En Chile, existe una realidad oculta donde niños y niñas pasan sus primeros dos años de vida sin contacto con el exterior, privados de luz natural y áreas verdes. Estos son los hijos de mujeres privadas de libertad, quienes, a pesar de no ser parte de la población penal, experimentan la misma condición de encierro que sus madres.
Niños en Prisión: Un Entorno Adverso para el Desarrollo
La socióloga Marcia Tijero, encargada de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), relata el caso de un niño, hijo de una inmigrante venezolana, nacido en prisión. Su madre carecía de vínculos externos, impidiendo que el niño pudiera salir de ese entorno antes de los dos años, edad límite establecida por la ley para la separación. Este niño no conocía el pasto, los perros, los autos ni las calles, una situación que no es aislada.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 20.000, que modificó la normativa sobre drogas en 2005, el número de mujeres encarceladas ha aumentado, incluyendo a gestantes y madres de lactantes. Hasta abril del año pasado, 206 mujeres se encontraban recluidas en las Secciones Materno-Infantiles (SMI) de las cárceles chilenas, y 136 de ellas vivían con sus hijos menores de dos años.
Espacios Poco Aptos para el Desarrollo Infantil
Aunque el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios estipula, en su artículo 19, que los centros penitenciarios femeninos deben contar con “espacios y condiciones adecuadas para el tratamiento pre y postnatal, así como para la atención de los hijos e hijas lactantes de las internas”, la realidad es diferente. Las SMI no poseen una estructura predeterminada; su funcionamiento depende de los recursos y el espacio disponible en cada recinto, resultando en zonas adaptadas con condiciones muy dispares y sin un estándar nacional.
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) ha documentado que muchas de estas secciones fueron creadas a partir de celdas o pasillos adaptados, sin una planificación adecuada. En algunos casos, los niños gatean sobre cemento o duermen en ambientes ruidosos y hacinados. Un miembro del comité relató el caso de Puerto Montt, donde la SMI eran solo dos celdas con una cuna, y los niños escuchaban procedimientos de registro, gritos y golpes en las puertas.
A estas condiciones materiales se suma la exposición temprana a la lógica carcelaria. Keomara Jaramillo, abogada del Área de Protección de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile, señala lo impactante que resulta que, en muchos casos, la primera palabra de los niños sea “cabo”. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también advierte lo “delicado que es para los niños verse expuestos a los cateos y revisiones de celdas, que suelen ser sorpresivas, nocturnas y extremadamente ruidosas”, interrumpiendo su descanso y apego con sus madres.
Derechos Vulnerados y Vacíos Legales
Estas condiciones configuran un entorno que vulnera los derechos básicos de la infancia. Las analistas del CPT advierten que “el encierro no es un contexto adecuado para el desarrollo emocional ni físico de un niño”. Hasta hace poco, no existía un protocolo específico para los niños en contexto carcelario. Para abordar esta ausencia, Gendarmería de Chile estableció la Resolución Exenta 1426, una normativa que busca garantizar los derechos de gestantes y madres lactantes privadas de libertad. A pesar de esto, los niños y niñas siguen expuestos a carencias y vulneraciones por vivir bajo encierro las 24 horas del día.
La Ley Orgánica de Gendarmería no establece responsabilidades explícitas sobre el cuidado de la infancia, dejando la vida cotidiana de madres e hijos en prisión determinada por las reglas del encierro, aunque los niños no hayan cometido delito alguno. Esto crea una contradicción legal y ética: el Estado los reconoce como sujetos de derecho, pero los trata como acompañantes dentro de un sistema diseñado para adultos.
Así afecta el encierro a los niños y su desarrollo emocional | Noticias con Ciro Gómez Leyva
En la práctica, esto se traduce en restricciones concretas. Cada interna puede inscribir hasta diez personas para visitas, limitando el contacto afectivo si la familia es más numerosa. La cantidad de visitas semanales varía entre uno y dos días, restringiendo aún más los vínculos familiares.
