La voz de alerta sobre la crítica situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) fue puesta por el diputado René Saffirio en la Comisión Investigadora del Sename II, revelando que 185 menores a cargo de la institución han fallecido desde 2005. Tal cifra puso nuevamente al organismo en el centro de la polémica y reflotó la precaria realidad que se vive -a todo nivel- en parte de los 299 recintos del servicio.
La Crisis del Sename y su Contexto General
Actualmente, el Sename gestiona 255 centros de organismos colaboradores, 11 del Estado y 33 destinados para justicia juvenil, los cuales albergan a más de 8 mil niños, niñas y adolescentes. Estos menores ingresan por diversas causales de vulneración, tales como:
- Maltrato y/o abuso sexual.
- Inhabilidad de uno o ambos padres.
- Necesidad de prevención o protección.
- Deserción escolar o falta de acceso a la educación.
- Solicitud de diagnóstico.
- Trabajo infantil.
- Factores asociados a vulnerabilidad.
- Abandono o cesión en adopción.
- Consumo de drogas.
- Faltas y delitos no penalizables.
A la fecha, un total de 112.813 menores están siendo atendidos en uno o más proyectos del Sename. La distribución de esta atención se da en diferentes líneas de acción:
- 296 por adopción.
- 99.435 por protección de derechos y primera infancia.
- 13.082 por justicia juvenil.
Justicia Juvenil y Procesos de Intervención
Según cifras obtenidas por "The Clinic" a través de Transparencia, 1.596 niños están procesados por la ley de responsabilidad adolescente debido a infracciones a la ley penal. Esta ley busca que "la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social". Para estos fines, y previa resolución judicial, existen los Centros de Régimen Cerrado y los de Internación Provisoria, modalidades administradas por el Sename bajo tutela de Gendarmería. Las medidas que no implican privación de libertad son ejecutadas por colaboradores acreditados.
Desde el organismo, explican que "al ingresar el adolescente (de 14 a 17 años) al centro o programa del Sename, se confecciona un informe diagnóstico psico-social llamado Plan de Intervención Individual (PII), que contiene los objetivos que el joven deberá cumplir a lo largo de su proceso de sanción". Añaden que estos jóvenes "todos los días tienen entrevistas con psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, y psiquiatras si lo requieren, además de otros programas complementarios como de drogas".
El Equipo Humano del Sename: Cantidad y Precariedad
Actualmente, el servicio cuenta con 4.274 funcionarios, distribuidos en funciones de dirección, jefatura, coordinación y educadores de trato directo, quienes están a cargo de los menores en los centros las 24 horas del día. Del total, solo 40 son de planta, 3.938 son a contrata y 296 a honorarios, evidenciando una alta precarización de las relaciones laborales.
Funciones y Programas de los Trabajadores
Los trabajadores del Sename y de los organismos colaboradores participan activamente en diversas áreas:
- En materia de justicia juvenil, con 11 programas, incluyendo el plan de libertad asistida especial, centros semicerrados, centros de régimen cerrado y servicio beneficio a la comunidad.
- En protección, con 35 programas como oficinas de protección de derechos, familias de acogida y programas de reparación de maltrato.
En el ámbito de la adopción, de acuerdo con la ley Nº 19.968 de 2014, los jueces de familia pueden adoptar la separación de un niño/a o adolescente de su familia y solicitar su protección en un centro residencial o con una familia de acogida. Estas modalidades son ejecutadas por el Sename y/o por organismos colaboradores acreditados. Desde el Sename detallan que esta medida se determina si el menor fue entregado en adopción por su familia, si los padres no lograron asumir adecuadamente su crianza y protección tras una intervención, o si no existe una familia extensa (hasta tres generaciones) que pueda hacerse cargo. El magistrado es quien define el recinto al que ingresará el menor, quien es trasladado por un adulto de la familia, profesionales de un programa social o, en algunas situaciones, por Carabineros. A la llegada, la dirección de la residencia activa el protocolo de acogida y debe informar al juez cada tres meses, pues la permanencia en el centro es temporal. Para ello, el Sename cuenta con cinco planes de trabajo, que tienen por objeto "entregar bienestar en ámbitos personales, proveer de recursos y satisfacer sus necesidades, recibiendo intervención integral".
Desafíos en las Condiciones Laborales
Hacinamiento y Falta de Personal
La crítica situación al interior del Sename también revela otros problemas graves que atentan contra la calidad de vida de los niños, jóvenes y los propios trabajadores. Uno de los más acuciantes es el hacinamiento, producto de la alta dotación de personas y la falta de personal para responder a todas las necesidades.
Hernán Olivi, dirigente nacional de la Asociación de Trabajadores del Sename (Antrase), denunció en entrevista con CNN Chile que "hace bastante meses que venimos informándole a la Dirección del Servicio y al Ministerio de Justicia sobre la alta dotación que existe ahora en los Centros (...) Esto se ha convertido, peligrosamente preocupante para la atención de nuestros niños, tiene que ver con la seguridad. En Pudahuel, Galvarino (donde murió Lisette) y en San Joaquín (centro de responsabilidad penal), hoy es casi una bomba de tiempo". Añadió que "cada Centro tiene una cantidad de niños y jóvenes límite que puede atender, sin embargo, hoy día no se está respetando, y tenemos pocos funcionarios atendiendo a esa cantidad de niños".
