La situación de la niñez y adolescencia en Chile, particularmente en lo que respecta a los ingresos a los sistemas de protección del Estado, ha alcanzado niveles críticos. En 2024, Chile experimentó un hito preocupante: por primera vez, el número de niños, niñas y adolescentes que ingresaron al sistema de cuidados del Estado superó la cifra de nacimientos en el país. Esta realidad, que contrapone las 156.759 admisiones al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename) con los 135.529 nacimientos registrados, ha sido calificada como una "magnitud de tragedia" por Claudio Castillo, director del servicio.
En efecto, en 2024, Mejor Niñez dio curso a un promedio de 429 ingresos diarios, mientras que en los hospitales se registraron 371 nacimientos por día. Esta discrepancia subraya un problema sistémico que, lejos de mejorar con las reformas, parece agravarse, afectando a los más vulnerables de la sociedad chilena.
La transformación y desafíos del Sename
A casi diez años de la trágica muerte de Lissette Villa en una residencia del Sename, que expuso las profundas deficiencias del servicio, y a poco más de cinco años de la reforma que buscaba renovarlo, la situación ha empeorado. El Sename, arrastrando una deuda histórica con la niñez vulnerable, ha sido caracterizado como una institución "marcada por una muy mala gestión", especialmente en las décadas de los 90 y 2000, periodo en el que se registraron graves vulneraciones de derechos, incluyendo maltratos, torturas, explotación sexual y muertes al interior de los hogares.
Reestructuración y división de roles
Desde 2021, el Sename se encarga exclusivamente del área de justicia juvenil. En 2023, atendió a 9.119 adolescentes y jóvenes que infringieron la ley, gestionando 140 centros y proyectos a lo largo del país. Paralelamente, en enero de 2024, inició sus operaciones el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, asumiendo la responsabilidad en las regiones del norte del país. Desde esa fecha, el Sename se encarga de los jóvenes desde Valparaíso hasta Magallanes y la Antártica Chilena.
El proceso de traspaso continuará de manera escalonada: en enero de 2025 se traspasarán las regiones desde el Maule al sur, y en 2026, las regiones Metropolitana, O'Higgins y Valparaíso. Este proceso culminará con el fin del Servicio Nacional de Menores tal como se conocía, dando paso a una nueva estructura de protección y reinserción.
Indicadores de reincidencia y reinserción
Según María Eugenia Fernández, exdirectora del Sename, las tasas de reincidencia entre 2009 y 2020 disminuyeron en 14,2 puntos porcentuales para los 12 meses y en 16,5 puntos a los 24 meses de seguimiento. Además, destacó que el 56% de los jóvenes en centros privativos de libertad participó en al menos un taller socioeducativo en 2023. La modalidad del Programa de Libertad Asistida Especial, que ofrece intervención ambulatoria especializada, presenta la tasa de reincidencia más baja, lo que podría estar relacionado con la alta proporción de egresos satisfactorios en esta modalidad. En 2009, cinco de cada diez jóvenes reincidieron a los 24 meses, mientras que en 2020, solo tres de cada diez lo hicieron.
En el ámbito de la reinserción, se realizaron 674 talleres socioeducativos en centros privativos de libertad en 2023, en los que participaron el 56% de los jóvenes. Además, 147 jóvenes se beneficiaron de 17 cursos de ocupación y empleabilidad en nueve regiones del país. Estas iniciativas buscan intervenir directamente en la reinserción social de los jóvenes y enriquecer su conocimiento y habilidades.
La crisis del sistema de protección: Causas y consecuencias
El aumento exponencial de ingresos al sistema de protección no puede atribuirse únicamente a fallas institucionales. Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga, señala que los indicadores del Observatorio de Niñez de la fundación muestran que, de 20 indicadores de bienestar infantil, siete empeoraron en los últimos siete años. Factores como el aumento del costo de la vida, el debilitamiento de las redes familiares y comunitarias, el consumo de sustancias y el aislamiento social contribuyen a esta problemática.
Vulnerabilidad de lactantes y niños pequeños
La situación de los niños menores de tres años es uno de los puntos más críticos del sistema. Muchos recién nacidos son derivados a hospitales, donde los médicos descubren familias problemáticas y proceden con las derivaciones. La solución idónea, según Celedón, serían las familias de acogida, pero no hay suficientes ni un sistema de gestión que permita una respuesta rápida. En otros países, existen "familias de acogida de emergencia", altamente capacitadas y con disponibilidad inmediata, aunque sean más costosas a corto plazo, abaratan costos a largo plazo y, lo más importante, evitan daños irreversibles en el desarrollo de los niños.
