Este mes se cumplen dos años desde la implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como “Mejor Niñez”. El comienzo de sus operaciones en octubre de 2021 generó grandes expectativas de que fuera una oportunidad para saldar deudas vergonzosas del Estado de Chile en materia de protección infantil. Sin embargo, ese 1 de octubre, el país falló estrepitosamente: la puesta en marcha del nuevo Servicio adoleció de imperfecciones y errores.
De hecho, tan sólo 15 días antes de que el Sename cerrara sus puertas, las autoridades inauguraron una nueva residencia de administración directa. Cada apertura de residencia, de por sí, constituye un arduo desafío por la complejidad que involucra; abrir una residencia dependiente del Sename en medio de un proceso de traspaso producido por un cierre institucional y la creación de un nuevo Servicio es una irresponsabilidad. Varios de los problemas que caracterizaron al antiguo Sename no sólo no se han superado, sino que en algunas áreas son aún más graves.
Problemas estructurales y de implementación
Los problemas en las licitaciones de los proyectos de “Mejor Niñez” han sido tan serios que justificaron la creación de una comisión especial investigadora en el Congreso. El número de supervisiones realizadas por “Mejor Niñez” es bajo respecto del total de residencias y programas, aunque explicable dados los déficits en la contratación del personal. La instalación de nuevas residencias ha presentado dificultades, incluso obligando al cierre de más de alguna.
¿Las causas de estos problemas? Por el momento podemos esbozar varias y de distintos tipos. Algunas están vinculadas a la labor legislativa, como aprobar la ley que crea el Servicio antes de la aprobación de la Ley de Garantías (que cambia actores y reglas del juego del sistema de protección), o fijar un muy acotado período de vacancia ―menos de nueve meses― que no se condice con la magnitud de las tareas que requiere levantar un nuevo servicio público. Otras se relacionan con la decisión de contar con un equipo implementador de apenas seis personas, varias sin experiencia previa en el sistema proteccional. La actual directora de Mejor Niñez ha sido franca ante la comisión investigadora sobre los nudos críticos que presenta el Servicio; y eso, de por sí, es un avance.
Lecciones y necesidad de reformas profundas
Reflexionar críticamente sobre los primeros años de implementación del Servicio permite considerar las lecciones aprendidas en este tiempo e intentar enmendar el rumbo más temprano que tarde. Sin embargo, esto requerirá esfuerzos significativos y transversales, no solamente de “Mejor Niñez” sino también de todo el Estado y la sociedad en su conjunto. CIPER accedió (por Ley de Transparencia) a un nuevo y más completo informe sobre la situación de los niños atendidos en la red de protección estatal y que revela las dimensiones desconocidas del fracaso de ese sistema. Para hacer su trabajo la Comisión Jeldres utilizó una batería de instrumentos, entre ellos, una encuesta a cerca de 400 niños.
Pero la Comisión Jeldres usó otros instrumentos para su investigación y que son tanto o más importantes que la encuesta: la revisión de los antecedentes de 6.500 niños internados y el examen de las condiciones materiales en 108 residencias. El informe evidencia también que, en este sistema, no solo sufre la gran cantidad de niños abusados, en cuyos dramas se ha concentrado la discusión pública en las últimas semanas. Uno de los indicadores que resumen los hallazgos de este informe es la cantidad de niños que aparecen expuestos a altos niveles de riesgo. Un aspecto muy relevante de este informe es que la Corporación Administrativa del Poder Judicial asume que la internación de los niños es siempre dañina.
Se trata de un cambio en la mirada que ha dominado el sistema de protección por décadas, según la cual, el niño está mejor en un hogar que con las familias que no pueden cuidarlo. Citando estudios internacionales se afirma que “por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo”. La internación entonces debe ser restringida a casos excepcionales y por periodos breves. Entre las once regiones visitadas solo Coquimbo tiene un promedio de internación cercano a los dos años (31 meses).
Según los datos reunidos, en una enorme cantidad de casos los jueces envían a los niños a los hogares a recibir tratamientos “sin plazo”. Por citar algunos ejemplos: en Arica, el 79% de los niños ingresó “sin plazo” a las residencias de esa región y, consecuentemente, el promedio de internación es de 57 meses (4,7 años). En Antofagasta, el 80% de las medidas estaba “sin plazo” y el promedio de internación llegó a los tres años. En el Maule, región de periodos de internación alta, el 75% por ciento de las medidas se dictó “sin plazo”.
¿Por qué hacen esto los jueces? El informe no lo explica, pero esa práctica se suma a varias otras que disminuyen el control del Poder Judicial sobre los niños. Por ejemplo, lo que ocurre con los informes trimestrales que los hogares deben enviar a los jueces informando sobre los avances de los niños. La Comisión Jeldres detectó que, en la mayoría de los casos, esos informes o no se enviaban o eran copias textuales del informe enviado anteriormente. Otra causa que reduce el control de los jueces es, según la abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, la presión que sufren los tribunales por cumplir con las metas de gestión que les fijan sus superiores y el Ejecutivo.