Salud Mental y Riesgos Psicosociales
La precariedad laboral se acentúa con el impacto en la salud mental de los trabajadores. Un estudio realizado por el Sindicato Interempresa de la institución (Sintrasub) en contexto de pandemia reveló que un 48% de los trabajadores subcontratados del Sename tiene algún problema de salud mental relacionado con su trabajo. El desgaste profesional, el riesgo psicosocial de cuadros de estrés postraumático o síntomas depresivos son solo algunas de las conclusiones de la primera encuesta nacional de trabajadores contratados por organismos colaboradores del Sename.
La investigación, que encuestó a 451 personas en todo el país (casi un 25% de ellas en la región de Valparaíso, donde hay 190 programas en cerca de 70 organismos colaboradores), señala altas estadísticas sobre la percepción de la carga de trabajo y el riesgo al que se exponen. Introduce el concepto de “quemado” del trabajador, refiriéndose a un estado de desgaste profesional que surge como una forma de lidiar con el estrés crónico cuando fracasan las herramientas para afrontar ese estado, perjudicando la salud mental.
SÍNDROME DE BURNOUT
La Invisible y Precaria Situación Contractual
Una investigación más amplia, liderada por la profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, M., analizó la política pública y las condiciones laborales. La primera parte del estudio, “Análisis documental de la política pública”, revisó más de 100 documentos, constatando que los trabajadores están invisibilizados en ellos. "No aparece nada sobre quién tiene que ser el trabajador y sobre su especialización ni qué se requiere para trabajar con los niños y por otro lado no hay ningún resguardo al bienestar de los trabajadores", enfatizó la investigadora.
Se detectó que las formas contractuales de estos programas son muy precarias, ya que las licitaciones son por periodos cortos (dos a tres años). Esto implica que, aunque los contratos puedan ser indefinidos, su duración está ligada a la del proyecto de la ONG de turno en el programa. Otro problema es el contrato a honorarios, especialmente para quienes trabajan bajo el mandato del artículo 80 bis de tribunales de familia, que obliga a los programas a tener sobrecupos sin definición de cantidad ni tiempo, contratando personal de forma temporal para ese servicio.
Además, se encontraron evidencias de que las licitaciones establecen niveles de especialización que no siempre son posibles de cumplir, sobre todo en programas de regiones y zonas aisladas, dada la falta de capital humano capacitado. A esto se suma que las bandas de sueldos son muy bajas para las exigencias, y algunos programas requieren personal muy especializado (como los PRM), pero los concursos de especialización no están disponibles en todo el país.
Desgaste Laboral (Burnout) y Alta Rotación
La segunda etapa de la investigación consistió en un estudio cuantitativo de evaluación de bienestar y desgaste laboral en una muestra representativa de trabajadores y usuarios de programas sociales ambulatorios del Sename (Protección de la Infancia y Justicia Juvenil) en diversas zonas del país. En esta fase, se estableció que un tercio de los trabajadores (más del 30%) sufre de desgaste laboral o burnout.
El burnout es definido como una enfermedad laboral que implica un estrés sostenido, consecuencia de una mala gestión de las demandas laborales por parte de la organización. Este fenómeno está "fuertemente relacionado con licencias médicas, ausentismo y rotación". Una de las causas identificadas es que el sistema, a nivel de política, está más centrado en los indicadores cuantitativos que en los procesos de los niños, lo cual se corrobora con la tercerización y la forma en que se entrega el financiamiento a los programas, pagando por servicio diario prestado a cada niño.
Entre los principales estresores reconocidos por los trabajadores de protección de derechos de la infancia, está la falta de coordinación con la red, debido a mandatos diferentes del Sename, del tribunal de familia y del propio proyecto licitado. Por otra parte, la rotación de trabajadores es muy alta, con un promedio de estadía de las personas de solo un año. Alguien considerado “antiguo” en el programa lleva apenas 3 años trabajando allí. Esta rotación perjudica el trabajo con niños y jóvenes, ya que parte esencial de este es la creación de vínculo.
Una cuarta etapa de la investigación consistió en mesas de discusión colaborativas, donde se concluyó que las escuelas son los espacios donde estos niños son más vulnerados y estigmatizados, siendo un nudo crítico en la coordinación con los programas. Además, se evidenció que para los trabajadores es difícil realizar un proyecto de vida, como formar una familia o comprar una vivienda, a raíz de la gran inestabilidad e incertidumbre que trae consigo este tipo de trabajo.
