La historia del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile ha estado marcada por una serie de graves cuestionamientos relacionados con violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. Estas denuncias han impulsado investigaciones profundas que han expuesto fallas estructurales y una respuesta institucional deficiente.
La Comisión de Verdad y Niñez: Creación y Desafíos
La investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas a niñas, niños y adolescentes en recintos del Sename entre 1979 y 2021 podría paralizar sus labores tras un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez. Esta instancia estatal de asesoría presidencial fue creada tras una categórica resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Comisión fue creada en diciembre de 2024, iniciando sus operaciones a partir de 2025. Sin embargo, según informaron los propios funcionarios de la instancia oficial, llegaría a su fin en abril de 2026. Esta eventual decisión se enmarca en un contexto de recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast, que se ejecutarán a distintos organismos estatales por igual. Cabe destacar que el plazo que tiene actualmente la comisión para cumplir su objetivo es hasta abril de 2027, pero la presentación de una prórroga durante la administración anterior permitió extender su plazo.
Función de la Comisión
La Comisión de Verdad y Niñez permite a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes correspondientes para ser objeto de investigación. Se incluyen también los casos de abuso eclesiástico.
Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de la existencia del Sename, según un informe de UNICEF. En ese sentido, y a raíz del trágico incendio de 2007 en el centro "Tiempo de Crecer", la tesis de que en estos centros se violaban los derechos humanos de menores tomó fuerza. Es por eso que la Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para ser informados al presidente de turno con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a las víctimas.
Sentencias Clave y Evidencia de Vulneraciones Sistemáticas
La Comisión nace a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la CIDH, que evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer”, ocurrida en 2007 bajo la tutela del Sename, y una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes de cuatro recintos distribuidos en el país: Limache, Rancagua, San Miguel y el mismo recinto en que se produjo el trágico accidente.
El fallo internacional no solo abordó las consecuencias del incendio, sino que también puso el foco en un problema estructural más amplio. Según el tribunal, el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales -como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento- en perjuicio de jóvenes privados de libertad en distintos centros del país. De acuerdo con los antecedentes, estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal.
Previamente a la resolución de la CIDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investigó los hechos que tiñeron de negro la jornada del 21 de octubre en el centro “Tiempo de Crecer”. A través de informes, reforzaron la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado. Problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social eran comunes en varios centros administrados por el Sename. En esa misma línea, una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados advirtió años antes que “siguen ocurriendo hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior”.
Aunque el Estado chileno reconoció parcialmente su responsabilidad durante el proceso, la Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron especialmente a un grupo en situación de alta vulnerabilidad: adolescentes bajo custodia estatal.
VIDEO Reportajes T13 El negocio de los niños del Sename reportaje
Investigaciones Profundas y Hallazgos Alarmantes
La investigación realizada por el Poder Judicial y la UNICEF sobre cómo viven los 15.000 niños supuestamente protegidos por el Estado, no solo mostró la presencia extendida del abuso sexual y de la violencia. Cada vulneración de derechos detectada en ese informe está ligada a un fallo, a un renuncio de los organismos que deben proteger a esos niños: el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Poder Judicial.
Un ejemplo de esto último: en 2011, el Sename, que ha criticado el trabajo de la UNICEF, realizó una encuesta a 4.000 niños del sistema residencial. En ella, más de 200 niños dijeron que alguien les había tocado sus genitales y más de 150 dijeron que los habían obligado a tocar las partes íntimas de otras personas. A medida que la discusión avanza y se suman nuevas instituciones a investigar la vida, usualmente invisible, de los niños en el sistema de protección, queda claro que hay un enorme problema de presupuesto (el Fisco entrega un tercio de lo que se necesita para mantener a un niño en el sistema).
