La creencia generalizada de que la edad avanzada exime a una persona de ingresar en prisión tras cometer un delito está lejos de la realidad. Cuando se conjugan estos dos factores -la edad y la comisión de un delito- surge la imperante necesidad de ofrecer a las personas mayores reclusas un trato digno y acorde a las necesidades específicas que presentan debido a su condición.
Este es un objetivo que aún está en proceso de lograrse, ya que la situación actual en los centros penitenciarios no siempre coincide con las exigencias de un trato humano. Como resultado, una gran mayoría de miembros de este colectivo terminan en exclusión social y sin posibilidad de reinserción en la sociedad.
Contexto Demográfico y el Envejecimiento en Prisión
España es uno de los países con la población más envejecida de Europa, una realidad que también afecta al entorno penitenciario. Esto nos posiciona como líderes en lo que respecta a personas mayores en prisión. Surge entonces la pregunta social: ¿tiene realmente sentido mantener a una persona de setenta años en una cárcel, privada de libertad?
Si uno de los principios rectores en los centros penitenciarios es la reinserción, ¿qué tipo de reinserción puede tener una persona que pasa los últimos años de su vida en prisión? ¿Es esto reeducación o meramente castigo? Estas son algunas de las cuestiones que han surgido tras investigar este fenómeno.
Según las cifras estadísticas recogidas en el Council of Europe Annual Penal Statistics (SPACE I - 2024), actualizado a 31 de enero de 2024, en España la edad media de las personas privadas de libertad se encuentra en torno a más de 40 años. El porcentaje de personas mayores de 50 años es de un 19,60 %, una cifra superior al resto de Europa, donde la tasa ronda el 18 % aproximadamente (Aebi & Cocco, 2025). Esta tendencia es un claro reflejo del envejecimiento de la sociedad española en general.
Es importante destacar que la edad de las personas no puede definirse exclusivamente con términos cronológicos, sino que también hay que tener en cuenta la suma de las condiciones físicas, funcionales, mentales y de salud. La vida en los centros penitenciarios difiere significativamente de la vida en el exterior, y, por tanto, tener sesenta y cinco años dentro de este entorno no influye de la misma manera que fuera.
Perfiles y Tipos de Delitos
Para comprender por qué existen personas mayores dentro de las prisiones y desterrar el estigma de que los ancianos no son enviados a la cárcel o son excarcelados rápidamente, es fundamental entender los tipos de delitos que han cometido y las sentencias que les son impuestas. Se pueden diferenciar tres grupos principales de personas mayores reclusas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2009, pp. 128):
- Primer grupo: Personas condenadas a un periodo largo de tiempo que han envejecido en prisión cumpliendo su pena.
- Segundo grupo: Aquellas que han entrado y salido de prisión por reincidencia delictiva.
- Tercer grupo: Individuos que han cometido un acto delictivo por primera vez a una edad ya avanzada.
En cuanto a las características de cada grupo, los dos primeros suelen presentar mayores problemas físicos y psíquicos debido a su larga estancia en los centros penitenciarios, lo que se traduce en un envejecimiento más temprano. El último grupo, por el contrario, ha pasado más tiempo sin privación de libertad, lo que influye en su estado general.
Con relación a los delitos más comunes, por orden de importancia y distinción de sexos, se observa que los hombres cometen con mayor frecuencia delitos contra la libertad sexual, contra la salud pública y contra las personas. Las mujeres, en cambio, tienden a cometer más delitos contra la salud pública, el orden socioeconómico y contra las personas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2009).
Desafíos y Vulnerabilidades Específicas de las Personas Mayores en Prisión
Diversos estudios en España han analizado la vida de las personas mayores en prisión y los inconvenientes particulares que enfrentan debido a su edad. Casi la mitad de la población anciana penitenciaria refiere sentirse sola, principalmente por la falta de contacto con sus familiares. De hecho, casi el 30 % de las personas mayores de 60 años en prisión no reciben ninguna visita, y el 43 % no recibe cartas ni paquetes (Pastor-Seller & Torres-Torres, 2016).
