Chile enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento demográfico que está reconfigurando la estructura social del país. Según proyecciones basadas en el Censo 2017, para 2019 el número de personas de 65 años y más alcanzó los 2.260.222, representando el 11,9% de la población total. Se estima que para 2035 este grupo aumentará a casi 4 millones de personas, equivalentes al 18,9% de la población, y para 2050 se proyecta que al menos el 30% de los habitantes tendrá 65 años o más.
Dinámicas demográficas y territoriales
La distribución de los adultos mayores no es uniforme. Actualmente, la mayoría se concentra en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío. Sin embargo, el envejecimiento es un fenómeno nacional: para 2035, todas las regiones mostrarán un proceso creciente, y en 284 comunas habrá más personas mayores de 65 años que menores de 15.
Este fenómeno adquiere matices particulares en la ruralidad. El envejecimiento rural no implica solo una mayor densidad de personas mayores en el campo, sino también el envejecimiento de las unidades domésticas, donde coexisten varias generaciones mayores. Además, la actividad campesina sufre la falta de relevo generacional, ya que los jóvenes tienden a migrar, obligando a los adultos mayores a seguir trabajando hasta edades avanzadas con redes de apoyo reducidas.
Situación laboral y económica
La participación laboral de los mayores de 65 años presenta luces y sombras. En el trimestre octubre-diciembre de 2019, la tasa de ocupación de este grupo fue del 24,8%. Muchos de ellos se desempeñan como trabajadores por cuenta propia o asalariados del sector privado, predominantemente en la Región Metropolitana.
No obstante, las condiciones laborales son preocupantes: la tasa de ocupación informal en el tramo de 65 años y más alcanzó el 55,1% en 2019. Asimismo, estudios del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo indican que la pandemia provocó un retroceso de más de diez años en la participación laboral de este segmento, afectando especialmente a las mujeres mayores de 60 años.
Salud, fragilidad y envejecimiento activo
El aumento de la longevidad en Chile -con expectativas de vida que bordean los 80 años- trae consigo el desafío de gestionar el riesgo de enfermedades crónicas, discapacidad funcional y aislamiento social. El concepto de envejecimiento activo, promovido por la OMS, busca optimizar las oportunidades de bienestar físico, social y mental para prolongar la calidad de vida.
Factores que predisponen a la fragilidad física
- Disminución de la fuerza muscular: Se estima una pérdida del 40% de fuerza entre los 30 y los 80 años, exacerbada por el sedentarismo.
- Alteraciones articulares: El cartílago pierde elasticidad, dificultando la movilidad.
- Nutrición y obesidad: La obesidad aumenta tres veces el riesgo de fragilidad al reducir la tolerancia al ejercicio y fomentar la sarcopenia.
Estrategias de intervención
Para mitigar la fragilidad, la evidencia científica sugiere cuatro pilares fundamentales:
- Ejercicio físico: Programas de resistencia y aeróbicos mejoran la velocidad de marcha y el equilibrio.
- Suplementación calórica y proteica: Ayuda a recuperar masa muscular y peso.
- Vitamina D: Reduce el riesgo de caídas y fracturas de cadera.
- Reducción de la polifarmacia: Evitar fármacos inapropiados para disminuir efectos secundarios.
Taller de cuidadores Abril 2025: Importancia del Ejercicio Físico en la Salud Cerebral.
Proyectos y redes de apoyo social
Ante la realidad de que más de medio millón de adultos mayores en Chile viven solos y el 50% carece de redes de apoyo para encontrar empleo, diversas instituciones han tomado acción. La Universidad de Chile, por ejemplo, desarrolla desde 2021 un programa de Envejecimiento Activo y Saludable en Chiloé, enfocado en medicina preventiva, nutrición local y formación de monitores comunitarios.
Por otro lado, la Pontificia Universidad Católica, a través del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, trabaja en la generación de conocimiento para influir en las políticas públicas. La meta es clara: revertir la invisibilización de los mayores y garantizar que las instituciones, tanto públicas como privadas, aseguren el acceso equitativo a servicios de salud, cultura y participación social.