Críticas al Modelo de Tercerización y el Nuevo Servicio de Protección
Los informantes clave entrevistados en la investigación coinciden en que la ley 20.032 es un problema, ya que "ata de manos lo que se puede hacer y a la vez terceriza los servicios de SENAME, con lo cual el Estado no tiene control de muchos aspectos relevantes en relación a los procesos de intervención". Esto genera mucha tensión con los tribunales de familia, quienes en algunos casos no confían en los trabajadores de estos programas debido a la excesiva rotación causada por las condiciones laborales y las permanentes licitaciones.
El dirigente nacional de Antrase cuestionó las motivaciones detrás de mantener el sistema de tercerización de los servicios de atención y protección a la infancia, y criticó el triunfalismo de los congresistas. Señaló que el nuevo servicio, que será fiscalizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a diferencia del Sename que dependía del Ministerio de Justicia, es "una farsa, es un show mediático orquestado bajo la consigna famosa de ‘Los niños primero‘". Recordó que en 2005 hubo una situación similar con la ley 20.032, y quince años después "solo hemos visto maltratos, abusos, violaciones sistemáticas a los derechos de la niñez y juventud y, por cierto, maltrato a las trabajadoras y trabajadores honestos".
El dirigente planteó "¿Cuál es el interés de mantener organismos colaboradores, abusadores, negligentes, tanto con la niñez como con sus trabajadores?". Enumeró tres puntos críticos:
- Financiamiento: "mientras exista ley de subvenciones y no financiamiento a la intervención especializada, la precariedad de la intervención con los niños y niñas gravemente vulnerados en sus derechos se va a mantener". Considera "impresentable que se siga manteniendo una fórmula de vínculo con los niños a través de una “ayuda” a los privados".
- Prevención: "al no haber prevención local a nivel territorial o un dispositivo de apoyo y permanente vigilancia de la situación de los NNA, como sería un servicio local de la Infancia, que prevenga vulneraciones de derechos y las detenga a tiempo para que no sean graves, entonces no se van a detener los ingresos a los servicios especializados".
- Calidad del servicio: La supuesta nueva calidad del servicio es cuestionada por no poderse exigir con la precariedad financiera actual, que no mejora significativamente con los 95 mil millones de pesos planteados por la Subsecretaría, ya que un 30 por ciento de eso se destina a gastos administrativos y el restante apenas cubre a los 14 mil niños y niñas que ya están en lista de espera.
En definitiva, "el cambio en el Sename no ataca el problema de fondo: que en Chile no se respetan los derechos de todos los niños y niñas, pues todos tienen derecho a ser protegidos y requieren garantías reforzadas".
Demandas y Acciones de los Trabajadores
Los trabajadores del Sename, agrupados en Antrase, interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones a favor de los niños de la institución, con duras críticas contra las autoridades de la entidad y del gobierno. Hernán Olivi comentó sobre la indignación generada por las cifras "oficiales" de niños y jóvenes muertos, que fueron rebatidas por Unicef.
El dirigente nacional hizo un llamado a las autoridades y parlamentarios, denunciando que "aún le falta personal al Centro, aún no tenemos profesionales de la Salud que puedan atender a los jóvenes. No se ha hecho nada después de la muerte de la niña Lissette". Afirmó que se ha hecho una “farandulización de la infancia” por parte de las autoridades y que no se ha invertido “ningún peso en recursos” desde la muerte de Lissette. "Los trabajadores, responsablemente, le vamos a poner un recurso a las autoridades del Servicio, al Gobierno en concreto, porque no podemos permitir que nos vaya a suceder cualquier situación complicada", declaró Olivi, planteando que la situación actual es "casi una bomba de tiempo".
Ante este panorama, los trabajadores de los órganos colaboradores del Sename no descartan iniciar nuevas movilizaciones. Reclaman "cambios estructurales ya, porque se requieren", en lugar de "avances en la medida de los posible". La miseria y precariedad a la que son arrojados miles de niños y jóvenes pobres del país demuestra, según los trabajadores, que al Estado y los diversos gobiernos "no les interesa la calidad de vida de los hijos del pueblo trabajador".
Demandas de Aumento de Personal y Especialización
En este contexto, se ha propuesto un aumento significativo en la dotación de personal. En Magallanes, por ejemplo, se anunció la incorporación de siete nuevos funcionarios para el Centro Privativo de Libertad. Esta medida implicaría un aumento del 94%, casi el doble, de la cantidad de profesionales que se desempeñan en los centros cerrados del Sename a nivel nacional, pasando de 286 a 554. Esto "redundará positivamente en la intervención directa con los jóvenes y en los programas de reinserción social que se desarrollan en dichos recintos". De la misma forma, la incorporación de profesionales aumentará el total de funcionarios con relación directa con los adolescentes a 1.097, desde los 829 actuales.
Finalmente, los trabajadores ven con buenos ojos que se discuta la ley de garantías de derechos de la niñez antes de la entrada en vigencia del nuevo servicio, pues esta ley "lleva durmiendo hace más de 5 años en el Congreso y es bueno que se haya amarrado de cierta forma la entrada en vigencia del nuevo servicio a la aprobación del estatuto de garantías”.