El acceso a la salud también es problemático. Keomara Jaramillo explica que los niños no son considerados parte de la población penal, por lo que no cuentan con atención médica interna ni cobertura garantizada. Los contratos de salud cubren solo a las personas privadas de libertad, no a sus hijos. En urgencias, deben ser trasladados a la red pública en un auto particular, acompañados de su madre y dos escoltas. Sin embargo, testimonios recogidos por Verónica Vázquez, psicóloga de la Defensoría de la Niñez, y Fernanda Cueto, directora de la Red de Acción Carcelaria, sugieren que este procedimiento no siempre es efectivo, ya que no siempre hay funcionarios disponibles para los traslados. Gendarmería, por su parte, declara no estar al tanto de estas situaciones y asegura que "se hace todo lo necesario para llevar a los niños a los servicios de salud cuando corresponde".
Impacto en el Desarrollo Infantil
La psicóloga Constanza Adam, experta en heridas de infancia, explica que el entorno carcelario es adverso para el desarrollo infantil. Es sobrestimulante por el exceso de ruido y vigilancia, y al mismo tiempo carece de estimulación sensorial adecuada. Bajo estas condiciones, los niños pueden presentar retraimiento social, retrasos en el desarrollo motor y cognitivo. Adam añade que la rutina rígida de la cárcel puede afectar la regulación emocional, generando un estado de hiperalerta constante.
El médico psiquiatra Adrián Mundt refuerza esta idea, señalando que estos niños quedan limitados casi exclusivamente al apego con la madre, privados de otros vínculos fundamentales. El médico de familia Alejandro Schulze enfatiza que la crianza carcelaria durante el período de 0 a 2 años está sujeta a múltiples riesgos. La falta de estimulación en el encierro genera "retardo del desarrollo" y retrasos en el aprendizaje, afectando hitos como el habla y el movimiento. A esto se suma el impacto del estrés materno y la posible mala alimentación de la madre en la lactancia, sentando las bases de problemas de salud futuros.
Marcia Tijero del INDH concluye que la crianza de estos niños en espacios carcelarios, privados de necesidades esenciales como el acceso a luz natural o áreas verdes, “generan daños permanentes en su desarrollo sensorial y emocional”.
Intentos por Mejorar las Condiciones
A pesar de los problemas estructurales, Gendarmería y otros organismos han implementado iniciativas para mitigar las carencias. Para el Control de Niño Sano, personal de los CESFAM se traslada, cuando es posible, a los recintos penales para asegurar la continuidad de la atención pediátrica de rutina y reducir los traslados.
En alimentación, el artículo 73 de la Resolución Exenta establece que la dieta de gestantes, lactantes y niños debe ajustarse a las indicaciones del Ministerio de Salud, y exige la presencia de un nutricionista penal para supervisar dietas diferenciadas. La creación en 2024 de la Resolución Exenta 1426 de Gendarmería es un intento por regular la situación de la niñez en las SMI, incorporando principios de género y derechos humanos, regulando visitas y prohibiendo sanciones que afecten a los niños.
Sin embargo, organizaciones civiles advierten que estos avances normativos no se han traducido en mejoras concretas. Fernanda Cueto de la Red de Acción Carcelaria señala que “la resolución es un avance administrativo, pero no cambia la falta de recursos ni la desigualdad estructural”. Programas como Creciendo Juntos funcionan de manera irregular debido a la escasez de profesionales. Cueto añade que “hay niños que no tienen control pediátrico regular, y en algunos recintos ni siquiera hay profesionales capacitados para atender una emergencia infantil”.
Organismos como el INDH y fundaciones como la Red de Acción Carcelaria han impulsado mejoras. El caso de Valdivia, donde una mesa de seguimiento y una abogada del INDH lograron la implementación de pasto sintético tras más de una década de solicitudes, demuestra cómo la presión externa puede superar la burocracia para lograr cambios en las SMI.
La Separación Obligatoria a los Dos Años
La separación obligatoria a los dos años marca un punto de inflexión. Esta ruptura abrupta, según los expertos, choca con las necesidades del desarrollo infantil y, según testimonios, genera nuevas dificultades para mantener el vínculo.
El psiquiatra Adrián Mundt indica que en la cárcel los niños sufren privación de estímulos y limitación de vínculos. La separación forzada intensifica el trauma, rompiendo el lazo primario y exponiendo al niño a un entorno completamente desconocido.
Mientras Gendarmería defiende sus protocolos, las madres privadas de libertad reportan dificultades para coordinar visitas con sus hijos, transformando la separación física en aislamiento emocional prolongado. El principal reclamo es la ausencia de un protocolo para sostener el vínculo una vez que el niño deja la cárcel. La Red de Acción Carcelaria y la Defensoría de la Niñez critican históricamente que el Estado no garantiza la fluidez de las visitas, profundizando el daño emocional.
