La Trágica Historia de Daniela Belén Vargas Vargas
Origen y Entorno Familiar
Daniela Belén Vargas Vargas tenía 13 años, era oriunda de Chiloé y se encontraba bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename). Su historia es un claro ejemplo de las deficiencias del sistema, ya que Daniela murió a manos del Estado, a la espera de un trasplante de corazón que nunca llegó.
Daniela pasó sus últimos meses de vida en la capital de Castro, específicamente en un domicilio ubicado en la población Salvador Allende. Llegó ahí por una orden del Juzgado de Familia y se encontraba bajo el amparo de Ginette Fuentes, una guardadora que la cuidó durante ocho meses. Fuentes la describió en un reportaje de La Estrella de Chiloé como "una niña muy carismática, cariñosa, amorosa, pero lo que más tenía ganas ella era de vivir".
Antes de llegar a Castro, la adolescente había vivido con una tía en Dalcahue y con su madre y abuela en Caguach. Sin embargo, luego de que se constataran abusos sexuales por parte de su entorno familiar, el Sename decidió trasladarla al hogar de su última cuidadora. De acuerdo a La Tercera, la familia de la niña intentaba recuperar su tutela, que estaba "prácticamente lista para que su hermana se la llevara a Caguach", según explicó Fuentes. No obstante, debido a su enfermedad, prefirieron dejarla en Castro para que pudiera atenderse de mejor manera.
La Enfermedad y la Decisión Médica Fatal
La adolescente padecía miocardiopatía dilatada, una condición que le generaba accidentes vasculares constantes. Dada su grave situación, Daniela tuvo que viajar a Santiago de urgencia y fue derivada a un hospital de la Red de Salud UC Christus, de la Universidad Católica.
La única opción que tenía para vivir era un trasplante de corazón que, lamentablemente, no se le concedió. El Comité de Ética de la Red de Salud UC Christus no la incluyó en la lista de espera para el trasplante debido a su "precariedad familiar, social y personal", una decisión detallada en un informe del propio recinto hospitalario. Al ser dada de alta, Daniela tuvo que regresar a Chiloé en un trayecto por tierra de más de 15 horas. Dos semanas después, el 13 de abril de 2015, murió de un infarto cardíaco en el Hospital Augusto Riffart de Castro.
Si bien las razones de su muerte son conocidas y fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación, poco se conoce de su compleja historia personal.
La Crisis Sistémica del Sename Revelada por el Informe PDI
El Contexto de la Investigación y Muertes de Menores
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió profundamente al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos y vulneraciones contra niños y adolescentes en los hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal.
A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se les mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette.
El fiscal Emilfork señaló que "hay casos relacionados también con las líneas de protección ambulatorias que también hemos ido asumiendo en la investigación". Explicó que "al inicio de la investigación enfrentamos un número público de 185 casos (de fallecimientos de menores) que después, a nuestros requerimientos, se amplió a 1.313". Además, el fiscal regional a cargo del caso Sename, ha incluido otros casos en conjunto con la fuerza de tarea de la PDI, más allá de que estén o no incorporados en la resolución del Fiscal Nacional. A juicio del persecutor, "los antecedentes son suficientemente graves como para poder impulsarla de manera mucho más potente y priorizada en este momento". Consultado respecto de eventuales responsabilidades de personeros de la Red Salud UC Christus, el fiscal fue categórico en manifestar que investigarán "absolutamente todas las responsabilidades que puedan existir".
Caso Sename: Ordenan diligencia en 31 nuevos casos no denunciados a la justicia
Hallazgos Alarmantes del Informe de la PDI
Una conclusión lapidaria del informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, es que "El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela". Este documento, accedido por CIPER, es un resumen de una extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 existentes, ya fueran con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas; solo una se negó a recibirlos.
Los hallazgos fueron estremecedores: en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual. Lo grave es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes". El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, que el año pasado constató una violencia sistemática tras visitar solo cuatro residencias. El informe policial, al considerar 240 centros de un total de 241 en todo el país, da cuenta de la situación de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación sistemática de derechos se ha cometido en todos los hogares administrados directamente por el Sename.
Desglose de las Vulneraciones y Fallas Estructurales
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital". Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, "para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital".
