El Estado de Chile ha violado sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela, una conclusión lapidaria de un informe de la PDI de 2017 que investigó 240 hogares de menores. Este documento, que conmovió al país, reveló una profunda contradicción entre la función protectora del Servicio Nacional de Menores (Sename) y la cruda realidad de los abusos y negligencias en sus centros.
Hallazgos Alarmantes: El Informe de la PDI y la Vulneración Sistemática de Derechos
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, desencadenando una extensa investigación que puso al descubierto la grave situación en los hogares del Sename. Un equipo de la PDI, a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, investigó las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016.
Alcance y Metodología de la Investigación
CIPER accedió a un informe de 257 páginas de la PDI, resumen de 28 tomos de investigación, que detalló que en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos. Este reporte es mucho más completo que uno previo de la ONU, ya que consideró 240 de los 241 centros existentes en el país, abarcando así a cerca de 6.500 niños.
Tipos y Magnitud de las Vulneraciones
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosaron en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizando un total de 310 abusos con connotación sexual. El informe policial fue categórico al señalar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Fallas Estructurales y Protocolos Inexistentes
La investigación también reveló la falta crítica de protocolos. El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Específicamente, el 72,9% de los centros no contaba con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% carecía de protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue causada por errores en la contención. Además, la mayoría de los hogares tampoco tenía un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Problemas de Salud Mental y Física de los Niños
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: el 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, y el 0,4% se encuentra en estado terminal o en evidente riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. Esta situación se agrava por la insuficiencia de personal calificado: 42 centros no tienen un encargado de salud, y en muchos casos, esta función es ejercida por personal sin la formación necesaria.
La administración de fármacos también es un problema, ya que en el 66,3% de los centros, esta tarea la realiza un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud, a quienes solo se les exige cuarto medio. Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado que los fármacos se suministran sin ningún control, a menudo como paliativo para contener a los niños.
Reacciones y Responsabilidades Institucionales
La gravedad del informe fue expuesta por el diputado Rene Saffirio en julio de 2019, quien pidió la renuncia del entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, criticando que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran hecho público el documento en diciembre de 2018. El ministro Larraín, por su parte, negó haber recibido o conocido el informe, argumentando que era parte de un proceso judicial del que el Ejecutivo no era parte.
El Rol del Poder Judicial y las Fiscalizaciones
El informe puso en entredicho al Poder Judicial, ya que los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año. La PDI confirmó que algunos hogares solo recibieron visitas anuales, lo que levanta la pregunta sobre por qué estas vulneraciones sistemáticas no fueron detectadas y abordadas. Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, la policía determinó que estas supervisiones son "en su mayoría, coordinadas de manera previa".
Cadena de Informes y la Inacción
El reporte de la PDI es el último eslabón de una "cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones" a lo largo de siete años, que incluye el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef), dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. Tras cada informe, las autoridades anunciaron medidas y reformas, pero la situación de abuso persistió.
Respuestas Políticas y Controversias
La dificultad del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar cifras precisas sobre las muertes en los hogares motivó la investigación penal del fiscal Marcos Emilfork. La revelación del informe de la PDI también estuvo marcada por controversias políticas, incluyendo acusaciones de un "informe blanqueado" y supuestos acuerdos entre sectores políticos para minimizar el impacto de los hallazgos y proteger intereses particulares.
Hacia un Nuevo Paradigma: La Reforma a la Niñez y Adolescencia
Frente a esta crisis estructural, Chile ha avanzado hacia la construcción de una nueva institucionalidad para la protección de la niñez y adolescencia, buscando superar las contradicciones y deficiencias del Sename.
Ley sobre Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia
En marzo de 2022, se promulgó la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, estableciendo un marco normativo general para enfrentar de manera integral la protección de sus derechos.
Creación de Mejor Niñez y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Con la puesta en marcha del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) en octubre de 2021, y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Chile busca contar con un sistema de justicia especializado y una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez): Estructura y Funcionamiento
Este nuevo servicio es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, supervisado por el Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Naturaleza y Objeto del Servicio
Su objetivo es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, asegurando la provisión y ejecución de programas especializados para casos de mediana y alta complejidad. Deberá operar con un enfoque de derechos, respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. El servicio garantizará el derecho de acceso a la justicia de forma independiente.
Principios Rectores
Los principios rectores del servicio incluyen:
- El interés superior del niño, niña o adolescente.
- La igualdad y no discriminación arbitraria.
- La autonomía progresiva.
- La perspectiva de género.
- La inclusión.
- La protección social.
- La participación efectiva.
Dirección y Estructura
El Servicio es dirigido por un Director o Directora Nacional, nombrado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, con un período de cinco años renovable por una sola vez. Contará con direcciones regionales en cada región del país.
Funciones Principales del Servicio
Entre sus funciones se encuentran:
- Elaborar la normativa técnica y administrativa de los programas de protección especializada.
- Colaborar con órganos del Estado y requerir o entregar información.
- Generar procedimientos para recabar periódicamente la opinión de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.
- Velar por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales relacionadas con la protección especializada.
- Diseñar y desarrollar políticas y programas de capacitación.
- Ejercer acciones para la recuperación de recursos utilizados indebidamente.
Líneas de Acción y Modalidades de Atención
El Servicio operará a través de diversas líneas de acción, diseñadas en base a evidencia técnica y evaluaciones previas, incluyendo:
- Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia.
- Intervenciones ambulatorias de reparación.
- Fortalecimiento y vinculación.
- Cuidado alternativo.
- Adopción: buscando procurar una familia a niños, niñas o adolescentes cuando su familia de origen no pueda satisfacer sus necesidades.
Los programas deberán diseñarse en base a evidencia técnica y territorial, a evaluaciones anteriores realizadas por el Servicio o un tercero y atendiendo a las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia u otros organismos del Estado competentes.
Fiscalización y Sanciones
El Servicio contará con una unidad de fiscalización que aplicará sanciones a los colaboradores acreditados en casos calificados. Las infracciones gravísimas, como delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes o el uso indebido de recursos públicos, podrán ser sancionadas con el término de la acreditación. Los colaboradores acreditados deben ser personas jurídicas que hayan implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir dichos delitos y el uso incorrecto de recursos.
Políticas de Personal y Condiciones Estructurales
El Servicio deberá contar con personal capacitado e idóneo para el ejercicio de sus funciones. Se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para cumplir su rol protector. Adicionalmente, se requiere reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de niños y niñas en residencias y hacer efectiva la protección y el buen trato dentro de ellas.
tags: #contradiccion #funciones #del #sename