Explotación sexual y redes criminales
Un problema adicional es el aumento de denuncias por explotación sexual. Según datos del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, en 2024 se registraron 1.691 denuncias de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, lo que representa un aumento del 73% en los últimos dos años. Celedón denuncia que, aunque no se alcanza el nivel de vulneración del "Sename antiguo", alrededor de las residencias de menores del Estado "se articulan redes de explotación sexual" que los poderes del Estado no han logrado detener.
Impacto en la trayectoria vital: el caso de Luis
La historia de Luis Valencia, quien pasó dos tercios de su vida bajo el cuidado del Sename y se convirtió en infractor de ley tras egresar del sistema de protección, ilustra las deficiencias. Un estudio de la Fundación San Carlos de Maipo reveló que uno de cada dos reos de la población penal adulta pasó por un centro de menores durante su infancia o adolescencia, y más del 50% de los jóvenes egresados por responsabilidad penal juvenil reincidirá antes de los 24 meses. Marcelo Sánchez, director de la fundación, considera esto un "fracaso de las políticas públicas", argumentando que el Sename, "sin la intervención terapéutica adecuada, lo que hace es catalizar estas conductas disruptivas. O sea, corrompe más que sana. En el mejor de los casos, no hace nada".
Luis, que ingresó al sistema de protección antes de los cinco años, comenzó su vida delictual a los 9 robando en supermercados y a los 12 ya asaltaba con pistola en mano. Fue detenido a los 14 por robo y a los 16 por asalto a una joyería, lo que lo llevó a un Centro de Internación Provisoria. Estos casos evidencian la falta de tratamiento especializado, especialmente para los menores de 14 años que son inimputables pero son derivados a centros diseñados para niños vulnerados en sus derechos, donde conviven con infractores de ley.
El caos estadístico y la falta de transparencia
Uno de los problemas más graves en el sistema de protección es la falta de claridad en las cifras, especialmente en el número de menores fallecidos bajo tutela del Estado. Informes contradictorios del Ministerio de Justicia y Unicef han puesto en evidencia la inconsistencia de los datos. Mientras el informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, reportó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, un reporte de Unicef reveló que la cifra de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor a la oficial.
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumando 318 fallecimientos a los 77 de la lista de Justicia para ese período, totalizando 395. Sin embargo, incluso estas cifras no son consideradas confiables por expertos como Francisco Estrada, exdirector del Sename, quien advierte sobre la posible replicación de información si un niño ingresó a distintos programas y falleció.
Esta falta de transparencia es una preocupación mayor, como lo expresó el diputado Saffirio: "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Factores de muerte y sobremedicación
Las causas de muerte de los menores bajo tutela del Estado son variadas y a menudo violentas, según información del Servicio Médico Legal. Se han registrado casos de lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, menores fallecidos por golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento. La causa "indeterminada" de la muerte de Lissette Villa fue la que detonó la crisis y visibilizó la grave situación del Sename.
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que la menor estaba "sobremedicada". Recibía un fármaco (benzodiazepina) en una dosis que actuaba como antipsicótico, y estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que algunos de estos fármacos pueden tener efectos adversos en niños, como aumentar la agresividad o impulsividad. La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es generalizada, lo que agrava la situación, ya que muchos menores requieren medicación y la falta de personal especializado compromete la dosificación efectiva.
Además, Chile enfrenta una alta tasa de suicidio adolescente en la región y carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. La escasez de psiquiatras infantojuveniles, que prefieren trabajar en el sector privado, deja a muchas regiones sin acceso a esta atención especializada.
Soluciones propuestas para una crisis profunda
Según el análisis de Francisco Estrada, una solución definitiva al problema de la protección infantil se basa en tres pilares fundamentales:
- Unidades polivalentes con personal dedicado y apoyo familiar: Necesidad de centros con niños adecuadamente medicados, personal que trabaje activamente con las familias en lugar de aislarlas.
- Reunificación familiar como objetivo principal: Que el fin último sea que los niños regresen con sus familias de origen, rompiendo el ciclo de la pobreza y el maltrato, y dotando a los padres de herramientas y acompañamiento. Estrada plantea que las decisiones de internar a un niño suelen ser tomadas por personas con baja formación que optan por la solución más sencilla, evidenciando una estigmatización de la pobreza.
- Defensa jurídica adecuada para los niños vulnerados: Asegurar que los niños cuenten con representación legal que vele por sus derechos, a diferencia de los infractores de ley que, según Estrada, tienen "muy buenos defensores", los niños vulnerados son a menudo vistos como un "trámite burocrático".
El Consejo para la Infancia, con Estela Ortiz a la cabeza, ha propuesto cerrar el Sename y transicionar a un nuevo servicio, con la esperanza de implementarlo antes de 2019. Sin embargo, la urgencia de la situación resalta la necesidad de acción inmediata, ya que "los niños no pueden esperar".