Un acuerdo que facilita a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) el acceso a información que posee el Servicio Nacional de Menores (SENAME), “que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado” al organismo de investigación, encendió la alarma de diversas instituciones en torno a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Este convenio, suscrito el 21 de febrero, fue revelado y generó cuestionamientos de distintos sectores. Organizaciones identificaron un interés formal por desproteger y criminalizar a la niñez y juventud a través de un convenio que estigmatiza y discrimina a los niños, niñas y adolescentes en -supuesta- protección del Estado.
Reacciones Institucionales y Acciones Legales
La Defensoría de la Niñez y el Consejo para la Transparencia
Otros actores en la defensa de este grupo se manifestaron ante la estrategia. Mientras la Defensoría de la Niñez interpuso un recurso de protección contra la medida, a la que calificaron de “gravísima”, el Consejo para la Transparencia (CPLT) agregó a la discusión que dicho acuerdo sobrepasa la garantía constitucional de la protección de datos en niños, niñas y adolescentes “ya que requiere consentimiento de titulares, una ley que lo autorice o ser objetos de beneficios de salud”.
A raíz de las críticas, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del convenio. Sin embargo, la propia Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección que presentó la Defensoría de la Niñez.
Otras Organizaciones y su Preocupación
Otras organizaciones como la Fundación para la Democracia, el Instituto Igualdad y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), han coincidido en el carácter ilegítimo de este ánimo colaborativo. Han solicitado al Congreso revisar la Agenda de Seguridad y Paz Social del Gobierno para garantizar marcos legales que se ajusten estrictamente a los principios y estándares internacionales. El Foro NO +, del que participa activamente la UAHC, también se hizo parte de estas acciones de defensa social a favor de los encarcelados que incluyen una opinión sobre el acuerdo entre la ANI y el SENAME.
Al respecto, el rector Álvaro Ramis, integrante de la iniciativa, pone el acento en un tristemente histórico rol del servicio como institución cuestionada. Señala que existe suficiente evidencia sobre una desadecuada misión de cuidado de sus principales resguardados.
Seminario web “Cumplimiento de la nueva Ley de protección de datos personales”
Análisis de Especialistas y Académicos
Perspectiva Sociológica sobre la Exposición de Datos
Uno de estos especialistas es el sociólogo Alejandro Tsukame, docente de la Escuela de Sociología de la UAHC e investigador del tema de hogares de acogida y el devenir de los menores de edad que salen de estos recintos al cumplir la mayoría de edad. El académico considera pertinente la observación que el CPLT hizo sobre el asunto atendiendo a la exposición de datos personales de niños para cualquier fin que considere la ANI.
Tsukame recuerda la multitud de regulaciones y tratados en materia de defensa de la infancia y los derechos humanos que nuestro país ha firmado y que aseguran que la imagen y datos de los niños, niñas y adolescentes no pueden ser utilizados. “Cuando se habla de que no puede usarse esta información sin consentimiento, por otro lado, caemos en un concepto relativo porque muchos de estos niños y niñas no se encuentran en condiciones siquiera de otorgar ese consentimiento. Ahí se puede pensar que quien debiese estar a cargo son los padres, pero ni siquiera se cuenta con eso”.
El académico se plantea preguntas relevantes sobre este particular: “¿Cuál es la idea detrás?, ¿La inteligencia que solicita este material es policial, estratégica o de qué tipo?”. Para él, los fines no están claros y eso es una idea peligrosa. “Sin duda estamos ante un hecho preocupante. Los datos de los niños y niñas deben ser resguardados y sometidos a medidas de protección que hay que regular muy bien. Pero se está saltando todo eso”.
Ante las explicaciones entregadas por el SENAME, en torno a que cada centro cuenta con una autonomía particular, Tsukame cree que esta institución no puede refugiarse en la premisa de que cada casa cuidadora esté a cargo de colaboradores privados, pues hay un mandato del Estado detrás y también una responsabilidad de velar por el cuidado de estos niños que también es superior. “Se estaría incurriendo en algo completamente ilegítimo que no tiene una finalidad del todo clara. Es poco transparente y, aparentemente, busca impactar en el control de los niños del SENAME. Es lo primero que uno puede pensar”.
Cuestionamientos sobre la Finalidad y Precedentes
El investigador especialista en culturas juveniles, Raúl Zarzuri, también docente de la Escuela de Sociología de la Academia, comenta que “llama la atención que haya salido a la luz este convenio entre la ANI y el SENAME, en primer lugar”. Indica que se ha argumentado por parte de la dirección de esa institución, que el llamado convenio intenta resguardar la transparencia. El académico explica que en relación al tema no se conocen iniciativas similares que sean públicas, en nuestro país y menos en el mundo.
A eso, se suma que además de existir un impedimento para acceder a información de los y las menores, la medida se extiende a sus familias y entornos. “Por otra parte, no queda claro en el convenio, qué tipo de datos se podrían solicitar, para qué los quieren, cómo lo van a utilizar, etc.”. La pregunta que surge de esta situación es: “¿cuál es el interés de la ANI por esos datos cuando nunca ha sido información relevante?”. A manera de hipótesis y pensando en el estallido social del 18-O, donde se comentó la participación de los llamados ‘niños del SENAME’ en las manifestaciones y actos de violencia, podría ser un objetivo de la ANI, el rastreo de esos niños, pensando en escenarios a futuros de estallido social. Agrega también que el documento para la colaboración habla específicamente del intercambio de información de carácter gratuita y unidireccional.