La investigación que provocó este remezón es el resultado de un convenio entre la UNICEF y el Poder Judicial. El estudio en terreno abordó las condiciones de vida de 6.500 niños atendidos en 10 regiones e identificó los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de protección. El equipo que realizó esta inédita investigación fue encabezado por la jueza Mónica Jeldres e integrado por las magistradas de tribunales de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez. En representación de UNICEF participó la socióloga Carolina Bascuñán, quien diseñó muchos de los instrumentos que se aplicaron en la investigación.
Resultados de la Comisión Jeldres
En la investigación, la Comisión Jeldres detectó la presencia constante del abuso sexual, delito que a veces cometen los propios guardadores, pero que en su mayoría es realizado por otros jóvenes internos. En las Aldeas Infantiles SOS, institución que fue examinada a fondo por la comisión, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor”, concluye el informe.
También se registró la presencia masiva de la violencia física y verbal por parte de los guardadores o de parte de niños mayores, y castigos como el encierro o dejar a los menores sin comer. Como resultado de lo anterior, la Comisión identificó:
- 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños.
- 45 hogares con datos de violencia entre menores.
- 9 hogares con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño.
- 10 hogares con datos de abuso sexual entre niños internos.
El Rol del Poder Judicial y la Resistencia a la Difusión
A fines del año pasado, cuando los resultados de la Comisión Jeldres se terminaban de ordenar, el equipo fue intervenido por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. La jueza Jeldres renunció y su puesto fue ocupado por la magistrada Gloria Negroni. Administrado por Carreño y por el Sename, el informe fue cuestionado metodológicamente y olvidado.
El Sename ha recibido la mayor parte de las críticas por su reacción tardía. Sin embargo, las acusaciones más graves y más de fondo han sido dirigidas al Poder Judicial, que es coautor de la investigación e invirtió en ella aproximadamente $200 millones. Esto debido a su intento de mantener en reserva los resultados, y sobre todo, por no haber investigado los antecedentes constitutivos de delito que la investigación estaba revelando. Según señaló la socióloga Carolina Bascuñán, Carreño se opuso a la difusión del trabajo de la comisión para proteger la identidad de los niños y para evitar justamente la alarma pública que se ha producido. Sin embargo, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el 17 de julio pasado, Carreño ofreció otra explicación para la no difusión.
La vocera de UNICEF, Francisca Palma, explicó que quien decidía qué se hacía con esa información era el Poder Judicial, “ya que era el mandante del estudio”. Lo que está fuera de duda es que fue Héctor Carreño quien decidió que los datos de la encuesta no fueran investigados por los Tribunales de Familia, a pesar de que los jueces cuentan con amplias facultades para intervenir hogares y terminar con los abusos detectados por el estudio.
Críticas a la Actuación Judicial
Entre las críticas más duras lanzadas al Poder Judicial destaca lo expresado por la abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, quien explicó ante la citada Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que no solo había que investigar la tardía reacción frente al informe, sino buscar las razones del maltrato que reciben los niños “protegidos” por el Estado. Gómez argumentó que más allá de la innegable falta de recursos, hay una lógica institucional que hace que los jueces no se preocupen por la suerte de los niños que ingresan al sistema de protección. Normalmente, cuando los jueces mandan a un niño a un hogar por ser víctima de violencia, suelen cerrar la causa, como si los problemas del niño se hubieran solucionado. Pero la internación en un hogar no es solución para nadie.
Una residencia es un lugar de paso desde donde apoyar a la familia para que supere la violencia en la que vive y el niño pueda volver a su casa; o para buscar una nueva familia para él. Mientras eso ocurre, el niño debe recibir un tratamiento que lo ayude a superar lo que ha vivido. Pero no se ha cerrado nada. Como en el sistema residencial hay cerca de 15 mil niños, en los tribunales debería haber 15 mil causas abiertas. Según Gómez, esto no ocurre porque “se afectan las estadísticas de causas terminadas y las metas de gestión del Poder Judicial”. Esas metas de gestión fueron fijadas por la Comisión Interinstitucional que integran el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio de Hacienda.