La abogada agregó: “Las metas de gestión fueron fijadas por la Comisión Interinstitucional que integran el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio de Hacienda, y para este año implica que el 85% de las causas tienen que estar terminadas en un plazo de 120 días desde que ingresan. Esas metas tienen a todos los jueces de familia del país de cabeza cerrando causas a como dé lugar y las principales afectadas son las causas de protección de niños y las de violencia intrafamiliar, donde las personas van sin abogado, porque la ley se los permite por un acceso más rápido a la justicia. Esas causas, donde las personas sin recursos van sin abogado, son las que se cierran sin siquiera abrir un juicio. ¿Para qué? Para que figuren como terminadas y suban las estadísticas. Ahí está el tema de fondo.
La falta de control judicial que se ha descrito, explica por qué muchos indicadores de la calidad de vida de estos niños se mantienen por años en niveles inaceptables. Un ejemplo es lo que ocurre con la atención de salud que reciben los niños. En Coquimbo, de los 272 niños en el sistema residencial, 44% carece de un historial médico actualizado (118 casos). La situación más grave la viven cuatro niños que padecen enfermedades crónicas y que no reciben tratamiento alguno. En la Región de O´Higgins, de los 392 menores en el sistema, 35% (138 casos) no tiene ficha médica actualizada. Los niños con enfermedades crónicas que no reciben tratamiento son cinco. La situación se repite con similares números en todas las regiones incluidas en este informe, mostrando que, aunque el Estado ha sacado a estos niños de sus casas para protegerlos, realmente no se está haciendo responsable de ellos.
Las peores situaciones se registraron en la Región de Arica, donde, de los 17 niños que padecían alguna enfermedad crónica, 15 no recibían ningún tratamiento. Entre ellos había niños con parálisis cerebral, VIH, trastornos alimenticios y cáncer cérvico uterino. Un panorama inquietante se presenta también respecto del tratamiento de las enfermedades mentales. En Arica, el informe consigna nueve niños con problemas de salud mental sin tratamiento. En Coquimbo, se registran cinco casos sin vigilancia médica. En O´Higgins, los niños sin atención son nueve. Salvo en Tarapacá, el problema se repite en todas la regiones, agregándose en algunas zonas el fracaso de los tratamientos.
Salud, educación y abandono familiar
La educación que reciben los menores internados muestra problemas igualmente preocupantes. En esa situación está el 52% de los niños internados en los centros de Arica, el 52% de los niños internados en Tarapacá; el 48% en Antofagasta; el 52% en Los Lagos y el 55% en Magallanes. Otro aspecto delicado que revela el informe dice relación con las grandes dificultades que tiene el sistema para vincular a los niños con sus familias una vez que están internados. El resultado concreto es que hay una enorme cantidad de niños que el informe califica de “completamente abandonados”, es decir, que no son visitados por ningún familiar ni están en ningún proceso de vinculación para ser adoptados.
En Arica, son 66 los niños “en completo abandono familiar”. De ellos, hay 32 casos en que los tribunales han determinado que son “susceptibles de adopción”. En el Maule, son 207 los niños en completo abandono familiar. En Los Lagos, los niños en abandono familiar llegan a los 206 casos. A nivel nacional, 743 niños son calificados como “completamente abandonados” por el informe. Esta soledad es acrecentada por la mecánica institucional. En un alto porcentaje los niños internados tienen hermanos en el sistema. En la Región de Tarapacá el 56 % de los niños tiene hermanos en la red SENAME y en Antofagasta, la cifra alcanza al 57% de los internos.
Así, cientos de niños se enfrentan a largas internaciones solos o con visitas una vez al mes. El abuso sexual es parte integral de la vida de muchos de los niños que permanecen internos. De partida, el abuso es, dependiendo de la región, la segunda o tercera causa de ingreso a la red, afectando a cerca de un 10% de los niños. La encuesta elaborada en 2011 por el SENAME -“Mi derecho a ser escuchado”- detectó más de 200 casos de abusos sexuales. En el grupo de los niños de 7 a 12 años, el 7,8% (157 niños) afirmó que alguien les había tocado partes íntimas de su cuerpo.
El informe elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial consigna que el sistema tiene registros de 208 casos de abuso intra-residencial. La amplia mayoría de ellos ha sido cometido por otros niños internos que probablemente están repitiendo la experiencia de la que fueron víctimas. Preocupados se mostraron los integrantes de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, luego de escuchar en su última sesión a la directora del Sename, Susana Tonda, quien dio a conocer el resultado de la auditoría social realizada a los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) del país.
Graves patologías de salud mental y consumo de drogas; baja inserción escolar; deficiencias en la intervención individual que se hace a los menores; y errores en la gestión administrativa de los centros fueron cuatro de los problemas dados a conocer por la autoridad que llamaron la atención de los legisladores. Asimismo se anticipó que ahora corresponde analizar los organismos colaboradores del citado servicio, de manera de tener una visión integral. El presidente de la Comisión, el senador Manuel José Ossandón valoró que se "realizara el seguimiento de cada uno de los niños que están al cuidado de los CREAD.
