La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada el 13 de diciembre de 2006, representa un hito fundamental en el reconocimiento y la protección de los derechos de esta población a nivel mundial. Constituye un nuevo paradigma de protección jurídica, reflejo del momento histórico de la diversidad y el reconocimiento de la diferencia.
Esta Convención, la primera del siglo XXI, es un instrumento de derecho internacional de carácter vinculante y obligatorio para los Estados partes, marcando el paso del "derecho modelo" o de los "estándares interpretativos no vinculantes" a un derecho internacional vinculante.
Propósito y Definición
El propósito de la Convención es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".
Según el Artículo 1 de la Convención, "las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". Este enfoque refleja un cambio del modelo médico al modelo social de la discapacidad.
Naciones Unidas ha abordado la problemática de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, siendo esta Convención el punto culminante de un largo proceso.
Antecedentes Históricos y Evolución
El análisis de la situación de las personas con discapacidad debe efectuarse en distintos niveles de desarrollo económico y social, en diferentes culturas y, fundamentalmente, desde la óptica del Derecho Internacional. Recae en los Estados la responsabilidad fundamental de remediar las condiciones que conducen a la aparición de deficiencias y de hacer frente a las consecuencias de la discapacidad, sin reducir la responsabilidad de la sociedad en general, los individuos y las organizaciones.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de despertar la conciencia de la población sobre los beneficios de la inclusión de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida social, económica y política.
Primeros Esfuerzos y Declaraciones (Década de 1970-1981)
Un claro antecedente de este esfuerzo se observa en el trabajo realizado por la ONU en la década de 1970 para elaborar planes y acciones que se llevarían a cabo en la década de 1980, la cual fue dedicada a las personas con discapacidad. En este primer período, se elaboraron cuatro declaraciones clave:
- Declaración de Derechos del Retardado Mental (1971)
- Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975)
- Declaración sobre las Personas Sordociegas (1979)
- Declaración Sundberg (1981)
Estas declaraciones buscaron otorgar derechos en general a las personas con discapacidad, aunque su mayor énfasis estuvo en la prevención de las discapacidades, la rehabilitación y el ámbito laboral. Este período culminó con la celebración, en 1981, del Año Internacional de las Personas con Discapacidad.
Programa de Acción Mundial (PAMPD) y Decenio Mundial (1982-1992)
Un segundo momento importante se sitúa entre 1982 y 1992, con la adopción en 1982, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (PAMPD) y la Declaración del Decenio Mundial de las Personas con Discapacidad (1983-1992).
Estos documentos, aunque no eran propiamente normativos vinculantes, constituyeron una propuesta de medidas para la realización de los objetivos de igualdad y plena participación. En 1987, en la reunión de Viena, se sugirió que la Asamblea General de las Naciones Unidas preparara una conferencia especial para tratar los derechos humanos de las personas con discapacidad y solicitar una convención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación.
A pesar de estos avances, el Decenio no cumplió todos sus objetivos, principalmente por falta de fondos y la persistente tendencia a mantener las cuestiones de discapacidad aisladas en lugar de integrarlas en las políticas generales. El objetivo de entonces era crear una "sociedad para todos" y eliminar las barreras, con la meta de lograrlo para el año 2010.
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades (1993)
Después de la reunión mundial de expertos de Estocolmo en 1987, se sugirió la necesidad de elaborar una doctrina rectora para las prioridades de acción internacional, basada en el reconocimiento de las personas con discapacidad. Esta reunión recomendó a la Asamblea General convocar una Conferencia especial para redactar una Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Finalmente, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad fueron aprobadas por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993. Se elaboraron sobre la base de la experiencia del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992) y se fundamentan en la Carta de Derechos Humanos (Declaración Universal, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos del Niño y Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), así como en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos.
Nacimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2001-2006)
A partir del apoyo expresado por la Conferencia de Durban y con el tema de formas conexas de discriminación aprobado, la delegación mexicana en Naciones Unidas impulsó una resolución oficial para abrir el proceso de negociación. Este esfuerzo fue respaldado por una campaña internacional del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI), dirigida a organizaciones de personas con discapacidad, para incidir en los gobiernos.
