La reciente reforma previsional aprobada en Chile ha generado un intenso debate, con diversas voces que analizan su alcance y sus implicaciones. Desde distintas perspectivas, se cuestiona si los cambios introducidos realmente abordan los problemas estructurales del sistema de pensiones y si lograrán garantizar pensiones dignas para la ciudadanía. La discusión se ha centrado en el fortalecimiento de la capitalización individual y la gradualidad de los aumentos en la Pensión Garantizada Universal (PGU), entre otros aspectos.
Análisis de la reforma y sus implicaciones
El fortalecimiento de la capitalización individual
Un exintegrante de la Comisión Marcel, en un análisis para CIPER, asegura que "el acuerdo está mucho más cerca del ideal de la derecha que del de la izquierda". Esta perspectiva señala que, con la reforma, Chile se consolida como un país que, incluso con un gobierno progresista y el voto de parlamentarios de izquierda, mantiene y fortalece la capitalización individual como el régimen principal de administración de los aportes previsionales.
Este experto, con experiencia en Naciones Unidas, la OIT y la CEPAL, contrasta su formación en los principios de la seguridad social con la de las nuevas generaciones de asesores que se enfocaron en la lógica del mercado de ahorro obligatorio. Subraya que la reforma, al destinar 16 de los 18,5 puntos porcentuales de cotización a la capitalización individual y solo 2,5% al seguro social, reafirma este pilar contributivo como esencialmente de capitalización individual, basado en la propiedad y la capitalización en cuentas individuales.
El creador del sistema, José Piñera, y la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, han celebrado el acuerdo, destacando la permanencia de un sistema que, a su juicio, ha demostrado ser efectivo para resguardar y multiplicar el ahorro. La candidata presidencial Evelyn Matthei también se sumó a las celebraciones, resaltando que el 6% adicional de cotización es de los trabajadores, un punto que, según ella, era una demanda clave.
Aumentos en las pensiones y la Pensión Garantizada Universal (PGU)
La reforma incluye un aumento escalonado de la PGU, que se aplicará gradualmente: seis meses después de la entrada en vigor para mayores de 82 años, 12 meses para mayores de 75 y 24 meses para mayores de 65. El valor de la PGU se incrementa de $224.004 a $250.000, según una gradualidad por edades.
Asimismo, se prevén aumentos para las mujeres, buscando equiparar las pensiones por género y considerar la diferencia de mortalidad con los hombres, con un aporte adicional del 1% por parte de los empleadores. A partir del segundo año, otro 1% adicional del empleador y un 1,5% más, también del empleador, se abonarán a las cuentas individuales como un préstamo al gobierno (un bono con rentabilidad asegurada). Este financiamiento se destinará al pago de incentivos en forma de bonos a los jubilados actuales por años cotizados, siempre que las mujeres hayan cotizado más de 10 años y los hombres más de 20 años.
A partir del tercer año, se contemplan nuevos y crecientes aportes del empleador, que irán desde 0,25% el tercer año hasta 4,5% el noveno año después de la reforma, para abonarse a las cuentas de ahorro individuales del trabajador.
Críticas a la reforma
A pesar de estas mejoras, persisten importantes críticas. El economista Marcos Kremerman, en Radio U. de Chile, advierte que, con esta reestructuración, el porcentaje de pensiones bajo el salario mínimo podría quedar en torno al 60%, lo que significa que la mayoría de los jubilados no verán un cambio significativo en su calidad de vida. Señala que, si bien las pensiones subirán, esta alza no será suficiente para sacar de la miseria a la mayoría de los jubilados, ya que los montos actuales son muy bajos y la reforma no garantiza que la mayoría reciba pensiones por encima del salario mínimo.
La Coordinadora No + AFP ha convocado a marchas para exigir cambios de fondo en el sistema, argumentando que la reforma profundiza el modelo de capitalización individual. Critican que, al aumentar la cotización del 10% al 18,5% (paulatinamente en casi una década), más de la mitad de esos nuevos recursos pasarán directamente a las AFP, incrementando su negocio en un 45%. Esto, según ellos, favorece a los grandes empresarios y a las AFP, mientras que condena a los trabajadores a la pobreza una vez jubilados.
Marcos Kremerman también destaca que del 8,5% adicional de cotización, solo el 1% se destinará a equiparar pensiones entre hombres y mujeres, el 1,5% funcionará como un "auto préstamo" (que también terminará en manos de las AFP), y otro 1,5% cubrirá el seguro de invalidez, dejando la PGU en $250.000.
