Tras 46 años de funcionamiento, el Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile cerró sus puertas para dar paso a dos nuevos organismos especializados: el Servicio de Mejor Niñez y el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Esta reestructuración, motivada por años de críticas y graves problemas, busca mejorar la protección de los derechos de los menores y delimitar las responsabilidades en justicia juvenil. Uno de los factores determinantes para esta decisión fue el alarmante número de fallecimientos de menores bajo custodia estatal, así como las denuncias sobre el uso indiscriminado de tranquilizantes y la falta de atención médica adecuada.
El Legado de Críticas y Tragedias en el Sename
La historia del Sename está marcada por una serie de controversias y tragedias que evidenciaron fallas sistémicas en la protección de la infancia y adolescencia en Chile. La muerte de menores como Lissette, quien presuntamente sufría de abuso y maltrato, y que se encontraba sedada sin atención médica adecuada, conmocionó a la opinión pública y motivó la renuncia de la entonces directora del Sename. Este caso destapó otras muertes en hogares dependientes del servicio y una investigación periodística de CIPER alertó sobre el uso habitual y sin control de tranquilizantes, antipsicóticos y antidepresivos en los centros del Sename en la capital.
Anuar Quesille, Oficial de Protección de la oficina de UNICEF para Chile, señaló que "el Estado tiene una deuda con los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de protección. Chile ha realizado importantes avances en materia de infancia en los últimos 25 años, pero este sistema no ha tenido los mismos avances". A fines de 2015, se contabilizaban aproximadamente 100.000 menores en hogares y centros del Sename, un número que evidenciaba la magnitud del desafío.
El Problema del Hacinamiento y las Condiciones Inhumanas
El sistema cerrado del Sename experimentó un crecimiento poblacional significativo desde la década de 1990. En 1992, había 20.989 reos, cifra que ascendió a casi 49.000 en junio de 2016. Esta sobrepoblación contrastaba con una capacidad real de atención de aproximadamente 41.000 internos, generando un déficit de plazas evidente. La tasa de encarcelamiento en Chile se situaba en torno a 240 por cada 100.000 habitantes.
En febrero de 2016, la Corte de Apelaciones de Santiago denunció el hacinamiento y las condiciones inhumanas en 13 centros de la capital. Se describió que la cantidad de internos "llega a estar reñida con los más elementales estándares que exige la dignidad humana", durmiendo "casi apilados, unos sobre otros, en reducidos espacios, con nula ventilación y luz natural, en condiciones insalubres, con presencia de chinches y otros parásitos". La alerta también incluyó la falta de higiene, instalaciones eléctricas irregulares y deficiente distribución de agua potable, escenarios que amenazaban con generar una catástrofe.
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Tragedias como el incendio en la cárcel de San Miguel en 2010, que cobró la vida de 81 internos, motivaron algunas reformas para reducir el hacinamiento. Sin embargo, el problema persistía. El último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señalaba sobrepoblación en 44 penales visitados, con una ocupación del 134% en los centros masculinos. El INDH calificó las cárceles como "escenario propicio para que se produzcan serias vulneraciones del derecho a la vida, donde la muerte de internos/as producto de la violencia carcelaria no es una situación aislada".
La Influencia Política y el "Cuoteo" en la Administración del Sename
La administración del Sename ha sido objeto de fuertes críticas por supuestos "cuoteos" políticos y el uso de recursos para pagar favores. Bernardo Neira, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sename, denunció un "monopolio en cuanto al posicionamiento real de la DC en todos los puestos en el Sename", abarcando desde la dirección nacional hasta los asesores y directores de centros a nivel nacional. Se señaló que el servicio ha entrado en una "lógica del cuoteo político", donde militantes del partido ocupan cargos sin necesariamente tener la experiencia o idoneidad requerida.
La Ley 20.032 establece el sistema de atención a través de organismos colaboradores del Sename y su régimen de subvención. Más del 90% de estos organismos son privados. Fundaciones como Mi Casa y León Bloy han recibido importantes sumas de dinero, con directores vinculados a la Democracia Cristiana o con trayectorias políticas. A pesar de que algunos directores niegan vinculaciones partidistas, la percepción de un uso político de los recursos persiste.
Irregularidades en los Organismos Colaboradores
Diversos informes, incluyendo uno de Contraloría, han revelado irregularidades y negligencias en los organismos colaboradores del Sename. Se detectaron casos de personal sin los requisitos académicos ni la experiencia laboral necesaria para trabajar con niños y adolescentes. En 46 centros auditados, no se contaban con certificados de antecedentes ni declaraciones juradas que evidenciaran que los empleados no estuvieran procesados o formalizados por delitos.