Finalmente, en la 56.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 2001, se aprobó una resolución que inició el proceso de elaboración de la Convención. Esta Convención fue el primer tratado internacional en la historia que obtuvo la firma de 81 países el mismo día de su apertura. Actualmente, cuenta con 153 Estados signatarios y 106 ratificaciones, y continúa abierta a más firmas y ratificaciones de los Estados miembros.
Conoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Derechos Clave y Principios Fundamentales
La Convención establece un conjunto integral de derechos y principios que buscan garantizar la dignidad e igualdad de las personas con discapacidad:
Inclusión y Participación en la Comunidad
Deberá garantizarse a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación en la comunidad. Esto implica que puedan elegir su lugar de residencia en igualdad de condiciones y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Es fundamental que puedan contar con acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida asistencia personal para facilitar su existencia y para evitar su aislamiento.
Salud y Rehabilitación
Se les asegura el acceso a servicios de salud y rehabilitación. Se proporcionarán programas de atención de salud gratuitos o asequibles (en precio y ubicación) de la misma variedad y calidad que para la población general, incluso en el ámbito de salud sexual y reproductiva. Se prohíbe la discriminación en seguros de salud o de vida y se capacitará al personal médico para atender adecuadamente a las personas con discapacidad.
Matrimonio, Familia, Paternidad y Relaciones Personales
Es vital poner fin a la discriminación en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, asegurando la igualdad de derechos en estos aspectos fundamentales de la vida.
Derecho al Trabajo
Los Estados salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes y la promulgación de legislación específica.
Nuevos Enfoques y Paradigmas de la Convención
La Convención va más allá de un modelo clásico antidiscriminatorio, constituyendo un modelo complejo de igualdad y no discriminación. Algunos de sus nuevos énfasis incluyen:
- Es un tratado internacional de obligatorio cumplimiento, no solo un estándar moral.
- Se basa en un lenguaje de los derechos, que reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos.
- Consagra el principio de progresividad, implicando que los Estados deben avanzar continuamente en la realización de estos derechos.
- Aborda la justiciabilidad de derechos más allá de su catálogo explícito.
- Consagra nuevos derechos para las personas con discapacidad, adaptados a sus necesidades específicas.
- Establece principios claros de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y prohibición de la discriminación.
- Reconoce el valor de la diversidad o diferencia de las personas con discapacidad, en lugar de buscar la asimilación.
- Impone al Estado la adopción de medidas proactivas para modificar un statu quo que genera exclusión.
- Presenta innovaciones en el modelo de seguimiento para asegurar su aplicación efectiva.
La Convención reconoce que la discapacidad puede ser potenciada por otros factores de vulneración, promoviendo un modelo antidiscriminatorio complejo que busca la igualdad efectiva.
Obligaciones de los Estados y el Rol de la Sociedad Civil
Al firmar y ratificar la Convención, los Estados asumen obligaciones jurídicas y se comprometen a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad y una vida en dignidad para las personas con discapacidad. Esto implica adecuar su legislación interna y establecer políticas públicas que hagan cumplir los derechos consagrados en el tratado, introduciendo medidas destinadas a promoverlos y a luchar contra la discriminación.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son asociadas estratégicas en este proceso de cambio, ya que tienen un impacto directo en la realidad al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de personas con discapacidad. Colaboran activamente para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.
Víctor Pineda, economista, cineasta y experto en derechos humanos, quien participó en el Comité de Naciones Unidas que dio luz a la Convención, afirma: "Necesitamos un contrato social renovado para asegurar la justicia para las personas con discapacidad". Pineda, diagnosticado con distrofia muscular a los 7 años, tuvo que vivir en Estados Unidos porque no podía asistir a la escuela en su país natal, Venezuela, un claro ejemplo de las barreras que busca eliminar la Convención.