Posición de las AFP
La Asociación de AFP de Chile, tras la aprobación de la reforma, ha emitido un comunicado señalando que seguirán trabajando para entregar el mejor servicio a los afiliados, resguardar y hacer crecer los ahorros de los trabajadores, e implementar los cambios de manera eficiente. Valoraron que la nueva ley busque aumentar el ahorro en las cuentas de capitalización individual, recogiendo atributos como la propiedad y heredabilidad de los fondos, y la libertad de elegir al administrador.
No obstante, expresaron sus preocupaciones sobre varias medidas: la incorporación de un 1% (o más) de reparto para beneficios definidos, destinar 1,5% de la remuneración a un préstamo obligatorio, la entrada del Estado en la administración de ahorros previsionales (con la participación del IPS y el riesgo de competencia desleal), un mecanismo de licitación enfocado en comisiones sin considerar la voluntad de los afiliados, y la flexibilización de los niveles de respaldo requerido a los administradores. Consideran que estas medidas "debilitarán las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro".
La asociación reiteró que la solidaridad, aunque deseable, debería financiarse con impuestos generales o endeudamiento estatal, no con la remuneración de los trabajadores o la incorporación de reparto, ya que esto "perjudica las pensiones de aquellos que, con mucho esfuerzo, cotizan y trabajan formalmente". También hicieron hincapié en la mayor longevidad como un factor clave que está haciendo inviable los sistemas de reparto a nivel mundial.
Desafíos en la implementación y el futuro del sistema
El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)
Todo sobre la pensión de Invalidez cubierta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
Un aspecto crucial y menos comprendido del sistema previsional chileno es el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), cuya función es otorgar protección frente a riesgos como la invalidez total o parcial y garantizar una pensión de sobrevivencia. La reforma propone su traspaso al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Sin embargo, se ha criticado que el proyecto de ley es "pobre", con un artículo único que refleja un escaso interés en modificar de fondo su funcionamiento.
El traspaso de funciones al FAPP y al Instituto de Previsión Social (IPS) es parcial, lo que podría generar más burocracia para los afiliados. Se señala que el corazón del proceso de invalidez -la labor de las Comisiones Médicas- seguirá en manos de las AFP, creando un esquema híbrido que requerirá trámites en el IPS, el FAPP y las AFP, cuando una ventanilla única sería más eficiente. Además, la ley obliga a traspasar desde 2027 las reservas acumuladas del SIS para abaratar primas futuras, una disposición que carece de sustento técnico y podría ser inconstitucional al afectar derechos adquiridos.
Régimen de inversiones y fondos generacionales
Otro punto de inquietud es la definición del régimen de inversiones. Se impulsa el reemplazo de los multifondos por fondos generacionales, con la promesa de simplicidad y protección al afiliado. No obstante, esto ocurre en un momento en que los multifondos han mostrado un desempeño sobresaliente. Entre enero y julio de 2025, el Fondo A acumuló ganancias sobre el 9%, el Fondo C rindió entre 6,7% y 7,5%, y el Fondo E superó el 4,5%.
Estas rentabilidades, aunque no garantizadas a futuro, sugieren la necesidad de mantener flexibilidad en el régimen de inversiones para maximizar resultados. La preocupación radica en que los fondos generacionales estarán guiados por lineamientos de la Superintendencia, que, en última instancia, depende de las instrucciones políticas del Presidente y del Ministro del Trabajo. Expertos abogan por blindar institucionalmente a la Superintendencia, transformándola en una comisión autónoma y técnica, similar a la CMF, para protegerla de presiones políticas.
Implementación y sostenibilidad
A casi un año de la aprobación de la reforma de pensiones, el debate se ha desplazado hacia su implementación. La complejidad de su diseño, que no responde a una sola medida sino a un engranaje de múltiples piezas, exige una coordinación precisa en plazos exigentes. Yazigi, experto en el tema, enfatiza que, si bien la ejecución es clave, el diseño sigue siendo determinante para el éxito de cualquier política pública.
Paula Benavides concluye que una lección fundamental de este proceso es la necesidad de una evaluación permanente de los objetivos del sistema de pensiones y de su sostenibilidad, para realizar adecuaciones oportunas y evitar la postergación de grandes reformas.