Las auditorías también señalaron la falta de espacios multiuso y salas de visita en algunos centros, así como situaciones de riesgo para los menores, como el caso de una residente limpiando vidrios en un segundo piso sin medidas de seguridad. En otros casos, no se pudo constatar si el Sename había pagado por la permanencia de niños en hogares. Se reportaron denuncias de abuso sexual y situaciones de connotación sexual entre internos, con respuestas institucionales cuestionables, como la derivación del presunto agresor sin la debida formalización judicial.
La Defensoría de la Niñez y SINTRASUB criticaron que el Estado, a través de convenios, no cumplía con sus obligaciones básicas de protección, vulnerando la Convención de Derechos del Niño. Se acusó al Sename de utilizarse como base de información para "controlar y perseguir a la población más vulnerada", asociando a niños y adolescentes con grupos criminales bajo una lógica "adultista y fascista".
La Crisis Estructural y la Necesidad de Reformas Profundas
La "crisis del Sename" no es un fenómeno reciente, sino que se ha arrastrado por años. La muerte de la niña Lissette en 2016 visibilizó las denuncias de violencia, abuso sexual, maltrato y muertes dentro de los centros del organismo. Las cifras oficiales de 2017 indicaban 1.313 niños, niñas y adolescentes (NNA) fallecidos entre 2005 y 2016.
El psicoanalista Matias Marchant sugirió que la crisis no era solo del Sename, sino una crisis social y cultural sobre la representación de la niñez, que incidía en la institucionalidad del sistema de protección social. Se añadió la perspectiva de una crisis del "Estado adultocéntrico", donde se legitima una jerarquización entre grupos etarios, con relaciones intergeneracionales desiguales y subordinadas. El Estado chileno, según esta visión, ha reproducido estereotipos y criminalizado a la población infanto-juvenil de sectores populares.
La falta de recursos, la mala asignación y el mal uso de los fondos públicos han sido constantes. Se ha criticado la realización de costosos seminarios y el pago de altos sueldos a asesores sin experiencia, mientras faltan recursos para contratar personal y brindar atención especializada. En muchas regiones, los psicólogos del Sename son insuficientes para atender a la gran cantidad de niños, y la derivación a psiquiatras depende de cupos limitados en hospitales, con prioridad para adolescentes en conflicto con la ley.
El Rol del Poder Judicial y la Falta de Investigación
La investigación realizada por el Poder Judicial y UNICEF sobre las condiciones de vida de los niños en el sistema de protección evidenció la presencia de abuso sexual y violencia, ligada a fallos y renuncias de los organismos encargados. Se criticó el intento del Poder Judicial de mantener en reserva los resultados de la investigación y, sobre todo, su falta de investigación sobre los antecedentes constitutivos de delito.
La jueza Mónica Jeldres, quien encabezó la investigación, renunció tras ser intervenida la comisión por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. Se cuestionó la priorización de metas de gestión judicial para cerrar causas rápidamente, afectando los casos de protección de niños y violencia intrafamiliar. Se argumentó que los jueces, a pesar de tener facultades para intervenir hogares y terminar con los abusos, no siempre lo hacen, cerrando causas prematuramente para cumplir con las estadísticas.
La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, señaló que más allá de la falta de recursos, existe una lógica institucional que lleva a los jueces a no preocuparse por la suerte de los niños que ingresan al sistema de protección. La internación en un hogar, según la experta, no es una solución en sí misma, sino un paso para apoyar a la familia o buscar una nueva, mientras el niño recibe tratamiento. Sin embargo, esto no se cumple, y las causas de protección se cierran sin un debido seguimiento.
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Hacia una Nueva Institucionalidad: Desafíos y Expectativas
La creación del Servicio de Mejor Niñez y el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil representa un intento de superar las deficiencias del Sename. Sin embargo, surgen interrogantes sobre si este cambio será meramente administrativo o si implicará reformas estructurales significativas.
La Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, y Jorge Carinao, deportista paralímpico, son ejemplos de chilenos que, desde sus ámbitos, demuestran la importancia de la convicción y el esfuerzo. Sin embargo, para que todos los niños y adolescentes en Chile tengan la oportunidad de desarrollar su potencial, es fundamental abordar las fallas sistémicas en la protección de la infancia.
El proceso constituyente en Chile abre una puerta para la discusión y el debate sobre un nuevo sistema de protección social para la niñez y adolescencia. Se plantea la necesidad de que la ciudadanía y las organizaciones sociales jueguen un rol activo en la exigencia de políticas públicas prioritarias para la infancia, y que se promuevan instancias de participación infantil para que los propios NNA tengan voz en la construcción del país y en el diseño de los centros donde residen.