Lo que se fija para este año es que el 85% de las causas tienen que estar terminadas en un plazo de 120 días desde que ingresan. Esas metas tienen a todos los jueces de familia del país de cabeza cerrando causas a como dé lugar y las principales afectadas son las causas de protección de niños y las de violencia intrafamiliar, donde las personas van sin abogado, porque la ley se los permite. Un acceso más rápido a la justicia. Esas causas, donde las personas sin recursos van sin abogado, son las que se cierran, sin siquiera abrir un juicio. ¿Para qué? Para que figuren como terminadas y suban las estadísticas. Ahí está el tema de fondo.
Ante los diputados, la abogada Gómez defendió la idea de que los jueces están obligados a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, derechos que están en los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado chileno. En virtud de esos acuerdos, si un niño necesita atención psiquiátrica, el juez está obligado a ordenarla y el sistema debe responder a esa atención. Y si no tiene recursos, debe generarlos. “Si la autoridad no cumple, se le decreta el pago de una multa o el arresto." Este mensaje, que transforma a los jueces en activos agentes de la protección de los menores, era transmitido en las “jornadas de transferencia técnica” que realizó la Comisión Jeldres en las 10 regiones visitadas y que fueron suspendidas cuando el ministro Carreño intervino la comisión. Ante los diputados, Gómez interpeló a Carreño: “La ley dice que los tribunales tienen imperio para hacer cumplir sus resoluciones.”
Las críticas de la abogada Gómez fueron profundizadas por el diputado Ricardo Rincón, quien afirmó que la Comisión Jeldres había actuado siguiendo una doctrina apegada a la Convención de los Derechos de los Niños, “y parece que a la Corte Suprema no le agradó.” El parlamentario ejemplificó el problema de fondo con dos casos de la Región de O’Higgins.
Reacción y Cuestionamientos al Sename
Otra autoridad que quedó en una delicada posición como resultado del trabajo de la Comisión Jeldres es el director del Sename, Rolando Melo. A comienzos de marzo de este año, Melo recibió los datos de la Comisión Jeldres que indicaban, hogar por hogar, un cúmulo de graves situaciones detectadas. Ante la pregunta de por qué la publicación de CIPER fue necesaria para que los hechos fueran canalizados a través de un fiscal del Ministerio Público y por qué las acciones actuales no ocurrieron el 7 de marzo, cuando Melo tuvo conocimiento completo de los hechos, el cuestionamiento persistió.
Entre los datos recibidos por Sename están los citados 12 casos de abusos sexuales registrados en la encuesta de UNICEF. Rolando Melo señaló que como la encuesta no identificaba a los niños, el trabajo de Sename para proteger a los denunciantes había sido “a oscuras”. Ante la pregunta de si es tan difícil identificar a una niña de 9 años abusada en un centro donde hay 20 niños, el Sename respondió afirmativamente.
Angélica Marín, jefa del departamento de Protección de Derechos de ese organismo, explicó ante la Comisión de Constitución que, de los 12 casos que conocieron en marzo, tras cinco meses de trabajo y de “desplegar equipos en terreno”, solo pudieron identificar cinco situaciones similares. Ante la comisión y ante la prensa, tanto Melo como Marín insistieron en que UNICEF se equivocó al hacer encuestas anónimas. Si bien esas críticas pueden ser muy atendibles, resultan contradictorias en boca de autoridades del Sename, pues la encuesta de la UNICEF es una continuación de otra encuesta hecha en 2011 por el propio Sename y con las mismas características de anonimato. En esa encuesta surgieron más de 200 casos de abuso sexuales.
En el grupo de los niños de 7 a 12 años, el 7,8% (157 niños) afirmó que alguien (no se precisa si un adulto de la residencia u otro niño) les había tocado partes íntimas de su cuerpo: “Identificando mayoritariamente más de una parte de su cuerpo, seguido de la vagina, el poto, el pene y los senos”, detalla el informe. Si se consideran solo los niños que acusan haber sido tocados, hay 238 casos que Sename conoció en 2011. Sin embargo, eso no se tradujo en denuncias a la fiscalía.