Impacto Psicológico y Jurídico
Para Daniella Mirone, Magister en psicología clínica y psicoanálisis, psicóloga supervisora y coordinadora del área infanto juvenil del CAPS, esta situación “desubjetiviza y estigmatiza a los niños, niñas y jóvenes, en particular a los/as vulnerables”. “Una vez más, pero agravado por la situación de crisis sanitaria que vive el país y desde las sombras, se generan acciones que dejan en evidencia cuál es la posición que los gobernantes tienen respecto de la infancia”.
Para la profesional, estos niños, niñas y jóvenes son nuevamente vulnerados, ahora en su privacidad y cuidado, junto con una criminalización de su condición. “Sólo por el hecho de vivir en una residencia o estar ligados al SENAME se les supone portadores/as de información, de intención y de daño para lo que el gobierno define como bien común y orden social”.
Desde la Clínica Jurídica, dependiente de la Facultad de Derecho de la UAHC, el abogado y docente Gonzalo Malagueño, manifiesta su preocupación por el mencionado convenio principalmente por la reacción de la autoridad al momento de ser consultado. “El gobierno a través del Ministro del Interior, en sus declaraciones, ha pretendido bajarle el perfil a ello señalando que es bastante común y normal que entre instituciones del Estado se realicen convenios”. Malagueño remarca que en dicho convenio, “se vulneran una serie de garantías, tanto constitucionales como legales”, ya que “diversas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico aseguran la vida privada y datos de las personas”. “No hay que olvidar que desde hace un tiempo a la fecha, la sociedad y tribunales están estigmatizando a los niños, niñas y adolescentes de hogares de acogida lo que suma un estado de precariedad a ellos y sus familiares”.
El Informe del Comité por los Derechos del Niño como Precedente
Al respecto, Isabel Plaza, profesional de la Unidad de Género y Sexualidades y además coordinadora del Observatorio de Educación en Derechos Humanos de la Facultad de Pedagogía de la UAHC, es tajante al recordar que el informe que realizó el Comité por los Derechos del Niño (2018), “señalaba el protocolo ante la existencia de una violación grave y sistemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo control directo del SENAME”.
“Frente a eso, el Estado de Chile generó toda una investigación para ir en respuesta de solventar esa falencia que había evidenciado el informe y en definitiva se traduce en el denominado Acuerdo Nacional por la Infancia y donde a fines del 2018 este gobierno se comprometió a proteger, resguardar y no discriminar a los niños de este servicio”, argumenta Plaza y añade: “Esto no es algo azaroso ni que se pueda dejar pasar”.
La Postura Gubernamental y Controversias Internas
Defensa del Convenio y Molestias en el Gabinete
A raíz de las críticas es que se encendieron las alarmas en el Ministerio del Interior, particularmente las del ministro Gonzalo Blumel y del subsecretario Juan Francisco Galli, quienes decidieron intervenir en el tema. En el Ejecutivo sostienen que decidieron involucrarse porque Justicia comenzó a impulsar la idea de dejar sin efecto el convenio, poniendo en cuestionamiento, a su juicio, a la directora del SENAME, Susana Tonda, quien firmó el acuerdo, y el rol que le corresponde jugar a la ANI.
Según fuentes del Ejecutivo, Blumel y Galli se contactaron con sus pares y les transmitieron su postura en la materia y el malestar que había al respecto. En Interior defendían el convenio argumentando que era positivo por varias razones, entre ellas, porque “se establecían claramente los fines de la información, se expresaban obligaciones de ambos servicios en relación a la mantención de la confidencialidad de los datos y se determinaban los funcionarios responsables por parte de cada servicio”. Una argumentación compartida en sectores de Chile Vamos. El presidente de RN, Mario Desbordes, por ejemplo, señaló que el convenio solo ordenaba la forma en que la ANI accedía a la información, la que por ley estaba facultada a solicitar.
El propio ministro Blumel defendió el convenio en un punto de prensa, indicando que ese instrumento “era público y conocido, porque estaba en la página de Transparencia del Sename, como corresponde, por lo tanto, no tiene mayor elemento nuevo y se rige por normas muy estrictas de protección de la información”. En el Ministerio del Interior, según afirman en el gobierno, resienten que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, “no jugara en equipo”.
Hacia un Protocolo de Información
Hubo consenso en que, efectivamente, se “interpretó mal” el acuerdo. En esos diagnósticos, se debatieron los aspectos jurídicos y políticos del acuerdo. Respecto de lo primero, la conclusión de Interior era que este era absolutamente legal y público. Pero dado el escenario de críticas que se generó, Interior optó por recomendar a Justicia que se elaborara un protocolo para que la ANI pudiera seguir accediendo a información, lo que finalmente fue anunciado.
Seminario web “Cumplimiento de la nueva Ley de protección de datos personales”
Contexto de la Institucionalidad de Menores en Chile
El Foro NO +, del que participa activamente la UAHC, se hizo parte de estas acciones de defensa social a favor de los encarcelados que incluyen una opinión también sobre el acuerdo entre la ANI y el SENAME. Al respecto, el rector Álvaro Ramis, integrante de la iniciativa, pone el acento en un tristemente histórico rol del servicio como institución cuestionada. Señala que existe suficiente evidencia sobre una desadecuada misión de cuidado de sus principales resguardados.
Un texto, que fue rechazado por 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones, avanzaba en un amplio diagnóstico, en asignar responsabilidades y en acusar las principales falencias del Servicio y de la institucionalidad del país en este ámbito. Entre las conclusiones del informe rechazado, se acusa que tanto el Ministerio de Justicia como las autoridades del Servicio Nacional de Menores (Sename), “fueron advertidos y tenían conocimiento de los graves incumplimientos por parte de instituciones relacionadas”. “La indiferencia y la escasa atención que a ratos se advierte en quienes ocuparon u ocupan las jefaturas del Ministerio de Justicia y del Sename, se pueden advertir incluso de sus declaraciones”.