La firma de documentos legales por parte de personas mayores puede requerir acreditaciones específicas para garantizar su capacidad y proteger sus derechos. Esta necesidad surge para salvaguardar a los adultos mayores de posibles abusos o situaciones de vulnerabilidad, especialmente en transacciones de gran importancia como compraventas, donaciones o la elaboración de testamentos.
Certificado Médico: Acreditación de Lucidez
En situaciones donde los mandantes son mayores de 80 años, es común que se solicite la acreditación de su lucidez mediante un certificado médico. Este documento debe ser expedido por un especialista, como un geriatra, neurólogo o psiquiatra, y certifica que la persona se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales para comprender y consentir los actos legales que firma.
El Certificado Psicológico para Adultos Mayores, también conocido como “certificado de lucidez”, es una herramienta fundamental en notarías y procesos legales. Su propósito es demostrar que una persona mayor conserva sus funciones cognitivas y tiene la capacidad de tomar decisiones de manera consciente. La evaluación se centra en aspectos como la memoria, el lenguaje, el juicio, la orientación y la comprensión de los documentos a firmar o las decisiones a tomar.
Este certificado se vuelve indispensable para trámites como:
- Compraventas
- Donaciones
- Testamentos
- Otros actos legales que exijan la comprobación de facultades mentales plenas.
La evaluación se realiza con respeto y cuidado, reconociendo la delicadeza de estos momentos para las familias. Un ejemplo de la necesidad de este certificado se presenta cuando una escritura de compraventa contiene cláusulas confusas o contradictorias sobre el pago del precio, lo que evidencia dificultades de comprensión por parte del vendedor. Si bien algunos adultos mayores pueden tener razón en sus reclamos, la ausencia de este certificado puede exponer a muchos a ser víctimas de personas inescrupulosas, incluyendo familiares.
Protección contra la Explotación y el Abuso
La experiencia demuestra que existen personas sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los adultos mayores, llegando incluso a inducirlos a firmar documentos sin que comprendan su alcance. Casos como el de un abuelito llevado a otorgar un mandato general, que pensaba firmar una declaración jurada, resaltan la importancia de la diligencia notarial y la posible necesidad de un certificado de lucidez.
Es crucial entender que la exigencia de este certificado no busca discriminar, sino proteger. La Ley 21.331, promulgada el 11 de mayo de 2021, tiene como objetivo proteger los derechos a la salud mental de las personas. La solicitud de un certificado de lucidez se alinea con esta protección, resguardando a todos de individuos inescrupulosos, especialmente en transacciones relacionadas con bienes y herencias.
Sin embargo, surge el debate sobre el costo de estos certificados. Se plantea que, para ser verdaderamente protectores y justos, estos certificados deberían ser gratuitos, al igual que la validación del certificado de supervivencia exigido para el cobro de pensiones. La intervención de parlamentarios para revisar y modificar la ley, así como fiscalizar la actuación de las notarías, se considera importante.
Autonomía de la Voluntad vs. Protección Legal
La exigencia de un certificado de lucidez por parte de algunos notarios ha generado controversia. Se argumenta que, si bien la autonomía de la voluntad es un derecho constitucional, esta puede ser cuestionada si una sentencia judicial declara lo contrario, a través de un proceso de interdicción. La preocupación reside en que un notario pretenda reemplazar la función de un tribunal, lo que podría afectar la estabilidad y certeza del sistema jurídico.
Algunas experiencias sugieren que en ciertas notarías de Arica o Iquique no se solicita este tipo de certificado, dejando la decisión a criterio del notario. Esto contrasta con la práctica de otras notarías que sí lo exigen, generando un debate sobre la uniformidad y la justificación de tales requisitos.
Por otro lado, hay testimonios que respaldan la necesidad del certificado. Un padre de 82 años con Alzheimer avanzado, cuyos hijos lo habrían llevado a firmar documentos legales, perdiendo así sus bienes, evidencia la urgencia de mecanismos de protección. Los largos procesos de interdicción, que pueden durar más de tres años, dejan a las personas desprotegidas durante un tiempo considerable.
Debate sobre la Edad y la Capacidad
Existe indignación ante la práctica de algunos notarios que, de manera arbitraria, presuponen que los adultos mayores pierden lucidez a partir de cierta edad, como los 75 años, y que a partir de entonces son susceptibles de estafa. Esta práctica es considerada discriminatoria, prejuiciosa, ofensiva, arbitraria e ilegal, ya que contraviene el principio de que toda persona es lúcida hasta que se demuestre lo contrario.
La pregunta sobre el trabajo real de un notario y su capacidad para certificar un acto se vuelve relevante. Si bien algunos defienden la necesidad del certificado para proteger a los vulnerables, otros cuestionan la arbitrariedad y la posible burocracia que favorece a las notarías. La idea de que un médico, real o falso, pueda expedir un certificado por un módico precio, también genera dudas sobre la efectividad del sistema.
El código civil contempla medidas para proteger a las personas incapaces ante eventuales estafas, y la exigencia de un seguro ante personas inescrupulosas que puedan estafar a personas de edad avanzada se considera indispensable.
Derechos de las Personas Adultas Mayores
La Tecnología y la Brecha Digital
La creciente digitalización de trámites y servicios presenta un desafío adicional para los adultos mayores. La exigencia de claves, registros y el uso exclusivo de celulares y aplicaciones para realizar operaciones bancarias o comerciales los deja en una situación de desigualdad. Los errores en estos sistemas pueden llevar al bloqueo de tarjetas y a la necesidad de trámites presenciales, generando frustración y pérdida de tiempo.
Esta situación, donde la tecnología parece dejarlos fuera de hábitos de consumo habituales, es percibida por algunos como una forma de discriminación hacia los adultos mayores, impidiéndoles acceder a bienes y servicios que antes utilizaban sin dificultad.
Consideraciones Adicionales
Algunos planteamientos sugieren que la exigencia del certificado de lucidez podría estar relacionada con la transferencia de responsabilidad por parte de los bancos. La práctica de denostar a los mayores de 70 años no es nueva, y en un contexto donde la buena fe puede ser aprovechada por quienes actúan de mala fe, el certificado podría funcionar como un aval contra estafas. Sin embargo, la implementación de estas medidas en Chile a menudo genera "trampas" y no ofrece garantías absolutas.
La visibilización de la discriminación contra las personas mayores, a través de redes sociales y denuncias públicas, es un paso importante. Se valora a quienes, con convicciones firmes, denuncian la arbitrariedad y defienden los derechos de los adultos mayores, demostrando que una mente activa y culta no tiene edad.
En casos donde la pérdida cognitiva es severa, como tras un accidente cerebrovascular, la preocupación por que la persona malgaste su dinero en decisiones impulsivas es legítima. La necesidad de un control sobre las finanzas y las decisiones importantes se vuelve imperativa para garantizar el bienestar del adulto mayor.