De acuerdo a los datos obtenidos por CIPER, ese año solo hubo 35 denuncias hechas por los directores regionales de Sename a las fiscalías. Más o menos lo mismo que en 2012: 48 casos. Lo único que parece haber hecho Sename es distribuir entre sus colaboradores acreditados la circular Nº 18, donde establece los procedimientos que deben realizar quienes detecten “hechos constitutivos de maltrato físico, psicológico o de delitos en contra de niños, niñas o adolescentes sujetos de atención”.
Ambos documentos son claros en establecer que todas las personas que tomen conocimiento de un posible delito cometido al interior de los hogares y residencias de menores, tienen la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes -Ministerio Público, Carabineros o PDI- en no más de 24 horas. De acuerdo a lo que el Sename señaló, la implementación de ambas circulares en 2011 “buscó generar una acción rápida y efectiva para proteger a los niños que eventualmente estaban expuestos a maltratos o abusos”. Pero eso no ocurrió. Y llama la atención que ante la gravedad de los hechos detectados por la encuesta “Mi derecho a ser escuchado”, hayan sido tan pocos los casos que llegaron a la justicia. Y más grave resulta que, a dos años de que esos instructivos establecieran los pasos a seguir frente a hechos constitutivos de delitos, recién ahora el Sename esté “articulando un registro nacional de la aplicación de estas circulares que se llevan de manera descentralizada”. En otras palabras, la institución que dirige Melo no maneja las cifras sobre cuántas denuncias han llegado a tribunales por parte de sus propios funcionarios o de sus colaboradores acreditados.
Frente a las críticas de Sename y del ministro Héctor Carreño, UNICEF ha reconocido que era posible mejorar el mecanismo a través del cual se hacía la encuesta, de modo de acelerar la protección de los niños que declaraban haber sido abusados. Para UNICEF, la encuesta no se diseñó para recoger denuncias específicas. Mirarlo así es simplificar el problema que vive el Sename, pues las situaciones de vulneración en la red no son 12 casos; esas son solo una muestra representativa. En la encuesta “Mi derecho a ser escuchado” elaborada por Sename, aparecen también similares niveles de violencia que los detectados en la encuesta de la Comisión Jeldres: 15,7% de los niños menores de 13 años (313 casos) relata que los adultos de la residencia alguna vez le han pegado y un 19,9% ha visto a los adultos golpear a otros niños/as.
La pregunta es válida porque existe la constatación de que la reacción de Sename es lenta y a veces muy ineficaz. Así fue consignado por la misma Comisión Jeldres cuando en Arica denunció a los tribunales la situación de dos hogares: Ajllasga y Sariri. No solo resulta criticable que, teniendo el Sename la obligación de supervigilar esos hogares, tuviera que ir una comisión desde Santiago para constatar los abusos y hacer que intervinieran los hogares. Lo más complejo es que, seis meses antes de la visita de la Comisión Jeldres, esos hogares habían sido visitados por una comisión del Ministerio de Justicia, la cual había entregado un duro informe sobre ambas residencias.
Transformación y Desafíos Futuros
Cabe destacar que el Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021 tras la seguidilla de cuestionamientos por parte de los organismos nacionales e internacionales. Fue reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
El Sename cerró su trabajo con jóvenes y la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faundez, se refirió al duro traspaso de funciones. Tras un motín en el Centro de Internación Juvenil de Coronel, Gendarmería tuvo que intervenir para rescatar a los educadores. Faundez destaca la lucha contra la violencia, la drogadicción y la falta de condiciones en los recintos. Se ha invertido en infraestructura y capacitación para abordar la problemática, incluyendo la detección de drogas emergentes. Si después de todo este despliegue la situación de los niños bajo protección del Estado no cambia real y profundamente, no quedará institución a la que acudir: sería un fracaso institucional de nivel nacional.
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