Soledad y Aislamiento Social
Además de la falta de contacto familiar, las personas mayores se sienten más vulnerables al interactuar con el resto de los reclusos, tanto por su condición física como mental. En ocasiones, sufren coacciones y manipulaciones por parte de otros internos con el fin de arrebatarles sus bienes, como tabaco o café. También manifiestan que sus necesidades afectivo-emocionales no están cubiertas, ya que requieren mayor cariño y atención de sus familias en esta etapa vital (Huertas Alonso, 2014).
Paradójicamente, a pesar de sentirse poco apoyados, más de la mitad de los hombres mayores reclusos y aproximadamente el ochenta por ciento de las mujeres reciben apoyo económico del exterior, proveniente principalmente de la familia.
Salud Física y Mental
La salud es una de las áreas más críticas. Estudios en otros países, como Estados Unidos, han comparado las condiciones geriátricas de personas privadas de libertad con las que no lo están. Se ha concluido que, entre los adultos encarcelados con un promedio de edad de 59 años, prevalecen enfermedades geriátricas similares a las de adultos de 75 años o más que no están en prisión (Molina, 2024, p. 758). Esto subraya que la prisión implica un mayor riesgo de enfermedades y, por ende, de sufrimiento para las personas mayores.
Las personas mayores reclusas tienen una mayor tendencia a problemas crónicos como diabetes, cardiopatías, hipertensión y problemas respiratorios, a diferencia del resto de los internos, debido a su edad y situación de vida (Bedard et al., 2016). Asimismo, están surgiendo nuevos desafíos vinculados al deterioro cognitivo y la demencia.
Si en la población general española estas problemáticas afectan entre un 5 % y un 8 % de la población anciana (Confederación Española de Alzheimer y otras demencias, 2022), es crucial enfatizar lo dificultoso que resulta para una persona anciana y reclusa, un doble factor de riesgo. Esto genera mayor tensión y conflicto en los centros penitenciarios debido a la normativa carcelaria y la participación en algunos programas, lo que resalta la relevancia de una unidad específica de tratamiento para personas mayores.
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Pérdida de Autonomía y Desadaptación Social
Los propios reclusos mayores sienten que la privación de libertad les somete a perder autonomía y a carecer de control sobre su propia vida. Es fundamental mencionar la desadaptación tanto social como en el medio penitenciario que sufren estas personas debido a su edad. Esta situación implica una pérdida de elementos culturales propios, lo que afecta la personalidad del interno, dificultando su tratamiento y la adaptación posterior a la vida en libertad.
Además, esto les genera grandes dificultades y numerosas barreras al salir de los centros penitenciarios, convirtiéndolos en un colectivo de elevada vulnerabilidad y, por ende, con mayor riesgo de exclusión social.
La Situación de las Mujeres Mayores Reclusas
Particularmente, la situación de las mujeres mayores privadas de libertad refleja una mayor vulnerabilidad a causa del género, una historia más prolongada de trauma y una mayor invisibilidad penitenciaria. Ante esta realidad, surge la interrogante: ¿por qué no se toman en cuenta estas particularidades para generar cambios?
Necesidad de Atención Especializada y Programas Específicos
Desde la perspectiva de los trabajadores sociales, es de vital importancia tener en cuenta las necesidades particulares que presenta este grupo de personas. Al no contar con un programa específico de tratamiento, resulta complicado llevar a cabo una intervención que incluya actividades dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados (LOGP, art. 59).
Igualmente, respecto al papel del trabajador o trabajadora social dentro de prisión, se considera que ni ellos ni el resto de los profesionales están lo suficientemente especializados para tratar a los internos mayores, a diferencia de otros centros como una residencia de mayores.
