La Crisis del Sename y la Vulneración de Derechos en Chile

Introducción: Un Sistema en Entredicho

El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, hoy en parte reemplazado por el Servicio Mejor Niñez, ha estado en el centro de una profunda crisis que ha revelado graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado. Durante años, diversos informes y testimonios han expuesto una realidad de abandono, abusos y negligencia, generando un amplio debate sobre la responsabilidad estatal y la necesidad urgente de una reforma integral del sistema de protección.

Infografía: Cifras clave de la crisis del Sename y el impacto en la infancia vulnerable

Dimensiones de la Crisis: Muertes, Abusos y Falta de Transparencia

Cifras Alarmantes y el "Caos Estadístico"

La Defensoría de la Niñez, tras un análisis de la información solicitada al Ministerio Público, determinó que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas al interior de la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos fueron investigados.

La falta de claridad en las cifras es una constante. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces mayor. Asimismo, un análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, sumando un total de 395 con datos adicionales del Ministerio de Justicia para ese período. Sin embargo, estas cifras no resultan confiables ni siquiera para quienes las publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explicó a BBC Mundo que es posible que la información esté replicada, por ejemplo, si un niño que ingresó a distintos programas y murió, su muerte es contabilizada como egreso en todos ellos. La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortiz, calificó el sistema como "en estado terminal" y afirmó que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".

Violaciones Sistemáticas de Derechos Humanos

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. En su informe, mencionaron que el 48,4% de los NNA bajo la tutela del Estado han sufrido violencia física o psicológica.

Una investigación de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, sobre 240 hogares de menores, constató 2.071 abusos. Este informe, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 y con copia al gobierno, no se hizo público inicialmente. En el 100% de los centros que administra el Sename directamente y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron vulneraciones graves de derechos.

Deficiencias en la Estructura y el Personal

Las investigaciones han puesto en evidencia que el personal encargado del cuidado de los niños vulnerables a menudo carece de capacitación especializada, incluso en primeros auxilios. Un abogado español que visitó centros del Sename señaló que la formación del personal de trato directo no es especializada y muchos carecen de formación en psicología para atender a niños que han sufrido abusos, malos tratos o han vivido en entornos desestructurados. Este personal se encuentra, además, bajo un estrés considerable debido a la sobrecarga laboral, doblando o triplicando sus horarios para cubrir ausencias de compañeros.

En este contexto, se ha denunciado que, en ocasiones, el propio personal fomenta la violencia entre los niños como un medio de contención o dominio sobre otros. La falta de recursos y capacitación para intervenir adecuadamente agrava la situación, permitiendo la ocurrencia de malos tratos y, en algunos casos, torturas.

Casos Emblemáticos que Revelan la Brutalidad del Sistema

Lissette Villa: Un Símbolo de la Negligencia

La muerte de Lissette Villa, de 11 años, en abril de 2016 en el Centro Galvarino del Sename, conmovió al país y detonó la crisis. Lissette pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, tras ser retirada de su familia a los 5 años por maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. En el centro, era conocida por sus episodios de rabia, pero un lunes 11 de abril, una crisis se volvió mortal.

Según el testimonio de una cuidadora, Lissette se golpeó la cabeza y se desvaneció. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios. Intentaron reanimarla, buscaron ayuda, pero Lissette ya estaba muerta. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por su muerte, afirmó que Lissette estaba sobremedicada con fármacos como benzodiazepina y antidepresivos, que en las dosis administradas actuaban como antipsicóticos y podían generar agresividad e irritabilidad en niños. La entonces directora del Sename atribuyó su fallecimiento a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, lo que le costó el puesto.

La historia que remeció al Sename: A 5 años de la muerte de Lissete Villa

Guillermina: Un Suicidio sin Protocolo

Guillermina, de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada "a medio vestir y con dinero" escoltada por la policía, tras haberse escapado. Con historial de consumo de alcohol, drogas, depresión y un embarazo adolescente, se resistió violentamente a su reingreso. Menos de media hora después de ser acostada en un camarote, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.

