La protección de los derechos y el bienestar de las personas mayores es una prioridad fundamental en cualquier sociedad. En Chile, existen mecanismos legales diseñados para salvaguardar los intereses de aquellos que, debido a su edad o condiciones de salud, pueden enfrentar dificultades para administrar sus propios bienes o tomar decisiones importantes. Uno de estos procedimientos clave es la interdicción judicial, una declaración que busca proteger a la persona mayor designando a un curador.
Además de la interdicción, el Poder Judicial chileno ha desarrollado guías y protocolos para garantizar un acceso a la justicia digno y adecuado para las personas mayores, asegurando que su interacción con el sistema legal sea respetuosa y comprensible.
Acceso a la Justicia Adaptado para Personas Mayores
Garantizar el acceso a la justicia para las personas mayores es fundamental. Para ello, es indispensable que la información entregada sea clara, sin tecnicismos innecesarios y en un lenguaje respetuoso. Los tribunales están promoviendo materiales impresos, con letra legible, así como señaléticas y apoyo personalizado cuando se requiera.
La Guía Práctica del Poder Judicial
Como parte de la labor del subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, encabezado por la ministra Jessica González, y con el apoyo técnico de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH), se elaboró la Guía Práctica de Aplicación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores.
Este documento, elaborado por el Poder Judicial, entrega orientaciones prácticas para jueces, juezas y funcionarios/as, con el fin de mejorar la atención a las personas mayores en los tribunales. Recoge las recomendaciones del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores aprobado por la Corte Suprema y se elaboró con apoyo técnico del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). La iniciativa se enmarca en el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos (2022-2025), impulsado por el Estado de Chile.
Mejoras en la Infraestructura y Atención
La guía propone mejoras en la infraestructura de los tribunales, de modo que sean espacios seguros, cómodos y accesibles, contemplando medidas como rampas antideslizantes, señalética clara y módulos de atención preferente. El documento fue diseñado para jueces, juezas y funcionarios judiciales, entregándoles pautas prácticas de atención hacia las personas mayores.
La Interdicción Judicial: Protección Legal de Bienes
El servicio de interdicciones voluntarias es fundamental para aquellos que desean proteger los bienes e intereses de una persona que por distintas razones no puede hacerlo, especialmente por razones de salud o edad. Este procedimiento tiene por objetivo privar a una persona de la administración de sus bienes porque no cuenta con las facultades mentales mínimas, designando a un curador para ejercer dicha acción.
¿Qué es la Interdicción y por qué se necesita?
La interdicción es un proceso judicial que priva a una persona de su capacidad legal para ejercer sus derechos y obligaciones. Es un mecanismo de protección que busca salvaguardar a quienes no pueden valerse por sí mismos, evitando que sean víctimas de engaños, estafas o que pongan en riesgo su patrimonio de forma involuntaria.
El objetivo principal es declarar que la persona sea declarada interdicta y se le prive de la administración de sus bienes, nombrándose un curador, que es la persona que asumirá la administración de los bienes del interdicto y velará por su bienestar.
Tipos de Interdicción en la Legislación Chilena
La legislación chilena contempla diferentes tipos de interdicción, según la causa que motive la incapacidad de la persona:
-
Por Demencia o Discapacidad
Es el tipo más común. Se aplica a personas que tienen un estado habitual de demencia o una discapacidad mental que les impide administrar sus asuntos. El estado de demencia no necesita ser permanente; incluso con intervalos de lucidez, se puede solicitar la interdicción si la condición es habitual.
-
Por Disipación (Prodigalidad)
Se aplica a quienes demuestran una total falta de prudencia en la administración de sus bienes, malgastándolos de forma irresponsable. Este proceso es más largo y complejo, ya que busca proteger a la persona de sí misma.
-
De Sordomudos
Aplica a sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente por escrito y han llegado a la pubertad.
El Proceso de Interdicción Paso a Paso en Chile
El proceso de interdicción sigue una secuencia rigurosa, y cada etapa es crucial para el éxito de la solicitud. En total, el proceso puede tomar entre 3 a 5 meses aproximadamente, dependiendo de los tiempos específicos de cada etapa, la celeridad de los tribunales, de los diarios para las publicaciones y del Conservador.