Se nos entregó mucha información que debemos analizar antes de proponer soluciones legislativas, si es que corresponde. Por su parte, la senadora Ximena Rincón también agradeció el informe entregado por el Sename, insistiendo en que "una vez claras las cifras e identificados los problemas hay que pasar a la acción. Por ejemplo, nos preocupa también lo que pasa con los bebés de cero a tres años, a quienes se les institucionaliza, lo que es un despropósito de acuerdo a varios organismos internacionales especializados".
Susana Tonda explicó que la auditoría social que se realizó a los once CREAD del país tuvo un enfoque personalizado porque se revisaron 490 casos (menores). “Entre junio y septiembre será el turno de analizar los casos de los menores que permanecen al cuidado de los Convenios Organismos Colaboradores Sename (OCAS). Así tendremos cubierto esto estudio”, explicó la directora del organismo. “La idea es saber qué pasa con cada uno de los niños que residen en estos centros, es decir, cuál es su situación física, sicológica, educativa, etc, de manera de mejorar los planes de intervención que han sido diseñados de acuerdo al diagnóstico efectuado en cada caso”, aclaró.
De acuerdo a la auditoría social se detectó: En un 20% de los casos, no existe coherencia entre el diagnóstico y el tratamiento que se administra; En un 25% no se han evaluado las competencias parentales; En un 33,2% no se han evaluado los planes de intervención; En un 30,8% no se presta atención psicológica; En un 40% la intervención no se centra en el avance y logro de los objetivos; En un 52% no existe terapia ocupacional. Asimismo, Tonda confesó malos resultados en los indicadores de gestión interna, es decir, existirían equipos técnicos desarticulados, falta de registros y debilidad de las funciones directivas. Frente a este escenario, aseguró que "nos hemos fijado un plazo de 90 días para mejorar las deficiencias detectadas". En cuanto a la situación de los menores, se detectó: Un 55% diagnosticado con patología de salud mental; 58% recibe tratamiento; 34,4% no está matriculado; 40% tiene problemas de consumo; 20% están en abandono del sistema.
CREAD PLAYA ANCHA. Cabe mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó como medida cautelar el cierre del CREAD de Playa Ancha de Valparaíso tras numerosas denuncias de vulneraciones. Susana Tonda explicó que “estamos trabajando en el cierre. El 2019 ya no debe estar operando, por eso estamos buscando residencias y habilitándolas para recibir a los 80 menores que hoy están en este centro.”
La crisis del Servicio Nacional de Menores ha relevado el tema de la infancia en nuestro país y su constante vulneración de derechos. Aumento del presupuesto de la institución, separarla en dos y entregarle mayores recursos, son parte de las medidas anunciadas tiempo atrás por el gobierno de Michelle Bachelet para reformular la institución. En abril de este año, la prensa informó el fallecimiento de Lissette Villa (11 años) en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino en Santiago. Su caso reveló una serie de irregularidades al interior del organismo. Por su parte, hace dos meses el propio Servicio Nacional de Menores publicó la cifra de niños fallecidos al interior de centros pertenecientes al organismo entre 2005 y 2006, alcanzando un total de 210 casos; la cifra asciende a 865 decesos ocurridos en 11 años.
Recordando su origen, el Sename es un organismo creado en 1979, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Su nombre da cuenta de la concepción de infancia como un estado irregular. Depende, administrativamente, del Ministerio de Justicia y desde sus fundamentos se aprecia su enfoque tutelar hacia la infancia. Como institución, y tal como lo señala su nombre, presta servicios entre cuyos objetivos destacan “reinsertar y rehabilitar y reparar los derechos de los(as) niños(as) que han sido vulnerados”.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
En Chile, la profunda crisis que sufre el Sename revela la precaria situación que viven cientos de niños y niñas en nuestro país, donde la vulneración de sus derechos y la afectación de su vida emocional, social y económica no han sido una de las preocupaciones de nuestra sociedad. Si bien desde los 90 ha habido cambios positivos y alentadores en torno a la infancia, como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, persisten muchas otras formas de maltrato infantil que “nosotros(as) todavía ni siquiera hemos podido reconocer. Yo creo que, de alguna manera, todavía tenemos un resabio de que los(as) niños(as) son personas inacabadas e insuficientes, como si fueran minusválidos(as)”, critica la psicóloga jurídica y académica del Depto. En ocasiones, los(as) niños(as) se ven afectados(as) y triangulados(as) por los conflictos no resueltos de sus padres, lo que constituye “otra forma de maltrato poco visible” explica Salinas.
La creación y desarrollo del Servicio Nacional de Menores ha replicado esta visión del niño-objeto que recibe ayuda y asistencia del Estado, al cual hay que controlar y “reparar” como si fueran “utensilios”, siendo que a los sujetos no se les repara. La crisis impulsa a pensar en un nuevo trato con la infancia, con un paradigma distinto al vigente. Hoy, pese a los avances, persisten situaciones que reflejan el maltrato hacia la niñez y la necesidad de una reforma estructural profunda para evitar que la salud y la vida de los menores queden desprotegidas.