Irregularidades Contables y Denuncias de Fraude en el Programa Sename

En la administración pública, los recursos financieros son asignados con propósitos específicos. La utilización de estos fondos para objetivos distintos a los establecidos constituye una "aplicación pública diferente", una práctica que en Chile puede ser tipificada como malversación de caudales públicos.

Investigación del Programa Ascar y Posible Malversación

El Ministerio Público solicitó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI indagar la posible existencia de este delito. El presunto ilícito habría ocurrido en el Ministerio de Justicia, y la investigación surgió a raíz de posibles irregularidades en los recursos destinados al Programa de Aseguramiento a la Calidad de las Residencias (Ascar). Este programa fue ejecutado por la cartera entre agosto de 2013 y diciembre de 2016, y su objetivo inicial era contratar profesionales para el mejoramiento de las residencias a cargo del Sename.

La revelación de muertes de menores bajo la tutela del Estado impulsó a la policía civil a crear una fuerza de tarea para investigar estos hechos. Con el paso de los meses, las diligencias solicitadas por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, derivaron en hallazgos que promovieron la investigación de la arista Ascar.

Equipo de Investigación y Alcance de las Diligencias

Para estas labores, la PDI creó a mediados de 2017 un equipo de trabajo conformado exclusivamente por detectives mujeres. La comisario Ana María Fuentes (contadora auditora), la comisario Gabriela Lineros (ingeniera comercial), la comisario Sandra Elgueta (periodista) y la detective Bárbara Figueroa se han encargado de tomar 158 declaraciones a la totalidad de funcionarios de Ascar. La complejidad y la variada documentación a revisar han impulsado al equipo a analizar 60 archivadores con información del programa, relativa a sueldos, informes, contabilidad, viajes e información entregada a Contraloría.

El subprefecto José Gutiérrez, jefe de la Bridec Metropolitana, indicó: "Para este caso se designó a dos oficiales con años de experiencia en la investigación de esta área, siendo posteriormente, y a la luz de los nuevos antecedentes -me refiero con ello a la arista subvenciones-, reforzadas por otras dos oficiales con similares perfiles profesionales".

Cambio de Objeto y Desvío de Fondos

De acuerdo con las policías, el programa Ascar se inició en 2013 con el propósito de mejorar la calidad de las residencias. Sin embargo, con el paso de los meses, esta finalidad varió a aspectos distintos. La comisario Fuentes señaló: "Hay una estructura del programa que fue cambiando durante este periodo y perdiendo el foco. Las nuevas contrataciones, justificadas o no, y las nuevas áreas que se crearon es lo que fue mutando desde su inicio a lo que terminó en 2016".

Inicialmente, el programa estaba enfocado en la protección, pero luego se agregaron aspectos relacionados con la Responsabilidad Penal Adolescente, también vinculados al Sename, pero dirigidos a menores infractores. El cambio de objetivo derivó en la creación de los "diálogos ciudadanos". Fuentes explicó que se realizaban "charlas sobre la prevención de abuso sexual de menores" en colegios, universidades, plazas ciudadanas y juntas de vecinos, incluyendo establecimientos del sector oriente de Santiago.

La comisario Lineros sostuvo al respecto: "Ahí claramente no se cumple el objetivo del programa. Ahí estamos viendo una aplicación pública diferente, en que los dineros solicitados y entregados que eran para un objetivo, a sabiendas de eso, se utilizaron en otro tipo de contratación".

Próximos Pasos en la Investigación

Aún resta una serie de interrogatorios surgidos a partir de antecedentes entregados por los funcionarios, seguido del análisis final de los datos. "Tras ello, será la fiscalía quien defina posibles formalizaciones", señaló Fuentes. A pesar de las más de 150 declaraciones, aún no se han solicitado a los exministros José Antonio Gómez o Javiera Blanco. La comisario Lineros explicó que esto se debe a una "manera de abordar la investigación": "Cuando comienza la investigación de Ascar, lo primero es conocer el programa. Para ello es el análisis y las diferentes entrevistas. Una vez que se tiene detalle de todo, uno comienza a interrogar desde abajo y luego va ascendiendo para determinar responsabilidades".

Denuncias de Irregularidades Financieras en Sename

Se ha revelado que el Sename destina anualmente cerca de $240 mil millones a organismos colaboradores externos (OCAS), quienes administran residencias o programas de atención a menores. Cada año, una parte de estos recursos no es gastada por estos organismos o es rechazada por el Sename. Estos saldos sin ejecutar o por cobrar no dejan rastro en la contabilidad del servicio, lo que ha llevado a la directora del servicio a presentar una denuncia ante la Fiscalía por fraude al Fisco.

La jefa de Finanzas del Sename también realizó una denuncia similar, asegurando haber informado los hechos dentro de la entidad sin ser escuchada. A través del Oficio Reservado N° 460, con fecha 8 de noviembre, la directora del Sename, Rosario Martínez, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte. El fraude denunciado se habría ejecutado con los saldos de las subvenciones que el Sename entrega a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS), prestadores privados que administran residencias o programas de atención a menores.

La inexistencia de documentación de respaldo para establecer el destino de estos saldos podría estar ocultando una pérdida significativa de fondos públicos destinados a la protección de niños vulnerados. En 2018, el Observatorio para la Confianza informó que el 96,4% de los centros residenciales de la red Sename estaban a cargo de prestadores privados.

Declaraciones Oficiales sobre los Saldos Pendientes

La directora del Sename, Rosario Martínez, afirmó: "El 8 de noviembre se presentó una denuncia al Ministerio Público, entregando los antecedentes que manejo como directora. Asimismo, esto fue remitido al contralor general y al Consejo de Defensa del Estado".

