La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha quedado expuesta como una crisis de proporciones históricas, caracterizada por un sistema en estado terminal que ha vulnerado sistemáticamente los derechos humanos de miles de niños, niñas y adolescentes. La reciente labor de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ha revelado un escenario de abandono, negligencia y una gestión marcada por el cuoteo político.
El impacto del cuoteo político en la gestión
El informe final de la comisión investigadora ha puesto de manifiesto que el Sename ha sido utilizado como un blanco de repartición de cargos políticos (cuoteo), sin evaluar las competencias técnicas de los equipos responsables. Esta lógica ha impedido que el servicio cumpla con su misión fundamental, priorizando los intereses partidistas por sobre el bienestar de los menores.
- Monopolio de cargos: Se ha denunciado la influencia de partidos políticos, notablemente la Democracia Cristiana, en el nombramiento de direcciones nacionales, asesores y puestos regionales clave.
- Desidia institucional: La falta de profesionalismo y la carencia de personal calificado han sido constantes en los centros, perpetuando un sistema donde la precariedad es la norma.
- Defensa corporativa: Durante las investigaciones, diversos sectores políticos han buscado minimizar la realidad de los abusos para proteger a exautoridades, como Javiera Blanco, Marcela Labraña y otros altos funcionarios.
La crisis del modelo de subvenciones
Un aspecto crítico de la crisis es el sistema de instituciones colaboradoras, que gestionan el 96,3% de los niños bajo protección estatal. La estructura de financiamiento actual crea un estímulo perverso:
| Factor | Impacto en el menor |
|---|---|
| Subvención por menor | Incentivo para mantener a niños en el sistema (evitar egresos). |
| Falta de acreditación | Instituciones sin estándares mínimos de cuidado o personal capacitado. |
| Uso de recursos | Denuncias de fondos utilizados como "dinero de libre disposición" por parte de municipios. |
Graves anomalías y vulneraciones
El informe consigna una realidad dolorosa: más de 1.300 menores fallecidos en una década bajo la tutela del Estado. Las anomalías detectadas son alarmantes:
- Abusos y explotación: Existencia de redes de prostitución y abusos deshonestos al interior de centros.
- Sobremedicación: Uso excesivo de fármacos (benzodiacepinas y antipsicóticos) en menores sin supervisión psiquiátrica adecuada.
- Hacinamiento: Centros que funcionan como prisiones, con muros altos y espacios reducidos, en lugar de escuelas de formación.
- Falsedad de cifras: Caos estadístico donde el Estado no logra determinar con precisión cuántos niños han fallecido ni cuáles son las causas reales de muerte.
La necesidad de un cambio estructural
El sistema está técnicamente muerto y los esfuerzos actuales, como la administración de la crisis o la eventual creación de nuevos servicios (Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente y Servicio de Protección a la Niñez), llegan tarde para miles de niños. La solución no debe limitarse a la eficiencia administrativa, sino que requiere una transformación profunda donde el menor sea reconocido como un sujeto pleno de derechos.
Es imperativo desvincular la gestión de los centros de los intereses de los partidos políticos y del lobby de las instituciones colaboradoras, priorizando la reinserción familiar y el apoyo profesional a largo plazo sobre el mero asistencialismo institucional.