El informe PRI (Penal Reform International & Asociación para la Prevención de la Tortura, 2021) destaca la urgencia de implementar un modelo de atención geriátrica dentro de los centros penitenciarios. Este modelo debe incluir desde evaluaciones periódicas hasta programas estructurados de actividad física, salud y prevención del deterioro cognitivo. También se advierte de la necesidad de cuidados paliativos, ya que muchas personas mayores fallecen sin recibir ningún tipo de apoyo adecuado a sus necesidades para un final de vida más digno. Esto último choca directamente con el trato humano y digno que deben recibir todas las personas dentro de un centro penitenciario, en virtud de la dignidad inherente a todo ser humano (Penal Reform International [PRI] & Asociación para la Prevención de la Tortura [APT], 2021).
Iniciativas Legislativas y Estudios para un Trato Digno
En este contexto, en Chile se ha impulsado una iniciativa que considera medidas especiales para personas privadas de libertad de edad avanzada o con un estado de salud deteriorado. Después de varias jornadas de discusión, visitas a centros penitenciarios y audiencias públicas, la Comisión de Derechos Humanos respaldó por mayoría un proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados en estas condiciones (Boletín N°17.370-17).
El senador Francisco Chahuán, presidente de la comisión, afirmó la necesidad de generar una adecuación del cumplimiento de penas con estándares internacionales, aclarando que "este proyecto no significa impunidad y tampoco que no haya memoria". Se trata de avanzar en cumplimientos alternativos para personas contempladas en las hipótesis del proyecto, cuyo articulado será debatido en la Sala. El senador Rojo Edwards argumentó que "se pierde toda racionalidad cuando se condena a una persona de 92 años, que no es autovalente ni controla esfínteres", enfatizando que este es un debate de humanidad y dignidad.
Investigación y Visibilidad: El Caso de la Universidad Finis Terrae
Un trabajo interdisciplinar desarrollado por Francisca Ávila, cientista social y especialista en políticas públicas, junto a la Dra. Ángela Arenas, abogada, doctora en bioética y directora del Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho de la Universidad Finis Terrae, en colaboración con la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, ha sido crucial para dar visibilidad a esta problemática. Dicho trabajo, que incluyó el análisis con Inteligencia Artificial de causas de adultos mayores derivadas por la Defensoría Penal Pública, recibió un importante reconocimiento internacional.
El equipo liderado por la Dra. Ángela Arenas visitó 8 de los 10 recintos penitenciarios del Gran Santiago y entrevistó a 356 reclusos adultos mayores, cifra que corresponde al 43,15% de todos los reclusos de ese grupo etario en dichos recintos. La investigación descubrió que cerca de un 9% de ellos presentan deterioro cognitivo mayor, con el objetivo de "saber si se habían cumplido o no los estándares de derechos humanos". La Dra. Arenas señala que "a veces nos encontramos con personas mayores de 65 años con irreprochable conducta anterior, que cometen algunos tipos de delitos que nos hace sospechar que ello podría eventualmente ser efecto del inicio de una demencia no diagnosticada".
Esta investigación fue premiada por su novedad y rigurosidad científica, dado que "hay muy poca información de las personas mayores en la cárcel a nivel mundial", según la docente. La importancia de conocer cuánta de esa población carcelaria vive con demencia y los datos de esta investigación radican en que sirvan de insumo a los tomadores de decisiones para que se pueda capacitar a Gendarmería en el trato de las personas mayores en estas condiciones, y que el Ministerio de Justicia y el Poder Legislativo impulsen políticas públicas que puedan generar medidas alternativas para que cumplan sus condenas, o crear programas dentro de las cárceles para que puedan vivir con una mejor calidad de vida.
Ante este panorama, cabe preguntar: ¿qué papel están realizando los profesionales con estas personas mayores privadas de libertad? ¿Reciben un trato digno por parte de la sociedad, que los mantiene encerrados cuando podrían cumplir la pena de otra forma que realmente contribuya a su beneficio y al beneficio comunitario? Las respuestas a estas preguntas son complejas, inciertas, subjetivas y personales, pero es crucial dar visibilidad a este colectivo tan vulnerable y que a menudo carece de atención tanto social como en el ámbito de la investigación.