EL ESTADO DE INTERDICCIÓN
Paso 1: Certificación de Discapacidad (COMPIN y Registro Civil)
Antes de iniciar cualquier trámite judicial, se debe obtener la certificación de la discapacidad mental, un documento indispensable que valida la condición del futuro interdicto. Este proceso se realiza a través de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
- Reunir los documentos: Es fundamental contar con informes de especialistas (neurólogos, psiquiatras o geriatras) que detallen el diagnóstico, la evolución de la enfermedad y el grado de dependencia.
- Presentación y Evaluación: La solicitud se presenta en la oficina de la COMPIN o de forma online. La comisión revisará los antecedentes y emitirá una Resolución de Calificación de Discapacidad, un documento oficial que acredita la condición.
- Inscripción: Con la resolución, se inscribe a la persona en el Registro Nacional de la Discapacidad del Servicio de Registro Civil e Identificación para obtener la Credencial de Discapacidad. Este es un paso clave que su abogado requerirá para iniciar la demanda.
- Certificado de discapacidad del Registro Civil: El solicitante debe presentar el certificado de discapacidad del Registro Civil.
Paso 2: El Procedimiento Judicial
El juicio de interdicción es un procedimiento voluntario que busca que el tribunal declare la incapacidad. Este proceso legal se inicia con la presentación de la solicitud de interdicción en el Juzgado de Familia correspondiente al domicilio del interdicto.
-
Presentación de la Demanda
Un abogado patrocinante, en representación de la persona autorizada (cónyuge, pariente, etc.), presenta una demanda judicial ante el Juzgado Civil que corresponda al domicilio del interdicto. El escrito debe ser detallado, incluir los motivos legales y la proposición del curador. La duración estimada de esta etapa es de 1 a 2 semanas, dependiendo de la carga de trabajo del tribunal.
Posteriormente, el tribunal revisará los antecedentes y la documentación proporcionada. Si la solicitud es clara y se cumple con los requisitos, se procede a dar curso a la demanda y se cita a audiencia. Esta revisión y análisis de la solicitud puede durar de 3 a 6 semanas.
-
Examen y Evaluación del Interdicto
El tribunal citará a una audiencia para evaluar la condición de la persona. El juez puede interrogarla para determinar su estado mental. Es probable que se le pregunte en qué año estamos, quién es el presidente, cuántos hijos tiene, entre otras preguntas que servirán para evaluar su estado. Deben participar de la audiencia dos parientes. En casos extremos, el juez puede visitar el domicilio para constatar el estado de la persona.
-
Sentencia de Interdicción
Si se cumplen todos los requisitos y se acredita la demencia o discapacidad, el juez emitirá una sentencia que declara la interdicción y designa a un curador definitivo. La sentencia especificará las responsabilidades y facultades de esta persona. La resolución y designación del curador suele tomar de 3 a 4 semanas.
-
Inscripción y Publicación
Para que la interdicción sea oponible a terceros, se debe inscribir la sentencia en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces. Además, se debe publicar un extracto de la sentencia en un periódico de circulación nacional o local, mediante tres avisos. La publicación puede durar alrededor de 3 semanas.
Si el interdicto cuenta con inmuebles, se debe realizar la inscripción de la resolución de interdicción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Este trámite dura de 1 a 2 semanas.
Designación y Obligaciones del Curador
El curador es la figura central de la interdicción, y la ley le asigna una serie de responsabilidades cruciales. Esta persona debe ser de confianza y estar dispuesta a aceptar el rol.
¿Quién puede ser Curador?
La ley chilena establece un orden de preferencia para la designación, buscando a la persona más idónea y de confianza.
-
Curaduría Legítima
Se prefiere al cónyuge no separado judicialmente. En su defecto, a los descendientes (hijos, nietos), y a falta de ellos, a los ascendientes (padres, abuelos).