Perspectiva de Género en el Sistema Penitenciario
La situación de los niños en cárceles abre una discusión más amplia. Keomara Jaramillo afirma que “la perspectiva de género en el sistema penitenciario es una obligación ligada a la justicia material”. Cerca del 60% de las mujeres comete delitos de microtráfico por necesidad económica, mientras asumen el cuidado de sus hijos. Su encarcelamiento interrumpe la maternidad, genera vulnerabilidad familiar y afecta profundamente a los niños. Por ello, el Estado está en deuda y se requieren alternativas al encarcelamiento de mujeres cuidadoras.
La Sobrecarga del Trabajo de Cuidados No Remunerado
El informe "Cuidadoras Elite" y estudios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile, así como investigaciones en Venezuela, revelan la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres en el trabajo de cuidados no remunerado.
Impacto en la Salud y la Vida Personal de las Cuidadoras
En Chile, el gobierno lanzó en noviembre de 2022 una plataforma para identificar a personas que realizan labores de cuidados, en el marco del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Hasta la fecha, 114.228 cuidadores se han registrado, de los cuales el 87% son mujeres.
Un estudio presentado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en enero-febrero de 2024, entrevistó a 24 mujeres para comprender sus perspectivas. La investigación muestra que el trabajo de cuidado afecta significativamente la salud mental y física de quienes lo ejercen:
- El 70,8% declara tener problemas de salud mental (angustia, depresión, frustración, inestabilidad, desgano, dolor, ideación suicida, crisis de pánico, cansancio crónico).
- El 33,3% manifiesta estar aquejada por problemas de salud física (hernia, bajo peso extremo, enfermedad autoinmune, túnel carpiano, problemas de manguito rotador, lesión en extremidades inferiores).
En ambos casos, la cantidad de mujeres con estos problemas creció exponencialmente respecto a la situación que tenían antes de iniciar cuidados, según la percepción de las propias cuidadoras. Algunas mujeres incluso asumieron esta tarea con una condición de salud mental compleja, empeorando con el tiempo.
Rutinas Diarias y Distribución del Tiempo
Las conclusiones del estudio chileno resaltan cómo el rol del cuidado afecta las rutinas diarias y la distribución del tiempo de las mujeres. Las entrevistadas dedican 11,3 horas diarias a estas labores, contrastando con las 1,8 horas que sus familiares destinan semanalmente. Los fines de semana, este número asciende a solo 2,5 horas, evidenciando una "falta de relevo y la ausencia de corresponsabilidad en los cuidados".
La sobrecarga de trabajo de las cuidadoras también afecta su tiempo libre, ocio y actividades básicas de cuidado personal. Mientras que las mujeres en general dedican 5,9 horas diarias a aficiones y vida social, las cuidadoras asignan solo 3,2 horas, incluyendo acciones como ducharse, comer o preparar su medicación personal.
Trayectorias de Vida Abocadas al Cuidado
Las mujeres encuestadas han cuidado de personas con discapacidad severa, en promedio, por 10,2 años. Un número significativo comenzó a cuidar desde la infancia (a partir de los 10 años) a hermanos, abuelos o padres. Algunas entrevistadas también se han hecho cargo de hermanas, hijos, nietos y esposos, desarrollando una trayectoria de vida exclusivamente dedicada al cuidado, impidiendo el desarrollo de una vida personal diferenciada.
Según el reporte del Ministerio de la Mujer, el trabajo de cuidados asumido en edades tempranas “afecta la continuidad de estudios técnico-superiores y con ello las posibilidades de empleabilidad futura en condiciones laborales que permitan una buena calidad de vida”. Los largos períodos fuera del mundo laboral implican “pérdida de competencias y de trayectorias demostrables para reinsertarse”.
Uno de los aspectos más dolorosos que evidencia este estudio es ver cómo quienes iniciaron sus trayectorias de cuidado a edades tan tempranas como los 10 años, no tienen proyectos de vida propios, no han tenido ni la posibilidad de soñar con un proyecto de vida propio.
La Vulnerabilidad Femenina en Venezuela
Un estudio canadiense de Masaya Llavaneras Blanco, investigadora de la Universidad Huron College, vincula el deterioro democrático en Venezuela con la explotación de mujeres y niñas. En 2024, Michael Fakhri, relator de la ONU, documentó una crisis humanitaria aguda en Venezuela, donde el 81,8% de la población vivía en pobreza y un 53,3% en pobreza extrema. Esta precariedad económica impide cubrir la canasta básica, forzando a las familias a reducir raciones o suprimir comidas diarias.
