La viabilidad de implementar un sistema de reparto de pensiones se ve seriamente cuestionada por la creciente tasa de envejecimiento poblacional en Chile. Un estudio del centro de análisis Horizontal, liderado por el ex ministro Ignacio Briones, advierte que para el año 2050, la proporción de trabajadores activos por cada jubilado se reducirá a 2,2. Esta tendencia, que se proyecta continuará hasta alcanzar 1,48 trabajadores por pensionado en 2080, plantea serias dificultades para modelos de financiamiento de pensiones basados en la solidaridad intergeneracional.
El Desafío del Sistema de Reparto en un Contexto de Envejecimiento
Un sistema de reparto se basa en el principio de seguro solidario para la vejez, donde las cotizaciones de los trabajadores activos de hoy financian las pensiones de los jubilados actuales. Sin embargo, el envejecimiento de la población altera este equilibrio. El estudio de Horizontal señala que en 1960, existían 12,6 personas en edad laboral (entre 20 y 64 años) por cada adulto mayor. Hoy, esta cifra ha descendido a 5,2, y las proyecciones indican que para 2050 será de solo 2,2.
Esta disminución en la proporción de cotizantes por beneficiario implica que, para mantener un sistema de reparto, se requeriría una tasa de cotización muy alta. Esto podría traducirse en una reducción de los ingresos netos de los trabajadores o en pensiones insuficientes para cubrir las necesidades básicas, lo que, en última instancia, no resolvería el problema de las pensiones actuales.
El proyecto de pensiones del gobierno de Gabriel Boric contempla un componente de reparto, lo que pone de relieve la urgencia de abordar estas proyecciones demográficas. La insostenibilidad a largo plazo de los sistemas de reparto se evidencia en países como Corea, Japón, Grecia, Italia, España, Portugal y Polonia, que enfrentan desafíos similares debido a sus estructuras poblacionales envejecidas.
Tendencias Mundiales y Alternativas de Financiamiento
La tendencia al envejecimiento poblacional es un fenómeno global, especialmente notable en los países de la OCDE. Como respuesta, muchas de estas naciones están optando por reducir la dependencia de los esquemas de reparto y fortalecer modelos donde cada generación ahorra para su propia jubilación futura. Este enfoque, similar al sistema de capitalización individual existente en Chile, busca mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones demográficas.
El académico Víctor Salas, de la Universidad de Santiago, coincide en la dificultad de implementar sistemas de reparto bajo las condiciones demográficas actuales. Señala que estos sistemas son viables cuando existen altas tasas de natalidad y una gran proporción de la población en edad de trabajar. Salas descarta la idea de aumentar impuestos y destinar mayores recursos fiscales para cubrir el déficit, argumentando que esto representaría un gasto permanente y creciente.
PODCAST Hablemos de Pensiones (Los sistemas de reparto vrs los de capitalización individual)
Panorama Demográfico y Laboral en Chile
Las proyecciones basadas en el Censo 2017 indican un envejecimiento poblacional significativo. En 2019, las personas de 65 años y más sumaban 2.260.222, representando el 11,9% de la población total. Se estima que para 2035, este grupo aumentará a 3.993.821 personas, constituyendo el 18,9% de la población. Este envejecimiento será más acentuado en regiones como Ñuble, Valparaíso y Los Ríos.
En cuanto a la fuerza laboral, en el trimestre octubre-diciembre de 2019, el 6,28% de los ocupados en Chile pertenecía al tramo de 65 años y más. Dentro de este grupo, la mayoría se desempeñaba como asalariados del sector privado o como trabajadores por cuenta propia. La tasa de ocupación para adultos mayores en ese período fue del 24,8%, considerablemente menor que la tasa general del país (58,6%).
Las condiciones laborales para los adultos mayores presentan desafíos. La tasa de ocupación informal es particularmente alta en el segmento de 65 años y más, alcanzando el 55,1% en el trimestre octubre-diciembre de 2019. Los ingresos promedio en el sector informal para este grupo son significativamente menores que en el sector formal ($208.450 vs $526.000 pesos).
Motivaciones para Trabajar Después de la Jubilación y Desprotección Social
Las bajas pensiones son un factor determinante para que las personas mayores continúen trabajando después de la edad legal de jubilación. La experiencia laboral en la informalidad limita las cotizaciones previsionales, resultando en una situación económica precaria. El estudio del Observatorio del Envejecimiento revela que quienes buscan empleo en esta etapa de la vida enfrentan grandes dificultades para acceder a oportunidades laborales, incluso con trayectorias profesionales sólidas.
Las cifras de endeudamiento también reflejan esta problemática. Entre diciembre de 2013 y 2014, los nuevos morosos entre 60 y 69 años aumentaron un 25%, y entre los mayores de 70 años, un 33%. Este endeudamiento, a menudo para cubrir gastos de salud y del día a día, subraya la ausencia de un sistema de protección social adecuado para la población en edad de jubilarse.
La Nueva Encuesta Nacional del Empleo (NENE), que se ciñe a estándares internacionales, proporciona datos detallados sobre la actividad económica. Sin embargo, el análisis de estas cifras revela que el problema no se limita a la inactividad o a fluctuaciones en la tasa de desocupación. Más bien, se trata de una desprotección social generalizada, donde los adultos mayores, privados de pensiones y atención médica dignas, se ven forzados a buscar empleo, a menudo en condiciones precarias, para poder endeudarse y subsistir.
La calidad del empleo para mayores de 65 años es preocupante: un 33,3% de los asalariados no cuenta con contrato laboral, y el 50% de quienes trabajan (mayores de 60 años, excluyendo empleadores) obtiene ingresos líquidos menores a $210.000 pesos, cifra significativamente inferior al promedio general de $299.000 pesos.