-
Curaduría Dativa
Si no existen las personas anteriores, el juez designará al curador que considere más idóneo.
Al iniciar el proceso, se requiere una propuesta de curador que incluya el nombre y antecedentes de la persona sugerida.
Obligaciones Cruciales del Curador
Una vez designado, el curador no puede simplemente comenzar a administrar. Debe cumplir con ciertos requisitos legales:
- Confeccionar el Inventario Solemne: Esta es una obligación legal. Se trata de un documento detallado que lista de manera exhaustiva y precisa todos los bienes, derechos y deudas del interdicto. Si el interdicto posee bienes inmuebles, la venta posterior de estos puede ser declarada nula si no se ha realizado un inventario solemne.
- La Caución: El curador debe constituir una fianza o caución para garantizar el buen manejo de los bienes del interdicto, aunque este requisito puede ser eximido en ciertos casos por el tribunal.
Responsabilidades Fundamentales
El curador está obligado a administrar el patrimonio de forma transparente y en el mejor interés del interdicto. Sus principales responsabilidades son:
- Administración de Bienes: Gestionar las finanzas, pagar deudas, cobrar arriendos y tomar decisiones prudentes para proteger los activos, siempre con la autorización del tribunal para actos de mayor relevancia.
- Cuidado Personal: La responsabilidad va más allá de lo financiero, incluyendo el velar por el bienestar general y la salud del interdicto.
Aspectos Prácticos y Recomendaciones para la Interdicción
Costos y Tiempos Estimados
Los costos asociados al proceso de interdicción voluntaria pueden variar. Generalmente, incluyen:
- Publicación diario: Los valores pueden oscilar bastante dependiendo en qué diario se publique, pueden variar entre 20.000 a 200.000 CLP aproximadamente.
- Inscripciones: Dependerá de si existen o no inmuebles, pero aproximadamente debería ser 50.000 CLP.
Considerando los tiempos de cada etapa descrita anteriormente, el proceso completo de interdicción voluntaria suele tomar entre 3 a 5 meses. Sin embargo, este plazo puede extenderse dependiendo de cuán rápido funcionen las instituciones involucradas.
Errores Comunes y Recomendaciones
Algunos errores frecuentes durante el proceso de interdicción voluntaria incluyen:
- Documentación incompleta: No presentar toda la documentación requerida puede causar retrasos. Revise los documentos necesarios cuidadosamente y asegúrese de incluir todos los detalles.
- Falta de comunicación con el curador propuesto: Es crucial que el curador esté completamente informado y de acuerdo con su rol antes de la presentación de la solicitud.
- Subestimar el tiempo de proceso: La interdicción puede llevar tiempo, por lo que es recomendable iniciar el proceso con antelación, especialmente si existe una condición de salud que podría empeorar.
Recomendaciones adicionales:
- Consulta con un abogado especializado: Esto es especialmente útil para evitar errores y asegurar que se cumplan todos los requisitos legales.
- Mantén un registro de los documentos y fechas importantes: Esto facilitará el seguimiento del proceso y le ayudará a responder rápidamente ante cualquier requerimiento del tribunal.
- Comunicación abierta con familiares: Informar a los familiares cercanos sobre el proceso puede ayudar a evitar malentendidos y fomentar un ambiente de apoyo.
Apoyo y Asesoría Legal Gratuita
La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)
Para el patrocinio de un abogado o abogada, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) proporciona el apoyo de forma gratuita a personas de escasos recursos que no cuenten con los medios suficientes para costearlos.
El trámite de solicitud de orientación o información está disponible durante todo el año en el sitio web y oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). Para obtener más información, haga clic en "Enviar consulta". Como resultado del trámite, habrá solicitado orientación o información.
Para acceder al patrocinio gratuito, la CAJ realiza una evaluación socioeconómica por intermedio de un o una asistente social, quien determinará si la persona puede ser representada judicialmente por un o una profesional de la CAJ. Como resultado del trámite, habrá solicitado la asesoría.
La CAJ Metropolitana tiene competencia sobre las regiones de Metropolitana, O'Higgins, Maule y Magallanes.