Así afecta el encierro a los niños y su desarrollo emocional | Noticias con Ciro Gómez Leyva
En este contexto, las mujeres enfrentan una carga desproporcionada al ser cuidadoras y trabajadoras simultáneamente. Llavaneras utiliza el concepto de "expoliación" para describir esta situación, donde los cuerpos de las mujeres son territorios políticos de resistencia y sobrecarga. Cuando las condiciones para sostener la vida empeoran, son ellas quienes cargan el costo en sus cuerpos. Es crucial resistir interpretaciones binarias y alertar sobre los efectos de las dicotomías en el análisis de estas realidades.
La migración venezolana, especialmente la de 2017 y 2018, se realizó en gran parte a pie, con mujeres y familias enteras emprendiendo viajes azarosos hacia el norte, enfrentando la "cuerpa que migra".
La "Generación Sándwich" y la Exclusión Social en Canarias
La Memoria Institucional de Cáritas Diocesana de Canarias recoge historias como la de Noelia, una madre soltera que cuidó de su padre enfermo mientras criaba a su hija y lidiaba con una enfermedad degenerativa propia. Su caso ilustra cómo asumir cuidados y sostener económicamente a la familia le supone un esfuerzo que no debería recaer exclusivamente en ella.
El 59% de los participantes en programas de Cáritas son mujeres, cuya presencia es cada vez más palpable en proyectos que atienden realidades tradicionalmente masculinizadas, como el sinhogarismo y las adicciones. La organización remarca que año tras año sigue atendiendo fundamentalmente a hogares sustentados por mujeres, de entre 30 y 59 años, con nacionalidad española, hijos a cargo, en desempleo y sin ingresos regulares, que deben asumir el pago de un alquiler. Muchas de estas mujeres son cuidadoras de otros familiares, formando parte de la "generación sándwich", un término acuñado por la trabajadora social Dorothy Miller para referirse a quienes cuidan de descendientes y ascendientes simultáneamente.
Asumir esta situación implica una carga significativa para los hogares, tanto en el espacio de convivencia como en el gasto en alimentación, bienes básicos y la carga mental y emocional. Este fenómeno está asociado al retraso de la maternidad y al envejecimiento de la población, lo que genera un "desgaste significativo para los hogares, particularmente para las mujeres".
Dificultades para el Acceso al Empleo y la Vivienda
La excesiva carga de cuidados dificulta el acceso al empleo. La conciliación laboral y familiar no está garantizada, y las cuestiones familiares sin respuesta pública establecida limitan las posibilidades laborales. El 69% de los hogares atendidos por Cáritas estaba sustentado por una persona en situación de desempleo. El acceso al empleo tampoco es garantía de integración social.
Respecto al origen de los hogares atendidos, hay un aumento de cinco puntos en los hogares de origen extranjero, pasando del 42% al 47%, de los cuales el 42% es de nacionalidad extracomunitaria.
El informe de Cáritas resume que este año se han detectado situaciones de exclusión más severas y personas con mayor deterioro, especialmente psico-emocional. La falta de vivienda se ha agudizado, y aumentan las situaciones de sinhogarismo en hombres, mujeres y familias. Las problemáticas son más complejas, requiriendo intervenciones más específicas y simultáneas, lo que explica un aumento del 20% en las respuestas de la intervención.
Estos datos evidencian la magnitud de la pobreza: un 36% de la población canaria (casi 780.000 personas) se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. La vivienda, la brecha de género y la falta de apoyo a los hogares con menores son factores de mayor riesgo, según el XIII Informe ‘El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador europeo (AROPE) de pobreza y exclusión social en España 2008-2022'.
El alcance del Ingreso Mínimo Vital ha aumentado un 15,8% en un año, cubriendo a más de 60.000 personas en Canarias con un ingreso medio de casi 500 euros mensuales. Aunque el Gobierno de Canarias aprobó la ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, su alcance es limitado, beneficiando a unas 13.000 familias. La vivienda social se establece como única esperanza para el acceso a una vivienda segura, ya que los precios de mercado son inaccesibles. El 16,8% de las familias queda por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros básicos.
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