde los 14 años, hacia el año 2019 más de un millón de menores de edad trabajaban en el país, alrededor del 88 % en el área rural y agrícola, una cifra equivalente al 17.6 % de niños del país. Se detectan situaciones de trabajo infantil a partir de los 8 años en Perú y a partir de los 11 años estas actividades compiten fuertemente con la continuidad educativa.
En Venezuela, los niños y adolescentes enfrentan una alta vulnerabilidad al trabajo infantil, exacerbada por la precaria situación económica que los obliga a abandonar sus estudios para contribuir al sustento familiar. Esta problemática es destacada en un comunicado de la central de trabajadores ASI Venezuela, emitido con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
El trabajo infantil en Venezuela es una problemática acentuada en las zonas fronterizas con Colombia y en el Arco Minero del Orinoco. Los niños, debido a su tamaño, son los encargados de meterse en hoyos para extraer el material, trabajando en cuclillas, sin camisa y cubiertos de barro. Carlos Trapani, de la ONG Cecodap, describe el trabajo infantil en las minas como desarrollado bajo las peores condiciones, con riesgos de accidentes, enfermedades endémicas y otras formas de violencia como explotación y abuso sexual.
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