La Problemática de los "Cuidadores de Autos" Ilegales
En medio de crecientes denuncias por cobros indebidos y situaciones de violencia en espacios públicos, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión de un proyecto de ley que busca sancionar el ejercicio ilegal de cuidadores de vehículos en las calles del país.
Según los parlamentarios que impulsan el proyecto, muchos de estos cuidadores operan en zonas controladas por mafias, donde se exige dinero a los automovilistas sin prestar un servicio real. En algunos casos, los conductores pagan por temor a represalias, lo que genera un ambiente de inseguridad. La propuesta legislativa apunta a recuperar los espacios públicos, garantizar la seguridad de los automovilistas y establecer un marco regulatorio que permita distinguir entre quienes ofrecen un servicio legítimo y quienes se aprovechan de la informalidad para ejercer presión.
La situación actual se agrava debido a que, en la actualidad, las infracciones cursadas -ante los Juzgados de Policía Local- por este tipo de actividad quedan en su gran mayoría sin efecto por su difícil cobro. El diputado Longton explicó que las actuales multas fijadas en las ordenanzas municipales no sancionan la conducta ilegal, porque nadie las paga. Además, el presidente de la comisión y autor de una de las iniciativas, Cristián Araya, argumentó que grupos organizados o mafias se dividen territorialmente las calles y piden el pago por adelantado para cuidar los vehículos.
Un ejemplo concreto de la gravedad de esta problemática fue un incidente en La Serena, donde un cuidador de autos fue detenido por destruir el parabrisas de una conductora, tras negarse esta a pagar una propina.
La Iniciativa Legislativa en Discusión
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados comenzó el análisis del proyecto que busca imponer cárcel o multa a quienes ejercen el oficio de acomodador o cuidador de vehículos en forma ilegal. Esta iniciativa corresponde a dos mociones parlamentarias refundidas (boletines 17405 y 17539).
El texto pretende sancionar a quien de forma ilegal realice cobros por asistir maniobras de estacionamiento o por prestar el servicio de vigilancia de vehículos en bienes fiscales o de uso público, concesionados o no. De esta manera, el texto determina una sanción de presidio menor en su grado mínimo (entre 61 y 540 días) o multa de hasta cinco Unidades Tributarias Mensuales (346 mil pesos aproximadamente) a quien ejerza funciones de guía en las maniobras de estacionamiento, detención o partida.
Ahora, el proyecto legislativo establece penas de reclusión menor, que van de 60 a 540 días, o multas entre 10 y 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), para quienes realicen cobros por ayudar a estacionar o vigilar vehículos sin autorización, ya sea en espacios fiscales o concesionados. Las sanciones equivalen actualmente a montos que oscilan entre 689.000 hasta 3.446.000 pesos de castigo.
Debate Parlamentario y Visiones Diversas
Durante la discusión del texto, se manifestaron distintas posturas entre los legisladores. El diputado Longton explicó que las actuales multas fijadas en las ordenanzas municipales no sancionan la conducta ilegal, porque nadie las paga. Por su parte, el presidente de la comisión y autor de una de las iniciativas, Cristián Araya, coincidió que se debe "recuperar el control territorial de las calles".
En una opinión diferente, la diputada Maite Orsini consideró que cobrar por estacionar autos no merece un reproche penal, sino sólo una sanción administrativa o multa. En esa misma línea, la diputada Alejandra Placencia aseguró que la idea matriz del proyecto es una materia ya regulada. Agregó que con esta iniciativa no hay posibilidad de distinguir entre personas naturales y bandas criminales, por lo que rechazó el proyecto.
El Rol de los Municipios y su Perspectiva
El debate también ha puesto sobre la mesa el rol de los municipios, ya que diversos legisladores han señalado que el control del estacionamiento debe quedar en manos municipales, con cuidadores acreditados y fiscalizados, de modo que los recursos ingresen a las arcas comunales, aunque no necesariamente son las funciones de los parquímetros. Sin embargo, no todas las municipalidades cuentan con ordenanzas claras sobre esta materia, y los servicios de parquímetros no cubren toda la extensión de las ciudades, lo que ha generado un vacío normativo que permite la proliferación de prácticas abusivas.
¿Qué es el Proyecto de Cuidadores?- Alcaldía de Medellín
Consultados al respecto, los municipios metropolitanos de la región señalaron que la medida va en la misma dirección de los esfuerzos locales por recuperar la tranquilidad en las calles. Desde el municipio de La Serena, la alcaldesa Daniela Norambuena señaló que ya están trabajando a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana en una ordenanza municipal que va en la misma línea de lo que están planteando los parlamentarios con este proyecto de ley. Precisó que la eventual normativa comunal busca regular acciones que se desarrollan en el Bien Nacional de Uso Público, como la vigilancia informal de vehículos y otras actividades similares.
No obstante, la edil puntualizó la importancia de observar cómo avanza el trabajo del Congreso, conocer con claridad los alcances de esta nueva ley, cómo se implementará el proceso de fiscalización y especialmente cuál será el rol que tendrán los municipios. También es importante saber si esta ley llegará con recursos asociados, ya que su correcta aplicación requiere respaldo técnico y financiero para las municipalidades.
Fiscalización Actual en Coquimbo
Desde la comuna de Coquimbo, el director de Seguridad Pública de esa entidad, Juan Diego García, precisó que si bien esa institución no cuenta con una ordenanza específica al respecto, se rigen por normas generales que se incluyen en la ordenanza Comunal para el Comercio Estacionado y Ambulante en Bienes Nacionales de Uso Público. La Dirección de Seguridad Pública realiza constantes fiscalizaciones en conjunto con Carabineros para prevenir delitos, operativos donde se realizan controles de identidad a quienes estén ejerciendo cobros ilegales por estacionamiento de vehículos.
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