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo; por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, del área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizando un total de 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". Adicionalmente, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema". Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Incumplimiento de Protocolos y Deficiencias en Atención
Fallas en Protocolos y Fiscalización
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, que son nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". Los resultados de esta deficiencia son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto es particularmente grave, ya que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la responsabilidad de fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan, pero la evidencia sugiere fallas en este aspecto. El informe de la policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, los centros del Sename deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Problemas de Salud y Administración de Fármacos
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. Un 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital, y otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta afirmación es sorprendente: 42 centros no tienen un encargado de salud. De los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario; en 55 de ellos, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud". Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Reacciones Políticas, Otros Casos y Perspectivas
La Revelación del Informe y las Negaciones
Tras la denuncia del diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe de la PDI, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento. Declaró: "El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación". A juicio del parlamentario -quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename-, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado.
El Impacto de la Crisis y Otros Casos
Esta realidad, que poco se conocía, llegó hace unos meses a remover el piso político y social cuando se supo de 185 niños que perdieron la vida cuando estaban bajo la "protección" del Sename. El caso de Daniela Vargas Vargas no es el único. Por ejemplo, Camila, de 14 años, es portadora de VIH con presencia de candilomatosis y estaba en espera de atención, pese a ser una paciente con riesgo vital. Su caso no fue considerado suficientemente urgente, y el Servicio de Salud de su comuna no dio respuesta positiva a su internación, lo que llevó a que ninguna unidad de corta estadía la recibiera sin iniciar tratamiento para el VIH. En este contexto, la Unidad de Corta Estadía de su comuna simplemente no respondió y otra opción de Corta Estadía manifestó que no podía incluirla puesto que no estaba al alcance geográfico de cobertura.
El senador Alejandro Navarro interpuso un recurso de protección en Concepción a favor de una menor de 15 años que intentó suicidarse. Tras esto, se pidieron medidas precautorias que fueron ejecutadas por el Servicio de Salud Concepción, logrando encontrarle una cama para atención de adolescentes con un resultado positivo de intervención. El senador afirma que "hay más casos".
En tanto que el tema sigue sin perder su lugar en la agenda, aún Daniela y Camila seguirán esperando una cama en algún hospital que las atienda, mientras están en curso las interpelaciones a la ministra Javiera Blanco para determinar responsabilidades y poder solucionar los temas de fondo del servicio. Asimismo, se planifican estudios a los directores regionales para ver su desempeño, y la sociedad se mantiene molesta por la falta de preocupación.
Desafíos y Ejemplos de Resiliencia
El psiquiatra Mosca, con experiencia de 3 años en el Centro Metropolitano Norte de Til Til, especializado en niños infractores de la ley del Sename, y otras experiencias, comprendía la situación más a fondo que aquejaba a los niños que llegaban de la institución. Durante su experiencia entre 2008 y 2013 en la Unidad de Corta Estadía UDAC, que ayuda a niños con enfermedades psiquiátricas graves y de la línea penal juvenil, vio casos de éxito y otros de fracasos. Según Mosca, "algunos casos tienen que ver con la estructura delictual del entorno donde viven. Ahí es más difícil mover los paradigmas".
Para Mosca, las políticas públicas no han sido las adecuadas: "El problema está en que a estos niños se les ha invisibilizado, ocultado y aislado, sin una ayuda real". Pese a ello, sí se puede provocar un cambio positivo, ya que "un niño tiene una capacidad enorme de resiliencia y de salir adelante si se le dan las oportunidades", cuenta Mosca. Casos positivos de cambios y reinserción existen, como el de Bastián. En 2008 lo internaron por primera vez en un centro del Sename, donde su principal diagnóstico era una fuerte dependencia a las drogas. Lo que más llamaba la atención es que vivía casi en un estado salvaje desde su niñez, desvinculándose totalmente de su familia a los 8 años para ir a vivir bajo un puente. Aunque fue difícil, durante dos años vivió entre desintoxicaciones, fugas de centros y recaídas a las drogas, por lo que su caso se estableció como de "alta complejidad". En otras regiones, el médico explica que no hay levantamientos de casos porque no existen mecanismos que permitan detectarlos.