Martínez añadió que, según la información proporcionada por la jefa de Administración y Finanzas, Karina Sepúlveda, esta última habría denunciado ante el Ministerio Público el 3 de noviembre hechos relacionados con saldos pendientes de rendición en el servicio desde 2014. Rosario Martínez asumió su cargo en octubre de 2020 con el objetivo de facilitar la transición de información desde el Sename a Mejor Niñez, la nueva institución encargada de la atención a la infancia vulnerada.

Según el relato de la directora, fue Karina Sepúlveda quien no presentó la información contable de respaldo. Martínez explicó: "Ella, en una reunión por retrasos reiterados de la información contable requerida, refiere que no puede entregar información concluyente debido a que presume que hubo delito en 2014". Dada la gravedad de los hechos informados, se solicitó a Sepúlveda documentar sus declaraciones para que la institución pudiera tramitar la denuncia ante el Ministerio Público. La directora Martínez agregó: "La denuncia se realiza debido a que después de ocho meses de trabajo y diversos esfuerzos institucionales, buscando levantar los saldos pendientes de rendición de OCAS, se detectan inconsistencias persistentes en la información contable".

CIPER contactó a Karina Sepúlveda, quien confirmó que a principios de noviembre ingresó su denuncia a la Fiscalía. Declaró: "Efectivamente, hice una denuncia ante el Ministerio Público y ante la Contraloría General de la República el 3 de noviembre del 2021. Lo hice en cumplimiento de mis funciones como funcionaria pública que, dicho sea de paso, es parte de los deberes que tenemos los funcionarios públicos. Esto, por posibles hechos constitutivos de delitos. Ahora, en virtud de esto y para no entorpecer la investigación, la información la tengo que entregar en el organismo que corresponde".

Marco Normativo y Protección de los Derechos de la Infancia

Las normas establecidas determinan la forma y condiciones en que el Servicio Nacional de Menores (Sename) subvenciona a sus colaboradores acreditados, garantizando que la acción desarrollada respete y promueva los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes bajo su atención.

La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la legislación chilena a través del D.S. N° 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1990, establece principios fundamentales para la gestión de recursos destinados a la infancia:

• Su artículo 3 señala que el interés superior del niño será una consideración primordial en todas las acciones, comprometiendo a los Estados Partes a asegurar la protección y el cuidado necesarios para su bienestar.
• El artículo 4 indica que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella.
• El artículo 12 garantiza al niño el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan.
• El artículo 19 señala que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia de sus responsables.

Atribuciones de Fiscalización

En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que el órgano recurrido tiene facultades para fiscalizar los gastos contenidos en el informe N° 206, de 6 de agosto de 2018. Esto subraya la importancia de la transparencia y el control en el uso de los fondos públicos.

Críticas al Nuevo Modelo de Atención a la Infancia y su Financiamiento

El nuevo servicio, Mejor Niñez, será fiscalizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a diferencia del Sename que dependía del Ministerio de Justicia. Sin embargo, existen fuertes críticas a este nuevo modelo. Un dirigente sindical calificó el nuevo servicio como una "farsa" y un "show mediático orquestado bajo la consigna famosa de ‘Los niños primero‘". Recordó una iniciativa similar en 2005 y criticó que, pese a los anuncios, han pasado quince años y solo se han observado "maltratos, abusos, violaciones sistemáticas a los derechos de la niñez y juventud y, por cierto, maltrato a las trabajadoras y trabajadores honestos que se vinculan en los procesos de intervención en los más de 400 organismos colaboradores que hay a nivel nacional".

El dirigente cuestiona las motivaciones detrás de mantener el sistema de tercerización de los servicios de atención y protección a la infancia y critica el "triunfalismo" de los congresistas. "Los trabajadores y trabajadoras no queremos avances en la medida de lo posible, queremos cambios estructurales ya, porque se requieren", afirmó.

Factores de Preocupación en el Nuevo Modelo

Las razones para mantener los organismos colaboradores, a pesar de ser señalados como abusadores y negligentes, se atribuyen a varios factores:

• Financiamiento: Se argumenta que mientras exista la ley de subvenciones y no un financiamiento directo a la intervención especializada, se mantendrá la precariedad en la atención a niños y niñas gravemente vulnerados. Se considera impresentable mantener una fórmula de vínculo con los niños a través de una "ayuda" a privados.
• Falta de prevención local: La ausencia de prevención a nivel territorial o de un dispositivo de apoyo y vigilancia permanente de la situación de los niños impide detener las vulneraciones de derechos a tiempo, resultando en un aumento de ingresos a los servicios especializados.
• Precariedad financiera del nuevo servicio: Se cuestiona la supuesta nueva calidad del servicio, ya que con los 95 mil millones de pesos propuestos por la Subsecretaría, un 30% se destina a gastos administrativos y el resto apenas cubre a los 14 mil niños y niñas ya en lista de espera.

Se argumenta que el cambio en el Sename no ataca el problema de fondo: la falta de respeto a los derechos de todos los niños y niñas en Chile, quienes tienen derecho a ser protegidos y requieren garantías reforzadas. Los trabajadores de los órganos colaboradores del Sename no descartan iniciar nuevas movilizaciones y continuarán enviando oficios a la Subsecretaría para señalar las falencias de la legislación. Se considera positivo que se discuta y que se anteponga la ley de garantías de derechos de la niñez a la entrada en vigencia del nuevo servicio, esperando su aprobación.