Contrario a los protocolos internacionales para menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para evaluar su estado o estabilizarla. La querella presentada por su familia no prosperó, y su muerte en agosto de 2012 quedó registrada como un "egreso" más del sistema, equiparable a una fuga o reinserción familiar, lo que evidencia la deshumanización del lenguaje institucional.

El Misterio de A.Q.C. en Punta Arenas: Un Caso sin Esclarecer

La muerte de un menor de iniciales A.Q.C., ocurrida el 3 de enero de 2009 en el Hospital Regional de Punta Arenas a causa de una neumonía, forma parte de las investigaciones sobre los fallecimientos en Sename. Este caso ha estado marcado por "hechos curiosos" y la justicia "se olvidó" de procedimientos relevantes.

Se extravió el informe médico del menor durante un cambio de dependencias del Hospital Clínico de Magallanes. Además, la policía sugirió interrogar al Fiscal Eugenio Campos, quien visitaba con frecuencia al pequeño y a su hermano, y fue una de las últimas personas en verlo con vida. Sin embargo, ni el fiscal a cargo de la investigación nacional, Marcos Emilfork, ni el actual persecutor "se acuerdan" de haberle tomado declaración. Las conclusiones de la PDI señalaron la insuficiencia de antecedentes para determinar las causas de la muerte y la ausencia de participación directa de terceros, resaltando la necesidad de la ficha médica extraviada y la declaración del Fiscal Campos.

Luis Maicol Lara Álvarez: Muerte por Encierro y Fuego

La muerte de Luis Maicol Lara Álvarez, de 4 años, el 29 de octubre de 2013, es otra historia emblemática de impunidad. El niño falleció en un incendio iniciado en la habitación donde se encontraba castigado, solo y encerrado con llave. Recién en noviembre de 2017, la educadora de trato directo, Ivonne Palacios, y la directora del Centro Aldea SOS Antofagasta, Carla Albornoz, fueron imputadas por cuasi delito de homicidio. A pesar de un largo historial de denuncias, la señora Albornoz, con el apoyo de la ONG, sigue en su cargo, lo que se presenta como una muestra de impunidad y de la imprudencia frente a graves acusaciones de vulneración de derechos del niño.

Impacto en las Vidas de los Niños y Jóvenes

El Trauma del Abuso Sexual y la Hipersexualización

La experiencia de jóvenes como Catalina Farías revela el grave problema del abuso sexual en las residencias. Catalina, activista egresada del Sename, destaca cómo "el tema sexual se ve mucho en las residencias. Niñas de 6, de 7 años están hablando de eso todo el tiempo. Hipersexualizadas." Muchas niñas llegan a las residencias por causa de abuso sexual reiterado y, lamentablemente, llegan a verlo como normal, sin percibirse a sí mismas como víctimas.

El informe de la PDI constató 310 abusos con connotación sexual, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros) y 187 por otros menores. La falta de educación, charlas y talleres dentro de los centros contribuye a que las niñas no puedan salir de esta dinámica, quedando con un daño que, según Catalina, "es para toda la vida" y se incrementa por la falta de acompañamiento y asistencia especializada.

También es grave que el país esté "muy atrasado en la persecución de estos delitos", ya que muchos abusadores permanecen libres y nunca son interrogados.

Salud Mental y Discapacidad: Una Atención Insuficiente

El reporte de la PDI indica que el 37,3% de los residentes del Sename padece alguna enfermedad psiquiátrica. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.

A pesar de estas alarmantes cifras, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en los 198 que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios sin el perfil necesario, o incluso por técnicos de áreas distintas a la salud. Más del 66% de los centros no cuenta con personal de salud calificado para la administración de fármacos, una tarea que a menudo recae en educadores de trato directo, a quienes solo se les exige cuarto medio rendido. Esta situación es crítica, especialmente considerando que el 63% de los niños está con tratamiento farmacológico.

Además, el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos". Francisco Estrada enfatiza que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil."

El "Salto al Vacío" del Egreso

El egreso de los jóvenes de las residencias constituye "un salto al vacío, sin paracaídas", como lo describió el psicólogo Carlos Vöhringer y lo ratificó Catalina Farías. A los 18 años, muchos jóvenes quedan a la deriva, sin acompañamiento post-egreso ni orientación sobre sus derechos. Catalina relató que, al cumplir 18 años, la dejaron en una casa de acogida en La Pintana y "nunca más llamaron", sin preocuparse por sus estudios o manutención.

Existe una falta de información clara sobre derechos, como la protección estatal hasta los 24 años si están estudiando. Aunque el servicio Mejor Niñez se enfoca en residencias familiares y en terminar con los CREAD, Catalina considera que la atención dedicada y centrada en cada niño es lo que realmente importa, más allá de tener "casas bonitas" o lo básico. Muchos jóvenes egresados tienen problemas de aprendizaje severos o problemas psiquiátricos graves que les impiden salir adelante sin ayuda.

Recomendaciones y el Camino hacia la Reparación

Demandas de Verdad, Justicia y Reparación

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas, actuales y pasadas, priorizando su derecho a ser oídas y a expresar su dolor, además de desarrollar un plan de acción de reparación. En 2020, la Defensoría de la Niñez recomendó la "creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación" liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una petición que no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época. La reparación, según Catalina, debe abarcar lo psicológico, moral y educativo, y en muchos casos, también una compensación económica.

Propuestas para la Reforma Estructural

El abogado español que visitó los centros, solicitó al comité el cierre inmediato del Cread de Playa Ancha, describiendo su infraestructura como una "violación de derechos". El Estado chileno aceptó la solicitud y se comprometió a cerrarlo en tres meses (abril de ese año), pero la promesa fue incumplida. El experto insistió en que "lo ideal es que no haya ningún niño en ninguna residencia, lo ideal es que los niños vivan en familia", ya sea biológica, extensa o de acogida. Solo para casos realmente graves, recomendó centros pequeños con especialistas para la atención especializada y por el menor tiempo posible.

Fotografía: Modelo de familia de acogida cuidando a un niño, enfatizando la importancia del entorno familiar

Francisco Estrada propone una solución definitiva basada en tres pilares: unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias; que el objetivo final sea el retorno de los niños a sus familias de origen, rompiendo el círculo de maltrato a través de herramientas y acompañamiento; y una defensa jurídica adecuada para los niños, que vele por el cumplimiento de los derechos.

El Rol de la Sociedad Civil: Red Egresa

Frente a este panorama, han surgido iniciativas de la sociedad civil como Red Egresa, una fundación creada por jóvenes que salieron de residencias de protección para contribuir activamente al egreso de otros chicos y chicas. Ofrecen charlas sobre cómo dar la PSU, ahorrar, postular a la universidad, y muestran, desde sus propias experiencias, que es posible salir adelante. Además, actúan como "puente entre ellos y las empresas públicas y privadas y las organizaciones de la sociedad civil para canalizar apoyos". El testimonio de Christian, un joven egresado que trabaja como apoyo administrativo y termina su enseñanza media, demuestra que con convicción y esfuerzo los cambios son posibles.

La historia que remeció al Sename: A 5 años de la muerte de Lissete Villa

Conclusión: Una Responsabilidad Colectiva

La crisis del Sename no es solo un problema institucional, sino una responsabilidad que recae en "el conjunto de la sociedad chilena", incluyendo al gobierno, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La falta de priorización de la infancia, más allá de las declaraciones, y la carencia de un acompañamiento profesional serio y dedicado con permanencia en el tiempo para los niños y jóvenes en residencias, son los principales desafíos. Es fundamental cambiar la estructura del sistema de protección, no solo culpar a individuos, y reconocer el derecho de los NNA vulnerados a ser reparados por el Estado. Como lo resume Alexander Salin, psicólogo infanto-juvenil, el problema radica en que el Estado de Chile no asume su responsabilidad como garante de derechos.

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